nombre reservado con CAJA DE COMPENSACION DE ASIGNACION FAMILIAR LA ARAUCANA

C.A. de nombre reservado

nombre reservado, dieciséis de mayo de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 30 de diciembre de 2024, comparece don nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, por haber efectuado descuentos en su remuneración sin previo aviso, actuación que considera ilegal y arbitraria que infringe los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza, por lo que solicita que se ordene el cese de todo tipo de retención o descuento en su remuneración y la restitución de los descuentos ya efectuados.

Contextualiza que con fecha 24 de diciembre de 2018, suscribió el pagaré de crédito social obteniendo un crédito por el valor total de $8.066.196 otorgado por la recurrida. La obligación debía ser solucionada en 48 cuotas mensuales y sucesivas de $275.130, venciendo la primera de ellas el día 31 de enero de 2023 y las restantes el último día de cada mes, hasta la extinción total de la obligación.

Agrega que debido a complejidades de índole financiera, no le fue posible seguir pagando las cuotas pactadas con la recurrida, constituyéndose en mora, ante lo cual CCAF La Araucana hizo exigible el total de la obligación insoluta, interponiendo en su contra una demanda ejecutiva, con fecha 16 de enero del año 2024, como consta en la causa ROL C-893-2024, tramitada ante el 26° Juzgado Civil de nombre reservado, para efectos de cobrar el pagaré referido, haciendo uso de la cláusula de aceleración.

Señala que dicha demanda le fue notificada con fecha 20 de marzo de 2024, oportunidad en que opuso la excepción contenida en el numeral 7° del artículo 464 del Código de Procedimiento Civil, fundada en el hecho que la firma del suscriptor no había sido autorizada ante Notario Público. Indica que con fecha 22 de abril de 2024, el tribunal declaró admisible la excepción, recibiendo la causa a prueba, y que con fecha 15 de octubre de 2023, rechazó la excepción, ante lo cual el recurrente apeló, siendo concedida en el solo efecto devolutivo.

Expone que el 19 de julio de 2024 se incorporó a un nuevo trabajo, pero a contar del mes de noviembre del año en curso, su sueldo comenzó a reflejar una merma, constando un descuento bajo el ítem "Créditos personales CCAF", por la suma de $226.434. Afirma que la recurrida tomó la determinación de sustraer del ámbito extrajudicial el cobro del crédito, a pesar de haber interpuesto una demanda ejecutiva que se encuentra vigente y en etapa de ejecución.

Enfatiza que no fue informado previamente por algún canal de comunicación respecto de la decisión unilateral de la recurrida de ejecutar los descuentos, por lo que nunca tuvo elementos ni información que le permitieran prever una afectación en su sueldo.

Respecto a la garantía de igualdad ante la ley sostiene que la recurrida lo ha puesto en una situación desventajosa, distinta y precaria en relación con todos los otros deudores civiles, pues respecto de aquellos, para obtener el pago de un crédito o deuda, se los debe demandar en los tribunales ordinarios.

En cuanto al derecho de propiedad, argumenta que el acto de autotutela efectuado por la recurrida constituye un descuento ilegal y arbitrario de su remuneración, privándolo de su derecho de propiedad sobre un monto de $226.434 de su liquidación de sueldo.

Luego, analiza los artículos 21 y 22 de la Ley N°EBG18.833, señalando que en la presente situación se puede advertir un uso arbitrario e ilegal de la citada norma, toda vez que una Caja de Compensación está subordinada a la Constitución Política de la República. Agrega que el descuento no es oportuno y que resulta arbitrario que, habiendo ejercido la cláusula de aceleración mediante la interposición de una demanda ejecutiva, la recurrida ordene la retención de montos a su conveniencia y mediante un mecanismo paralelo a la vía judicial.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida: i) cesar todo tipo de retención o descuento en su remuneración; ii) restituir los descuentos efectuados, así como también los que puedan llegar a efectuarse durante la tramitación de la presente acción; y iii) condenar en costas a la recurrida.

Segundo: Que, la recurrida Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana, evacuó el informe requerido solicitando el rechazo de la acción intentada.

