nombre reservado con SUBSECRETARÍA DE DEFENSA

C.A. de Santiago Santiago, tres de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 24 de diciembre de 2025, rectificado por presentación del día 26 de igual mes y año, comparece nombre reservado, administradora pública, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Subsecretaría de Defensa, por la dictación de la Resolución TRA N° 118921/3/2025 de 19 de noviembre de 2025, que declaró vacante su cargo por salud incompatible.

Expone que desde el 1 de junio de 2018 ha prestado servicios de manera continua para la recurrida, a contrata, en grado 5° de la E.U.S., vínculo reconocido por la Corte Suprema al acoger su recurso de protección en la causa Rol N° 26.822-2025, el 1 de agosto de 2025, por el que declaró ilegal y arbitraria la rebaja de grado que se había dispuesto en su oportunidad.

Indica que no obstante dicho fallo firme, lejos de cesar en las conductas lesivas, la recurrida ha persistido en una secuencia de actos hostiles, circunstancia que motivó la interposición de una acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, actualmente en tramitación ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, con el RIT N° T-3468-2025.

Señala que en ese contexto su salud psíquica se vio seriamente afectada a fines del año 2024, lo que derivó en diversas licencias médicas psiquiátricas, que no se habrían producido de no mediar el referido hostigamiento laboral, que tuvo su origen directo en el ejercicio legítimo de sus derechos constitucionales.

En ese marco, sindica, la recurrida solicitó la evaluación prevista en el artículo 151 del Estatuto Administrativo, con posterioridad a haber sido derrotada judicialmente en la causa Rol N° 26.838-2024 seguida ante esta Corte. En efecto, sostiene, dicha evaluación pudo y debió haber sido requerida oportunamente, por ejemplo en marzo del año 2025, si su real motivación fuera sanitaria. Sin embargo, optó por solicitarla únicamente luego de haber sido rechazadas sus pretensiones judiciales, lo que evidencia que el real motivo fue una secuencia de decisiones destinadas a materializar su desvinculación por una vía alternativa.

Da cuenta que la evaluación fue practicada por la COMPIN, que resolvió de manera expresa y categórica que su estado de salud es recuperable y, a pesar de ello, por el acto recurrido la autoridad declaró la vacancia en su cargo por salud incompatible, fundada casi exclusivamente en el número de días de licencia médica, prescindiendo completamente del carácter recuperable de su estado de salud, el contexto de hostigamiento laboral y el deber de motivación reforzada que exige la Constitución Política y la jurisprudencia reciente.

Reproduce íntegramente el contenido del acto impugnado y da cuenta que el 25 de noviembre de 2025 fue notificada del término de sus funciones, por haber hecho uso de licencias médicas por un lapso superior a seis meses continuos o discontinuos en los últimos dos años, dejando expresa constancia de la declaración de su salud como recuperable por la COMPIN, citando jurisprudencia administrativa que según la autoridad recurrida habilitaría igualmente la adopción de esta medida, produciéndose la separación inmediata del servicio.

Califica de ilegal dicho acto, porque se ha aplicado de manera incorrecta y contraria a derecho el artículo 151 del Estatuto Administrativo, atendido que como ya señaló su salud fue declarada como recuperable por el organismo técnico especializado, sin indicar en momento alguno que dicha condición le impida desempeñar el cargo, siendo evidente a su parecer que no se configura el presupuesto legal habilitante para el ejercicio de esta facultad, estimando como jurídicamente inadmisible sostener que un funcionario cuya salud es recuperable y puede desempeñar sus funciones sea, al mismo tiempo, portador de una salud incompatible con el cargo, razonamiento que constituye un contrasentido lógico, una contradicción insalvable y una manifestación clara de arbitrariedad que desnaturaliza la finalidad de la norma.

Indica que desde la modificación del referido artículo por medio de la Ley N° 21.050, el legislador fue inequívoco en establecer que sólo en el evento de que la COMPIN declare que la salud es irrecuperable y que dicha condición le impide desempeñar el cargo la autoridad administrativa se encuentra habilitada para declarar la vacancia por salud incompatible y, en cualquier otro escenario, como el caso, dicha facultad queda jurídicamente interdicta por carecer de sustento legal.

