Protección contra 25 estudiantes

Santiago, tres de abril de dos mil diecisiete.

Vistos y considerando 1°) Que, comparece don Mario Gabriel González Cancino, abogado de la Defensoría Estudiantil, quien recurre de protección a favor de doña nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado, todos estudiantes de pregrado de la Universidad Alberto Hurtado, contra la misma Universidad, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto arbitrario e ilegal que detalla en su presentación, fundando la acción cautelar en los antecedentes y consideraciones que expone.

Indica que con fecha 9 de junio de 2016, un grupo de estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, en el contexto de una movilización pacífica y aprobada democráticamente mediante sufragio por la mayoría de los estudiantes de la casa de estudios, deciden llevar a cabo la ocupación de los campus Norte y Central de la Universidad como medida de presión, con el fin de ser recibidos y escuchados por la autoridad competente en pos de las demandas contenidas en un Petitorio Universal de los Estudiantes de la Universidad.

Añade que los estudiantes, con el objetivo de brindar un gesto de buena fe para la una pronta solución de los conflictos previamente señalados, hicieron entrega voluntaria de las dependencias de la Universidad el día 11 de julio de 2016, solicitando iniciar una mesa de negociación que diera solución a las diversas demandas. Sin perjuicio de ello, la autoridad universitaria decidió no continuar con la mesa de negociación, poniendo fin a dicho espacio de diálogo de manera unilateral.

Agrega que en vista de la nula voluntad de diálogo de las autoridades universitarias, el día 13 de julio del mismo año, por iniciativa de un gran número de estudiantes, se reanuda la ocupación de los campus como medida de presión en búsqueda de retomar el diálogo y que en consecuencia se vuelva al trabajo de la mesa negociadora que la propia autoridad universitaria decidió terminar sin que realmente se expusieran a cabalidad las posturas de los distintos intervinientes, llamándose a todas las carreras a efectuar votaciones para ratificar o rechazar la medida de presión para el día siguiente.

Añade que el mismo día, 14 de julio de 2016, a solicitud de la autoridad universitaria funcionarios pertenecientes a las Fuerzas Especiales de Carabineros, inicia el desalojo de las dependencias ocupadas alrededor de las 10:00 AM, resultando detenidos 25 estudiantes, mismos que posteriormente serían sometidos a un procedimiento disciplinario, esto sin perjuicio de que el horario en el que se realizó el desalojo era el horario en el que estaban convocadas las instancias para que cada carrera manifestara su posición respecto a la medida de presión.

Señala que el procedimiento disciplinario se inicia por denuncia de don nombre reservado, Director de Servicios Generales de la Universidad Alberto Hurtado, encargado de la Administración y servicios de la casa de estudio encargado también del mobiliario de la Universidad, a raíz de supuestas infracciones al Reglamento de Conducta y Convivencia de los Estudiantes de la Universidad sin argumentos que justifiquen una posición tan radical.

Indica que los 25 estudiantes afectados fueron notificados, el día 9 de agosto de 2016, por correo electrónico institucional del procedimiento disciplinario iniciado en su contra. En la notificación de la denuncia se da a conocer la conformación del tribunal que sería integrado por nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado. Designándose como miembros específicos para este procedimiento a don nombre reservado de la Facultad de Humanidades, omitiéndose así lo estatuido en el artículo 19° en cuanto a que el tribunal de conducta que se constituye para el conocimiento posibles faltas graves o gravísimas debe serlo por el decano de la facultad a la que pertenezcan los posibles inculpados, toda vez que los denunciados pertenecen a distintas facultades, encontrándose entre ellos miembros de las facultades de Economía y Negocios, Ciencias Sociales, Educación, Filosofía y Humanidades.

