Protección contra Dirección de Previsión de Carabineros de Chile

C.A. de Santiago Santiago, diecisiete de junio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, funcionaria a contrata, grado 12 E.U.S., del Servicio Médico y Dental de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, e interpone recurso de protección en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, por la dictación de la Resolución Exenta RA nro. NUM000, de fecha 28 de noviembre de 2025, mediante la cual se dispuso no prorrogar su designación a contrata a contar del 1 de enero de 2026, acto que estima ilegal y arbitrario, por vulnerar las garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 números 1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que ingresó a prestar servicios en DIPRECA el 5 de enero de 2018 mediante concurso público, para desempeñarse como Encargada del Casino Institucional, en la Oficina de Bienestar del Personal del Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas, bajo la modalidad de contrata, asimilada inicialmente al grado 15 E.U.S., vínculo que fue renovado sucesivamente en los años posteriores. Añade que, durante su trayectoria funcionaria, ejerció funciones de responsabilidad, coordinación y jefatura, con evaluaciones positivas y sin sanciones disciplinarias.

Señala que, a partir del año 2022, comenzó a sufrir un contexto de hostigamiento laboral y deterioro de sus condiciones de trabajo, lo que derivó en denuncias administrativas por acoso laboral, licencias médicas y calificaciones de enfermedad profesional por parte de la Mutual de Seguridad. Refiere que, luego de tales antecedentes, fue trasladada a distintas funciones, entre ellas al Servicio Médico y Dental de DIPRECA, para desempeñar labores como nutricionista, pese a que su trayectoria se había desarrollado principalmente en áreas de gestión y administración.

Afirma que la decisión de no renovar su contrata se adoptó en un contexto de enfermedad profesional, licencias médicas prolongadas, denuncias administrativas y acciones judiciales, por lo que estima que el acto impugnado encubre una represalia y una discriminación derivada de su estado de salud y del ejercicio legítimo de acciones administrativas y judiciales. Agrega que, habiéndose desempeñado por casi ocho años en el mismo servicio, se encuentra amparada por el principio de confianza legítima, de manera que la recurrida no podía poner término a su vínculo mediante una resolución de no renovación, sin sumario administrativo, calificación deficiente o fundamentos objetivos suficientes. Solicita que se acoja el recurso, se deje sin efecto la Resolución Exenta RA nro. NUM000, se ordene su reincorporación y se disponga el pago de las remuneraciones y demás emolumentos devengados, con costas.

Segundo: Que, en su informe, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile solicitó el rechazo del recurso, con costas.

Sostiene que la recurrente prestó servicios para DIPRECA en calidad de funcionaria a contrata y que la decisión impugnada corresponde a la no renovación de su vínculo estatutario para un nuevo período a contar del 1 de enero de 2026, acto que fue debidamente notificado y fundado. Explica que la contrata constituye un vínculo esencialmente temporal, que expira el 31 de diciembre de cada año por el solo ministerio de la ley, salvo que se proponga su prórroga con la anticipación debida, de modo que no existe un derecho adquirido a la renovación.

Agrega que la Resolución Exenta RA nro. NUM000 se encuentra suficientemente motivada, pues da cuenta de los antecedentes considerados por la autoridad para no renovar la contrata de la actora. Entre ellos, refiere que la recurrente efectuó diversas denuncias por acoso laboral; que una de ellas dio lugar a un sumario administrativo que fue finalmente sobreseído; que la Mutual de Seguridad calificó una enfermedad como de origen profesional y recomendó su cambio de puesto de trabajo; que la institución adoptó medidas de traslado y readecuación; que la funcionaria fue destinada al Servicio Médico y Dental para desempeñarse como nutricionista; que presentó licencias médicas reiteradas desde el año 2023, consecutivas durante el año 2025; y que, conforme a lo informado por la jefatura respectiva, el servicio ya contaba con dos nutricionistas cuyas agendas no se encontraban completas, por lo que no requería una tercera profesional en esa área.