Añade que el uso de la palabra “podrá” en la norma en análisis demuestra que se exige una ponderación razonable de otros elementos relevantes, como la naturaleza de la patología, la evaluación técnica de la COMPIN y la real posibilidad de que el funcionario continúe o retome el desempeño de sus funciones.

Cita abundante jurisprudencia y doctrina en respaldo de sus argumentos y, enseguida, invoca como garantías constitucionales vulneradas, en primer lugar, la contenida en el artículo 19 N° 1 de la Constitución Política de la República, por la declaración realizada, que le ha causado un menoscabo grave y actual a su integridad psíquica, toda vez que importó una desvinculación abrupta e injustificada del servicio, privándola de su fuente laboral y sus ingresos, intensificando el daño psicológico previamente generado por el contexto de hostigamiento laboral.

En segundo lugar cita la garantía del artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, por haber desconocido y aplicado de manera incorrecta la autoridad el artículo 151 de la Ley N° 18.834, apartándose de su tenor literal, finalidad y la interpretación uniforme y vinculante que ha hecho de él la Corte Suprema, sometiéndola a un trato desigual y discriminatorio respecto de otros funcionarios públicos que, encontrándose en situaciones análogas, no han sido objeto de una desvinculación fundada únicamente en el uso legítimo de licencias médicas.

En tercer lugar cita como vulnerado el derecho consagrado en el artículo 19 N° 9 del texto Constitucional, siendo incompatible la forma en que se ha ejercido la facultad cuestionada con dicha garantía fundamental, transformando el ejercicio legítimo del derecho a la salud en una causal de exclusión del empleo público, contrariando la norma en estudio por las razones ya desarrolladas.

En cuarto lugar estima como vulnerado el derecho de propiedad garantizado en el artículo 19 N° 24 de la Carta Política del Estado, respecto del cargo público que desempeñaba y de las remuneraciones y demás derechos patrimoniales que de él emanan.

Finaliza solicitando que se acoja la acción, ordenando dejar sin efecto la Resolución TRA N° 118921/3/2025 de 19 de noviembre de 2025; dejar sin efecto todo acto administrativo posterior que suponga la validez del acto recurrido; restituir a la recurrente en el cargo profesional grado 5° dependiente de la recurrida; ordenar la restitución de las remuneraciones que se devenguen durante la tramitación del recurso; dictar las demás medidas que se estime pertinentes para restablecer el imperio del derecho y garantizar los derechos cuya protección se invoca; y, condenar en costas a la recurrida.

SEGUNDO: Que al informar la recurrida Subsecretaría de Defensa, solicita el rechazo de la acción, con costas.

Descarta los actos de hostigamiento que se le atribuyen y, estima necesario aclarar que existen hechos objetivos y verificables que desvirtúan la versión expuesta, y demuestran que ese Servicio ha actuado conforme a derecho.

Da cuenta que la actora ingresó a esa entidad el 1 de junio de 2018, como profesional a contrata, asimilada al grado 5° de la EUS, la que fue renovada sucesivamente los años 2019 hasta el 2025, en iguales términos hasta el año 2024, oportunidad en que se modificaron sus funciones y se rebajó el grado al 8° de la EUS, rebaja que fue dejada sin efecto por la Corte Suprema conociendo de un recurso de protección.

Por su parte, coincide, la relación funcionaria finalizó por el acto recurrido, que fue tomado de razón por la Contraloría General de la República el 19 de noviembre de 2025.

Refiere que en cumplimiento al artículo 151 inciso tercero del Estatuto Administrativo y considerando que la actora presentaba licencia médica por un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses los últimos dos años, se remitieron los antecedentes a la COMPIN.

Precisa que la recurrente registraba un total de 293 días de licencia médica, entre el 14 de agosto de 2023 y el 8 de mayo de 2025, no continuadas.

