Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de enero de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, con fecha 23 de diciembre de 2025, comparece el abogado Franco Aldo Brunetti Arredondo, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Migraciones, por estimar que dicho órgano administrativo ha incurrido en una omisión ilegal y arbitraria al no otorgar la debida tramitación a la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado presentada, ni remitir sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, conforme a lo dispuesto en los artículos 26 y siguientes de la Ley N° 20.430, ni otorgar la visa temporaria prevista en el artículo 32 del mismo cuerpo legal, afectando con ello garantías constitucionales, en particular la igualdad ante la ley.

Expone que el recurrente es un ciudadano venezolano que se vio forzado a abandonar su país de origen debido a un contexto de violencia generalizada, vulneraciones sistemáticas de derechos humanos y una grave crisis social, circunstancias que pusieron en riesgo su integridad personal y dignidad humana. En dicho contexto, ingresó a Chile por pasos no habilitados, arribando al país el 28 de noviembre de 2025, tras haber salido de Venezuela el 18 de noviembre del mismo año.

Relata que, ya en territorio nacional y tras informarse respecto de su situación jurídica, el recurrente concurrió el día 1 de diciembre de 2025 a las dependencias de la Dirección Regional Santiago del Servicio Nacional de Migraciones, donde manifestó formalmente su intención de solicitar el reconocimiento de la condición de refugiado.

En dicha oportunidad, se le facilitó el formulario correspondiente de primera atención, el cual fue debidamente llenado y entregado, recibiéndose además su declaración sobre los hechos que fundan su solicitud de refugio.

Sostiene que, pese a haberse cumplido con dicho trámite inicial y a encontrarse vigente el principio de no devolución desde el momento mismo en que se manifiesta la intención de solicitar refugio, la autoridad recurrida no ha dado curso efectivo al procedimiento legalmente establecido, manteniendo al recurrente en una situación de incertidumbre jurídica, sin remitir los antecedentes a la autoridad competente ni otorgar la visa temporaria de refugio que la ley prescribe como medida de protección durante la tramitación de la solicitud.

Desarrolla que el derecho a solicitar refugio constituye un derecho humano fundamental, reconocido tanto en instrumentos internacionales —como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951— como en el ordenamiento jurídico interno, destacando el deber del Estado de respetar y promover los derechos esenciales garantizados por la Constitución y los tratados internacionales ratificados por Chile. Releva especialmente el principio de no devolución consagrado en el artículo 4° de la Ley N° 20.430, el cual resulta plenamente aplicable al caso.

Alega que la omisión en que incurre el Servicio Nacional de Migraciones carece de justificación razonable y se aparta del marco normativo vigente, configurando una actuación ilegal y arbitraria que vulnera la garantía de igualdad ante la ley, al dispensar al recurrente un trato discriminatorio en comparación con otros solicitantes de refugio cuyas solicitudes sí han sido debidamente tramitadas.

Concluye solicitando que se acoja el recurso de protección, se declare que la autoridad recurrida ha actuado de manera ilegal y arbitraria, se ordene que se dé curso al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado iniciado por el recurrente, que se remitan sus antecedentes a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado y que se le conceda la correspondiente visa temporaria de refugio mientras se sustancia dicho procedimiento, adoptándose además las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus garantías constitucionales.

SEGUNDO: Que comparecen los abogados Antonio Emilio Beltrán Henríquez y José Ignacio González Troncoso, en representación del Servicio Nacional de Migraciones, quienes evacúan el informe solicitado por esta Corte, instando por el rechazo íntegro del recurso de protección, por estimar que no concurren los presupuestos constitucionales ni legales que hagan procedente la acción, al no existir acto u omisión ilegal o arbitraria imputable a la autoridad recurrida que vulnere garantías constitucionales del recurrente.

