Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veinte de abril de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparecen nombre reservado y Catalina Feliú Álvarez, abogadas, en favor de don nombre reservado, de nacionalidad cubana, interponiendo recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por la omisión que estiman ilegal y arbitraria consistente en la no dictación de la providencia o resolución correspondiente a su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado. Estiman que dicha omisión vulnera las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° s 2 y 3 de la Constitución Política de la República.

Exponen que formalizó su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado el 23 de mayo de 2025. Señalando que debió abandonar Cuba tras sufrir hostigamiento, detenciones arbitrarias y una condena a prisión por motivos que considera netamente políticos, derivados de las acciones de su hermano de crianza, opositor al régimen cubano residente en Chile. Indican que, a la fecha de interposición del recurso, han transcurrido más de 140 días hábiles sin que la autoridad migratoria haya emitido un pronunciamiento sobre la admisibilidad de su solicitud, superando con creces el plazo de 90 días hábiles establecido en el artículo 28 bis inciso noveno de la Ley N° 20.430, y vulnerando además los principios de celeridad y economía procedimental de la Ley N° 19.880.

Sostiene que esta dilación injustificada lo mantiene en la incerteza jurídica, afectando su debido proceso y constituyendo un trato discriminatorio frente a otros administrados, por lo que solicita se acoja el presente recurso y se ordene a la recurrida dar respuesta a su solicitud en el plazo de cinco días, con costas.

Segundo: Que, evacuando informe los abogados Antonio Beltrán Henríquez y Marcelo Rivera Compán, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, solicitan el rechazo del recurso por estimar que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a la autoridad administrativa.

Exponen que el recurrente ingresó al territorio nacional de manera clandestina el 6 de enero de 2025, eludiendo los controles fronterizos, e inició su trámite de refugio recién el 23 de mayo de 2025.

Indican que, contrariamente a lo sostenido por el recurrente, la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado no se encuentra paralizada, sino en estado de trámite en la etapa de "Análisis de Informe", encontrándose sometida al procedimiento regular de evaluación por parte de la Secretaría Técnica. Añaden que la autoridad competente para otorgar en definitiva la condición de refugiado es el Subsecretario del Interior, no el Servicio Nacional de Migraciones, por lo que carecen de legitimación pasiva para la decisión de fondo. Argumentan, fundados en la jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema, que los plazos establecidos en la Ley N° 19.880 y normativas especiales no son fatales para la Administración, y que la demora obedece a un caso fortuito derivado del aumento exponencial de los flujos migratorios y de solicitudes de refugio en el país. Finalmente, recalcan que durante la tramitación del procedimiento, el solicitante goza del principio de no devolución y del otorgamiento de una visa de residencia temporaria, por lo que no existe vulneración a sus garantías fundamentales.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Entonces, es requisito indispensable de la acción cautelar de protección, la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria y que provoque alguna de las situaciones que se han indicado, de manera tal de situarse la Corte en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que, de los antecedentes allegados al proceso, aparece que el amparado ingresó al territorio nacional de manera irregular el 6 de enero de 2025 y que, con fecha 23 de mayo de 2025, formalizó una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones. Consta, asimismo, por lo informado por la recurrida y respaldado en el expediente administrativo acompañado, que dicha solicitud se encuentra actualmente activa y en etapa de "Análisis de Informe" por parte de la autoridad técnica competente.

Quinto: Que la controversia jurídica radica en determinar si el tiempo transcurrido desde la presentación de la solicitud hasta la fecha, sin que se haya dictado una resolución que afine la etapa de admisibilidad o el fondo del asunto, constituye una omisión con caracteres de ilegalidad o arbitrariedad que conculque las garantías constitucionales del debido proceso o la igualdad ante la ley.

Sexto: Que, al respecto, cabe señalar que el procedimiento de determinación de la condición de refugiado reviste una naturaleza compleja, regulada en la Ley N° 20.430 y su Reglamento. Si bien el artículo 28 bis del referido cuerpo legal y el artículo 27 de la Ley N° 19.880 contemplan plazos para la tramitación de las solicitudes administrativas, la jurisprudencia reiterada de la Excma. Corte Suprema ha establecido de manera uniforme que dichos términos procesales dirigidos a la Administración no tienen el carácter de fatales. El rebasamiento de estos plazos no genera la caducidad del procedimiento ni transforma, per se, la tardanza en una actuación ilegal o en un capricho arbitrario, particularmente cuando la propia Administración ha justificado el retraso en el incremento exponencial y de público conocimiento de la carga procedimental migratoria. En consecuencia, la dilación advertida obedece a razones objetivas de capacidad operativa frente a un fenómeno extraordinario, alejándose de la noción de arbitrariedad.

Séptimo: Que, a mayor abundamiento, no se advierte de qué modo la omisión denunciada genera una privación, perturbación o amenaza en los derechos fundamentales del recurrente. El legislador, previendo que la sustanciación de estas solicitudes requiere un tiempo de estudio exhaustivo, ha establecido mecanismos de resguardo en la propia Ley N° 20.430. En efecto, desde la formalización de su solicitud, el recurrente se encuentra amparado por el principio de no devolución (artículo 4°) y está facultado para acceder a la visación de residente temporario (artículo 32), la cual le otorga regularidad migratoria transitoria y documento de identidad mientras pende la decisión final. Por tanto, el actor no se encuentra en una situación de indefensión, desamparo o clandestinidad que requiera la intervención de urgencia de esta Corte por la vía de protección.

Octavo: Que, de lo razonado, forzoso es concluir que la actuación del Servicio Nacional de Migraciones no reviste los caracteres de una omisión arbitraria ni ilegal. La autoridad se encuentra sustanciando el procedimiento legalmente establecido, dentro del marco de sus competencias y sin que la demora en la dictación del acto final -que, cabe precisar, es prerrogativa exclusiva del Ministerio del Interior y no del Servicio recurrido- importe un trato discriminatorio o una infracción al debido proceso material que amerite tutela constitucional a través de esta vía excepcional y sumarísima.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción de protección impetrada en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-27168-2025.