Protección contra Ejército de Chile

C.A. de Santiago Santiago, trece de agosto de dos mil veintiséis.

Al folio 32: a sus autos y estese a lo que se resolverá.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Fernando Fuente-Alba Pinochet, abogado, en representación de doña nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra del Ejército de Chile, impugnando los actos administrativos que determinaron su no aptitud para continuar en servicio y dispusieron su retiro temporal por enfermedad curable que la imposibilitaría temporalmente para el servicio, en particular la Resolución Exenta RA N° NUM000, de 12 de septiembre de 2025, y la Resolución DIVPER DEPTO VII AJ/e (R) N° NUM001, de 12 de noviembre de 2025, que rechazó el recurso administrativo deducido por la afectada, notificada mediante carta certificada recibida el 3 de diciembre de 2025.

Expone que se desempeñó por más de quince años en el Cuadro Permanente, especialidad de Administración de Finanzas y que, a raíz de un cuadro de trastorno adaptativo que vincula a situaciones de acoso sexual ocurridas en su unidad, permaneció con tratamiento y licencias médicas desde el 28 de febrero de 2022.

Refiere que, aun cuando la Comisión de Sanidad del Ejército emitió el Informe CSE N° NUM002, de 11 de diciembre de 2023, que la declaró no apta para continuar en servicio, fue dada de alta clínica el 1 de enero de 2024 y se reincorporó a sus labores, sin restricciones, siendo luego ascendida a Cabo Primero y designada Jefa de Plana Mayor de la Sección Finanzas de la Jefatura Administrativa y Logística del Campo Militar La Reina.

Agrega que, pese a aquello, la Comisión de Sanidad, mediante Informe CSE N° NUM003, de 8 de octubre de 2024, ratificó su no aptitud, y que la División de Personal dispuso posteriormente su retiro temporal, sobre la base de que permanecería afectada por una enfermedad de salud mental, circunstancia que controvierte por estimarla incompatible con el alta médica, su retorno laboral y la anotación de mérito concedida mediante Resolución JAL CMLR SECC FZAS (R) N° NUM004, de 12 de mayo de 2025, por su desempeño profesional.

Sostiene que los actos recurridos carecen de motivación suficiente y se fundan en un supuesto fáctico inexistente, con infracción de los artículos 11 y 41 de la Ley N° 19.880, vulnerando las garantías de igualdad ante la ley, del derecho a no ser juzgada por comisiones especiales y del derecho de propiedad, reconocidas en el artículo 19 N°s 2, 3 inciso quinto y 24 de la Constitución Política de la República, alegando que otros funcionarios habrían permanecido en servicio pese a presentar antecedentes médicos más gravosos.

Solicita que se acoja la acción, se deje sin efecto su retiro temporal, se ordene su reincorporación al empleo público que servía y el pago retroactivo de las remuneraciones dejadas de percibir, con costas.

SEGUNDO: Que, al evacuar informe, el Comandante de la División de Personal del Ejército solicita el rechazo del recurso.

Como cuestión previa, sostiene que la acción sería extemporánea, pues el acto que en definitiva se pretende dejar sin efecto sería la Resolución Exenta RA N° NUM000, de 12 de septiembre de 2025, que dispuso el retiro temporal de la recurrente, y no la resolución posterior que resolvió la reposición administrativa, la que califica como un acto de trámite o de mera comunicación.

En subsidio, controvierte los hechos expuestos en el recurso, indicando que no existirían antecedentes institucionales que acrediten la denuncia de acoso sexual invocada ni una investigación sumaria administrativa previa sobre tales hechos; que la recurrente registró un período prolongado de licencias médicas, incluidas licencias psiquiátricas y otras asociadas al embarazo y maternidad; y que no se habría reincorporado normalmente a sus funciones desde el 1 de enero de 2024, atendido que continuó haciendo uso de licencias médicas.

Añade que se instruyó una investigación sumaria administrativa mediante Resolución JAL CMLR COM FISC (R) N° NUM005, de 10 de junio de 2022, que concluyó que la enfermedad era de origen común, no profesional y no vinculada al servicio, resultado que fue formalizado mediante Resolución DIVPER DEPTO VII AJ/n (R) N° NUM006, de 3 de junio de 2025.

