nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE-FACULTAD

C.A. de Santiago Santiago, dieciséis de abril de dos mil veinticinco.

Proveyendo a los escritos folios 16 y 17: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 30 de diciembre de 2024, comparece don nombre reservado, abogado, actuando por nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Universidad de Chile, representada legalmente por don nombre reservado, por haber renovado su contratación para el año 2025 únicamente por el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2025. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carece de fundamentos reales, constituyendo un subterfugio para desvincular a la recurrente una vez finalizado su fuero maternal, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 numerales 2 y 24, por lo que solicita dejar sin efecto el Decreto Exento RA 309/7791/2024, ordenar el reintegro de la recurrente a sus funciones y el pago íntegro de las remuneraciones que dejó de percibir durante el período de separación.

Señala el recurrente que doña nombre reservado presta servicios transitorios para la Facultad de Derecho desde el año 2021. A contar del 01 de mayo de 2022 fue designada a contrata, bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", como Profesional Periodista, asimilada a grado 17° de la Escala Única de Sueldos, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales. Agrega que, debido a su buen desempeño profesional y excelentes calificaciones, su designación a contrata fue objeto de sucesivas renovaciones hasta el presente, sin haber sido sancionada con medida disciplinaria o anotación de demérito alguna.

Expone que, las funciones desempeñadas habitualmente por la recurrente consistieron en: administración de las cuentas en redes sociales de la facultad, producción del programa radial "Derecho al Aire", monitoreo y alerta permanente de medios de comunicación y redes sociales, reporteo y redacción de notas de prensa, actualización permanente del sitio web, y preparación de contenidos para el Boletín "La Facultad en los Medios".

Relata que con fecha 29 de noviembre de 2023 nació el hijo de la recurrente, de iniciales VLAC, haciendo uso de su licencia postnatal y postnatal parental, licencia médica psiquiátrica y feriado legal, reincorporándose a sus funciones el día 01 de agosto de 2024. Luego de incorporarse, la recurrente presentó licencias médicas por enfermedad de su hijo, lo que la llevó a ausentarse en al menos tres ocasiones entre agosto y octubre de 2024.

Sostiene que, en el mes de octubre, una vez reincorporada a sus funciones, la recurrente comenzó a ser víctima de maltrato laboral por parte de sus jefaturas directas, especialmente de la Directora de Comunicaciones nombre reservado, quien eliminó toda autonomía de las funciones de la recurrente, vigilando especialmente sus labores y reemplazándola, sin aviso ni consenso, en sus funciones diarias, sin asignar otras tareas. Afirma que, por la sola razón de haber hecho uso de sus derechos maternales, se vio enfrentada a un escenario de trabajo hostil.

Indica que, dado que el maltrato laboral no desapareció, la recurrente decidió denunciar a sus jefaturas por infracción a la ley Karin, comunicándose con la jefa de unidad de Gestión y nombre reservado, quien con fecha 11 de noviembre de 2024 le envió un correo electrónico adjuntándole el Protocolo de Denuncias sobre Acoso Sexual, Violencia de Género, Acoso Laboral y Discriminación Arbitraria. Señala que el día 12 de noviembre la recurrente presentó una nueva licencia médica debido a una reactivación de un cuadro psiquiátrico.

Expone que durante la jornada del día 29 de noviembre de 2024, se le hace entrega personal a la recurrente de un documento titulado "notifica situación contractual que indica", donde le comunican la decisión de la Facultad de Derecho de renovar su contratación para el año 2025, por el período comprendido entre el 01 de enero hasta el 28 de febrero de 2025, en virtud de los fundamentos establecidos en el Decreto Exento RA 309/7791/2024. Dicho decreto justifica la decisión en que el perfil profesional de la funcionaria no se ajusta a las necesidades actuales de la Facultad, según indica un informe de la Encargada de Comunicaciones.

