nombre reservado con UNIVERSIDAD DE CHILE-FACULTAD

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veinticinco.

A los folios 29 y 30: A lo principal, téngase presente. Al otrosí, como se pide.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece doña Silvana Ester Igor Ulloa, abogada, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Universidad de Chile, representada legalmente por doña nombre reservado, por haber dispuesto el cese de funciones de la recurrente al 31 de diciembre de 2024 "por el solo ministerio de la ley" mediante carta de 29 de noviembre de 2024, suscrita por don nombre reservado, Director de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Facultad de Gobierno, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carece de toda fundamentación y motivación, vulnerando con ello los derechos fundamentales a la igualdad ante la ley, no discriminación arbitraria y al debido proceso, consagrados en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se deje sin efecto el corte de contrata de la recurrente, reestableciendo así el imperio del derecho.

En cuanto a los antecedentes fácticos, señala que con fecha 1 de enero de 2023 comenzó sus funciones profesionales en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, luego de un proceso de selección correspondiente a un concurso público por movilidad interna, para el cargo establecido en el Decreto Exento RA N° 309/748/2023, asumiendo sus funciones como Conservadora de Inventario. Al momento de iniciar sus labores, se encontró con una situación institucional compleja, caracterizada por la ausencia total de control de bienes, ya que no existía inventario alguno desde los años 2017 a 2023, situación que fue posteriormente confirmada por la Contraloría General de la República durante una auditoría realizada en marzo de 2023.

Expone que desde el inicio de sus funciones, debió asumir la responsabilidad de codificar y etiquetar todos los bienes del año 2022, trabajo que realizó en condiciones extremadamente difíciles debido a la falta de apoyo de su jefatura directa y a la ausencia de cualquier tipo de inducción o capacitación. Esta labor implicó trabajar con bienes que no habían sido rotulados previamente, lo que se traducía en un descontrol absoluto del inventario institucional, situación que se reflejaba en las inconsistencias contables, donde el monto total registrado no correspondía a la realidad, pues muchos bienes registrados en la contabilidad ya no existían físicamente.

Asimismo, relata que durante los primeros meses de 2023, la Contraloría General de la República realizó una revisión de los bienes del año 2022, formulando diversas observaciones críticas, entre las cuales destacó que no se había realizado inventario en los años 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023, que era urgente la contratación de la figura del Conservador de Inventario, y que existían compras de bienes guardadas en bodegas sin utilizar, contrariando el fin público de dichos elementos. Por consiguiente, la responsabilidad del inventario recayó exclusivamente en la recurrente, quien debió trabajar hacia atrás en el tiempo, labor que desarrolló durante los meses de abril, mayo, junio y julio de 2023, incluyendo trabajo en terreno para la identificación física de los bienes.

En el transcurso de este proceso, específicamente en julio de 2023, se presentó la Contraloría Interna de la Universidad de Chile, ocasión en la cual la recurrente experimentó su primer trato desagradable por parte de su jefatura directa, la señora nombre reservado. En ningún momento fue reconocida la sobrecarga laboral que la recurrente llevaba para identificar los bienes, debiendo extender su jornada laboral de lunes a viernes hasta las 00:00 horas e inclusive hasta las 03:00 de la mañana, situación que excedía significativamente la jornada laboral establecida en su contrato.

Posteriormente, el 5 de agosto de 2023, sufrió un accidente laboral producto del estrés y los nervios generados por la presión de sacar adelante los inventarios físicos, resbalándose y cayendo fuertemente, golpeando su pecho derecho contra el escritorio. A pesar de avisar al guardia de turno y continuar trabajando incluso el sábado siguiente, el impacto del accidente se manifestó completamente el domingo, por lo que el lunes siguiente debió acudir a la ACHS, donde se le diagnosticó fractura en la costilla número 7, lo que conllevó una licencia médica de un mes y diez días.

Durante su ausencia por licencia médica, su jefatura directa estableció contacto con los auditores de la Universidad, quienes recomendaron consultar con don nombre reservado, Conservador de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, encargado del inventario institucional. Al reintegrarse a sus funciones el 13 de septiembre de 2023, encontró que ya se había acordado la contratación de una empresa externa para realizar el trabajo que ella había estado desarrollando. Sin embargo, continuó con su labor, manteniendo la dinámica de extender su jornada laboral para cumplir con las exigencias del cargo.

