nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL - COMISION DE MEDICINA PREVENTIVA E INVALIDEZ Y OTROS

En observancia al inciso cuarto del artículo 223 bis del Código de Procedimiento Civil, se llamó telefónicamente a la abogada anunciada doña nombre reservado sin que se lograse comunicación previa a la vista de la causa, sin perjuicio de ello dicha abogada me envió un mensaje vía whatsapp indicando que no iba a poder realizar su alegato ya que tuvo un inconveniente. Asimismo, alegó, previo anuncio y relación pública, la abogada doña Pamela Villagrán contra el recurso por el tiempo de 10 minutos. Santiago, 13 de mayo de 2026. Luis Zambra, relator.

Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado e interpone un recurso de protección de en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), subsidiariamente en contra de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN), Corporación Paul Harris, Davita Parral y Hospital Regional de Antofagasta, por la vulneración de las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, N° 4, N° 5, N° 8, N° 12, N° 13, N° 16, N° 22 y N° 25, por hechos ocurridos desde abril de 2020 en adelante.

Señala que prestó servicios profesionales como enfermera en unidades críticas durante la pandemia, bajo diversos contratos (honorarios y plazo fijo) y que, por actos y omisiones de las recurridas, se le habrían vulnerado derechos constitucionales esenciales.

Relata que fue contratada en Hospital Regional de Antofagasta en abril de 2020, en pandemia para la unidad crítica y que, durante aproximadamente un año y medio, realizó horas extra y trabajo en fines de semana sin la debida remuneración. Expone que trabajó en labores de supervisión que no le fueron reconocidas ni remuneradas; que no se le pagaron asignaciones por zona ni viáticos y que se desconoció su domicilio real en contratos para eludir el pago de la diferencia por zona; que no recibió pago por especialidad ni la asignación de la póliza de la ley 16.744 cuando correspondía; y que no se le otorgaron descansos, vacaciones ni días libres estipulados por las normas aplicables en pandemia. Afirma haber sido forzada a renunciar por la mala gestión y trato recibido.

Expone que fue contratada en Nephrocare Dialisis Parral en el año 2021 y trasladada a clínica capacitada por Davita. Relata un acoso laboral reiterado por parte de supervisoras y personal, que la encerraban en oficina, la humillaban, la insultaban y la menoscababan profesionalmente; que fue objeto de grabaciones por ella misma para tener antecedentes y, en una ocasión, le sustrajeron el teléfono celular; que sufrió daño a su vehículo. Señala además que su vinculación a clínicas proveedoras (Davita) y su situación familiar (madre enferma con secuelas de aneurisma y con pensión mínima) agravaron su situación económica y emocional, y que no se le concedieron licencias ni los permisos necesarios para atender su situación familiar.

Detalla que ingresó a la Corporación Paul Harris el 09 de noviembre de 2021 con contrato indefinido y que la entidad se negó a afiliarla o permitir uso de póliza de la Mutual correspondiente, impidiéndole obtener licencias y cobertura; que fue objeto de acusaciones de infectar pacientes, calumnias, persecución y trato discriminatorio; que se le exigió someterse a exámenes y se le imputaron responsabilidades laborales que no le correspondían; que sufrió irregularidades en liquidaciones de sueldo (no pago de zona, gratificación legal, viáticos) y descuentos injustificados (señala pago de 6.000 pesos de impuestos en una liquidación), así como maniobras de presión para que se fuera de la clínica. Indica además prácticas de nepotismo y contratación irregular de personal sin la especialidad requerida.

Manifiesta que los reiterados malos tratos, omisiones en la gestión de licencias y negación de prestaciones le ocasionaron grave menoscabo en su salud mental y profesional, y perjuicios económicos. Expone la muerte de su madre (16/07/2023) y la imposibilidad de viajar o recibir autorizaciones para ver a su familiar en situación terminal, lo que agrava el daño alegado. Señala haber denunciado en múltiples oportunidades ante la OIRS de SUSESO y otras autoridades, con resultados deficientes o tardíos, remitiendo antecedentes a funcionarios identificados (menciona a nombre reservado, nombre reservado, Dra. nombre reservado y otros) y recibiendo promesas de gestión que no se materializaron o que se ejecutaron de forma incompleta o tardía.