Expone, en primer término, que el recurrente no registra ingreso regular al territorio nacional, circunstancia que permite concluir que su ingreso a Chile se produjo de manera clandestina, eludiendo los controles migratorios fronterizos. Señala que el propio recurrente reconoció haber ingresado al país por paso no habilitado el día 28 de noviembre de 2025.

Indica que, con fecha 1 de diciembre de 2025, el recurrente manifestó ante el Servicio Nacional de Migraciones su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, asignándose a dicha solicitud la ID N° NUM000. Precisa que, a la fecha de evacuación del informe, dicha solicitud se encuentra efectivamente en tramitación, específicamente en la etapa de “Análisis de Informe”, según consta en el Registro Nacional de Extranjeros, lo que acredita que el procedimiento administrativo se encuentra en curso y no paralizado, como sostiene el recurrente.

Desarrolla extensamente el marco normativo aplicable al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado, señalando que este se rige principalmente por la Ley N° 20.430, modificada por la Ley N° 21.665, su Reglamento aprobado por Decreto N° 837, y supletoriamente por algunas disposiciones de la Ley N° 21.325 de Migración y Extranjería. Explica que la sola manifestación de intención de solicitar refugio no basta para adquirir la calidad de solicitante formal, siendo necesario que la solicitud sea declarada admisible y formalizada conforme a los requisitos legales y reglamentarios.

Detalla que el artículo 26 de la Ley N° 20.430 exige que la solicitud sea presentada dentro de los plazos legales y ante la autoridad competente, agregando que, tratándose de extranjeros que ingresaron por paso no habilitado o que se encuentran en situación migratoria irregular, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 6 de la ley y en los artículos 8 y 35 del Reglamento, que permiten solicitar refugio sin sanción, siempre que se presenten ante la autoridad dentro del plazo de diez días alegando una razón justificada.

Expone además que la solicitud debe cumplir con requisitos formales mínimos, establecidos en los artículos 28 y 28 bis de la Ley N° 20.430 y en el artículo 37 de su Reglamento, incluyendo la identificación del solicitante, los motivos de la solicitud y los antecedentes probatorios.

Señala que, de no cumplirse dichas exigencias, la autoridad se encuentra facultada para requerir subsanaciones dentro de un plazo legal, bajo apercibimiento de tener la solicitud por desistida.

Aclara que el análisis de admisibilidad y fundamentación de la solicitud corresponde a la Secretaría Técnica de la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, órgano que debe emitir un informe técnico, previa entrevista personal con el solicitante, dentro de los plazos previstos por la ley. Añade que solo una vez cumplidos dichos requisitos pueden entenderse formalizada la solicitud y proceder al otorgamiento de la visa temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

Sostiene que el Servicio Nacional de Migraciones no es la autoridad competente para resolver en definitiva sobre el otorgamiento o rechazo de la condición de refugiado, facultad que corresponde al Subsecretario del Interior mediante resolución fundada, razón por la cual existiría falta de legitimación pasiva para los efectos pretendidos por el recurrente, en cuanto exige un pronunciamiento final sobre su solicitud.

En cuanto al tiempo de tramitación, argumenta que el plazo de seis meses establecido en el artículo 27 de la Ley N° 19.880 no es fatal, pudiendo ser excedido en casos de fuerza mayor o caso fortuito, como el aumento exponencial de solicitudes migratorias, situación que ha sido reconocida por la jurisprudencia de la Corte Suprema. Cita expresamente el fallo dictado en la causa Rol N° 13.364-2023, que confirma el carácter no fatal del plazo y exige únicamente que la Administración actúe dentro de un plazo razonable.

Agrega que la jurisprudencia de esta Corte ha rechazado recursos de protección en casos similares, cuando los solicitantes mantienen una situación migratoria regular y sus solicitudes se encuentran en tramitación, por no configurarse una afectación efectiva a garantías constitucionales.