Agrega que con fecha 19 de agosto del 2016 se da inicio, mediante audiencia fijada por resolución del tribunal conformado, al proceso disciplinario en contra de los 25 estudiantes, por supuestas infracciones al reglamento, en específico artículo 9° letra B sobre “Todo acto tendiente a destruir o que destruya o deteriore los bienes corporales de la Universidad , cuando el daño cuantificado exceda de 10 UTM” y letra K respecto de “Toda acción u omisión que impida de manera grave y abrupta el normal desarrollo de las actividades académicas y de los servicios universitarios.” Infracciones que se habrían producido durante todo el proceso de movilización de los estudiantes, periodo que se comprende entre el día 9 de junio y 14 de julio del presente año según el denunciante, pero que en ningún caso es imputable toda esa época a los estudiantes denunciados, toda vez que la ocupación iniciada el 9 de junio culminó el 11 de julio y durante esa época la Universidad tomó una serie de medidas que modificaron el normal funcionamiento de las actividades académicas y que, además, el único momento en que se presume que los estudiantes denunciados estaban al interior de la Universidad es el 14 de julio a las 10:00 AM.

Expresa que dicha audiencia se realizó por medio de un sistema de videoconferencia donde solo se podía observar a quienes integraban el tribunal por medio de la proyección de su imagen a través de un monitor instalado en la sala de litigación de la Universidad, e instrumentos de video, amplificación y recepción de sonido dispuestos en la sala; lo cual a criterio de la recurrente vulnera un principio fundamental de la inmediación.

Indica que luego de la realización de la audiencia el día 19 de agosto del 2016, y fuera del plazo establecido por el propio reglamento, el tribunal por medio de correo electrónico dio a conocer a los estudiantes sometidos al proceso disciplinario la decisión adoptada, pero solo aquella parte que respecta a la sanción establecida; esto es, 24 estudiantes suspendidos por dos semestres académicos y un estudiante expulsado incurriendo nuevamente en una falta al reglamento ya que, en dicha misiva que comunica la decisión adoptada se da cuenta que el “detalle” de la presente resolución será dado a conocer una vez transcurridos diez días, contados de la notificación de la comunicación del tribunal que da cuenta de la sanción establecida; plazo que no está contemplado en ninguna de las normas que regulan el proceso.

Añade que con fecha 5 de septiembre de 2016 el Tribunal de Conducta finalmente dio a conocer sus argumentos de hecho y derecho, en función de lo establecido por el mismo en la resolución de fecha 29 de agosto del mismo año, no siendo una situación contemplada en el reglamento de conducta.

Agrega que con fecha 9 de septiembre, el estudiante de Ciencias Políticas y nombre reservado, actualmente expulsado, interpuso un recurso de apelación contemplado dentro del procedimiento interno de la Universidad de acuerdo al artículo 28° del Reglamento de Conducta y Convivencia, que debía conocer un Tribunal de Apelación y que tres días después, el día 12 de septiembre, los estudiantes que resultaron suspendidos por dos semestres interpusieron un recurso de reposición, contemplado en el artículo 27° del mismo reglamento, en términos similares a los que se expusieron en la apelación de nombre reservado, incluyendo también la no aplicación de la atenuante de conducta anterior irreprochable, conociendo en este caso el mismo Tribunal de Conducta.

Indica que el 5 de diciembre de 2016 se dictó resolución respecto de ambos de recursos, ratificando las sanciones anteriormente adoptadas sin variaciones.

Señala que el actuar de la Universidad vulnera las siguientes garantías fundamentales:

1.- Aquella prevista en el artículo 19 N°2 de las Carta Fundamental, ya que la sanción adoptada, si bien se encuentra establecida, ha sido adoptada discriminando caprichosamente a los afectados. Lo mismo ocurre con el Tribunal de Apelación en el caso del estudiante expulsado.

2) El derecho a no ser juzgado por comisiones especiales (artículo 19 N°3). Señala que la designación de los miembros del Tribunal de Conducta, según el artículo 19 del Reglamento de Conducta y Convivencia de los Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, debe ser integrado por el Decano de la Facultad a la cual pertenezcan los posibles inculpados, el Secretario Jurídico designado por la Secretaría General y un Académico de planta designado por el Consejo Académico. En caso de que los posibles inculpados pertenezcan a diversas Facultades, el Tribunal quedará integrado por el Decano de una de ellas, designado por sorteo”. Expresa que es del todo fuera de seriedad establecer un sorteo, dejando al azar la designación de un juez, para que conozca de hechos que se le inculpan a estudiantes que ni siquiera pertenecen a su Facultad, debiendo haberse constituido al menos cuatro Tribunales de Conducta para dar cumplimiento a lo establecido por el propio estatuto antes citado.

