Protección contra Ministerio de Seguridad Pública

C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que don nombre reservado, coronel de Carabineros de Chile en situación de retiro, dedujo acción constitucional de protección en contra del Ministerio de Seguridad Pública, representado por el señor subsecretario de Seguridad Pública, don Luis Alberto Cordero Vega, solicitando que se deje sin efecto el Decreto Exento RA NUM000, de 14 de noviembre de 2025, dictado por orden del Presidente de la República, mediante el cual se dispuso su retiro absoluto de las filas de Carabineros de Chile, a contar del 1 de octubre de 2025, sin concederle el beneficio contemplado en el artículo 39 de la Ley 18.961, orgánica constitucional de Carabineros de Chile.

Expone que ingresó a la institución desarrollando una extensa carrera funcionaria hasta alcanzar el grado de coronel, desempeñándose, al momento de su retiro, como Prefecto de la Prefectura Arica N°1, dependiente de la Zona Arica y Parinacota.

Refiere que el día 30 de noviembre de 2025 fue notificado del citado decreto exento, por el cual se concedió su retiro absoluto por haber cumplido treinta años de servicios válidos para el retiro, disponiéndose que quedara acogido únicamente a las normas del artículo 75 del Estatuto del Personal de Carabineros de Chile, sin otorgársele el beneficio previsto en el mencionado artículo 39 de la Ley 18.961, consistente en diferir hasta por seis meses la fecha en que se hace efectivo el retiro. Sostiene que dicha disposición legal confiere a la autoridad una facultad discrecional para fijar la fecha del retiro dentro del límite máximo allí previsto, pero que dicha discrecionalidad no autoriza a adoptar decisiones caprichosas, carentes de fundamento o que establezcan diferencias arbitrarias entre funcionarios que se encuentran en iguales condiciones. Agrega que la autoridad recurrida resolvió negarle dicho beneficio únicamente porque actualmente se encuentra formalizado en una investigación penal seguida ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el presunto delito de apremios ilegítimos, causa en la cual se decretaron en su oportunidad medidas cautelares personales consistentes en la prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima. Afirma que tal circunstancia no constituye causal legal para denegar el beneficio solicitado, toda vez que la formalización de la investigación no importa una declaración de responsabilidad penal, sino únicamente la comunicación que efectúa el Ministerio Público al imputado acerca de la investigación que desarrolla en su contra, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 229 del Código Procesal Penal, encontrándose plenamente vigente, por tanto, el principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 4° del citado cuerpo legal. Añade que los mismos hechos que dieron origen al proceso penal fueron objeto de una investigación administrativa instruida por Carabineros de Chile, la cual concluyó sin atribuirle responsabilidad administrativa alguna, circunstancia que, a su juicio, demuestra que carece de justificación la decisión administrativa impugnada. Expresa, asimismo, que junto con él fueron llamados a retiro otros veinte coroneles de Carabineros, siendo el único respecto del cual no se concedió el beneficio contemplado en el artículo 39 de la Ley N°18.961, lo que, en su concepto, constituye una diferencia de trato carente de razonabilidad, pues todos ellos cumplían los mismos requisitos legales y reglamentarios para acceder a dicho beneficio. Arguye que la decisión recurrida importa, además, un verdadero prejuzgamiento respecto de su responsabilidad penal, pues la autoridad administrativa habría actuado como si existiera una condena firme en su contra, arrogándose facultades que corresponden exclusivamente a los tribunales de justicia, transformándose, de ese modo, en una comisión especial proscrita por el artículo 19 N°3° inciso quinto de la Constitución Política de la República.

Finalmente, sostiene que el acto impugnado vulnera — además del derecho constitucional señalado en el párrafo anterior — las garantías constitucionales consagradas en los numerales 1°, 2° y 24° del artículo 19 de la Carta Fundamental, esto es, su derecho a la integridad psíquica, a la igualdad ante la ley y a la propiedad sobre los beneficios económicos derivados del otorgamiento del beneficio contemplado en el artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile y, por ello, solicita que el recurso sea acogido, dejándose sin efecto el decreto recurrido y ordenándose a la autoridad concederle dicho beneficio, con costas.

Segundo: Que informó el abogado don Francisco Berthet Mancilla, en representación de la Subsecretaría de Seguridad Pública, solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional.