Paralelamente, su jefatura directa comenzó a enviar las cotizaciones para contratar a la empresa externa, controlando siempre lo que se escribía en las justificaciones, sin permitir que la recurrente expusiera la verdadera situación, como el hecho de que nunca se habían etiquetado los bienes, trabajo que ella debía resolver de forma urgente. La empresa OPTIMIZA finalmente realizó su trabajo basándose en el trabajo previamente desarrollado por la recurrente, efectuando un barrido para identificar los bienes que coincidieran en descripción con lo registrado en la contabilidad.

El 12 de enero de 2024, la empresa entregó las planchetas u hojas de inventario, y el 30 de enero la Contraloría Interna de la Universidad se hizo presente en la Facultad para revisar dichas hojas en una auditoría sorpresiva. En esta oportunidad, el auditor interno reprendió a la recurrente delante de su jefa, señalando que como encargada de inventario debía estar más al control de la situación, mientras su jefatura manejó la situación sin otorgarle la posibilidad de comunicarse directamente con la empresa contratada. Resulta relevante destacar que el trabajo que la recurrente realizó de manera individual fue posteriormente asumido por don nombre reservado y dos personas de la empresa Optimiza, evidenciando la evidente sobrecarga laboral a la que estuvo sometida.

Esta sobrecarga laboral sostenida tuvo consecuencias directas en la salud de la recurrente, quien en octubre de 2024 debió tomar su primera licencia médica. El médico tratante, al observar su estado, le consultó por qué no había denunciado la situación, a lo que la recurrente respondió que por miedo, ya que su prioridad era terminar su trabajo.

Enfatiza que todos los malos tratos fueron realizados a puertas cerradas, pues su jefatura era muy cuidadosa en ese sentido. A pesar de haber informado verbalmente al Jefe de Recursos Humanos, don nombre reservado, este no acogió su reclamo. En consecuencia, en noviembre de 2024 presentó una segunda licencia médica y en diciembre una tercera licencia médica por 30 días. Estas licencias médicas responden única y exclusivamente al continuo acoso laboral al que ha estado expuesta, teniendo efectos devastadores en su salud mental, generando ansiedad, depresión y un deterioro significativo en su bienestar emocional.

En cuanto a su desempeño laboral previo, destaca que desde su ingreso a la Unidad de Contabilidad siempre fue evaluada con distinción, realizando un trabajo sobresaliente sin recibir jamás amonestación o queja alguna por parte de su jefatura anterior, doña nombre reservado. Por el contrario, siempre fue bien evaluada y valorada, lo que contrasta notablemente con la evaluación negativa recibida en la Facultad de Gobierno después de prácticamente crear el inventario de bienes desde cero.

Respecto a los fundamentos jurídicos del recurso, argumenta que se han vulnerado las garantías consagradas en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República, referente al derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria. Sostiene que todas las personas que se encuentran en una misma situación deben recibir igual trato, habiendo sido privada de su trabajo mediante una carta de su jefe directo que pretende ser un acto administrativo, pero que carece de toda fundamentación, cayendo en la ilegalidad y arbitrariedad, diferenciándola o discriminándola respecto de aquellos a quienes sí se les ha dado término a su contrata mediante un acto debidamente motivado.

En relación a la motivación del acto administrativo, invoca abundante jurisprudencia tanto de la Corte Suprema como de la Contraloría General de la República, señalando que los poderes públicos en un Estado de Derecho deben justificar racionalmente sus actuaciones, no por una simple exigencia formal, sino por motivos verdaderamente sustanciales.

En cuanto a la competencia del funcionario que suscribió la carta de despido, argumenta que don nombre reservado, en su calidad de Director de Asuntos Económicos y Gestión Institucional de la Facultad de Gobierno, carece de competencia para emitir un acto de esta naturaleza, al no ser el Jefe Superior del Servicio ni el Decano de la Facultad, por lo que el acto no emana de la autoridad del Servicio y menos en uso de su potestad.

Respecto al principio de confianza legítima, sostiene que goza de este derecho al haber ingresado al servicio a contrata desde el año 2016, en funciones permanentes y con continuas y anuales renovaciones en esta calidad jurídica hasta la fecha.