Agrega que es impresentable que en el caso de la suspensión deba recurrirse al mismo Tribunal de Conducta que adoptó la sanción.

Expresa, por último, que la designación de los miembros del Tribunal de Apelación no se hizo de manera transparente, sólo se comunicó quienes fueron las personas que constituyeron el mismo.

3) Derecho de propiedad de un bien incorporal (artículo 19 N° 24). Las sanciones impuestas por el Tribunal de Conducta, suspensión, y la de expulsión por el mismo Tribunal y reiterada por el Tribunal de Apelación, a los estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado vulnera, además, el artículo 19 N° 24, toda vez que a los estudiantes suspendidos y al estudiante expulsado se les ha conculcado efectivamente su derecho de propiedad desde que el contrato de prestación de servicios educacionales que han firmado con la Universidad forma parte de su patrimonio.

Solicita se ordene a los recurridos hacer cesar las medidas de expulsión y suspensión por dos semestres de los estudiantes, permitiendo que puedan seguir siendo parte de la comunidad estudiantil y continuar con el estudio de sus carreras hasta egresar, licenciarse o titularse respectivamente, sin perjuicio del cumplimiento de parte de ellos de los requisitos académicos, disciplinarios y económicos.

Que, en el caso de ser rechazada la presente acción de protección, es de relevancia para los estudiantes que se le reconozcan los estudios realizados durante toda la tramitación del presente recurso y el proceso interno de la Universidad, teniéndosele por cursadas todas las asignaturas que, eventualmente, hayan aprobado.

2°) Que, la recurrida Universidad Alberto Hurtado, informa, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes con costas.

Señala que la suspensión y eliminación de los recurrentes, según corresponde, se efectúo de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Conducta y Convivencia de los Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, dentro del marco normativo, sin discriminación arbitraria alguna, ajustado plenamente a un debido proceso, asegurando el derecho a defensa de los recurrentes y sin afectar en lo sustancial ningún derecho fundamental de los peticionarios.

Agrega que la normativa constitucional y legal aplicable a las universidades reconoce la amplia autonomía de la Universidad Alberto Hurtado para dictar las normas que sean necesarias para su buena organización y funcionamiento, comprendiendo entre ellas la potestad para decidir por sí misma la forma como se cumplan sus funciones de docencia, investigación y extensión y la fijación de sus planes y programas de estudio, para regir sus destinos, regular la conducta de sus miembros y velar por la sana convivencia al interior de sus diversos establecimientos. Todos esos conjuntos de preceptos están contenidos en los estatutos de la Universidad y demás reglamentos internos.

Adiciona que el mencionado Reglamento establece los deberes de los estudiantes, en relación a su responsabilidad disciplinaria, cuya inobservancia constituye infracción, y enumera en los artículos 7 a 9 las distintas faltas que pueden tener el carácter de leves, graves y gravísimas. La aplicación de las sanciones por parte de la Universidad, sólo podrá hacerse efectiva mediante la aplicación del procedimiento que el Reglamento describe, garantizándose siempre el derecho a la defensa y al debido proceso (artículos 18 y siguientes del citado Reglamento)

Expresa que el día 11 de julio de 2016, los estudiantes terminaron finalmente con la ocupación que mantenían en la Casa Central de la Universidad y que entre los días 11 y 12 de julio, la Universidad comunicó que permanecería cerrada con el objeto de realizar el levantamiento de daños ocurridos durante la “toma”. No obstante, expresa, en la madrugada del día miércoles 13 de julio de 2016, los estudiantes retomaron la Casa Central de la Universidad, ante lo cual se recurre a Carabineros de Chile y a las 9:45 del día 14 de julio de 2016, Carabineros desalojó de la Universidad a 26 personas, entre ellos los recurrentes.

