Protección contra Fundación Educacional Para El Desarrollo Integral De La Niñez

Santiago, treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, mandatario judicial de Asociados nombre reservado Impresores Limitada, sociedad del giro de su denominación, representada legalmente por don nombre reservado, factor de comercio, quien interpone acción de protección en contra de la Fundación Educacional Para El Desarrollo Integral De La Niñez, también “Fundación Integra”, persona jurídica sin fines de lucro, representada legalmente por don nombre reservado, por el acto que considera ilegal y arbitrario consistente en poner término anticipado a un contrato de prestación de servicios, procediendo a su liquidación y cobro de garantías asociadas, vulnerando de este modo las garantías que la Constitución Política de la República le asegura en el artículo 19 N° 3, inciso 4 y N° 24.

Alega que la recurrida puso término al contrato de prestación de servicios, N° INT CCM-721-0-2020 respecto de la Licitación Nº 261, sin embargo, debía solicitar la declaración judicial de la resolución del contrato antes señalado, conforme a lo expresado mayoritariamente por la doctrina nacional, que está conteste en la necesidad de la declaración judicial para que se produzca la resolución del contrato en caso de incumplimiento.

Añade que, en esta controversia, el supuesto incumplimiento se refiere a observaciones técnicas detectadas en una revisión y control de calidad realizado por la propia recurrida, sin antecedentes técnicos que respalden su actuar y extralimitándose de la ley del contrato, sin consentimiento alguno de su parte, en un contexto de un contrato de prestación de servicios, convirtiendo la errónea terminación anticipada y unilateral, su posterior liquidación del contrato y posterior cobro de las boletas de garantía, en conductas arbitrarias e ilegales de autotutela.

En cuanto al acto ilegal y arbitrario, expone que tras la terminación del contrato, de fecha 10 de febrero de 2021, envió al representante legal de la recurrida sendas comunicaciones para buscar una solución extrajudicial ante su actuación, rechazando asimismo el término unilateral del contrato, con el objetivo de analizar los pasos a seguir en la ejecución, cumplimiento, término y/o resolución y/o liquidación del contrato de prestación de servicios N° INT CCM-721-0-2020 respecto de la Licitación Nº 261, y también cumplir con el retiro solicitado en la carta de fecha 10 de febrero de 2021 –en que se rechazaron productos por disconformidad con su calidad-, también en el marco de la buena fe en la ejecución de los contratos, recibiendo como respuesta carta de fecha 26 de febrero de 2021, que informa de la liquidación unilateral del mismo y el cobro de las boletas de garantía que garantizaban el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Considera que dichas actuaciones comprometen el derecho de igualdad ante la ley, respecto a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 19 Nº 3 y el derecho de propiedad contemplado en el N°24 del artículo 19, ambos de la Constitución Política de la República, pues la recurrida ha incurrido en actos de autotutela y sin previa orden de un Tribunal que haya conocido respecto de su pretensión, ni que se haya dictado una sentencia, firme o ejecutoriada que reconozca el supuesto incumplimiento, lo cual corresponde a acciones ilegales y arbitrarias, afectando su derecho de propiedad.

Finalmente, solicita acoger el presente arbitrio, restablecer el imperio del derecho y ordenar retrotraer los actos informados con fecha 10 y 26 de febrero ambos de 2021, y ordenarle a la recurrida que en lo sucesivo deberá abstenerse de cualquier vía de hecho, para auto tutelar sus supuestos derechos, con expresa condenación en costas.

SEGUNDO: Que, evacuando informe, compareció don nombre reservado, abogado, quien expuso que la recurrida de autos es uno de los principales prestadores de educación parvularia gratuita en Chile, siendo una institución de derecho privado, sin fines de lucro, perteneciente a la Red de Fundaciones de la Presidencia de la República, que se financia anualmente en forma mayoritaria con aportes del Estado contemplados en la Ley de Presupuestos del Sector Público, previa firma de un convenio anual de transferencia de fondos que suscribe con la Subsecretaría de Educación Parvularia y cuyo propósito es desarrollar un proyecto educativo gratuito, y de calidad, destinado preferentemente a los niños y niñas más vulnerables del país, a los que se entrega además alimentación. Los jardines infantiles y salas cuna pertenecientes a Fundación Integra, están presentes en todas las regiones del país.

Además, expone que se rige por las disposiciones contenidas en sus estatutos, por las normas del Título XXXIII del Libro I del Código Civil y la preceptiva aplicable al sector privado, y en cuanto a sus relaciones laborales por lo dispuesto en el Código del Trabajo. Sin perjuicio de lo anterior, y en conformidad a lo resuelto por la Contraloría General de la República, en su Dictamen N°41.025 de 2016, se encuentra sujeta a la fiscalización de este órgano de control, por cuanto en las actividades que desarrolla la fundación se ejecutan recursos de origen público y está presente de un modo predominante el interés público, toda vez que mediante la gestión de ella, el Estado persigue satisfacer necesidades públicas y colectivas, en este caso, las vinculadas con la educación y el desarrollo de los niños de escasos recursos.