Agrega que si bien el requerimiento de evaluación de recuperabilidad se efectuó cuando la actora presentaba esa cantidad de días de licencia médica, la declaración de vacancia se produjo cuando acumulaba 402 días continuos y 458 días discontinuos, habiendo presentada licencia médica en forma ininterrumpida entre el 6 de octubre de 2024 a la fecha de la declaración de vacancia.

Sobre las alegaciones de hostigamiento contenidas en la presente acción niega su existencia, dando cuenta que el recurso de protección producto de la rebaja de grado fue rechazado por esta Corte de Apelaciones el 29 de mayo de 2025, y luego revocado el 1 de agosto de 2025 por la Corte Suprema y, la solicitud de pronunciamiento sobre la recuperabilidad de su salud se efectuó 2 días antes de que se fallara en primera instancia dicho recurso de protección, y varios meses antes de que se pronunciara la Corte Suprema, no siendo posible atribuir como motivación del requerimiento a la COMPIN una eventual represalia por la denominada “derrota judicial”.

En el mismo sentido, destaca, al momento de pronunciarse el máximo tribunal la actora ya llevaba 10 meses continuos de licencia médica, careciendo de sustento las alegaciones de que el pretendido hostigamiento sería motivado por dicha derrota, que a su vez habría empeorado su salud mental.

En lo que importa al juicio de tutela por vulneración de derechos fundamentales, da cuenta que se citó a audiencia preparatoria para el 26 de abril de 2026, lo que fue notificado al Consejo de Defensa del Estado, sin que a esa fecha se hubiera evacuado la contestación fiscal, de forma que no existe un hostigamiento laboral que se haya acreditado debidamente en sede judicial como sostiene esta acción de protección.

Hace presente que en el recurso se refiere un estar tranquilo dentro del Servicio, quebrado por esa recurrida con el hostigamiento invocado, cuestión que controvierte, dando cuenta que la ex funcionaria ha iniciado una serie de acciones en diversas sedes en su contra.

Niega que el acto cuestionado incurra en ilegalidad, pues no contraviene las normas que regulan la materia, habiéndose dictado en observancia del principio de legalidad o juridicidad que rige a los órganos de la Administración del Estado, consagrado en los artículos 6 y 7 de la Constitución Política y los artículos 2 y 5 de la Ley N° 18.575.

Argumenta que la razón de ser de las normas que rigen la materia es que las autoridades velen por la continuidad del servicio, dictándose la resolución impugnada en el ejercicio de las facultades de administración que detenta el Subsecretario de Defensa, en su calidad de jefe superior del servicio, lo dispuesto en el artículo 151 de la Ley N° 18.834 y en el ámbito de sus competencias, en atención a que la exfuncionaria ya no era idónea para ejercer el cargo.

Sobre el tenor literal del citado artículo 151 del Estatuto Administrativo, lo cita y arguye que la ley es expresa, y de acuerdo a los criterios de interpretación contenidos en los artículos 19 y 23 del Código Civil no es posible desatender su texto literal con el pretexto de consultar su espíritu, ni se puede restringir su interpretación por lo favorable u odioso que pueda ser su texto.

En el mismo sentido, el artículo 150 letra a) del cuerpo normativo en análisis establece dos causales para declarar la vacancia del cargo, la salud irrecuperable o incompatible, regulando dos alternativas posibles que luego regula en artículos diversos.

Postula que el texto perdería todo sentido y su aplicación si se considerara que el pronunciamiento de la COMPIN sobre recuperabilidad de la salud es un impedimento para la declaración de salud incompatible, lo que reduciría las causales a una, bastando con la regulación de salud irrecuperable y convirtiendo en letra muerte la causal de salud incompatible.

Sostiene que el sentido de la exigencia de solicitud previa a la COMPIN es que el funcionario tenga la oportunidad de que sea evaluada su recuperabilidad, pues en caso de estimarse como irrecuperable su salud, puede optar al beneficio del artículo 152 de la Ley N° 18.834, pero la Contraloría General de la República ha estimado que si la salud es recuperable, la autoridad puede declarar la incompatibilidad con el desempeño del cargo, mientras que si se declara irrecuperable no procede el ejercicio de dicha facultad, sino que la Comisión Médica pertinente conozca el asunto a fin de que pondere esa declaración.

