nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE-FACULTAD VISTA EN POS IC 26422-2924

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veinticinco.

A los folios 31 y 32; a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, Enfermera, interponiendo recurso de protección en contra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, por haber incurrido en una omisión consistente en no haber comunicado mediante acto administrativo alguno la no renovación de su contrata laboral. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que la mantiene en una evidente incertidumbre respecto de su situación laboral tras cuatro años de desempeño ininterrumpido, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República y el derecho a la libertad de trabajo y su protección establecido en el artículo 19 N°16 del mismo cuerpo normativo, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se ordene al Hospital recurrido dictar el respectivo acto administrativo que regularice su contrata, notificándole su contenido, junto con su inmediata reincorporación a sus labores y el pago de las remuneraciones adeudadas.

En cuanto a los antecedentes fácticos que dan origen a la presente acción constitucional, la recurrente expone que el 2 de enero de 2021 ingresó al Hospital Clínico de la Universidad de Chile como enfermera clínica al servicio de medicina física y rehabilitación de neurología, desempeñándose en turnos rotativos bajo la modalidad de contrata. Posteriormente, señala que fue destinada al Servicio de atención de pacientes COVID hasta el 28 de marzo de 2022, cumpliendo funciones como Enfermera Clínica en turnos rotativos, para luego trasladarse al Servicio Médico Quirúrgico, funciones que desempeña hasta la fecha en la misma modalidad de turnos.

Asimismo, destaca que su formación profesional y académica es amplia y que la ha enriquecido sistemáticamente durante su desempeño profesional, siendo enfermera titulada en la Universidad de Aconcagua el año 2015, además de contar con numerosos cursos de perfeccionamiento profesional. Enfatiza que desde su incoporación al Hospital en el año 2021, ha desarrollado responsablemente su función profesional, siempre con la finalidad de mejorar sus labores, lo que da cuenta de su permanente interés por agregar valor a sus funciones en el centro hospitalario mencionado, las que ha desempeñado por un período de cuatro años de manera ininterrumpida.

En este contexto, manifiesta que su contrata vence el 31 de diciembre de 2024, por lo que el plazo para comunicarle la no renovación venció el 30 de noviembre pasado, conforme a las disposiciones legales pertinentes. No obstante, sostiene que hasta la fecha de interposición del recurso no ha recibido comunicación alguna mediante acto administrativo que le informe sobre la decisión de renovar o no renovar su contrata laboral.

Sostiene que la única comunicación recibida por la recurrente sobre esta materia consiste en una carta fechada en el mes de junio pasado, en la cual aparentemente se le comunica la no renovación de la contrata. Sin embargo, cuestiona la validez de dicha comunicación, toda vez que está suscrita por la enfermera jefe del departamento de cirugía del hospital, quien carece de personería para representar al hospital recurrido, y además no se acompañó acto administrativo alguno que contenga esa decisión ni sus fundamentos, por lo que considera que carece de cualquier efecto jurídico sobre la materia.

Desde la perspectiva jurídica, fundamenta su pretensión en diversas disposiciones normativas y precedentes jurisprudenciales. En primer término, invoca el artículo 10 de la Ley 18.834 que contiene el Estatuto Administrativo, el cual dispone que los empleos a contrata durarán, como máximo, solo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos. En este sentido, argumenta que dadas las sucesivas renovaciones de su contrata entre los años 2022 al 2024, la jurisprudencia de los Tribunales Superiores y la Contraloría General de la República ha resuelto que debe notificarse su no renovación.

En segundo lugar, denuncia infracciones a la Ley N° 19.880 sobre Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. En particular, sostiene que cualquier decisión del hospital recurrido debe cumplir con el artículo 3° de la ley citada, el cual define el concepto de acto administrativo como las decisiones formales que emitan los órganos de la Administración del Estado en las cuales se contienen declaraciones de voluntad, realizadas en el ejercicio de una potestad pública, que deben adoptar la forma de decretos supremos y resoluciones. Argumenta que en la especie, nada de esto ha ocurrido.

Asimismo, invoca el artículo 41 de la misma ley, que establece que toda decisión debe ser fundada, destacando que esta norma tiene el claro propósito de promover la transparencia de las actuaciones de la Administración Estatal y establecer normas básicas para que el procedimiento permita conocer los contenidos y fundamentos de las decisiones que se adopten. En este caso, sostiene que no se le comunicó ni notificó acto administrativo de ninguna naturaleza que haya dispuesto no renovar su contrata, después de transcurridos cuatro años de desempeño continuo de sus funciones.

