Protección contra Ministerio Público

C.A. de Santiago Santiago, siete de abril de dos mil veintiséis.

A los escritos folios 34, 35 y 36: a todo, téngase presente.

Vistos y considerando:

Primero: Que, con fecha 23 de diciembre de 2025, comparece don nombre reservado, quien interpone recurso de amparo en contra del Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Ilustre Municipalidad de Santiago, por haber incurrido en actos ilegales consistentes en ordenar, permitir y ejecutar el desalojo forzoso del inmueble ubicado en domicilio reservado, conculcando con ello las garantías del artículo 19 N°1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República.

Expone que detenta la posesión pacífica e ininterrumpida del inmueble referido por más de veinticinco años y que bajo el pretexto de una orden judicial dirigida a domicilios colindantes, las recurridas habrían materializado el lanzamiento mediante el empleo de la fuerza pública, dejando en situación de desamparo a su grupo familiar, en el que se encontraría un niño con síndrome de Down conectado a equipos respiratorios y otro niño de cuatro años. Aduce que no existe resolución judicial que identifique específicamente DIRECCION001, por lo que el actuar denunciado constituye una vía de hecho atentatoria contra su integridad física y psíquica, su derecho de propiedad y el principio de interés superior del niño.

En definitiva, solicita que se ordene el cese inmediato del desalojo; se disponga la restitución del inmueble, con auxilio de la fuerza pública si fuere menester; se decreten medidas de protección en favor de los menores afectados; y se condene en costas a las recurridas.

Segundo: Que, con fecha 24 de diciembre de 2025, se resolvió por esta Corte tramitar los hechos denunciados como un recurso de protección, por estimar que corresponden a aquellos que pueden ser cautelados por dicha acción constitucional.

Tercero: Que, con fecha 31 de diciembre de 2025, comparece nombre reservado, en representación del Ministerio Público, evacuando informe y solicitando el rechazo del recurso.

Expone que, a raíz de una querella presentada en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago por el delito de usurpación de inmueble en contra de nombre reservado, la fiscalía regional Metropolitana Centro Norte despachó el 8 de enero de 2024 una orden de investigar a la Brigada de Investigación Criminal de Santiago.

A continuación, transcribe los hechos de la querella en los siguientes términos: “1º La Sociedad inmobiliaria Lourdes S.A. a quien representa el abogado Carlos Staab Márquez es dueña, de los siguientes inmuebles, los que conforman un solo paño, pero con distintos roles e inscripciones de dominio., el detalle de dichos inmuebles son los siguientes:, I.- inmueble ubicado en domicilio reservado, conforme consta en el certificado e inscripción que acompaño del Registro de propiedad, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, inscrito a fojas 69.887, NºNUM000 del año 2.004, rol de avalúo NºNUM001; II.- inmueble ubicado en domicilio reservado, conforme consta en el certificado e inscripción que acompaño del Registro de propiedad, del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, inscrito a fojas 69.887, NºNUM002 del año 2.004, rol de avalúo NºNUM003; III.- inmueble ubicado en domicilio reservado, conforme consta en el certificado e inscripción que acompaño del Registro, de, propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, inscrito a fojas, 69.888, NºNUM004 del año 2.004, rol de avalúo N NUM005, y; IV inmueble ubicado en domicilio reservado, conforme consta en el certificado e inscripción que acompaño del Registro de propiedad del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, inscrito a fojas, 21.610, NºNUM006 del año 2.005, cuyo rol de avalúo es el NºNUM007. 2º con fecha 29 de noviembre de 2023, el Gerente general de la sociedad fue notificado por el S.I.I. (Servicio de Impuestos Internos), conforme consta en documentos que se adjuntan en un otrosí, de una petición de cambio de nombre del titular de dichos roles: el querellado lo había, pedido para que pasara a su nombre y dicho servicio, se lo negó y junto con ello, notificó a mi representada. Los roles son el NºNUM005 y el NºNUM007, que corresponden a los inmuebles signados con los números III y IV, anteriores, esto es: DIRECCION004 y DIRECCION005. En el mes de marzo de 2023 la Ilustre Municipalidad de Santiago, procedió a realizar el desalojo del querellado y de todos los ocupantes del inmueble signado con el número III anterior, esto es, de DIRECCION004. Ahora nos enteramos que el querellado usurpó nuevamente dicho domicilio y el ubicado en domicilio reservado, desconociendo cual de dichos inmuebles fue usurpado primero, pero es muy probable que haya sido el DIRECCION005, ya que en el acceso del DIRECCION004 quedó una placa de metal para impedir, el acceso. 3º El hecho anteriormente descrito, configura el delito de usurpación, del artículo 457 del Código penal, hechos típicos que se desarrollan, hasta su consumación total en la forma prevista por el artículo 7 del mismo código, al querellado le corresponde participación en calidad de autor del delito, enunciado en los términos prevenidos en el Nº1 del artículo 15 del Código penal., el ilícito es el tipificado en el artículo 457 del Código penal, recientemente reformado por la ley Nº21.633, en grado de ejecución, permanente y en la cual se tiene que el querellado es el ejecutor de dicho ilícito, quien puede tener coautores, cómplices o encubridores. 4º Resulta pues, que el ilícito descrito se encuentra en grado de, ejecución permanente por parte del querellado y es evidencia suficiente el aparente acto posesorio de índole legal que pretendió efectuar mientras mora en el lugar, parapetado por las persianas que cubren el local comercial de DIRECCION005.