Describe una secuencia amplia de trámites administrativos: presentaciones, reclamos, reuniones convocadas por funcionarios (fechas y actores señalados) y promesas de remisión de antecedentes y gestión que no se cumplieron. Afirma que funcionarios de SUSESO y de la Mutual exhibieron omisiones y errores formales y substanciales en la tramitación de su enfermedad profesional y licencias, que no le entregaron los expedientes requeridos pese a compromisos verbales y escritos, y que se produjo una gestión tardía o inexistente por parte de quienes debían fiscalizar. Relata además reuniones en que se le habría tratado con sarcasmo o desdén por parte de responsables, y que la atención institucional fue deficiente y limitada.

Aclarando la recurrente cuál es el acto u omisión que impugna y la fecha que tomó conocimiento de señaló que “el recurso de protección tiene que ver básicamente con el numeral 1° del formulario de petición en el fondo la “póliza laboral” y “de salud” de la ley 16.744 y subsidiariamente a la negación de justicia a casi todos los números del formulario editado para recurso de protección”

Segundo: Que evacua el informe la Corporación Paul Harris y solicita el rechazo íntegro del recurso por deficiencias de forma y de fondo, con expresa condena en costas.

Señala que niega la existencia de actuaciones arbitrarias o ilegales atribuibles a la corporación y sostiene, en términos generales, que los hechos descritos por nombre reservado son inexactos o carecen de respaldo probatorio. Afirma, además, que la vía del recurso de protección no es idónea para muchas de las reclamaciones planteadas por la recurrente.

Respecto de la alegación de negación de acceso a la Mutual de Seguridad, la corporación afirma que la recurrente, desde su contratación el 09/11/2021, contaba con acceso a la Mutual y aporta como prueba un DIAT que acredita derivación por accidente laboral el 30/05/2023, con toma de exámenes correspondientes, a fin de demostrar que no existió negativa institucional al uso de la Mutual.

En relación con la imputación de que la recurrente habría infectado pacientes, la corporación explica que los eventos infecciosos obedecieron a un brote por sueros contaminados provenientes del laboratorio Sanderson S.A., debidamente notificado a la SEREMI de Salud; por ello niega que la trabajadora haya sido considerada origen del brote y rechaza la vinculación directa de la recurrente con las infecciones.

La corporación aporta documentación y comunicaciones relativas a vacaciones, licencias y permisos: solicita y autoriza vacaciones en varios períodos, autoriza extensión mediante mensajes de WhatsApp, admite la existencia de licencias médicas (con comprobantes) y concede, además, descanso reparador según Ley 21.530, manifestando que los permisos y autorizaciones fueron otorgados conforme a las solicitudes de la trabajadora.

Frente a las alegaciones sobre remuneraciones, viáticos, gratificaciones e impuestos, la entidad sostiene que las liquidaciones se han efectuado conforme a la ley y con firmas de conformidad; indica, en consecuencia, que las afirmaciones sobre irregularidades carecen de respaldo y que, de ser necesario, podrá exhibir la documentación contable ante los tribunales.

Sobre pretensiones de acoso laboral, menoscabos y conductas concretas imputadas a personal de la clínica, la corporación indica inexistencia de prueba que acredite tales hechos y contesta punto por punto: la capacitación interna se enmarca en el programa de calidad y, en el caso concreto, la temática señalada por la recurrente correspondió a otro profesional; asimismo acredita títulos y diplomados del personal mencionado para desvirtuar alegatos de nepotismo o incompetencia.