Respecto de la vulneración del principio de igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, argumenta que la omisión del ente recurrido consistente en no haber recibido acto administrativo alguno que le comunique la no renovación de su contrata es arbitraria e ilegal y que impacta de modo irremediable en el derecho a la estabilidad laboral. Sostiene que se ha lesionado en grado de privación su derecho a la igualdad ante la ley y no discriminación, invocando también el artículo 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

En cuanto a la vulneración del derecho a la libertad de trabajo y su protección consagrado en el artículo 19 N°16 de la Constitución Política, sostiene que este derecho se viola dada la omisión consistente en no haber sido notificada de acto administrativo alguno en que el Hospital recurrido le comunique la no renovación de su contrata. Argumenta que se transgrede también lo dispuesto en el inciso 2° que prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene al Hospital recurrido dictar el respectivo acto administrativo que regularice su contrata, notificándole su contenido, la inmediata reincorporación a sus labores, cargo y remuneración asignados en los términos que establece la ley, y el pago en el más breve plazo de sus remuneraciones y demás prestaciones adeudadas por todo el período en que los efectos de la omisión de la recurrida pueda privarla del empleo, con los reajustes e intereses correspondientes. Asimismo, solicita que se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que evacuando el informe ordenado por esta Corte, el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, solicita el rechazo total del recurso de protección.

En primer término, plantea la extemporaneidad del recurso de protección, argumentando que la acción constitucional fue interpuesta fuera del plazo legal establecido para su ejercicio. En este sentido, sostiene que la recurrente no podía desconocer que la última prórroga de su contrata, dispuesta mediante el Decreto Universitario Exento N° 0047274/2023 para el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2024, determinaba que, de no disponerse una ulterior extensión de su vínculo funcionario, su nombramiento expiraría por el solo ministerio de la ley, conforme lo establece expresamente el artículo 10 de la Ley N°18.834 o Estatuto Administrativo, aplicable plenamente a la recurrente en virtud de lo dispuesto en el artículo 162 de ese cuerpo legal y en el artículo 42 de la Ley N°21.094.

Asimismo, la recurrida destaca que la accionante no podía desconocer que en su favor no concurrían los supuestos de procedencia del principio de confianza legítima, materia que desarrolla posteriormente, como tampoco que, de disponerse una nueva renovación de su contrata, la institución la notificaría con la antelación prevista en el artículo 10°, inciso 1°, de la Ley N° 18.834, aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley N° 21.094 sobre Universidades del Estado y artículo 162 de la Ley N° 18.834. Complementando esta argumentación, la recurrida hace presente que según consta en el sistema de tramitación electrónica de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, el recurso de protección fue presentado ante esta Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago el día 30 de diciembre de 2024, es decir, después de haber transcurrido el plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión o, según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

En segundo término, desarrolla la improcedencia de un recurso de protección para aplicar el principio de confianza legítima en el caso sub lite. Al respecto, explica que dicho principio, tratándose de funcionarios a contrata de la Administración del Estado como lo fue la recurrente, fue esgrimido por la Contraloría General de la República en su jurisprudencia administrativa, conforme lo dispuesto en el artículo 6°, inciso 1°, de la Ley N° 10.336, desde la emisión del Dictamen N° 22766 de 2016 y que fue precisando con el tiempo mediante pronunciamientos ulteriores, siendo el último de ellos el contenido en el Dictamen N° 6400 de 2018. No obstante lo anterior destaca que la Tercera Sala de la Excelentísima Corte Suprema, mediante sentencias definitivas de segundo grado relativas a apelaciones en recursos de protección, innovó en la materia estableciendo como criterio unificador la exigencia de una vinculación funcionaria de más de cinco años ininterrumpidos en la misma institución, sin perjuicio del cumplimiento de otros requisitos, para hacer procedente la aplicación del referido principio. Esta innovación jurisprudencial se fundamentó en la regulación aplicable a cargos similares del Poder Judicial, contenida en el Auto Acordado que Contiene la Regulación para el Personal a Contrata del Poder Judicial.

En este contexto, critica la aplicación de dicho criterio jurisprudencial, señalando que el mismo contradice lo que el legislador ha fijado como normativa supletoria al régimen jurídico contenido en la Ley N°18.834, prevista en el artículo 1°, inciso 2°, del Código del Trabajo y, en lo no previsto en este, consecuencialmente, por el Derecho Común, en todo lo que no resulte contradictorio al régimen propio de los funcionarios públicos de la Administración del Estado.

En tercer lugar, desarrolla la inexistencia de vulneraciones a las garantías fundamentales esgrimidas en el recurso de protección. En cuanto a la supuesta vulneración de la garantía fundamental de igualdad ante la ley, sostiene que tal vulneración no es efectiva, considerando que no podría erigirse una situación de desigualdad en perjuicio de la recurrente al aplicarle el régimen común y general de los funcionarios públicos en la contrata, regidos por la Ley N° 18.834 en condiciones similares a las exhibidas por la recurrente.

Asimismo, respecto de la alegada vulneración a la garantía fundamental del derecho a la libertad del trabajo y su protección, la recurrida argumenta que tal vulneración tampoco resulta atendible ni plausible, dado que el Hospital Clínico de la Universidad de Chile nunca limitó esa libertad, agregando que la recurrente siempre aceptó las características de su cargo en la contrata, especialmente su transitoriedad, lo que se demuestra por el hecho de que ella misma acompaña con su acción constitucional los decretos universitarios que expresamente ligaban su cargo a un período determinado de vigencia.