Argumenta el recurrente que la renovación de la contratación hasta el 28 de febrero de 2025, fecha que coincide con el término del fuero maternal de la recurrente, quebranta la legítima confianza de que su nombramiento se extendería hasta el 31 de diciembre, como había ocurrido en los períodos anteriores. Sostiene que la recurrente cuenta con cinco años de antigüedad laboral en su puesto de trabajo y, si bien fue contratada bajo la fórmula "mientras sus servicios sean necesarios", su relación laboral devino en indefinida, dado que fue objeto de sucesivas renovaciones, por lo que solamente puede cesar en su empleo mediante calificación insuficiente o sumario administrativo.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, el recurrente alega que el acto administrativo impugnado carece de motivación, lo cual vulnera lo dispuesto en el artículo 11 inciso 2° de la Ley 19.880 y el artículo 41 del mismo cuerpo legal. Argumenta que, en el presente caso, no se ha dado cumplimiento a las exigencias impuestas por la ley, pues si bien la decisión encuentra aparentemente validez en la falta de adecuación de las competencias profesionales de la recurrente con el perfil de cargo, no existe tal instrumento de gestión.

Sostiene que se ha transgredido el artículo 19 N° 2 de la Constitución, al privar arbitrariamente a la recurrente de la continuidad en el puesto de trabajo. También alega la vulneración del artículo 19 N° 24 de la Constitución, pues la desvinculación ilegal y arbitraria priva a la recurrente de las remuneraciones que percibe regularmente, impactando severamente en su patrimonio personal y familiar.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la acción de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile deviene en ilegal y arbitraria; se ordene dejar sin efecto el Decreto Exento RA 309/7791/2024; se disponga el reintegro de doña nombre reservado en su puesto de trabajo a partir del 01 de marzo de 2025, asimilándola a la misma categoría y grado que ostenta a la fecha de su desvinculación; se ordene el pago íntegro de todas las remuneraciones devengadas en el tiempo que media entre la separación de sus funciones y la reincorporación; se disponga cualquier otra medida que el tribunal estime pertinente para restablecer el imperio del derecho; y se condene en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que con fecha 30 de enero de 2025, comparece la recurrida informando al tenor del presente recurso y solicita su rechazo con expresa condenación en costas.

En primer lugar, sostiene que la acción es extemporánea, toda vez que el Decreto Exento RA N°309/7791/2024 fue registrado con fecha 28 de noviembre de 2024 y notificado a la recurrente el 29 de noviembre de 2024, siendo esta última fecha la que debe considerarse para el cómputo del plazo establecido en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección. Al haberse interpuesto la acción con fecha 30 de diciembre de 2024, esto es, más allá del plazo de 30 días corridos, el recurso deviene en extemporáneo.

En cuanto al fondo, señala que no existe acción u omisión ilegal o arbitraria atribuible a la Universidad de Chile. Explica que la recurrente ingresó a la Facultad de Derecho inicialmente mediante contrato a honorarios el 1 de enero de 2021, siendo posteriormente designada a contrata a partir del 1 de mayo de 2022, bajo la fórmula "mientras sean necesarios sus servicios", como profesional periodista asimilada a grado 17° de la Escala Única de Sueldos, con jornada de 44 horas semanales. Refiere que esta designación a contrata fue renovada sucesivamente hasta el 31 de diciembre de 2024.

Indica que con fecha 23 de octubre de 2024, en sesión ordinaria del Consejo de Facultad, se informó sobre la "Nueva estrategia de comunicación de la Facultad y reorganización de la Unidad de Comunicaciones", la cual fue formalizada mediante Memorándum N°1/2024 de fecha 2 de noviembre de 2024. Esta estrategia tenía como objetivo fortalecer las comunicaciones de la Facultad mediante una actuación estratégica, lo que requería la incorporación de profesionales con áreas de especialización complementarias.

Explica que, en el marco de dicha reestructuración, se determinó que el perfil profesional de la recurrente no se ajustaba a las necesidades actuales de la Facultad, según consta en el Informe de Perfil Profesional elaborado por la Encargada de Comunicaciones con fecha 14 de noviembre de 2024. De acuerdo con este informe, la recurrente no realizaba el tipo de trabajo fundamental para el manejo de redes sociales requerido para la nueva estrategia, particularmente en lo relativo al conocimiento avanzado del ecosistema de redes sociales, manejo de herramientas para generar contenido audiovisual y capacidad de realizar trabajo estratégico en métricas.

Añade que, en consideración a los principios de eficiencia, eficacia y buen uso de los recursos presupuestarios, se tomó la decisión de renovar el contrato de la recurrente por un período menor a un año, esto es, hasta el 28 de febrero de 2025, lo que se materializó en el Decreto Exento RA 309/7791/2024 de fecha 28 de noviembre de 2024, debidamente notificado al día siguiente.