Indica que el Reglamento establece dos tipos de procedimientos disciplinarios, uno para la aplicación de sanciones por faltas leves y otro para faltas graves y gravísimas. Este último, en razón de la gravedad de las faltas imputadas a los recurrentes, fue el procedimiento aplicado en el caso de autos.

Precisa que el citado procedimiento se inicia por denuncia escrita y firmada dirigida al Secretario General de la Universidad, con una descripción de la conducta denunciada, sus causas y la identificación de los posibles inculpados. La denuncia se funda en los daños de aproximadamente ocho millones de pesos sufridos en esta última toma en los bienes muebles de la universidad además de haber alterado el normal funcionamiento de las actividades y desarrollo académico.

Añade que con fecha 11 de agosto de 2016 los recurrentes fueron debidamente notificados a través de su correo electrónico institucional y carta certificada de los hechos y conductas que se les imputaban y de la fecha y hora en que se realizaría la audiencia ante el Tribunal de Conducta. Previo a la audiencia efectuada con fecha 19 de agosto de 2016, los recurrentes tuvieron ocasión de acceder y revisar toda la prueba de cargo presentada por el denunciante y que fue dejada a disposición de cada uno en un Compact Disc para su retiro. Adicionalmente, con fecha 19 de agosto de 2016, los recurrentes comparecieron a la audiencia ante el Tribunal de Conducta asistidos por su abogado patrocinante.

Agrega que en la audiencia, los recurrentes escucharon una lectura completa de la denuncia y la conducta que se les imputaba. Posteriormente, efectuaron todos sus descargos, los cuales fueron analizados por el Tribunal de Conducta que fue integrado por quienes correspondía según lo prescrito en los artículos 19 y siguientes del Reglamento, garantizándose así la imparcialidad del Tribunal, designando a don nombre reservado (ex Decano de la Facultad de Derecho de la UAH) como Secretario Jurídico del Tribunal de Conducta (en virtud de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 19 del Reglamento) y dejando constancia que el Tribunal de Conducta se constituyó además con nombre reservado, académico designado en conformidad al artículo 21 del Reglamento y nombre reservado de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en cumplimiento del artículo 19 inciso segundo del Reglamento, que regula de manera expresa la solución aplicable al caso en que los inculpados pertenezcan a distintas facultades, como es precisamente el caso de autos, de manera que, correspondía aplicar el citado inciso y no el inciso primero.

Adiciona que el Tribunal de Apelación fue integrado y constituido en la forma dispuesta por el artículo 28 del Reglamento, con fecha 14 de septiembre de 2016. Que si bien, señala, esta fecha es posterior a la presentación del recurso, ello no lo convierte en una comisión especial, ni otorga inseguridad jurídica a los recurrentes toda vez que su composición se encuentra prestablecida en el Reglamento. El Reglamento expresa que se compondrá por tres personas que deben reunir determinadas características, particularmente ser miembros del Consejo Académico (compuesto por los 6 decanos de las distintas facultades de la UAH) y no haber integrado el Tribunal de Conducta; requisito establecido de manera exclusiva para garantizar la objetividad e imparcialidad de los miembros del Tribunal.

Expresa que la decisión del Tribunal de Conducta se adopta cuando habían transcurrido exactamente 5 días hábiles desde la realización de la audiencia (el 19 de agosto de 2016) por lo cual se ha respetado el plazo reglamentario y que de conformidad a los artículos 25 y 26 del Reglamento, mediante sentencia de fecha 5 de septiembre de 2016, el Tribunal de Conducta emitió por escrito, de manera fundada y haciéndose cargo de toda la prueba producida por las partes, su decisión de sancionar a los recurrentes por las faltas gravísimas consagradas en el artículo 9° literales b) y k) del Reglamento, la que fue notificada por carta certificada a todos los recurrentes.