Expone que, mediante Oficio NUM001, de 14 de octubre de 2025, la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile propuso el retiro absoluto de veinte oficiales superiores del grado de coronel, entre ellos el recurrente, acompañando para tales efectos la documentación exigida por la normativa vigente, consistente en las respectivas solicitudes de retiro, certificados relativos a procesos penales y administrativos y certificados de tiempo efectivo servido. Indica que de tales antecedentes aparecía que el recurrente se encontraba sometido a proceso penal en la causa RIT N°2729-2021 seguida ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso, encontrándose formalizado desde el 1 de abril de 2024 por el delito de apremios ilegítimos y sujeto a las medidas cautelares personales de prohibición de salir del país y prohibición de acercarse a la víctima, circunstancias que fueron expresamente informadas por la autoridad institucional al momento de tramitar el correspondiente decreto de retiro. Señala que el artículo 39 de la Ley 18.961 no establece un derecho subjetivo del funcionario a permanecer hasta seis meses más en servicio activo, sino únicamente faculta a la autoridad para diferir la fecha en que el retiro se hará efectivo, constituyendo dicha determinación una potestad discrecional reconocida tanto por la legislación como por la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República. Explica que la decisión de no conceder el beneficio al recurrente no obedeció a un mero capricho, sino a la ponderación de antecedentes objetivos que distinguían su situación de la de los restantes coroneles llamados a retiro, toda vez que únicamente él se encontraba formalizado en un proceso penal y sujeto a medidas cautelares personales decretadas por un tribunal de justicia, circunstancias que fueron consideradas por la autoridad administrativa para estimar improcedente mantenerlo hasta seis meses más en servicio activo. Agrega que dicha decisión no supone atribuir responsabilidad penal al recurrente ni desconocer el principio de presunción de inocencia, puesto que la autoridad administrativa no ha efectuado un juicio acerca de la culpabilidad del actor, limitándose únicamente a ejercer una potestad discrecional conferida por la ley, ponderando circunstancias objetivas derivadas de una resolución judicial vigente. Añade que tampoco existe infracción al principio de igualdad ante la ley, puesto que precisamente el recurrente no se encontraba en idéntica situación que los demás coroneles incluidos en el mismo decreto de retiro, ya que era el único respecto del cual concurrían simultáneamente una formalización penal y medidas cautelares personales decretadas por un tribunal competente, de manera que existía un fundamento objetivo y razonable para adoptar una decisión distinta.

Concluye sosteniendo que el acto impugnado fue dictado por autoridad competente, dentro del ámbito de las facultades que expresamente le confiere el ordenamiento jurídico, encontrándose debidamente motivado por los antecedentes tenidos a la vista al momento de resolver, razón por la cual no existe actuación ilegal ni arbitraria alguna susceptible de ser corregida mediante la presente acción cautelar, solicitando, en consecuencia, el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

Tercero: Que el llamado recurso de protección se define como una acción cautelar de ciertos derechos fundamentales frente a los menoscabos que puedan experimentar como consecuencia de acciones u omisiones ilegales o arbitrarias de la autoridad o de particulares. Son presupuestos de esta acción cautelar: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de dicha acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos o garantías expresamente protegidos por el artículo 20 de la Constitución Política de la República; y c) que el tribunal se encuentre en condiciones de adoptar las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y otorgar la debida protección al afectado.

Cuarto: Que conviene reproducir lo que señala el artículo 39 de la Ley 18.961, pues es sobre esta norma que el actor construye su recurso de protección para impetrar de la judicatura su pretensión manifestada en el petitorio de su libelo de 24 de diciembre de 2025: “Los decretos supremos y resoluciones que concedan o dispongan el retiro de los Oficiales Generales, Coroneles y Suboficiales Mayores, fijarán la fecha en que se harán efectivos, la cual no podrá ser posterior en más de seis meses a la de dichos decretos o resoluciones”. “Iguales normas regirán para el personal Civil con treinta o más años de servicios que ocupe el grado más alto de su escalafón”. “Las vacantes respectivas podrán ser ocupadas desde la fecha del decreto o resolución que conceda o disponga el retiro”.

Quinto: Que, expuesto en qué consiste un recurso de protección y transcrita la norma legal fundante de la acción de autos, resulta necesario precisar cuál es exactamente el acto cuya juridicidad corresponde examinar en estos antecedentes. El recurrente no discute la procedencia de su retiro absoluto de las filas de Carabineros de Chile ni tampoco la causal legal en virtud de la cual este fue dispuesto, esto es, haber cumplido treinta años de servicios válidos para el retiro. Su reproche se dirige exclusivamente en contra de la circunstancia de no habérsele concedido el beneficio contemplado en el transcrito artículo 39 de la Ley 18.961, consistente en diferir, hasta por un plazo máximo de seis meses, la fecha en que dicho retiro produce sus efectos.