Arguye que la medida se funda en criterios de eficiencia operativa, cobertura de necesidades y optimización de recursos humanos, agregando que la permanencia de la recurrente generaría duplicidad de recursos y afectaría la planificación institucional. Señala, además, que las licencias médicas reiteradas, superiores a 180 días en los últimos dos años, fueron consideradas conforme al artículo 151 del Estatuto Administrativo.

En consecuencia, descarta la existencia de ilegalidad, arbitrariedad o vulneración de garantías constitucionales, solicitando el rechazo íntegro de la acción.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de procedencia de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, para resolver adecuadamente el presente recurso, han de tenerse presente las siguientes circunstancias fácticas que fluyen de lo expuesto por las partes y de los antecedentes acompañados: 1º.- Según consta en la Resolución Exenta RA N° NUM001, de 5 de enero de 2018, la recurrente fue designada y comenzó a prestar servicios como Encargada de Casino Institucional para la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, en calidad de contrata, el 1 de enero de ese mismo año y mientras sus servicios fueren necesarios; en carácter de profesional asimilado al grado 15° de la Escala Única de Sueldos de la Planta de Profesionales con jornada de 44 horas semanales. 2º.- Su contrata fue sucesivamente renovada hasta el año 2025, prestando en todo dicho período servicios ininterrumpidos. 3º.- El 28 de noviembre de 2025 la autoridad recurrida dictó la Resolución Exenta RA NUM000 que dispuso la no renovación de su contrata a contar del 1 de enero de 2026; acto que le fue comunicado ese mismo día.

En síntesis, la resolución expresó entre sus fundamentos que la actora fue designada para desempeñar funciones como Encargada de Casino Institucional, cargo que tenía por objetivo gestionar el funcionamiento del mismo; que en cuatro oportunidades realizó denuncias por acoso laboral, una de ellas el 14 de octubre de 2022 en contra de su jefatura directa, que fue acogida por la dirección del Servicio, instruyéndose sumario administrativo el 20 de octubre de 2022, en el que, finalmente, la denunciada fue sobreseída; que el 17 de noviembre de 2022 la Mutual de Seguridad otorgó a la actora licencia médica, iniciando un proceso de evaluación de las condiciones de trabajo para determinar el origen de su enfermedad, tras lo cual dicha entidad resolvió que la que presentó era de origen laboral, por lo que recomendó a la Dirección de Previsión cambiarla de puesto a fin de que cese su exposición al agente de la enfermedad profesional; situación ante la cual el Departamento de Gestión y Desarrollo de personas impulsó un Protocolo de Riesgos Psicosociales y, en forma paralela, un curso de Trabajo en Equipo y Liderazgo para la Resolución de Conflictos, con el objeto de facilitar la gestión del conflicto.

Agrega la resolución que, en simultáneo, el Departamento de Gestión y Desarrollo de Personas expuso ante la jefatura superior del Servicio, que la actora podía desempeñar funciones como nutricionista en el Servicio Médico y Dental de Dipreca, autorizándose el traslado a dicha función mediante Providencia 58 de 16 de enero de 2023, por lo que fue destinada al mismo por Resolución Exenta RA NUM002, de 25 de abril del mismo año.

No obstante, a contar del año 2023 presentó licencias médicas reiteradas, que fueron consecutivas durante el año 2025, por lo que, mediante Oficio Ordinario NUM003 de 21 de enero de 2025, la Dirección del Servicio informó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Poniente que la señora nombre reservado presentó licencias médicas tipo 1 computando más de 180 días de licencia en los últimos dos años; información que fue reiterada en el Oficio Ordinario NUM004 de 20 de octubre de 2025, para los efectos de lo establecido en el artículo 151, inciso 3º, de la Ley 18.834.