Tenemos igualmente rumores que habría destruido el muro, medianero que da a DIRECCION004, el cité (que fuere desalojado por la Iltma.

Municipalidad de Santiago), por el cual tiene acceso a dicho inmueble sin perjuicio de todas las construcciones irregulares y alteraciones que ha podido efectuar y de la cual mi representada no es responsable. Así fue solicitado por el querellado ante el S.I.I. pidiendo inscribir, ambos roles a su nombre. 5º Señalo por último que todos los inmuebles se encuentran con las cuotas de las contribuciones al día y han sido pagadas por mí representada, conforme se acredita con los documentos que acompaño en un otros”

Añade que el 27 de septiembre de 2024, el Juez de Garantía ordenó el desalojo del inmueble ubicado en domicilio reservado, con auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, resolución que fue recurrida por el querellado, declarándose abandonado el recurso en segunda instancia.

Finaliza señalando que, a la fecha del informe, no consta en los registros del Ministerio Público que se haya materializado lo ordenado por dicho Tribunal.

Cuarto: Que, con fecha 13 de enero de 2026, comparece la Dirección de Justicia de Carabineros de Chile, evacuando informe y solicitando el rechazo del recurso.

Señala que personal policial concurrió al inmueble en cumplimiento de una orden judicial de auxilio de la fuerza pública, dictada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en autos RIT 14423-2023.

Indica que la diligencia fue postergada en varias ocasiones, atendido que el recurrente manifestaba poseer documentos que acreditarían que parte del inmueble que dio origen al desalojo sería de su propiedad, además de diversos reclamos que presentó en contra del personal policial de la referida unidad policial. Afirma que, en ese contexto, tras recopilar la documentación necesaria para proceder con el desalojo, se pudo verificar que la DIRECCION000, se encontraba consignada artesanalmente en el frontis del inmueble, con pintura spray, inmueble que en definitiva correspondía a la numeración DIRECCION004-DIRECCION005, comuna de Santiago.

Sostiene que el recurrente no goza de un derecho indubitado y que su representada no ha incurrido en ningún acto ilegal o arbitrario, limitándose a cumplir un mandato judicial.

Quinto: Que, con fecha 23 de febrero de 2026, comparece doña Elizabeth Alejandra Reyes Marín, abogada, en representación de la Ilustre Municipalidad de Santiago, evacuando informe y solicitando el rechazo del recurso, con expresa condena en costas.

Expone que la intervención municipal se habría limitado a brindar apoyo a Carabineros de Chile para dar cumplimiento a la orden de desalojo decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago y que esta situación ya ocurrió en el pasado, en marzo de 2023.

Refuta todos los dichos del recurrente, afirmando que, atendida la presencia de menores de edad, se activaron los protocolos de la Dirección de Desarrollo Comunitario con el objeto de ofrecer asistencia social y resguardar sus derechos.

En definitiva, sostiene que no existe un derecho indubitado por parte del recurrente y que su representada ha actuado dentro de la esfera de su competencia, sin incurrir en arbitrariedad alguna.

Sexto: Que con fechas 26 de diciembre de 2025, 8 de enero, 24 y 26 de febrero y 26 de marzo, todos de 2026, el recurrente realizó presentaciones ante esta Corte enfatizando que la orden judicial de desalojo fue dictada respecto de los inmuebles ubicados en DIRECCION004- DIRECCION005 y no DIRECCION000, constituyendo este inmueble una unidad física y administrativa diferenciada, reconocida por la Dirección de Obras Municipales. En este contexto, sostiene que las autoridades han excedido los límites expresamente fijados por la resolución, no siendo admisible que una autoridad administrativa interprete, amplíe o modifique una resolución judicial por criterios prácticos o apreciaciones operativas. Finalmente, en su última presentación del 26 de marzo pasado, denuncia que ha recibido llamadas telefónicas de números privados, intimidándolo para que se desista de las acciones judiciales que ha interpuesto, mostrando conocimiento de sus datos personales, antecedentes académicos e información social y familiar de carácter privado. Por ello, solicita ampliar el recurso de protección, solicitando ordenar el cese inmediato de toda amenaza, hostigamiento o perturbación en contra del recurrente, oficiando diferentes instituciones para el resguardo de sus datos personales.