Pues bien, la sola lectura de la disposición legal señalada en el motivo anterior permite advertir que ella no reconoce un derecho subjetivo del funcionario a permanecer necesariamente en servicio activo durante ese período adicional, sino que únicamente autoriza a la Administración para fijar la fecha en que el retiro se hará efectivo, estableciendo como único límite que esta no podrá ser posterior en más de seis meses al respectivo decreto o resolución. Se trata, entonces, de una potestad discrecional expresamente conferida por el legislador a la autoridad administrativa, de manera que corresponde a esta ponderar, en cada caso concreto, si concurren circunstancias que hagan aconsejable o no hacer uso de dicha facultad. Y, es cierto, la circunstancia de tratarse de una potestad discrecional no significa que la autoridad pueda actuar caprichosamente, pues toda decisión administrativa debe encontrar fundamento en antecedentes objetivos; sin embargo, tampoco corresponde a los tribunales superiores de justicia, a través del arbitrio del artículo 20 de la Constitución Política de la República, sustituir el juicio de mérito efectuado por la Administración cada vez que esta ejerce una atribución de esa naturaleza, pues ello importaría transformar esta acción cautelar en una instancia revisora de la oportunidad o conveniencia de decisiones cuya apreciación el propio legislador ha entregado al órgano administrativo competente.

Sexto: Que, en la especie, los antecedentes allegados al proceso permiten establecer que, al momento de resolverse la situación funcionaria del recurrente, la Subsecretaría de Seguridad Pública tuvo a la vista, entre otros elementos, que el coronel señor nombre reservado se encontraba formalizado en una investigación penal seguida ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso por el delito de apremios ilegítimos; que a su respecto se habían decretado medidas cautelares personales consistentes en la prohibición de salir del país y de acercarse a la víctima; y que tales circunstancias constaban oficialmente en los antecedentes remitidos por la Dirección Nacional de Personal de Carabineros de Chile al solicitar la dictación del correspondiente decreto de retiro. Luego, no resulta efectivo sostener que la decisión administrativa obedeció al mero arbitrio o capricho de la autoridad y, por el contrario, esta efectuó una ponderación de circunstancias objetivas existentes al momento de resolver, consistentes no sólo en la formalización penal del recurrente, sino también en la circunstancia de encontrarse sujeto a medidas cautelares personales decretadas por un tribunal dentro de un procedimiento penal vigente.

Séptimo: Que el hecho que la autoridad haya estimado que tales antecedentes hacían improcedente mantener al actor hasta por seis meses más en servicio activo constituye, precisamente, una valoración que el legislador ha entregado al órgano administrativo competente mediante el otorgamiento de la potestad discrecional prevista en el citado artículo 39 de la Ley 18.961, valoración que, atendidos los antecedentes existentes al momento de adoptarse la decisión, no aparece desprovista de razonabilidad ni revela un ejercicio abusivo o desviado de dicha atribución. Y, por cierto, se podrá o no compartir tal fundamentación, mas no puede la judicatura, como ya se ha dicho, erigirse en una suerte de reemplazo de la Administración en la toma de las decisiones que esta pueda adoptar en uso de sus facultades legales.

Octavo: Que tampoco resulta atendible la alegación del recurrente en orden a que la autoridad administrativa habría desconocido el principio de presunción de inocencia o anticipado un juicio de responsabilidad penal respecto de su persona. En efecto, el acto administrativo impugnado no contiene declaración alguna acerca de la culpabilidad del actor, ni le atribuye responsabilidad penal por los hechos que actualmente son objeto de investigación ante la judicatura criminal y, antes bien, la decisión administrativa se limita a considerar una situación procesal objetiva —esto es, la existencia de una investigación formalizada y de medidas cautelares personales vigentes decretadas por un tribunal competente— para efectos de resolver si, en el ejercicio de una facultad discrecional, correspondía o no diferir la fecha de su retiro. Existe, por consiguiente, una diferencia sustancial entre afirmar la responsabilidad penal de una persona —cuestión que compete exclusivamente a los tribunales de justicia mediante sentencia firme— y ponderar determinados antecedentes procesales objetivos al ejercer una potestad administrativa cuya naturaleza exige precisamente valorar las circunstancias particulares del caso. De este modo, la autoridad recurrida no ha sustituido al juez penal ni ha emitido pronunciamiento alguno acerca de la culpabilidad del recurrente, sino que únicamente ha ejercido una atribución que la ley expresamente le confiere, utilizando para ello antecedentes ciertos, verificables y existentes al momento de adoptar la decisión. En tales condiciones, no es posible concluir que el acto impugnado adolezca de ilegalidad o arbitrariedad por el sólo hecho de que el recurrente discrepe de la ponderación efectuada por la Administración, pues ello importaría desconocer el ámbito propio de la potestad discrecional que el ordenamiento jurídico reconoce a la autoridad en esta materia.