Finalmente, concluye que, de estimarse aplicable el criterio de la Excelentísima Corte Suprema establecido a partir del fallo recaído en los autos Rol N°26112-2023, no podría sino arribarse a la inequívoca conclusión de que el recurso debe ser rechazado en todas sus partes, al no reunir los hechos que lo sustentan las condiciones fijadas en aquel criterio jurisprudencial, toda vez que el vínculo funcionario invocado por la actora se extendió por menos de cinco años ininterrumpidos y, al no generarse el amparo del principio de confianza legítima en su favor, la Jefatura del Hospital Clínico de la Universidad de Chile no estaba obligada a emitir un acto administrativo fundado para disponer la interrupción de ese vínculo.

En atención a los fundamentos expuestos, solicita rechazar dicha acción en su totalidad y con expresa condenación en costas de la recurrente, fundando esta petición en la evidente temeridad de la recurrente al deducir el recurso fuera de plazo, a sabiendas.

TERCERO: Que el recurso de protección está establecido a favor de aquél que, por causa de actos u omisiones arbitrarias o ilegales, sufra privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías constitucionales a que se refiere el artículo 20 de la Carta Fundamental, ante lo cual puede ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, a fin que se adopten las providencias que fueren necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección que se reclama.

CUARTO: Que, como se desprende de lo expuesto, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección que conste la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contraria a derecho, en el sentido de vulnerar éste acto u omisión un precepto legal o, que el acto u omisión sea arbitrario, esto es, que provenga del mero capricho de quien incurre en él, y que en uno u otro caso, tal conducta del Estado o de particulares, provoque al afectado privación, perturbación o amenaza, en el legítimo ejercicio de una o más garantías constitucionales.

QUINTO: Que la omisión que la recurrente nombre reservado estima ilegal y arbitraria, consiste en no haber comunicado mediante acto administrativo la no renovación de su contrata laboral, después de haberse desempeñado a contrata de manera ininterrumpida desde el 2 de enero de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2024 en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. La recurrente cuestiona la validez de la carta fechada en junio de 2024, suscrita por la enfermera jefe del departamento de cirugía del hospital, por carecer esta de personería para representar al hospital recurrido y por no acompañarse acto administrativo alguno que contenga dicha decisión ni sus fundamentos.

SEXTO: Que, respecto de la alegación de extemporaneidad, y considerando que la propia recurrente reconoce que el 28 de junio de 2024 se le comunicó la decisión de no renovar su contrata, y que el recurso se interpuso el 30 de diciembre de 2024, habiendo transcurrido con creces el plazo fatal de treinta días corridos para su deducción, limitándose el recurso a cuestionar la validez de tal acto administrativo, y, no obstante aquello, en momento alguno desconoce o niega haber tomado conocimiento del mismo en la fecha indicada, dicha circunstancia por sí sola resulta suficiente para rechazar la acción deducida. Sin perjuicio de lo anterior, este tribunal igualmente se pronunciará sobre el fondo del asunto.

SÉPTIMO: Que, ahora, en cuanto al fondo del asunto, resulta atinente tener en consideración la norma que cita la recurrida, del inciso primero, del artículo 10º de la Ley Nº18.834, Sobre Estatuto Administrativo, aplicable en virtud de lo dispuesto en el artículo 162 de dicho cuerpo legal y en el artículo 42 de la Ley N°21.094, la cual dispone: "Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiera sido propuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos".

OCTAVO: Que, en primer término, y de conformidad a la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, es necesario dejar asentado que en este caso no procede invocar ni reconocer el principio de confianza legítima en favor de la recurrente, atendido el tiempo que ha servido el cargo a contrata, esto es, por un período inferior a 5 años (Rol Corte Suprema N°26.112-2023).

Luego, también resulta necesario asentar que no se está frente a un término anticipado de la contrata, en que la autoridad estaría obligada a dictar un acto administrativo que dispusiera anticipadamente el término de la misma, sino que frente a un caso del término de la contrata por el vencimiento del plazo dispuesto en ella.

NOVENO: Que en este contexto, y como ya se indicó en el considerando precedente, lo acontecido en el presente caso es que el término de los servicios se produjo por el vencimiento del plazo de la contrata al 31 de diciembre de 2024, dispuesto en el acto administrativo Decreto Universitario Exento N°0047274, de 2023, vencimiento que no requiere la dictación de un nuevo acto administrativo que así lo disponga, pues desde que se produjo la última renovación la fecha de término de la misma ya había sido dispuesta por la autoridad correspondiente, a través del acto administrativo pertinente, lo cual estaba en conocimiento de la recurrente, en cuanto a que su vinculación era de carácter temporal, y que el vencimiento de la misma, ante la no renovación, se produjo por el solo ministerio de la ley al 31 de diciembre pasado.

Por lo anterior, no se verifica ningún acto ilegal o arbitrario de la institución recurrida, pues su actuación se ha ajustado a la ley, atendido el carácter temporal de las contratas, y a la jurisprudencia de esta Corte de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema en materia de confianza legítima, que, de haber procedido, habría requerido la dictación de un acto administrativo que explicitara fundadamente los motivos por una no renovación de la contrata, lo que, como ya se adelantó, no es la situación que se verifica en autos.

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado, sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra del Hospital Clínico de la Universidad de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección – N°27.182-2024.