Protección contra cual recurrir

C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS:

PRIMERO: Que acciona de protección nombre reservado, técnica en educación de párvulos, grado 24° EUR, contrata, en funciones en el nombre reservado, Región Metropolitana, domiciliada para estos efectos en domicilio reservado, contra la JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, representada por su nombre reservado, con domicilio en domicilio reservado, solicitando se deje sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000 de 11 de noviembre de 2025 que le impuso la sanción de destitución, vulnerando sus garantías constitucionales del artículo 19 Nos.1, 2, 16 y 24 de la Carta Fundamental.

Explica que fue destituida en proceso disciplinario por hechos no acreditados, infringiéndose las reglas de la sana critica que es el estándar probatorio aplicable en procedimientos de esta naturaleza por lo que pide se le “absuelva de toda responsabilidad”.

Indica que se la acusó de haber viajado al extranjero estado con licencia médica tipo 1 y decretado reposo domiciliario. Dicha licencia corresponde al Folio NUM001 de 25 de noviembre hasta el 9 de diciembre de 2025; la salida al extranjero fue desde el 27 de noviembre al 3 de diciembre de 2025. Las normas que se estimaron infringidas fueron los artículos 61 letras b), c), g) de la Ley N°18.834; los artículos 52 y 62 N°8 de la Ley N°18.575 y artículo 55 letra a) del Decreto N°3 que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por la Compin e Instituciones de salud previsional; letra h) del numeral 2° de la Circular N°3646 de 28 de diciembre de 2021 de la Superintendencia de Seguridad Social; además del Código de Ética de la Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Reproduce los descargos que efectuó en el sumario en que destaca que ha sido funcionaria por más de 37 años y cumplidas sus obligaciones adecuadamente, agregando que sus padecimientos de salud han sido reales y al salir del país no tenía labores pendientes.

Reproduce las normas citadas, reseña jurisprudencia en su favor y pide se revoque la destitución, se ordene su reincorporación y el pago de sus remuneraciones, con costas.

SEGUNDO: Que la Junta Nacional de Jardines Infantiles informa que el proceso sumarial aún no se encuentra finalizado ya que la señora nombre reservado dedujo recurso de reposición administrativa, actualmente pendiente de resolución, por lo que no existe a esta fecha acto administrativo terminal, firme ni ejecutoriado que pueda ser calificado como ilegal o arbitrario en los términos exigidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República, toda vez que la decisión administrativa aún se encuentra sujeta a revisión por la propia autoridad administrativa. Y en caso de que se decidiere mantener la decisión de destitución, conforme lo dispone el artículo 18.7 de la Resolución N°36 de la Contraloría General de la República, que fija normas sobre exención del trámite de toma de razón, se dispone que en Materias de Personal, “[e]stán afectos a toma de razón los siguientes actos administrativos: Sobreseimientos, absoluciones y aplicación de medidas disciplinarias, en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General, en los servicios sometidos a su fiscalización”.

Como el sumario se ha instruido por orden de la Contraloría General de la República, mediante el oficio Nº NUM002, que consta en el expediente sumarial, la acción constitucional deducida resulta prematura, desde que no se ha agotado la vía administrativa ni se ha consolidado un acto definitivo que produzca los efectos que la recurrente denuncia.

En subsidio, informa que el procedimiento disciplinario se inició mediante resolución que ordena la instrucción del sumario administrativo, dictada por autoridad competente, en la que se designó fiscal instructor y se fijó el objeto de la investigación. Con posterioridad, una vez concluida la etapa investigativa, se dictó resolución de formulación de cargos, la que fue debidamente notificada a la funcionaria, otorgándosele plazo legal para formular descargos y acompañar los antecedentes que estimara pertinentes, lo que efectivamente realizó, según consta en el expediente administrativo. Concluida la tramitación del procedimiento y ponderados todos los antecedentes reunidos, se dictó la resolución que propone y aplica la medida disciplinaria de destitución, la cual fue impugnada por la propia recurrente mediante recurso de reposición administrativa de fecha 26 de diciembre de 2025, actualmente pendiente de resolución. No obstante, la funcionaria efectivamente incurrió en dos contravenciones al artículo 55 del Decreto Supremo N°3 del Ministerio de Salud, sobre incumplimiento de reposo. Por lo que no existe privación, perturbación ni amenaza actual a las garantías constitucionales invocadas por la recurrente, tratándose de una actuación administrativa dictada conforme a derecho, debidamente fundada y actualmente sometida a revisión administrativa.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Por tanto, es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, lo que debe provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que, sin embargo, no se cumplen en la especie una característica esencial, porque de los documentos acompañados por la recurrida, particularmente el sumario administrativo, puede observarse en él que la afectada presentó una reconsideración administrativa ante la Directora Regional Metropolitana de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, la que no se encuentra resuelta, de manera que no existe, por ahora, un acto terminal en contra del cual recurrir; esto es, un acto terminal, firme y ejecutoriado que configure una afectación actual y efectiva de garantías constitucionales, con lo que la acción carece de objeto.

QUINTO: Que aunque lo anterior por sí solo ya determina que el recurso de protección deba ser rechazado, resulta ostensible que la entidad recurrida tiene las facultades legales que le otorga la normativa sectorial para revisar hechos constitutivos de faltas disciplinarias, como ha acontecido en este caso en que la funcionaria viajó al extranjero mientras hacía uso de licencia médica, por lo que tiene aplicación -al menos hasta ahora- lo establecido en el artículo 55 del DS N°3 del Ministerio de Salud, esto es incumplimiento del reposo. En particular, con respecto a su letra a) que establece que ante el rechazo de la licencia médica “[…] no se considerará incumplimiento la asistencia del trabajador a tratamientos ambulatorios prescritos por el profesional que extendió la licencia, situación que deberá ser comprobada”; y asimismo lo prevenido en la Circular N°3646 de la Superintendencia de Seguridad Social: “[n]o corresponde que se aplique la causal de incumplimiento de reposo en aquellos casos en que la interrupción del mismo obedezca a viajes efectuados por el interesado, originados en la realización de algún tratamiento médico vinculado con la patología que motivó el reposo, situación que deberá ser debidamente acreditada”. Todo lo cual no se habría demostrado, pues se apela a cuestiones más bien vinculadas a su trayectoria en los jardines infantiles, sin perjuicio de lo que pudiera resolverse en sede administrativa posteriormente.

De tal manera que tampoco aparecen derechos indubitados vulnerados, aspecto que también determina que el recurso no pueda acogerse.

SEXTO: Que de acuerdo con lo analizado precedentemente solo puede concluirse que no se ha constado un acto antijurídico o arbitrario atribuible a la recurrida que deba ser reprochado y corregido, ni un derecho actual transgredido, siendo innecesario pronunciarse sobre la vulneración de garantías constitucionales que se han denunciado.

Y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado contra la Junta Nacional de Jardines Infantiles, sin costas.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por la ministra señora Poza.

N°Protección-27109-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por el ministro señor Guillermo E. De La Barra Dunner e integrada por la ministra señora Lidia Poza Matus y por el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo. No firma el abogado integrante señor Gómez, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.