Seguidamente, alega la improcedencia del recurso, por no configurarse los supuestos del artículo 20 de la Constitución Política de la República, ya que la recurrente no goza de un derecho preexistente e indubitado, siendo incompatible el recurso con un procedimiento de carácter declarativo o constitutivo de derechos, y en este sentido, las alegaciones efectuadas por el recurrente exceden las materias que deben ser conocidas en esta sede jurisdiccional, atendida la naturaleza cautelar de dicho recurso, y constituyen una materia que debe discutirse en un procedimiento de lato conocimiento, y, por consiguiente, es ajena a la finalidad del recurso de protección, pues como se desprende del cuerpo y petitorio del recurso, se pretende, que esta Corte conozca sobre un incumplimiento de contrato que se ha celebrado entre privados, reclamando una supuesta atribución de jurisdicción por parte de Integra, al no ser declarado el incumplimiento contractual por un Tribunal de Justicia, solicitando además, retrotraer los efectos del término contractual, que en ningún caso constituye una materia que deba ser de conocimiento y pronunciamiento por parte de esta Corte en sede de protección.

Luego, controvierte la vulneración de las garantías invocadas, y en relación a los hechos señalados por el recurrente, afirma que tanto las bases de licitación, como los contratos que acompaña, regulan expresamente la terminación anticipada del contrato, señalando que “Fundación Integra podrá poner término al contrato que se celebre con el adjudicado, con efecto inmediato y sin necesidad de resolución judicial previa, si la ejecución del contrato fuese manifiestamente deficiente o el oferente adjudicado no diese cumplimiento a las obligaciones contraídas por él, en virtud del contrato y su oferta, que se entenderá formar parte de ésta, tanto en relación con las especificaciones, cantidad y calidad de los productos contratados, como con relación a los plazos para su entrega, y demás condiciones del contrato. Para tal efecto, Fundación Integra pondrá en conocimiento del proveedor dicha terminación mediante comunicación escrita, en la que indicará el incumplimiento y los hechos en que consiste. En dicho caso, Fundación Integra, podrá hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento del contrato, según corresponda, sin perjuicio de su derecho de demandar indemnización por los perjuicios que le acarree el incumplimiento del proveedor”, conforme al contrato celebrado entre las partes con fecha 14 de diciembre de 2020, en su cláusula décima. En cuanto a la garantía, señala en su cláusula sexta, párrafo segundo, que “…esta garantía se hará efectiva en cualquier momento, cuando a juicio exclusivo de Integra, el vendedor, haya incumplido total o parcialmente, o haya retrasado el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones contraídas…”.

Finalmente, justifica su decisión de poner término anticipado al referido contrato, solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que, ahora bien, en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio, parece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

CUARTO: Que,consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental; Se sostiene también, uniformemente, que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

QUINTO: Que, en este escenario resulta evidente que el recurso de protección deducido no puede prosperar, pues el problema que se ha planteado a esta Corte dice más bien relación con el eventual incumplimiento de las obligaciones emanadas de una convención celebrada entre las partes. De este modo, como primera cuestión fundamental debe señalarse que el recurrente no es titular de un derecho indubitado, en tanto la recurrida controvierte que sean efectivas las alegaciones de ésta y que, a mayor abundamiento, la controversia planteada debe, evidentemente, ser discutida y dilucidada en procedimiento de lato conocimiento, en que las partes tengan amplias oportunidades tanto de exponer los argumentos en apoyo de sus pretensiones, como de aportar las pruebas que les den sustento.

SEXTO: Que, como se ha señalado, la naturaleza de la acción recién indicada y el procedimiento especial dispuesto para su tramitación, determinan que no sea procedente emplear esta vía para la solución del conflicto sub lite, puesto que las materias en que se basa el libelo pretensor exceden el ámbito de este recurso, ya que conforme se ha ido expresando en este fallo, se trata de una controversia que requiere de pruebas, discusión y análisis propios de un procedimiento contradictorio, de lato conocimiento, no siendo posible en esta sede - dada la especial naturaleza y finalidad de esta acción constitucional, como se advierte ut supra - resolver materias como la pretendida en la acción cautelar de autos.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, debe concluirse que en la especie no concurren los fundamentos que hacen procedente el presente recurso de protección.

Por estas consideraciones, y atendido además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre "Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales", se rechaza, con costas, el recurso de Protección interpuesto por don nombre reservado, mandatario judicial de Asociados nombre reservado Impresores Limitada en contra de la Fundación Educacional Para El Desarrollo Integral De La Niñez, también “Fundación Integra”.

Regístrese y archívese.

Redactado por la Ministro (s) doña Paula Merino Verdugo.

Protección N° 2707 – 2021 No firma la Ministra (s) señora Merino Verdugo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso del permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Corte de Apelaciones, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por la Ministro (s) doña María Paula Merino Verdugo y el abogado integrante don Rodrigo Asenjo Zegers.