Afirma el carácter extemporáneo del recurso respecto de hechos que ocurrieron en 2021-2023 y sostiene que no existe acto arbitrario o ilegal cometido por la corporación. En consecuencia, plantea como cuestiones preliminares la caducidad del plazo legal para interponer el recurso y la improcedencia de la vía del recurso de protección para resolver controversias laborales o administrativas específicas.

Tercero: Que evacua el informe la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), alegando que la acción de protección deducida por doña nombre reservado adolece de extemporaneidad.

Señala que de acuerdo con el tenor de las presentaciones de la recurrente, su reclamo, en lo que compete a dicha Institución Fiscalizadora diría relación con la calificación del cuadro de salud mental por el que atravesó como de origen común por la Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción (MUSEG), lo que fue ratificado por la Superintendencia. Por otra parte, reclamó en contra de la Compin Región de Tarapacá, por el rechazo de licencias médicas que se le extendieron, por la causal de orden médico reposo injustificado.

Señala que la recurrente presentó reclamo ante la Subsecretaría de Previsión Social el 27/06/2025 y una Declaración Individual de Enfermedad Profesional con fecha 30/06/2025; dicho reclamo fue resuelto mediante la Resolución Exenta R-01-UME-117021-2025 del 25/08/2025, que confirmó la calificación de su cuadro de salud mental como de origen común (no laboral) y ordenó su derivación al sistema de salud común. La resolución fue notificada a la recurrente, enviándose copia al correo electrónico que ella misma proporcionó. Conforme lo anterior, la acción constitucional interpuesta recién con fecha 29 de diciembre de 2025, resulta manifiestamente extemporánea.

Expone que, en lo sustantivo, no existe actuación ilegal o arbitraria de su parte en la calificación del cuadro de salud mental de la recurrente. Describe la tramitación administrativa: instruyó a la Mutual (MUSEG) realizar las evaluaciones médicas y de puesto de trabajo (E.P.T.), recibió la Declaración Individual de Enfermedad Profesional (D.I.E.P.) y estudió los antecedentes aportados, procediendo conforme a la normativa aplicable.

Respecto del resultado técnico, SUSESO detalla que la Mutual informó —con ficha clínica, EPT y otros antecedentes— sintomatología ansiosa y depresiva atribuida en la historia al menoscabo y a presunto acoso laboral, pero que el estudio de puesto de trabajo y los testimonios recabados no acreditaron exposición suficiente a factores de riesgo de tensión psíquica atribuibles al trabajo (hostilidad de jefatura o de pares), por lo que el Comité de Calificación consideró plausible la hipótesis de origen común y no laboral.

En el plano médico, SUSESO incorpora dictámenes de su Unidad Médica y del Departamento Contencioso (psiquiatras) que examinaron historia clínica, tratamiento, evolución y pruebas; dichos dictámenes concluyen que la interesada presenta un trastorno de adaptación con factores personales y extralaborales relevantes (duelo por fallecimiento de su madre, antecedentes personales y familiares, consumo y existencia de tratamiento farmacológico), que no acreditan relación de causalidad directa con el trabajo conforme al artículo 7° de la Ley 16.744 Afirma que, ante la ausencia de irregularidades probadas en la conducta de la Mutual o en la tramitación administrativa, no procede iniciar procedimientos sancionatorios contra la Mutual ni contra empleadores; asimismo recuerda que su competencia no alcanza al pago de remuneraciones, sino a la fiscalización y calificación de la etiología de las afecciones en el marco del Seguro de la Ley 16.744.

Alega que la pretensión de la recurrente (obtener cobertura bajo la Ley 16.744 y prestaciones derivadas) excede el objeto propio del recurso de protección, pues dicha acción cautelar no resulta idónea para discutir antecedentes clínico-laborales sobre la procedencia del seguro social; por ello, en subsidio, solicita que se desestime el recurso en todas sus partes y con costas.

Cuarto: Que informa Davita Chile S.A., al tenor del recurso solicitando su rechazo invocando primeramente su extemporaneidad dado que los hechos denunciados datan de agosto de 2021 y el recurso se interpuso recién el 29 de diciembre de 2025, fuera del plazo de 30 días previsto para el recurso de protección.