En primer término, expone los antecedentes del caso, señalando que la acción constitucional se interpone en atención a los descuentos practicados por el empleador del recurrente en su remuneración desde noviembre de 2024, por la suma de $226.434, por concepto de crédito social otorgado por la Caja de Compensación en el año 2018. Aclara la recurrida que, contrario a lo señalado por el recurrente, el crédito social en cuestión fue otorgado el 21 de diciembre de 2022, bajo el folio 173000002671, por la suma de $8.066.196, pactado en 48 cuotas, cada una por un monto de $275.130. Agrega que, existiendo pagos pendientes y resultando infructuosas las gestiones extrajudiciales, el crédito pasó a figurar en mora, lo que motivó la interposición de la acción ejecutiva en enero de 2024. Sin perjuicio de ello, señala que el recurrente pagó dicho crédito el 24 de enero de 2025, mediante su reprogramación.

En efecto, informa que el recurrente reprogramó el crédito folio 173000002671 en la fecha indicada, generándose el crédito folio 171-000117874 por un capital de $7.974.294, a una tasa de interés de 0,6%, pactado en 60 cuotas, cada una por la suma de $161.146, cuyo primer descuento comenzará en abril de 2025, por tratarse del producto "reprogramación ajuste trabajador" que otorga 3 meses de gracia antes de efectuar el primer descuento. En consecuencia, sostiene que la obligación respecto de la cual el recurrente reclama en este recurso, así como sus descuentos, se extinguió por la solución o pago efectivo, conforme al numeral primero del artículo 1567 del Código Civil.

A mayor abundamiento, enfatiza la recurrida que los créditos otorgados por las Cajas de Compensación revisten un carácter social por expreso mandato del legislador, pues son otorgados por entidades de previsión social, y su carácter social no está dado por la finalidad que el deudor le otorga al dinero entregado o el tipo de instrumento suscrito, sino que deriva de la naturaleza de la entidad que lo otorga.

Sostiene, además, que el hecho de haber entablado una acción ejecutiva para el cobro del pagaré que garantiza el mutuo otorgado al recurrente corresponde a una gestión enmarcada en la obligación que tienen las Cajas de Compensación de proteger el fondo social, por ende, dicha acción judicial no libera a la recurrida ni al empleador de la obligación legal de efectuar el descuento para el pago de las cuotas adeudadas, ello en atención al carácter imperativo del artículo 22 de la Ley 18.833. Agrega que, según lo ha entendido la Corte Suprema en autos Rol 22.325-2019, el actuar de la recurrida responde a una atribución que la ley confiere a la Caja de Compensación con miras a obtener la recuperación del crédito y constituye también un deber que la ley hace recaer en el empleador respectivo.

Finalmente, la recurrida resume sus argumentos señalando que: a) El recurrente reconoce adeudar el crédito, el cual no fue otorgado en 2018 sino en 2022, y respecto del cual, atendida la mora, se inició acción ejecutiva; b) El recurrente validó todo lo obrado por la recurrida al extinguir la obligación correspondiente al crédito social folio 173000002671, a través de la reprogramación efectuada el 24 de enero de 2025; y c) Conforme al principio de buena fe que rige las relaciones contractuales, si el beneficiario del crédito social reprogramó el mismo, se entiende que actuó con conocimiento y aceptación tácita de los descuentos practicados, por ende, no puede pretender alegar su ilegalidad por esta vía.

En virtud de lo expuesto, la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana concluye que no ha privado, perturbado o amenazado los derechos y garantías constitucionales del actor, solicitando el rechazo de la acción interpuesta.

Para acreditar sus asertos, acompaña la hoja de prolongación folio 171000117874 de fecha 24 de enero de 2025 y la Carga Financiera del mismo folio.

Tercero: Que en lo que atañe al asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamenta.

Quinto: Que, del análisis de los antecedentes de autos resulta que el supuesto que sirve de sustento al recurso de protección impetrado, no corresponde a la realidad de los hechos, desde que conforme al acuerdo de voluntades celebrado el 24 de enero de 2025, la deuda que el actor tenía con la recurrida, al tiempo de interposición del recurso se reprogramó para ser pagado en 60 cuotas iguales y sucesivas de $161.146, a partir del abril del mismo año, según consta del documento acompañado por aquella.

Sexto: Que al no existir acto ilegal o arbitrario alguno de parte de la recurrida, el recurso de protección habrá de ser desestimado por haber perdido oportunidad, siendo innecesario hacerse cargo de la garantía denunciada como infringida.

Por estos fundamentos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas el deducido en favor de nombre reservado y en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar La Araucana.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-27163-2024.