Según el recurso, se han vulnerado los derechos constitucionales de la recurrente consagrados en el artículo 19 números 2 y 3 de la Constitución Política de la República, específicamente el derecho a la igualdad ante la ley y la no discriminación arbitraria, así como el derecho al debido proceso, toda vez que el acto administrativo que dispone su cese carece completamente de motivación y fundamentación, constituyendo una actuación ilegal y arbitraria que la diferencia respecto de otros funcionarios a quienes sí se les ha dado término a su contrata mediante actos debidamente fundados, privándola de su fuente laboral sin expresar razón alguna que justifique tal decisión, contraviniendo los principios básicos del Estado de Derecho y las exigencias legales establecidas tanto por la jurisprudencia judicial como administrativa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el corte de contrata de la recurrente a contar del 31 de diciembre de 2024, reestableciendo así el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que, evacuando el informe requerido, comparece doña nombre reservado, Directora Jurídica de la Universidad de Chile, en nombre y representación convencional de la referida institución de educación superior, solicitando que el recurso de protección sea rechazado con costas, fundamentando su posición en los siguientes antecedentes de hecho y consideraciones de derecho.

Respecto de los antecedentes de hecho que dieron origen al presente conflicto, la Universidad informa que con fecha 24 de octubre de 2022, la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile hizo una convocatoria pública para proveer el cargo de Conservador de Inventario. Dicha contratación se realizó debido a que, a esa fecha, el inventario del Instituto de Asuntos Públicos no se había actualizado desde el año 2017, situación que constituyó una observación crítica en un informe de la Contraloría General de la República, que fue objeto de un recurrente seguimiento posterior por parte del Departamento de Inspección y Auditoría de la Contraloría Interna de la Universidad de Chile.

Por este motivo, en la descripción del cargo postulado se señaló que una de las funciones específicas consistía en "Marcar los bienes de Activo Fijo con código de barra, sean antiguos o nuevas incorporaciones y la asignación de los bienes a los funcionarios mediante Acta de Entrega y Recepción de Activo Fijo". La seleccionada al cargo, doña nombre reservado, en la entrevista del proceso de reclutamiento fue informada que la última actualización del Activo Fijo de la Facultad de Gobierno se encontraba hasta el año 2017, que producto de la pandemia COVID-19 los bienes adquiridos desde el año 2020 no se encontraban rotulados. La señora nombre reservado, quien informó que contaba con experiencia de seis años en estas materias en una Facultad de igual o mayor volumen y complejidad de inventario que la Facultad de Gobierno, manifestó su conformidad con estas condiciones y expresó sus pretensiones de renta.

Posteriormente, con fecha 23 de diciembre de 2022 la señora nombre reservado renunció a su cargo de profesional grado 17°, contrata, jornada completa, en la Facultad de Ciencias Agronómicas, expresando motivos personales. Con fecha 01 de enero de 2023, mediante Decreto Universitario Exento RA N° 309/748/2023 de 18 de enero de 2023, registrado el 19 de enero de 2023 en Contraloría General de la República, se contrató a la señora nombre reservado, a contar del 01 de enero de 2023 y hasta el 31 de diciembre de 2023, o mientras sean necesarios sus servicios, como profesional asimilado a grado 15°, jornada completa.

En cuanto al desarrollo de las funciones encomendadas, destaca que entre junio y julio 2024 se detectó que no se estaba cumpliendo la Carta Gantt elaborada por la señora nombre reservado, y ante la dificultad de levantar las observaciones de la auditoría, se tomó la decisión de contratar la asesoría de un profesional calificado en la materia para ayudar a nombre reservado en la elaboración de la estructura desglose de trabajo, del levantamiento de inventario en la Facultad de Gobierno, seguimiento de la actividad en terreno y participación en la conciliación de bienes físicos con el registro contable. Dicho profesional fue el señor nombre reservado, quien fue contratado entre el 01 de agosto de 2023 y 31 de diciembre de 2023.

Asimismo, y dadas las mismas circunstancias, y habiendo requerido tres propuestas técnicas y económicas, se procedió a contratar mediante trato directo aprobado por Resolución Exenta N°506/2023 de fecha 24 de octubre de 2023, a la empresa Optimiza Asesores Consultores de Empresas Limitada, para que realizara un levantamiento completo de inventario de las dependencias correspondientes. Con estas medidas, se logró contar con el levantamiento completo del Inventario en la primera quincena de diciembre 2023, información que tenía que ser validada y revisada por la señora nombre reservado, en su calidad de conservadora de inventario.