En subsidio de dicha alegación procesal, Davita expone que las pretensiones de la recurrente versan sobre supuestos actos de acoso laboral ocurridos en la clínica de Parral durante la vigencia de un contrato a plazo, pero que la actora presentó renuncia voluntaria el 9 de noviembre de 2021 (ratificada ante la Dirección del Trabajo) y dejó a disposición su finiquito el 24 de noviembre de 2021, hechos que, según la recurrente, coinciden con el inicio de sus reclamaciones frente a terceros.

En cuanto a la relación laboral, Davita precisa que la relación con nombre reservado se inició mediante contrato a plazo fijo suscrito el 27 de julio de 2021, para desempeñarse como enfermera en la clínica de diálisis de Parral tras acreditar formación práctica en diálisis (tres meses). Dicho contrato fue complementado con la entrega y recepción del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad con fecha 30 de julio de 2021.

La sociedad indica que, ante observaciones iniciales sobre desempeño, se celebró un segundo contrato a plazo con la trabajadora el 1 de noviembre de 2021, con vigencia hasta el 31 de enero de 2022, por cuanto persistían incumplimientos o áreas de mejora que motivaban precaución respecto a una contratación indefinida. En los registros internos consta evaluación negativa parcial de la enfermera en formación (observaciones de la jefatura sobre iniciativa y ejecución de funciones).

Davita afirma que la recurrente presentó renuncia voluntaria, ratificada ante la Dirección del Trabajo el 9 de noviembre de 2021, y que su finiquito quedó disponible en el portal de la DT el 24 de noviembre de 2021, sin haberse firmado por la trabajadora. La empresa añade que no existe constancia de denuncia formal de acoso laboral durante la vigencia del vínculo; los canales internos previstos en el reglamento no fueron utilizados por la recurrente con anterioridad a su renuncia.

Finalmente, Davita sostiene que la acción de protección no es la vía idónea ni procedente para impugnar cuestiones laborales de esta naturaleza —que, a su entender, debieron dirimirse mediante otras acciones (tutela, despido indirecto o demanda laboral)— y solicita que, por extemporánea y carente de fundamento, se rechace la acción de protección en todas sus partes con costas.

Quinto: Que evacua el informe respectivo la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Tarapacá, señalando que, en lo que a dicha repartición se refiere, el recurso de protección versaría sobre un problema de continuidad de sus licencias en el año 2024, que no se le habrían pagado las últimas 3 licencias.

En relación a la recurrente señala que es Usuaria Fonasa con patología psiquiátrica (trastorno depresivo grave sin síntomas psicóticos, trastorno ansioso depresivo, trastorno adaptativo, trastorno depresivo moderado, trastorno de estrés postraumático) cursando con reposo medico continuo desde el 03-07-2024 hasta el 20-03-26 transcurriendo 651 días de reposo, de los cuales se han autorizado 498 días, mientras que 153 días fueron rechazados por reposo prolongado.

Respecto al reposo contenido en las licencias médicas fueron rechazados por la Comisión por causal de Reposo prolongado, debido a que los informes médicos presentados fueron insuficientes considerando que por el tiempo transcurrido con reposo médico, carecían de una evolución terapéutica de la patología, amplia y consistente en cuanto a los tratamientos farmacológicos realizados, ajustes o modificaciones acorde con la sintomatología y progreso de la patología, así mismo no se acredito asistencia regular a sicoterapia indicada durante 1 año, 8 meses que se mantiene con reposo continuo lo que eminentemente no justifico la prolongación del reposo acorde a lo establecido en Decreto Supremo N°3 y 7. A su vez, la recurrente no acreditó estar realizando las acciones tendientes a obtener su recuperabilidad.