En el contexto referido, se indica en la resolución de no renovación, que mediante correo electrónico de 26 de noviembre de 2025 la jefatura del Servicio Médico y Dental de DIPRECA indicó que el Servicio cuenta con dos profesionales nutricionistas con 44 horas semanales asignadas a cada una, agregando que las agendas de atención para dichas funcionarias no se encuentran completas, con lo que dejó en evidencia que el Servicio no requería de una tercera nutricionista; razón por la cual concluyó la autoridad recurrida que los servicios de la recurrente ya no eran requeridos en la institución, puesto que las necesidades de profesionales nutricionistas se encontraban totalmente cubiertas, y porque DIPRECA debe satisfacer las múltiples y variadas necesidades de la población beneficiaria, para lo cual se encuentra obligada a asignar y reasignar cupos de la dotación de manera eficiente y eficaz en aquellas unidades críticas que así lo requieran; consideración conforme a la cual es altamente necesario e imprescindible contar con una dotación idónea que cuente con las competencias requeridas para la ejecución de dichas funciones, resultando, por tal motivo, procedente la no renovación de la contrata.

Quinto: Que, en el escenario fáctico referido, debe tenerse presente que el artículo 10 del DFL 29, de 2004, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley 18.834 sobre Estatuto Administrativo, dispone que los empleos a contrata duran, como máximo, hasta el 31 de diciembre de cada año, expirando en esa fecha las funciones de quienes los desempeñan, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido propuesta su prórroga con treinta días de anticipación a lo menos.

Sexto: Que, de esta manera, considerando que la actora tenía, a la época en la que se dictó el acto recurrido, la calidad de funcionaria a contrata y que, en consecuencia, le resultaba aplicable la norma legal referida en el motivo anterior, la decisión de no prorrogar su vinculación para el año 2026 se ajustó a derecho desde que, aun si se estima que, dada su antigüedad de más de siete años ininterrumpidos al servicio de la Dirección de Previsión de Carabineros, la beneficiaba el principio de confianza legítima, lo cierto es que éste sólo exige a la Administración, conforme se ha sostenido por la jurisprudencia, expresar, en el acto que dispone la no renovación, los fundamentos o motivos en los que dicha determinación se sustenta, en términos reproducibles que permitan comprender a cabalidad por qué razón la autoridad consideró, en el caso específico, que los servicios de la funcionaria dejaron de ser necesarios; exigencia que, en la especie y de acuerdo a lo consignado en el motivo cuarto precedente, fue sobradamente satisfecha en el acto que ha sido impugnado, desde que, en lo medular, éste consigna expresamente que el Servicio Médico y Dental de DIPRECA -al que había sido trasladada la recurrente ya en el año 2023 a propósito de una sugerencia de la Mutual de la Seguridad- indicó en noviembre de 2025 que contaba con dos profesionales nutricionistas con 44 horas semanales cada una y que las agendas de atención para tales funcionarias no se encontraban completas, dejando en evidencia que ya no se requería de una tercera nutricionista; motivo por la cual los servicios de la actora dejaron de ser requeridos en la institución, en tanto las necesidades de profesionales nutricionistas se hallaban totalmente cubiertas y porque DIPRECA debe satisfacer las múltiples y variadas necesidades de la población beneficiaria, para lo cual debe asignar y reasignar cupos de la dotación de manera eficiente y eficaz en aquellas unidades críticas que así lo requieran.

Séptimo: Que, así entonces, aparece claro que la resolución recurrida no puede tildarse de ilegal, en tanto se ajusta a lo que dispone el artículo 10 de la Ley 18.834, ni tampoco de arbitraria, por cuanto expresa de manera clara y acabada los motivos que la fundamentan, conforme lo exigen los artículos 11 y 41 de la Ley 19.880; condiciones en las cuales el recurso constitucional en examen, que supone necesariamente como requisito de procedencia un acto u omisión arbitrario y/o ilegal vulnerador de las garantías constitucionales protegidas, no se encuentra en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile.