Respecto a la inexistencia de una relación laboral indefinida, la recurrida aclara que la Universidad de Chile es una persona jurídica de derecho público, conforme lo establece la Ley 21.094 sobre Universidades Estatales y el DFL N°3 de 2006 del Ministerio de Educación, por lo que la relación con la recurrente se rige por el Estatuto Administrativo y no por el Código del Trabajo, como erróneamente señala la actora.

En relación con el principio de confianza legítima, invocado por la recurrente, argumenta que para configurarlo se requiere que una relación a contrata supere los cinco años, según establece el Dictamen N°E561358/2024 de la Contraloría General de la República, requisito temporal que no se cumple en este caso, pues la designación a contrata de la recurrente se inició el 1 de mayo de 2022, llevando aproximadamente 3 años bajo dicha modalidad.

Respecto de la motivación del acto administrativo, sostiene que el Decreto Exento RA N°309/7791/2024 se encuentra debidamente fundamentado, ya que expresa claramente las razones que justifican la renovación por un plazo inferior a un año, esto es, la implementación de la nueva estrategia de comunicación de la Facultad y la reorganización de la Unidad de Comunicaciones, lo que hace innecesarios los servicios de la recurrente por no contar con las cualidades técnicas y profesionales requeridas para la nueva estructura.

La recurrida niega la existencia de un actuar discriminatorio que vulnere la garantía de igualdad ante la ley, argumentando que a todos los funcionarios de la Universidad se les aplican las mismas disposiciones legales. Asimismo, respecto al derecho de propiedad, sostiene que la recurrente carece de tal derecho sobre su empleo, ya que se trata de un cargo a contrata que, por definición legal, tiene carácter transitorio, existiendo solo una mera expectativa de continuar desempeñando el cargo en la medida que el mismo no expire o concluya de alguna de las maneras señaladas en la ley.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, el régimen jurídico del cargo a contrata y la definición del mismo se encuentran en el artículo 3 letra c) del Decreto con Fuerza de Ley Nº29 del año 2005 del Ministerio de Hacienda que fija el texto refundido de la Ley Nº18.834 sobre Estatuto Administrativo, cuyo texto expresa que “Es aquél de carácter transitorio que se consulta en la dotación de una institución”; y por su parte el artículo 10 del mismo texto legal regula su duración, al preceptuar que estos cargos durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y que los empleados que los sirvan expirarán en sus funciones en esa fecha por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

De acuerdo a las disposiciones antes citadas los empleos a contrata tienen como especial característica su transitoriedad, encargándose la ley de fijar un término máximo de duración.

QUINTO: Que, también, resulta relevante recordar que en el Oficio Nº6.400, de 2018, la Contraloría General de la República hace referencia al principio de confianza legítima en cuya virtud después del segundo período de renovación de una contrata, se genera en el funcionario la confianza que dicha conducta seguirá repitiéndose y por ello se precisó que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación, debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente puesto en su conocimiento, exento del trámite de toma de razón acorde con lo establecido en el N°19 del artículo 7° de la Resolución N°10, de 2017 de la misma Contraloría.

De esta manera, queda en evidencia que la regla del órgano contralor se dirige a guiar la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes, a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado.

SEXTO: Que, así las cosas y visto el Decreto Exento RA 309/7791/2024, que motivó el recurso y por el cual, además, se comunicó a la recurrente expresamente la decisión de renovar la contrata únicamente por el periodo comprendido entre el 01 de enero y 28 de febrero de 2025, se fundó en el Memorándum Nº1/2024 de 02 de noviembre de 2024, que contiene la Nueva Estrategia Comunicacional de la Facultad de Derecho, conforme a la cual el perfil profesional de la recurrente no se enmarcaría dentro de las nuevas exigencias de la estrategia comunicacional de la recurrida y, que tales argumentos, cumplen con el deber de motivación que exige el artículo 11 de la Ley N°19.880, fluye entonces la conclusión que el acto impugnado no contraviene la ley, considerando la naturaleza transitoria del cargo a contrata desempeñado por la actora y tampoco resulta arbitraria o antojadiza, pues, contiene los fundamentos que la justifican.

SÉPTIMO: Que, de esta forma y como consecuencia de lo señalado, y descartada ilegalidad o arbitrariedad en el proceder de la autoridad recurrida, el recurso debe ser rechazado, resultando inoficioso analizar la eventual vulneración de garantías constitucionales.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, la acción de protección deducida en favor de nombre reservado en contra de la Universidad de Chile.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-27160-2024.