Refiere que, en lo que respecta al problema de continuidad de las licencias médicas en el año 2024 esta situación fue informada en recurso de protección Rol N°27.376-2025 de esta Corte, en el cual se señaló expresamente lo siguiente: “Licencia Médica N° 3-110130046, período: 17-11-2024 hasta 01-12-2024, número de días 15: Luego de la recepción de la resolución exenta N° R-01-UNRA-159671-2025 de fecha 20 de noviembre de 2025, del Departamento de Asistencia y Servicios al Usuario Unidad de Análisis de Admisibilidad de la Superintendencia de Seguridad Social, esta comisión efectuó el pronunciamiento de ampliación de acuerdo con lo solicitado por SuSESO con fecha 26 de noviembre de 2025. Por dicho motivo esta situación, se encuentra subsanada desde el mes de noviembre del año 2025. Lo anterior, tal como consta en resolución que se adjunta.

Licencia Médica N° 4-18803442, período: 18-07-2024 hasta 01-08-2024, número de días 15: Que, en relación a esta licencia médica que no es individualizada por la recurrente, pero si referida en cuanto a fecha. COMPIN Tarapacá efectuó revisión del historial de licencias médicas y se pudo percatar, que esta licencia médica que fue pronunciada como primera, siendo que por diagnóstico y fecha debía ser continua. Esta situación se debió a un error involuntario de digitación, del cual no se tomó conocimiento oportunamente, sino hasta la presentación de este recurso de protección.

En este punto es importante señalar que si la usuaria se hubiese acercado presencialmente a las dependencias de esta COMPIN (lo cual no sucedió), se podría haber subsanado y rectificado inmediatamente la situación.

Como ya se mencionó, fue a través del presente recurso de protección que se toma conocimiento de la situación, por lo que se rectificó con fecha 29 de enero de 2026, constando tal situación en resolución que se pronuncia al respecto y que se adjunta. Encontrándose actualmente subsanado”.

Expresa que, la recurrente se encuentra afiliada a Caja de Compensación La Araucana por lo que, el pago de las licencias médicas autorizadas, corresponde a dicha entidad.

Sostiene que, con respecto a la reclamación por el origen laboral Compin no tiene facultades para realizar dicho discernimiento acorde a Ley 16744 y ORD 2115. En cuanto a las situaciones acontecidas en el contexto de la relación laboral entre la recurrente y sus empleadores no corresponde a repartición pública pronunciarse.

Sexto: Que, por resolución de fecha 29 de abril de 2026, se prescindió del informe de la recurrida Hospital de Antofagasta y se le aplicó una multa de cinco UTM en beneficio fiscal.

Séptimo: Que el plazo para recurrir de protección es de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto que dio motivo a la amenaza, perturbación o privación del derecho que se estima vulnerado.

Octavo: Que del contexto de la presentación de folio 1 y los documentos acompañados por la recurrente y que se encuentran custodiados, se desprende que los hechos que funda la presente acción constitucional ocurrieron entre los años 2020 y 2023, en tanto la resolución cuestionada fue dictada el 25 de agosto de 2025, razón por la cual el recurso deducido el 24 de diciembre del mismo año resulta extemporáneo, lo que conlleva al rechazo del recurso.

Noveno: Que, a mayor abundamiento, en relación con el fondo de la acción deducida, para que el presente recurso prospere, es menester que se establezca de manera indubitada, la existencia de un derecho agredido, por una conducta ilegal o arbitraria por parte del recurrido, que provoque la afectación de alguna de las garantías constitucionales tuteladas por esta vía cautelar de urgencia. En este sentido, atendido el mérito de los antecedentes, apreciados de acuerdo a las reglas de la sana critica, no se avizora la existencia de un derecho indubitado que sea necesario cautelar por la presente vía.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el ya referido Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema, se resuelve que:

I.- Se rechaza, por extemporáneo, sin costas, el recurso de protección.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Rol N°27051-2025-Protección No firman las ministras Carolina Vásquez Acevedo y Claudia Lazen Manzur por problemas de factibilidad técnica.