nombre reservado con CAJA DE COMPENSACIÓN DE ASIGNACIÓN FAMILIAR DE LOS ANDES

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de abril de dos mil veinticinco.

A los folios 13 y 14: téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes, solicitando que se ordene a la recurrida cesar toda retención o descuento de su remuneración y restituir los descuentos efectuados, así como los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la acción.

Señala que con fecha 14 de diciembre de 2023, suscribió pagaré N°036CON105344456, en favor de la recurrida, por la suma de $4.194.758 por concepto de capital, más los intereses correspondientes; que se pagaría en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $161.904. Es del caso, que por su situación económica, se vio impedido de dar cumplimiento a los pagos indicados, en razón de lo cual, con fecha 8 de julio de 2024, la recurrida interpuso demanda ejecutiva en su contra, que se sustancia ante el Primer Juzgado Civil de Puente Alto, bajo el Rol C-8187-2024.

Expone que en el mes de agosto de 2024 logró obtener un trabajo dependiente, y en el mes de noviembre de 2024 advirtió que se había hecho un descuento ordenado por la Caja de Compensación, por la suma de $161.586, de lo que jamás fue informado, entendiendo que resulta abusivo e inoportuno.

Considera que se hace un ejercicio abusivo de la facultad establecida en el artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo este descuento un acto de autotutela, sin dar noticia de la determinación del descuento ni como se arribó a la suma respectiva, afectándose de esta forma el derecho de propiedad establecido en el numeral 24 del artículo 19 de la Constitución.

Que la recurrida, al momento de interponer la demanda ejecutiva manifestó su voluntad inequívoca de ejercer la cláusula de aceleración contenida en el pagaré, por lo que resulta arbitrario que, habiendo ejercido dicha cláusula, y obteniendo sentencia favorable, se ordene la retención de montos equivalentes a una cuota, a conveniencia de la recurrida.

Segundo: Que la recurrida informa del recurso, exponiendo que otorgó al recurrente, con fecha 14 de diciembre de 2023, la operación de crédito código N° 036CON105344456, por un capital inicial de $4.194.758.-, a una tasa de Interés mensual de 2.5%, pagadero en un plazo de 48 meses, con una cuota mensual de $161.904, cuyo primer vencimiento correspondió a fecha 29 de febrero 2024, habiéndose pagado solo la primera de las cuotas, estando morosas las demás.

Por tanto, en la especie se trata de un crédito vigente, actualmente exigible y que no se encuentra prescrito, por lo que procede su recaudación conforme a lo establecido en el Artículo 22 de la Ley N° 18.833, siendo este cobro pertinente y oportuno.

Señala que dada la naturaleza de entidad de previsión social de las Cajas de Compensación de Asignación Familiar, el legislador ha considerado necesario establecer garantías para el cobro y pago de los créditos sociales que otorgan, siendo así como el artículo 22 de la Ley N 18.833 dispone: “lo adeudado por prestaciones de crédito social a una Caja de Compensación por un trabajador afiliado, deberá ser deducido de la remuneración por la entidad empleadora afiliada, retenido y remesado a la Caja acreedora, y se regirá por las mismas normas de pago y de cobro que las cotizaciones previsionales”, sin que el trabajador pueda oponerse a este mecanismo de cobro, ya que si quiera sustraerse del mismo debería obtener un crédito el sistema financiero bancario.

Sostiene que la obligación es actualmente exigible y que la prescripción debe ser declarada judicialmente, sin que una acción de protección sea la vía idónea para ventilar un conflicto de esa naturaleza, así como cualquier alegación relacionada con la exigibilidad del crédito.

Que en la especie no existe ilegalidad o arbitrariedad, lo que solamente ocurriría si es que la recurrida informara deducciones a partir de créditos en que se haya declarado la prescripción, tanto de la acción cambiaria como de aquella que emana del mutuo, lo que en el caso no sucede.

El crédito es el mismo, y se interpusieron excepciones, que fueron rechazadas, sentencia confirmada. Se señala vehículo para embargo, el que se decretó.

Por todo lo indicado, solicita el rechazo de la acción de protección.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, se encuentra acreditado que la recurrida otorgó un crédito mediante un pagaré en 48 cuotas al recurrente. De igual forma, consta de los antecedentes aportados que la Caja de Compensación de Asignación Familiar De Los Andes, hizo uso de la clausula de aceleración pactada en el título ejecutivo, procediendo en consecuencia a demandar el total de lo adeudado en el juicio ejecutivo Rol C-8187- 2024 en el Juzgado Civil de Puente Alto, proceso en el cual se dictó sentencia rechazando las excepciones opuestas por el ejecutado, constando además en el cuaderno de apremio, el embargo de un vehículo del ejecutado.

Quinto: Que, en definitiva, se tiene presente que se trata del mismo crédito social respecto del cual el acreedor optó por iniciar el cobro judicial de la obligación, circunstancia en la cual debe estarse a lo ya resuelto en la sentencia definitiva dictada en dicho juicio ejecutivo, sin que sea procedente el descuento de cuotas cuando el recurrente como trabajador dependiente se incorpora nuevamente al sistema formal de trabajo, pues tal mecanismo a través de sus remuneraciones por parte de su actual empleador, se torna arbitrario, por cuanto la recurrida decidió una vía legítima de cobro como es la interposición de la respectiva demanda ejecutiva, debiendo por tanto respetar lo obrado en dicho proceso ejecutivo, no pudiendo continuar con descuentos como lo ha hecho.

Sexto: Que, de esta forma, los descuentos unilaterales efectuado a las remuneraciones del recurrente, en los términos en que se hicieron, afectan su patrimonio y, por ende, el derecho de propiedad reconocido en el artículo 19 N ° 24 de la Carta Fundamental.

Séptimo: Que, por los fundamentos referidos se acogerá la acción constitucional de protección.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas la acción de protección interpuesta en favor del recurrente en contra de la Caja de Compensación Familiar Los Andes, por lo que la recurrida deberá abstenerse de efectuar los descuentos, debiendo además restituir todas las sumas descontadas al recurrente desde el mes de noviembre de 2024.

Regístrese y comuníquese.

N°Protección-27180-2024.