Señala que el Tribunal de Conducta tuvo por acreditadas las infracciones al artículo 9 letras b) y k) del Reglamento. La primera, por cuanto los estudiantes recurrentes ocasionaron por acción y omisión “un mayor deterioro y menoscabo sobre los bienes de la Universidad aquellos ocasionados en la primera “toma”, particularmente “la destrucción del sistema de climatización del edificio de salas de clases ubicado en Erasmo Escala1822 ($ 65.569.000) según consta en el Informe general de daños y robos producidos durante las usurpaciones e irrupciones sufridas por la Universidad Alberto Hurtado en el Primer Semestre 2016; y la segunda, por cuanto fue “un hecho indiscutido que los denunciados ocuparon a la fuerza las dependencias de la Universidad impidiendo el normal desarrollo de las actividades académicas y que los estudiantes fueron acusados no solo por una, sino por dos infracciones graves. Cada una de ellas autorizaba al Tribunal a tomar una medida como la adoptada. Es decir, aun cuando se tuviese por cierto lo aseverado por los estudiantes, su rol en la toma (interrupción grave y abrupta de las actividades de la Universidad) ya era causal suficiente para sancionarlos de la manera en que se materializó.

Agrega que no es efectivo que la sentencia del Tribunal de Apelación, al igual que el Tribunal de Conducta, no hubiese realizado “un análisis real de la imposibilidad de imputar hechos anteriores a la fecha en que fueron desalojados los estudiantes denunciados” pues, como ya se indicó, no se imputaron a los recurrentes hechos anteriores a la fecha del desalojo, especialmente por cuanto la sentencia consigna expresamente que “resulta indubitado el hecho de que en el segundo acto de ocupación ilegal se encontraba físicamente presente el alumno nombre reservado” y que “resulta posible establecer daños específicos causados con ocasión del segundo acto de toma de la Universidad y cuyos montos ascienden a la suma de $65.569.000 (sesenta y cinco millones quinientos sesenta y nueve mil pesos)”.

En último término, señala, las sentencias que resolvieron los recursos de reposición y apelación se dictaron dentro de un plazo razonable, según lo exigen las normas internacionales y vigentes en Chile relativas al debido proceso. En el caso de autos, la duración total del procedimiento fue de aproximadamente cinco meses, dentro de los cuales se efectuaron, entre otras diligencias, las siguientes: la presentación de la denuncia, la constitución del Tribunal de Conducta, la notificación a los estudiantes inculpados, la entrega de la prueba de cargo a los inculpados, la realización de la audiencia, la dictación del acuerdo, la dictación de la sentencia, la interposición de los recursos de reposición y apelación, su examen de admisibilidad, la constitución del Tribunal de Apelación, la citación de la parte denunciante y la dictación de las sentencias respectivas de reposición y apelación. Así, si se toma en consideración la complejidad del asunto, que requería la ponderación de una serie de antecedentes presentados por ambas partes, y en el caso del Tribunal de Apelación los audios y registros de la audiencia llevada a cabo ante el Tribunal de Conducta, y la actividad procesal de los interesados y de ambos tribunales, particularmente que el Tribunal de Conducta debió apercibir a los recurrentes para que acompañaran “copia del recurso de reposición presentado, debidamente numerado en sus fojas, y subsanados los errores formales que pueden afectar la integridad del escrito” en razón de que el Tribunal advirtió que presentaba “incongruencias formales que podían afectar su integridad”.

Más aún, expresa, la extensión del procedimiento no afectó ninguno de los derechos y beneficios estudiantiles de los afectados, por lo que la supuesta demora no generó ninguna situación fáctica o jurídica perjudicial para las personas involucradas en el proceso. Por el contrario, la UAH tomó todas las medidas necesarias para evitar cualquier perjuicio a sus estudiantes que pudiera surgir a raíz del procedimiento disciplinario pendiente, la Universidad les permitió inscribir sus ramos de manera normal; no les cobró el arancel correspondiente al semestre que estaban cursando para evitarles cualquier perjuicio económico en virtud de una posible suspensión, es decir -y en contraposición a lo señalado por los recurrentes- no solo no se les impidió a los estudiantes pagar su matrícula 2016, sino que en cambio, ellos pudieron estudiar un semestre sin costo económico alguno para sus familias.