En relación a las alegaciones de maltrato y acoso laboral formuladas por la recurrente, rechaza categóricamente dichas imputaciones, señalando que en ningún caso se le solicitó a la señora nombre reservado quedarse fuera de su jornada laboral, y cuando efectivamente se detectó un horario de salida posterior a la medianoche, su jefatura directa conversó con ella sobre los riesgos a los cuales se veía expuesta, e incluso se emitió un comunicado para toda la comunidad de la Facultad llamando a evitar estas conductas. De la misma forma, sostiene que no existieron situaciones de maltrato ni se activaron los protocolos que debieran haberse realizado ante tales supuestas situaciones, los que se encuentran latamente previstos en la normativa universitaria y laboral.

Respecto al fundamento de la decisión de no renovación de la contrata, expone que con fecha 29 de noviembre de 2024, cumpliendo el instructivo que para tales efectos dispuso la Contraloría General de la República, se comunicó a la funcionaria que su contrata no sería renovada para el año 2025. Los fundamentos de tal decisión están insertos en la referida comunicación, destacando que las numerosas observaciones al proceso de levantamiento y actualización de inventario reseñados en los informes de auditoría interna de la Contraloría de la Universidad de Chile y de auditoría externa de la Contraloría General de la República, debieron ser subsanados con la asistencia de una empresa externa y el apoyo de un asesor externo, por lo cual claramente la actual modalidad de control de inventario no cumple los requerimientos suficientes que son exigibles en estas materias.

Además, señala que las necesidades de inventario se volverán aún mayores en 2025 con motivo del cambio de dependencias, y ya el mismo traslado va a enfrentar dificultades por el hecho de no estar debidamente actualizado el inventario, existiendo incluso mayores complejidades por el uso común de ciertos espacios y bienes con las otras unidades académicas del edificio, por lo cual es mandatorio para la Facultad el optimizar y mejorar el proceso de inventario, mediante una administración de activos más moderna, flexible y con apoyos tecnológicos robustos. Finalmente, indica que el hecho que el INAP se convirtiera en Facultad en junio de 2023 ha ido paulatinamente haciendo crecer en número y complejidad todas sus operaciones.

En cuanto a los fundamentos jurídicos, desarrolla extensamente la normativa aplicable, comenzando por destacar su autonomía constitucional y legal. Señala que el régimen jurídico que regula a la Universidad de Chile tiene fundamento en la autonomía reconocida a esta institución por el artículo 1° del Estatuto de la Universidad de Chile, aprobado por D.F.L. N° 3, de 10 de marzo de 2006. Además, la autonomía de la Universidad de Chile se encuentra expresamente reconocida en el artículo 2° de la Ley N° 21.094, sobre Universidades Estatales, que establece que las universidades del Estado gozan de autonomía académica, administrativa y económica.

En relación a la normativa aplicable a los funcionarios de la Universidad de Chile, destaca que conforme lo dispone el artículo 17 de sus estatutos, el Rector de la Universidad de Chile es su máxima autoridad y su representante legal, correspondiéndole adoptar todas las medidas conducentes a dirigir y administrar las actividades académicas, administrativas y financieras de la Universidad al más alto nivel. Asimismo, los funcionarios de la Universidad de Chile se rigen por los Reglamentos que esta Institución ha dictado en virtud de su autonomía; y, en los aspectos no regulados por la normativa universitaria, se les aplica supletoriamente la Ley N°18.834, que fija el Estatuto Administrativo.

Respecto de la acción de protección, argumenta que no concurren los requisitos para que una acción cautelar de esta naturaleza pueda ser acogida. Conforme a la jurisprudencia reiterada y uniforme de los Tribunales de Justicia, para que sea acogido un recurso de protección, se requiere de la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: que se compruebe la existencia de una acción u omisión, que sea ilegal o arbitraria; que de la misma se siga directo e inmediato atentado contra el legítimo ejercicio de una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegidas por esta vía; y que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de restablecer el imperio del derecho y brindar la protección requerida.

En cuanto al acto de comunicación de no renovación de la contrata de la recurrente, sostiene que la recurrente fue incorporada a esta Casa de Estudios Superiores, en calidad de contrata, mediante Decreto Universitario Exento RA N° 309/748/2023 de 18 de enero de 2023, el cual expresaba que se desempeñaría en su cargo hasta el día 31 de diciembre de 2023, o mientras sus servicios resultaran necesarios.