Séptimo: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de aquellos derechos y garantías allí expresamente enumerados, frente a actos u omisiones arbitrarios o ilegales que impidan, perturben o amenacen dicho ejercicio. La procedencia de esta acción se sujeta a la concurrencia copulativa de dos condiciones esenciales: la existencia de un acto u omisión ilegal —contrario a derecho— o arbitrario —caprichoso o antojadizo— y que este cause privación, perturbación o amenaza a una o más de las garantías constitucionales tuteladas.

Octavo: Que, el acto reprochado por el recurrente consiste en ordenar, permitir y ejecutar el desalojo forzoso del inmueble ubicado en domicilio reservado, sobre el cual tendría una posesión pacífica e ininterrumpida de más de veinticinco años. Así también, denuncia hostigamientos de terceras personas desconocidas que tendrían conocimiento de datos de carácter personal y reservado.

Noveno: Que se encuentra fehacientemente acreditado que el Séptimo Juzgado de Garantía, con fecha 27 de septiembre de 2024, decretó de conformidad a lo dispuesto por el artículo 157 ter del Código Procesal Penal, la medida cautelar de desalojo del inmueble de DIRECCION004 y DIRECCION005 de la comuna de Santiago, en el marco de un juicio seguido por el delito de usurpación por Inmobiliaria Lourdes S.A en contra del recurrente, autos RIT O-14423-2023. Asimismo, del expediente digital de la causa, consta que dicha resolución fue apelada por el recurrente, haciendo presente entre otros argumentos, los mismos que fundan el presente recurso, arbitrio que fue declarado abandonado en segunda instancia por esta Corte.

Décimo: Que, la naturaleza de urgencia del recurso de protección exige que la garantía que se pretende tutelar recaiga sobre un derecho indubitado, esto es, preexistente y no disputado, lo que no ocurre en el caso de autos.

En efecto, el actor pretende utilizar esta vía cautelar excepcional para enervar los efectos de la orden de desalojo decretada mediante una resolución judicial y mantener una ocupación material que está siendo investigada penalmente como constitutiva del delito de usurpación. De este modo, la acción de protección no es la instancia de lato conocimiento para discutir la titularidad, posesión o mera tenencia de bienes raíces, ni para revisar, suspender o revocar resoluciones dictadas por tribunales de justicia en el ejercicio de sus competencias ordinarias, para lo cual la ley contempla los recursos procesales pertinentes.

Undécimo: Que, en cualquier caso, en cuanto al Ministerio Público, la acción deberá ser desestimada, pues fluye de los antecedentes aportados al proceso que su actuación se limitó a iniciar a una investigación penal en el marco del juicio penal ya referido en el considerando precedente.

Décimo Segundo: Que, en lo relativo al actuar de Carabineros de Chile y de la Ilustre Municipalidad de Santiago, cabe señalar que se limitó a acatar y auxiliar en el cumplimiento de un mandato judicial firme y ejecutoriado, emanado de la autoridad jurisdiccional competente. En consecuencia, el acto impugnado carece de toda ilegalidad, puesto que se ajusta estrictamente al ordenamiento jurídico procesal penal; y, del mismo modo, no reviste carácter de arbitrariedad, toda vez que se fundamenta en los antecedentes de una carpeta investigativa y en la orden de un juez de la República, desestimándose cualquier asomo de capricho o desproporción en el actuar de las entidades recurridas.

Décimo Tercero: Que, respecto a la solicitud de ampliación del recurso deducida por la recurrente en su presentación de fecha 26 de marzo pasado, fundada en la existencia de presuntas llamadas telefónicas de carácter intimidatorio emanadas de números privados, esta Corte advierte que tal pretensión no puede prosperar. En efecto, la naturaleza especialísima de la acción de protección exige, para su procedencia, la existencia de un derecho indubitado y preexistente que haya sido conculcado, condición que no se verifica en la especie, por cuanto los hechos denunciados —al provenir de fuentes indeterminadas y carecer de sustento probatorio mínimo en esta sede— se configuran como alegaciones controvertidas que exceden el ámbito de cautela de esta acción constitucional.

Décimo Cuarto: Que, en mérito de lo expuesto, al no concurrir en la especie un actuar ilegal ni arbitrario atribuible al Ministerio Público, a Carabineros de Chile ni a la Ilustre Municipalidad de Santiago, y careciendo el recurrente de un derecho indubitado que pueda ser amparado por esta vía de urgencia, la presente acción constitucional deberá ser necesariamente desestimada.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Ministerio Público, Carabineros de Chile y la Ilustre Municipalidad de Santiago.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-27127-2025.