Concluye que no existe acto u omisión ilegal o arbitraria atribuible al Servicio Nacional de Migraciones, ni privación, perturbación o amenaza de derechos fundamentales del recurrente, por cuanto la solicitud de refugio se encuentra siendo tramitada conforme a la normativa vigente, solicitando en definitiva el rechazo del recurso de protección en todas sus partes, con costas.

TERCERO: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, contemplado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición enumera, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbare ese ejercicio.

Surge de lo transcrito, que es requisito indispensable para que pueda prosperar la mentada acción cautelar que exista un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o bien, arbitrario, entendiéndose por tal aquél que es fruto del mero capricho de quien lo ejecuta o incurre en él, debiendo provocar, además, alguna de las situaciones ya indicadas y que afecte una o más de las garantías constitucionales protegidas.

CUARTO: Que, para una adecuada resolución del arbitrio deducido, resulta necesario precisar el derrotero normativo que regula el acceso a la visa temporaria contemplada en el artículo 32 de la Ley N° 20.430, el cual se encuentra estructurado principalmente en los artículos 26, 28, 28 bis y 32 del referido cuerpo legal, en relación con los artículos 36 bis y 37 de su reglamento.

En efecto, conforme a dichas disposiciones, el procedimiento se inicia con la manifestación de intención y la posterior presentación de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado ante el Servicio Nacional de Migraciones; a continuación, dicha autoridad debe verificar que la solicitud contenga los datos mínimos exigidos por la normativa, pudiendo requerir su subsanación en caso de advertir omisiones; superada esta etapa formal, corresponde efectuar un examen de admisibilidad y fundamentación, destinado a descartar que la solicitud sea manifiestamente infundada, lo que permite entenderla formalizada. Solo una vez cumplidas estas etapas, la autoridad se encuentra jurídicamente habilitada para extender al solicitante la visa temporaria prevista en el artículo 32 de la Ley N° 20.430.

QUINTO: Que de lo anteriormente explicado se sigue que la sola presentación de la solicitud de refugio no confiere, por sí misma, el derecho a la obtención inmediata de dicha visa, toda vez que esta su otorgamiento se encuentra supeditado al cumplimiento previo de las exigencias legales y reglamentarias que rigen el procedimiento y dado que, conforme fuere informado por la autoridad recurrida, la solicitud del recurrente se encuentra actualmente en etapa de análisis, específicamente en fase de informe, no resulta jurídicamente exigible a la recurrida el otorgamiento del beneficio reclamado.

SEXTO: Que, en cuanto al tiempo transcurrido, consta que la solicitud del recurrente fue presentada recién el día 1 de diciembre de 2025, por lo que, a la fecha de interposición de la presente acción constitucional, había transcurrido un lapso manifiestamente breve, insuficiente para sostener que la autoridad hubiese incurrido en una omisión reprochable. En efecto, atendida la existencia de diversas etapas previas y sucesivas que la normativa impone, resulta plenamente razonable que la solicitud se encuentre aún en tramitación, sin que ello importe infracción al principio de legalidad ni menos aún arbitrariedad.

A mayor abundamiento, es un hecho público y notorio que el Servicio Nacional de Migraciones enfrenta un incremento exponencial de solicitudes de regularización migratoria, circunstancia que incrementa de manera significativa su carga de trabajo y que, lejos de justificar decisiones automáticas o apresuradas, impone a la autoridad el deber de realizar un examen reflexivo, serio y atento de cada requerimiento, antes de conferir beneficios migratorios que, por su naturaleza, requieren una ponderación cuidadosa de los antecedentes.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, no se advierte en la especie un actuar carente de razonabilidad ni desprovisto de fundamento, sino el ejercicio regular de las competencias legales dentro de un plazo que no puede estimarse irrazonable, razón por la cual no se configura acto u omisión ilegal o arbitraria susceptible de ser corregida por la vía de la presente acción constitucional, motivo por el que se desechará el presente recurso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, notifíquese y, en su oportunidad, archívese.

N°Protección-27031-2025.