Protección contra Sociedad Educacional nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, nueve de febrero de dos mil veintiséis.

Al folio 13, téngase presente.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que con fecha 25 de diciembre de 2025, comparece nombre reservado, por sí, interponiendo recurso de protección en contra de la Sociedad Educacional nombre reservado, representada por nombre reservado, por haber denegado la matrícula de sus tres hijos para el año académico 2026. Actuación que considera ilegal y arbitraria, toda vez que el único fundamento de su actuar es una deuda pendiente, lo que estima vulnera el derecho a la educación libre de discriminación y la igualdad ante la ley garantizados en la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se ordene al establecimiento educacional matricular a sus tres hijos.

Explica que es padre de tres menores de edad - nombre reservado (15 años), nombre reservado (10 años) y nombre reservado (5 años) nombre reservado - quienes han sido alumnos regulares del Colegio nombre reservado durante varios años. nombre reservado ingresó en 2018, nombre reservado en 2021 y nombre reservado el año anterior al presente.

El conflicto surge cuando el establecimiento educacional deniega la matrícula de los mencionados estudiantes para el año 2026, aduciendo una deuda pendiente por concepto de arancel escolar que asciende a $2.101.994, correspondiente a cuotas de los años 2024 y 2025. El recurrente reconoce la existencia de la deuda, pero argumenta encontrarse en una situación de imposibilidad de pago derivada de circunstancias excepcionales.

Expone como circunstancias atenuantes que estuvo desempleado desde noviembre de 2024 hasta abril de 2025, período durante el cual debió priorizar el pago de obligaciones fundamentales como su crédito hipotecario. Agrega como antecedente relevante el nacimiento de su hijo nombre reservado el NUM000 de 2025, lo que presumiblemente ha incrementado sus compromisos económicos.

Sostiene que la negativa de matrícula constituye una discriminación arbitraria basada exclusivamente en la situación económica, sin considerar los antecedentes académicos de sus hijos ni su historial como apoderado del establecimiento. El recurrente destaca que el Colegio nombre reservado es un establecimiento de financiamiento compartido que recibe subvención estatal, lo que, a su juicio, refuerza la obligación de garantizar el acceso a la educación.

SEGUNDO: Que evacuando el informe requerido, comparece Ismael Olivares Swett, abogado de la Corporación Educacional nombre reservado, sostenedora del Colegio nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción constitucional incoada, con costas.

Explica que el establecimiento educacional, en cumplimiento del Dictamen N°0075 de la Superintendencia de Educación y la Circular 580, del mismo origen, implementó un protocolo para padres con dificultades económicas. Arguye que el recurrente incumplió sistemáticamente dicho protocolo, toda vez que: a) No presentó la documentación requerida para acreditar su situación socioeconómica. b) No se inscribió en la lista de apoderados con problemas económicos. c) No solicitó reunión con la dirección del establecimiento. d) Esperó hasta el último día del período de matrícula para manifestar su situación.

Afirma que su actuar se ajustó estrictamente a la legalidad vigente. Argumenta que el colegio, como establecimiento de financiamiento compartido, tiene derecho a exigir el cumplimiento de las obligaciones económicas contraídas por los apoderados, las cuales fueron libremente aceptadas al momento de suscribir el contrato educacional.

Específicamente, enfatiza que: 1. El establecimiento cumplió con todas las normativas establecidas por la Superintendencia de Educación. 2. Se realizaron múltiples intentos de comunicación con el apoderado, incluyendo llamadas telefónicas y correos electrónicos. 3. Se le ofreció un plan de pago especial, el cual no fue aceptado por el recurrente.

Respecto a los derechos constitucionales invocados por el recurrente, indica que: a) No se vulneró el derecho a la educación, toda vez que existen alternativas estatales de educación gratuita. b) No existió discriminación, puesto que se aplicaron los mismos criterios a todos los apoderados. c) El principio de igualdad ante la ley no fue transgredido, ya que se siguieron los protocolos establecidos para todos los miembros de la comunidad educativa.

TERCERO: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que en relación al fondo de lo discutido mediante el presente arbitrio, resulta pertinente indicar que lo fundamentalmente alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario, es el hecho de habérsele supuestamente impedido matricular a sus tres hijos para el año lectivo 2026, por mantener deudas con el colegio recurrido;

QUINTO: Que en relación al asunto sometido a conocimiento de esta Corte, el Dictamen 0075, de la Superintendencia de Educación, de fecha 21 de julio de 2025, expresamente señaló: “La garantía de no discriminación no alcanza incumplimientos contractuales incausados”.

En este sentido, explica: “…esta esfera de resguardo no importa una defensa a todo evento que desactive, sin más, el derecho del sostenedor de poder resolver el contrato de prestación de servicios educativos con la contraparte deudora y no renovar la matricula del estudiante por simple desatención o mera liberalidad de sus padres, apoderados o tutores económicos, Aquello supondría inobservar el deber de estos últimos de cumplir con los compromisos asumidos con el establecimiento educacional y de colaborar a la realización del proyecto educativo.

En efecto, la normativa vigente para los establecimientos subvencionados en ningún momento extiende esta garantía a cualquier incumplimiento de las obligaciones pecuniarias derivadas del contrato de prestación de servicios, ni mucho menos excusa o motiva su incumplimiento, sino que, en los términos de la norma del artículo 6, letra d) de la Ley de Subvenciones, introduce el deber de certificar la situación socioeconómica de los contratantes, que se funda finalmente, en una proscripción a una forma de discriminación arbitraria que no se encuentra admitida en la ley.

Lo anterior conlleva necesariamente a que el grupo familiar imposibilitado de cumplir con las obligaciones del contrato de prestación de servicios educativos acredite efectivamente su situación socioeconómica ante el establecimiento educacional, de manera de no ver interrumpida la permanencia del estudiante para el año escolar inmediatamente siguiente…de ahí la necesidad de demostrar aquella circunstancia ante el establecimiento educacional en cuestión.

En tal sentido, la no renovación de la matricula del estudiante no resulta procedente cuando obedece a un impedimento económico sobreviniente y debidamente acreditado; pero sí es jurídicamente admisible cuando el incumplimiento se produce sin justificación y en un contexto en que se mantiene la situación socioeconómica original al momento de la celebración del contrato, ya que en ese caso no se configura la hipótesis de discriminación prohibida por el ordenamiento”.

SEXTO: Que luego de lo dicho, como se ha expresado reiteradamente, el arbitrio en análisis es una acción constitucional destinada a dar protección respecto de derechos que se encuentren indubitados y no discutidos, como sí acontece en este caso, en que los argumentos que sustentan las afirmaciones del actor, de haber incurrido la recurrida en un acto ilegal o arbitrario, es contradicho enfáticamente por ella, de manera que la tutela requerida, no puede satisfacerse por esta vía, ni del modo en que se pide, ya que tratándose de un colegio de financiamiento compartido, atendida la controversia existente sobre el hecho que genera el conflicto que ha dado pábulo a esta acción constitucional, resulta evidente que el derecho reclamado es dubitado, situación que en cualquier caso debe ser determinada en un procedimiento legal de lato conocimiento -administrativo o judicial-, que no puede ser sustituido por la acción constitucional de protección, puesto que ello conllevaría aceptar su indebida instrumentalización;

SÉPTIMO: Que, en estas circunstancias, no procede si no desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza el recurso deducido por don nombre reservado, en contra de Sociedad Educacional nombre reservado sin costas. Regístrese y, oportunamente, archívese. Protección Rol N°27108-2025.-