Acordada con el voto en contra de la ministra Sandra Araya Naranjo, quien estuvo por acoger el recurso de protección y disponer la reincorporación de la recurrente a sus labores, así como el pago de todas las remuneraciones que dejó de percibir en el tiempo intermedio, por las siguientes consideraciones: 1.- Que, la actora prestó servicios para la recurrida ininterrumpidamente por un lapso superior a siete años, razón por la que le favorece el principio de confianza legítima, por haber generado, en virtud de las renovaciones sucesivas de su contrata durante tan extenso lapso, la legítima expectativa de que su vinculación sería renovada para el año 2026; 2.- Que, en las condiciones descritas, a juicio de quien sostiene este voto, sin desconocer que la Administración tiene la facultad de disponer la no renovación de una contrata incluso en los casos en que el servidor a contrata, ello debe realizarse utilizando los mecanismos previstos en la ley, esto es, un Sumario Administrativo o Investigación Sumaria en caso de mal comportamiento y/o declaración de vacancia por salud incompatible en los casos en que el funcionario mantenga licencias médicas con un plazo superior a 180 días. 3.- Que, ahora bien, aún cuando no se sostenga lo referido en el motivo precedente, y se habilite a la Administración a poner término a la contrata entregando fundamentos, lo relevante es que no basta con que esta exigencia de cumpla como una mera formalidad, sino que el control jurisdiccional de los actos administrativos discrecionales determina que se deba verificar por la judicatura que aquello que se esgrime en el acto administrativo, tenga sustento fáctico, puesto que el ejercicio de una facultad discrecional no implica la aceptación de la arbitrariedad. 4.- Que en la especie la autoridad esgrimió, en primer lugar, que los servicios de la actora no eran necesarios porque la unidad en la que se desempeñaba no requería un tercer nutricionista.

Lo anterior es relevante, toda vez que lo anterior no puede ser ponderado prescindiendo del contexto de la prestación de servicios en la referida unidad. En efecto, luego de que la Mutual de Seguridad resolvió que la patología de la actora era de origen laboral, recomendó a la Dirección de Previsión cambiarla de puesto a fin de que cese su exposición al agente de la enfermedad profesional y, es por tal razón que la recurrida la destinó al Servicio Médico y Dental de Dipreca.

En estas condiciones, no resultaba procedente que la misma autoridad esgrimiera, para renovar la contrata, la circunstancias que la unidad no requería una tercera nutricionista, toda vez que es ella quien, para acatar lo dispuesto por la Mutual de Seguridad, decidió el traslado de la actora a esa unidad, cuestión que no debió realizar si en ésta no eran necesarios los servicios, debiendo buscar otra unidad para la destinación o trasladar a la persona que fue identificada por la referida mutual como el agente estresor. 5.- Que, por otra parte, se esgrime en el acto administrativo que la actora presentó licencias médicas reiteradas desde el año 2023, que fueron consecutivas durante el año 2025, por lo que, mediante Oficio Ordinario NUM003 de 21 de enero de 2025, la Dirección del Servicio informó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Poniente que la señora nombre reservado presentó licencias médicas tipo 1 computando más de 180 días de licencia en los últimos dos años cuestión que no puede ser esgrimida para efectos de no renovar el contrato, máxime si la propia autoridad reconoce en el oficio que aquello debe encausarse a través del procedimiento que determina la aplicación del artículo 151, inciso 3º, de la Ley 18.834. 6.- Así, en las condiciones descritas, es evidente que la autoridad incurrió en el vicio de desviación de poder, toda vez que la decisión de no renovar la contrata fue utilizada por la autoridad como una forma oblicua de lograr la desvinculación de la señora nombre reservado, sin sujetarse a los procedimientos que para dicho efecto prevé, tornando su proceder arbitrario e ilegal, en cuanto los fundamentos explicitados en el acto administrativo impugnado difieren de aquellos que realmente se tuvieron en vista para adoptar tal decisión. 7.- Que al haber procedido de tal modo el municipio recurrido ha vulnerado la garantía fundamental de la igualdad ante la ley, pues proporcionó a la recurrente un trato discriminatorio en relación con otros funcionarios en situaciones análogas.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro Matías de la Noi Merino y de la disidencia, su autora.

N° Protección-27128-2025.