Expone que el retiro temporal no se materializó con anterioridad debido al fuero maternal de la funcionaria y que, finalizado éste, la División de Personal dictó la resolución impugnada sobre la base de los informes de la Comisión de Sanidad y de la conclusión de la investigación administrativa.

Invoca los artículos 229 letra b) y 234 del DFL N° 1, de 1997, Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas; los artículos 1° y 7° del Decreto Supremo N° 87, de 2005, Reglamento de la Comisión de Sanidad del Ejército; y el artículo 66 de la Ley N° 18.948, afirmando que la Comisión de Sanidad es el órgano técnico competente para determinar la aptitud para continuar en servicio y que los certificados emitidos por médicos tratantes no pueden alterar sus pronunciamientos.

Solicita rechazar el recurso, por extemporáneo y, en subsidio, por no existir ilegalidad ni arbitrariedad.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado Asimismo, se ha sostenido que la acción de protección no constituye una instancia por la que se persiga una suerte de debate respecto de la procedencia o improcedencia de un derecho, sino que su real objeto está constituido por la cautela de un derecho indubitado.

CUARTO: Que, en lo concerniente a la extemporaneidad, el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales establece que la presente acción deberá interponerse en el plazo fatal de 30 días corridos desde el hecho que lo motiva, o desde que se tuvo conocimiento del mismo.

En el caso, basta para desestimar la extemporaneidad reclamada considerar que la Resolución DIVPER DEPTO VII AJ/e (R) N° NUM001, de 12 de noviembre de 2025, que rechazó el recurso administrativo deducido por la afectada y fue notificada mediante carta certificada recibida el 3 de diciembre de 2025, dejó firme la decisión Resolución Exenta RA N° NUM000, de 12 de septiembre de 2025, que dispuso el retiro temporal de la recurrente. De este modo, atendida la fecha del acto terminal y habiendo sido interpuesta la acción constitucional el 25 de diciembre de 2025, el presente arbitrio aparece presentado dentro del plazo que contempla el Auto Acordado que rige la materia.

QUINTO: Que, en cuanto al fondo, con los escasos antecedentes con que se puede contar en esta sede, se puede tener por cierto que las resoluciones impugnadas dispusieron el retiro de la actora a causa de que la Comisión de Sanidad del Ejército emitió, primero, el Informe CSE N° NUM002, de 11 de diciembre de 2023, que luego fue ratificado por el Informe N°NUM003 la declaró no apta para continuar en servicio, actuando dentro de sus facultades.

La actora, por su parte, pretende derribar la decisión por estimarla infundada, acusando haber sido atribuible su dolencia al acoso por parte de un Coronel de su unidad en el año 2019 y además por haber sido dada de alta clínica, habiéndose reincorporado a sus labores con normalidad el 1 de enero de 2024. Todas alegaciones que son controvertidas por la recurrida.

SEXTO: Que las alegaciones de la actora no resultan de fácil comprobación y- en general- aparecen desprovistas de respaldo frente a los documentos allegados por la demandada, teniendo presente que han sido dos informes consecutivos los que la han declarado no apta para el servicio y tampoco consta una reincorporación efectiva y regular a sus labores.

Las resoluciones aparecen revestidas de fundamento suficiente y el tiempo transcurrido hasta la materialización de su retiro resulta atribuible razonablemente a la inamovilidad de que gozaba la funcionaria a causa de su fuero maternal que sucedió a la situación de licencias continuas desde el 2022 al 1 de enero de 2024.

Consecuentemente, en el examen que puede esta Corte realizar en el contexto de una acción eminentemente cautelar y de tutela de urgencia, los actos que se cuestionan por esta vía aparecen dotado de la razonabilidad necesaria y, preliminarmente, se ajustan a la legalidad, de manera que no puede tacharse de ilegal ni arbitrario. SEPTIMO: Que sobre la base de lo razonado resulta evidente que la acción se conduce por un camino completamente apartado de aquello que es propio a la misma, pues es de la esencia que ésta comprenda solo situaciones inequívocas de fácil y rápida comprobación, dentro de un procedimiento breve y sumarísimo, y que no se encuentran bajo el imperio del derecho, cuestión que no ocurre en la especie.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado y en contra del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

Redacción de la ministra (I) señora Díaz Urtubia.

N°Protección-27.104-2025.

N° Protección-27104-2025.