Noveno: Que el recurrente sostiene, además, que la autoridad recurrida habría infringido la garantía de igualdad ante la ley, toda vez que, de los veinte coroneles de Carabineros de Chile cuyo retiro absoluto fue dispuesto mediante el mismo procedimiento administrativo, sólo a él se le negó el beneficio previsto en el artículo 39 de la Ley 18.961. Sin embargo, para que pueda configurarse una diferencia arbitraria en los términos del artículo 19 N°2° de la Constitución Política de la República resulta indispensable que quienes son objeto de un trato diverso se encuentren en una misma situación jurídica y fáctica, circunstancia que no concurre en la especie, según ya se ha dicho, esto es, el coronel nombre reservado era el único de los oficiales superiores incluidos en el respectivo procedimiento de retiro que, al momento de dictarse el decreto impugnado, se encontraba formalizado en un proceso penal y sujeto, además, a medidas cautelares personales decretadas por un tribunal competente.

Décimo: Que tampoco puede prosperar la alegación relativa a una supuesta vulneración de la garantía contemplada en el inciso quinto del numeral 3° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, fundada en que la autoridad administrativa se habría constituido en una comisión especial al resolver no conceder el beneficio cuya denegación motiva esta acción constitucional. Desde luego, la autoridad recurrida no ha juzgado al actor ni ha emitido ningún pronunciamiento acerca de su responsabilidad penal; tampoco ha resuelto una controversia jurídica entre partes ni ha ejercido una potestad jurisdiccional. Lo único que hizo fue dictar un acto administrativo dentro del ámbito de las atribuciones que expresamente le confiere la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile, resolviendo acerca de la oportunidad en que debía hacerse efectivo el retiro absoluto del recurrente y estimando improcedente diferir dicha fecha mediante el beneficio previsto en el artículo 39 del citado cuerpo legal, por la razón ya indicada.

Undécimo: Que igual suerte ha de correr la pretendida vulneración del derecho a la integridad psíquica contemplado en el numeral primero del artículo 19 de la Constitución Política de la República. El recurrente funda dicha alegación en la angustia y afectación emocional que dice haber experimentado como consecuencia de la decisión administrativa impugnada. Sin embargo, tales circunstancias, aun cuando pudieren resultar comprensibles desde una perspectiva personal, no derivan de una actuación ilegal o arbitraria de la Administración, presupuesto indispensable para la procedencia de esta acción cautelar.

Duodécimo: Que, finalmente, el recurrente denuncia la vulneración del derecho de propiedad garantizado en el numeral 24° del artículo 19 de la Constitución Política de la República, argumentando que el beneficio contemplado en el artículo 39 de la Ley 18.961 constituiría un derecho incorporado a su patrimonio y que, al habérsele privado de él, se habría producido una afectación de dicha garantía. Esta alegación tampoco puede prosperar pues, para que exista lesión del derecho de propiedad resulta indispensable que el afectado sea titular de un derecho patrimonial preexistente e indubitado. Pues bien, como ya se ha dicho en forma reiterada, el beneficio previsto en el artículo 39 de la Ley Orgánica Constitucional de Carabineros no constituye un derecho subjetivo cuyo otorgamiento proceda por el sólo ministerio de la ley una vez cumplidos determinados requisitos objetivos, sino una facultad discrecional conferida a la autoridad para fijar la oportunidad en que el retiro se hará efectivo, dentro del límite temporal allí establecido. Así, mientras la autoridad competente no haga uso de dicha facultad en sentido favorable al funcionario, este sólo posee una mera expectativa de obtener el beneficio, expectativa que, por su propia naturaleza, no integra el patrimonio protegido por el artículo 19 N°24° de la Constitución Política de la República.

Decimotercero: Que por todo lo expuesto, se desestimará el recurso de protección deducido en estos antecedentes.

Y visto, además, lo dispuesto en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra del Ministerio de Seguridad Pública.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Mera.

No firma el ministro señor Mera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N° Protección-27092-2025.