Sobre la razonabilidad del acto da cuenta que este contiene los motivos en que se funda, dando cumplimiento a las normas que rigen su emisión y, resalta que la actora no controvierte los hechos que se consignan en él.

El acto cuestionado afirma es razonable, contrario a la doble intencionalidad denunciada o esconder una desviación de poder, pues se sustenta en hechos objetivos que se expresaron en los considerandos que lo componen, ya referidos previamente en su informe.

Estima ese informante que tampoco se produce una vulneración de garantías fundamentales, menos de manera ostensible o manifiesta como exige la jurisprudencia.

En cuanto a la igualdad ante la ley, además de lo ya referido, entiende que declarar la vacancia del cargo por salud incompatible no solo era posible sino que obligatorio para el jefe del servicio en el contexto ya detallado, considerando los 458 días de licencia acumulados, que constituyen un estándar objetivo y evita una discriminación, pues abstenerse de dicha declaración en el caso de una funcionaria que lleva 1,3 años fuera de funciones en los últimos 2 años, significa un trato discriminatorio en relación a los demás profesionales de ese Servicio que han debido suplir su falta. Adicionalmente, la medida es proporcional, en tanto no es esperó el cumplimiento del mínimo para accionar, sino a una cantidad considerablemente superior, que no deja lugar a dudas sobre la falta de idoneidad para el cargo. Por último, indica, el año 2025 se hizo un levantamiento de todos los casos que cumplían 180 días o más con licencia médica, arrojando dos como resultado, procediendo a requerir el pronunciamiento de la COMPIN en ambos casos, sin que a esa fecha se hubiera recibido dicho pronunciamiento respecto del otro funcionario en esa situación.

En cuanto al derecho de propiedad, no se ha vulnerado, pues si bien existe un principio de estabilidad en el empleo, inamovilidad no implica perpetuidad, no existiendo ilegalidad en el caso como ya se dio cuenta, unido a que ni la confianza legítima ni el principio de estabilidad en el empleo suponen que el Servicio no pueda proceder a aplicar una causal legal de cesación en el cargo.

En lo que importa al derecho a la integridad psíquica y a la protección de la salud, reitera los argumentos ya señalados respecto al primero y, respecto al segundo, este no se encuentra entre las garantías protegidas por el artículo 20 de la Carta Fundamental, sin perjuicio de que la facultad ejercida no supone un ejercicio indebido de licencias médicas ni un cuestionamiento, sino que el legislador ha resuelto un conflicto entre el uso legítimo de licencias médicas y la continuidad del servicio a favor de éste último.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

En consecuencia, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

CUARTO: Que de las alegaciones contenidas en el recurso y que fundan la pretensión de la actora se desprende que la acción se sustenta en una serie de circunstancias, tales como la existencia de actos de hostigamiento laboral por las acciones ejercidas por la exfuncionaria en contra de la recurrida durante la vigencia de la relación laboral a modo de represalia, configurándose así una desviación de poder y una vía alternativa para lograr su desvinculación del servicio, distinta de la invocada.

Por su parte, la recurrida niega la existencia de los referidos hostigamientos u actos hostiles denunciados y, por el contrario, se refiere a fechas que desvirtuarían, según su parecer, la existencia de tal hostigamiento.

QUINTO: Que de lo anterior se desprende la existencia de versiones absolutamente contrapuestas sobre los hechos que fundan la presente acción, cuya naturaleza cautelar, sumaria y de emergencia no permite dilucidar su veracidad, debiendo por el contrario ser objeto de discusión, análisis y prueba en un procedimiento de lato conocimiento que permita el desarrollo de dicha actividad.

SEXTO: Que, de esa forma, no concurre en la especie uno de los requisitos de procedencia de esta acción cautelar especial en la forma referida en el considerando tercero de esta sentencia, al no existir un derecho indubitado y preexistente cuya protección se pretende, razón suficiente para desestimar el recurso, por no ser esta la vía adecuada para discutir y resolver la controversia planteada en estos términos.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo prevenido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Defensa.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-27099-2025.