Añade que la Universidad no ha cometido “infracción a la garantía del debido proceso y una investigación racional y justa, ya que la decisión de expulsión y suspensión adoptada por la recurrida se hizo por el órgano preestablecido competente, no por una comisión especial, y conforme a la normativa establecida en el reglamento, procedimientos legales y justos que la recurrente empleo hasta la instancia final que les fue adversa.

Indica que no ha habido en el procedimiento una violación a la igualdad ante la ley. En efecto, señala que todos los estudiantes fueron sometidos al mismo procedimiento que se ha aplicado desde la dictación del Reglamento en 2012, circunstancia que fue reconocida por los propios recurrentes al señalar que los “procedimientos disciplinarios han sido uniformes y poco variables”.

Señala que no se ha infringido el derecho de propiedad, toda vez que los estudiantes no se han visto impedidos de cursar sus ramos, ni de pagar su matrícula, al contrario la universidad con el objeto de proteger y asegurar los derechos de sus estudiantes que se encontraban en medio de un proceso disciplinario, dio instrucciones expresas a los decanos de sus facultades, indicando que los estudiantes mantenían su calidad de alumno regular y que en consecuencia todos sus derechos y deberes estudiantiles vigentes, con la sola excepción de la obligación de pago de arancel, de la cual se los eximió durante la vigencia de los procedimientos disciplinarios.

Expresa que la Universidad no incurrió en incumplimiento contractual alguno. Por el contrario, quienes si incumplieron sus obligaciones fueron los propios estudiantes, pues según lo establece el artículo 10 letra a) de la LGE: “Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa, asistir a clases, estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades, colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento”.

3°) Que, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, según el concepto de ésta precisado en el artículo 1° del Código Civil; o arbitrario, vale decir, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado en el recurso, afectando una o más de las garantías constitucionales protegidas, contempladas taxativamente en el señalado artículo 20 de la Carta Fundamental, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión de cualquier recurso protector, como el que es materia de estos autos.

4°) Que, como grupo intermedio de la sociedad, reconocido y amparado por la Constitución Política de la República, la Universidad tiene la facultad para regular, a través de normas obligatorias para sus miembros, su actividad en pro de la consecución de sus fines.

Lo anterior se dispone expresamente en la Ley N° 20.370. Así el artículo 8° de la ley citada establece que la libertad de enseñanza incluye el derecho de abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales y el artículo 9° señala que el “propósito compartido de la comunidad se expresa en la adhesión al proyecto educativo del establecimiento y a sus reglas de convivencia establecidas en el reglamento interno. Este reglamento debe permitir el ejercicio efectivo de los derechos y deberes señalados en esta ley”.

Por su parte el DFL N° 1 de 1981 del Ministerio de Educación, que fija normas sobre universidades, señala que la Universidad es una institución autónoma que goza de libertad académica y que se relaciona con el Estado a través del Ministerio de Educación y que se entiende por autonomía el derecho de cada universidad a regir por sí misma, en conformidad con lo establecido en sus estatutos, todo lo concerniente al cumplimiento de sus finalidades y comprende la autonomía académica, económica y administrativa y faculta a cada universidad para organizar su funcionamiento de la manera que estime más adecuada de conformidad con sus estatutos y las leyes.

5°) Que como se observa la universidad recurrida está facultada legalmente para organizar sus funciones de manera que le permita alcanzar los fines del proyecto educativo y a darse los instrumentos internos que regulen su convivencia.

Por otra parte, el artículo 554 del Código Civil establece que toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de policía correccional que sus estatutos le confieran, y ejercerán este derecho en conformidad a ellos.

6°) Que conforme a lo dispuesto en las normas jurídicas citadas, la recurrida ha dictado el Reglamento de Conducta y Convivencia de los Estudiantes de la Universidad Alberto Hurtado, el cual en su artículo primero señala que regula la responsabilidad disciplinaria de sus estudiantes con el objeto de resguardar la convivencia interna y la integridad de las personas, el normal desenvolvimiento de las actividades de la Universidad y el prestigio de la misma.