Por consiguiente, argumenta que no gozaba de confianza legítima respecto la renovación de su contrata, no siendo aplicables los criterios establecidos por la jurisprudencia administrativa y judicial al respecto, bastando la mera comunicación de no renovación para ver cumplido el deber legal por parte de esta Casa de Estudios. Además, sostiene que la decisión de no renovar su contrata, comunicada mediante carta de fecha 29 de noviembre de 2024, cumple con lo dispuesto en el artículo 11 de la ley N° 19.880, expresando tanto los argumentos de hecho como los fundamentos de derecho en que se sustenta, todo lo cual fue debidamente respaldado con la documentación que lo justificó.

Respecto de los derechos constitucionales supuestamente vulnerados, en cuanto al derecho a la igualdad ante la ley consagrado en el artículo 19 N°2 de la Constitución Política de la República, señala que no se aprecia en el acto recurrido ninguna acción u omisión ilegal y/o arbitraria que fundamente la pretensión de la recurrente. Detalla que el actuar de esta Casa de Estudios se ha enmarcado dentro de las facultades y obligaciones que la legislación establece, lo cual ha sido refrendado por la Contraloría General de la República. Así las cosas, no existe un actuar discriminatorio por parte de la Universidad que se haya traducido en una vulneración de la garantía de igualdad ante la ley de la recurrente, pues la decisión se fundamenta en razones objetivas y razonables vinculadas al desempeño del cargo y las necesidades institucionales.

En relación al supuesto derecho de propiedad sobre el cargo, argumenta que la recurrente no realiza análisis alguno encaminado a demostrar la forma en que se habría producido la vulneración de esta garantía constitucional. Con todo, cabe advertir que la funcionaria carecía del derecho de propiedad sobre su empleo, desde que se trataba de un cargo de contrata, los que por definición legal del artículo 3°, letra c), del Estatuto Administrativo son de carácter transitorio.

En consecuencia, solicita que se rechace el recurso de protección interpuesto en todas sus partes, con expresa condena en costas, por los argumentos de hecho y de derecho expuestos, toda vez que no concurren los requisitos copulativos necesarios para el acogimiento de la acción constitucional de protección, no existiendo acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, sino que se trata del ejercicio legítimo de las facultades administrativas de la Universidad en el marco de su autonomía constitucional y legal.

TERCERO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales.

CUARTO: Que la Excma. Corte Suprema con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en los autos rol N° 26.301-2023, concluyó que las “contratas anuales” constituyen un vínculo transitorio, encontrándose, por ello, la Administración facultada para no renovar su vigencia para el período siguiente, siempre que el desempeño del actor haya sido por un término inferior a cinco años consecutivos, sin ni siquiera el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, asistiéndole al trabajador el principio de confianza legítima, sólo en el evento de haber permanecido en sus labores por un lapso mayor al señalado, pudiendo terminar su relación estatutaria, en esta última hipótesis, por razones de desempeño deficiente, lo que debe materializarse a través del respectivo sistema de calificaciones o, bien, por faltas que lo ameriten y que hayan sido establecidas en un sumario administrativo;

QUINTO: Que, de lo anterior, se evidencia que la no renovación de una contrata anual, ante un período de desempeño consecutivo inferior a cinco años, no da cuenta de la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República.

SEXTO: Que, así las cosas, y evidenciándose de lo informado por la entidad recurrida, que a la recurrente no se le renovó su contrata anual y que ella no permaneció de forma continua y por más de cinco años vinculada en tal régimen estatutario a la recurrida, dado que luego de un concurso público, sólo ingresó a la Facultad de Gobierno de la Universidad de Chile, en calidad estatutaria de contrata a contar del 1 de enero de 2023, como profesional asimilado a grado 15° de la Escala Sueldos Universidades Estatales, de la Planta de Profesionales, con jornada de 44 horas semanales y que se desempeñó para dicha repartición hasta el 31 de diciembre de 2024, sin que pueda sumarse a este periodo aquel que permaneció vinculada a una facultad distinta, en el que ejerció un cargo asimilado a grado 17° de la misma escala, al que renunció con fecha 23 de diciembre de 2022, “por razones personales”, habiendo existido por tanto interrupción de la relación laboral y, de este modo, solución de continuidad; es menester concluir que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado, ni hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual, se impone que esta acción constitucional sea desestimada.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por Silvana Igor Ulloa en favor de nombre reservado en contra de la Universidad de Chile, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-27112-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y el Abogado Integrante señor Manuel Domingo Antonio Luna Abarza.

En Santiago, veintiséis de junio de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.