Se establece en el citado reglamento que la responsabilidad disciplinaria solo podrá hacerse efectiva mediante la aplicación de un procedimiento y de las sanciones establecidas en el mismo, garantizando siempre el derecho a la defensa y el debido proceso.

Los artículos 6 ° y siguientes tipifican las faltas y las clasifican en leves (artículo 7°) graves (artículo 8°) y gravísimas (artículo 9°)

Por su parte el artículo 10 del mismo cuerpo reglamentario señala las medidas disciplinarias que se determinan atendido la gravedad de la infracción, reservando el artículo 14, la suspensión y expulsión para las faltas gravísimas.

Los artículos 17 y siguientes regulan el procedimiento, la notificación de cargos, Tribunal de Conducta, audiencia, defensa, Tribunal de Alzada y los recursos procedentes en contra de las resoluciones.

7°) Que, de los antecedentes que obran en los autos se desprende que los recurrentes han sido sometidos, producto de los hechos acaecidos con motivo de la toma de la Casa Central de la Universidad recurrida en la madrugada del día miércoles 13 de julio de 2016, al procedimiento disciplinario que se ha llevado ante el Tribunal de Conducta, establecido en el artículo 19 del Reglamento de Conducta y Convivencia de la casa de estudios, el cual dispone en su inciso segundo que en caso de que los posibles inculpados pertenezcan a diversas Facultades, el Tribunal quedara integrado por el decano de una de ellas, designado por sorteo.

Que los recurrentes fueron notificados debidamente de los cargos que se les imputó, de conformidad a lo que dispone el artículo 22 del reglamento citado, y estos tuvieron la oportunidad de defenderse, aportar prueba e incluso designar abogado patrocinante, todo ello también de conformidad al procedimiento que regula el ya aludido reglamento.

Que el procedimiento y la decisión del Tribunal de Conducta fue llevado y esta adoptada conforme a lo que regula el estatuto jurídico que rige la conducta y convivencia de la casa de estudios recurrida referido precedentemente y los hechos imputados se encuentra debidamente tipificados en él, como faltas gravísimas, de acuerdo a lo previsto en la letra b) y k) del artículo 9°.

Asimismo, los alumnos sancionados pudieron deducir, y así lo hicieron, en contra de la resolución dictada por el Tribunal de Conducta, los recursos que establece el propio Reglamento, ante el mismo ente disciplinario, en el caso del recurso de reposición y ante un Tribunal de Alzada cuya integración se realizó de conformidad al tantas veces citado cuerpo reglamentario, en el caso del recurso de apelación.

De lo expuesto se concluye que el actuar de la universidad recurrida se ha ajustado a derecho, careciendo, en consecuencia, de la ilegalidad que requiere la acción constitucional impetrada.

Que de lo analizado se concluye, además, que la decisión del Tribunal de Conducta, no es arbitraria ni caprichosa, sino que ha sido tomada, luego de la tramitación de un procedimiento reglado, resguardando el derecho a la defensa y el debido proceso, conforme a las atribuciones que el Reglamento respectivo le entrega a la entidad disciplinaria referida, por lo que su acción se ajusta a derecho, en cuanto no contraviene la legalidad vigente ni infringe el principio de interdicción de la arbitrariedad. Dicha conclusión no varía en relación a la actuación del Tribunal de Apelación, que de acuerdo al reglamento le correspondió revisar en alzada el recurso interpuesto por el alumno sancionado con la medida de expulsión.

8°) Que, por lo expuesto, se advierte la ausencia de acto ilegal o arbitrario de parte de la entidad recurrida, requisito esencial para que pueda prosperar la acción constitucional impetrada, lo que permite su rechazo, sin que sea necesario analizar las garantías constitucionales que se han pretendido amagadas.

Por estas consideraciones y en conformidad con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara que se rechaza el recurso de protección entablado en estos autos por don Mario Gabriel González Cancino, sin costas.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.

N° Protección 272-2017 Pronunciada por la Octava Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare, e integrada por la Ministro señora Romy Rutherford Parentti, quien no firma por encontrarse ausente y el abogado integrante señor Jorge Norambuena Hernández.