Protección contra Liceo nombre reservado

Santiago, seis de octubre de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que comparece don nombre reservado, en representación de su hija, nombre reservado, de nombre social nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra del Liceo nombre reservado, por el acto arbitrario de expulsión de dicho establecimiento, lo que vulnera el debido proceso y afecta su integridad psíquica, pidiendo que se deje sin efecto la sanción de expulsión y se ordene a la recurrida abrir un plazo extraordinaria para poder regularizar la matricula.

Señala que el 4 de noviembre de 2024, alrededor de las 13 horas, mi hijo nombre reservado (nombre reservado) nombre reservado, junto a su hermana nombre reservado, fueron notificados del inicio de un procedimiento disciplinario dispuesto por la Directora Sra. nombre reservado, por la acusación de “Participar en salida de estudiantes encapuchados durante la jornada escolar con uso, porte de artefactos incendiarios”, esto el 2 de octubre de 2024.

Estima que la apertura de este procedimiento constituye una infracción al debido proceso, dado los tiempos involucrados y la no notificación al apoderado de la alumna, vulnerándose el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, limitándose las notificaciones del procedimiento a la apoderada suplente, su hija nombre reservado.

Que el adolescente fue suspendido por 10 días, de forma arbitraria, al no haber ninguna prueba que lo vinculase con hechos ilícitos. Posteriormente, con fecha 15 de noviembre de 2024, la Directora notifica personalmente a su hijo que concluyó la investigación referida, junto a quien se indica simplemente como su apoderada, nombre reservado. En dicha comunicación se les informa que se resolvió aplicar en dicho acto la sanción de expulsión de su condición de estudiante del Instituto Nacional.

Que la participación del adolescente en los hechos se basa en el reconocimiento que hizo una inspectora presente al momento de los hechos, que involucraban un incendio accidental por el encendido de bombas incendiarias que portaban algunas personas fuera del establecimiento, sin que se hayan buscado elementos objetivos para corroborar dicha apreciación.

Sostiene que no existe posibilidad de recurrida de la decisión de expulsión, que fue adoptada por la rectora del establecimiento, dificultad que proviene del Reglamento Interno de Convivencia Escolar y también de la Ley 21.128. En efecto, si la Rectora adopta la decisión de expulsión, no puede ella misma luego revisar su decisión, aunque en dicha fase recursiva incorpore al Consejo de Profesores; pues con ello no se está otorgando la posibilidad al afectado a recurrir ante un órgano superior, diverso, imparcial y objetivo, obviamente sin integración de la misma autoridad que ya emitió su dictamen. Adicionalmente, se presenta una infracción a las garantías de imparcialidad que aseguren el debido proceso, cuando dentro del Consejo de Profesores interviene, a lo menos, una profesora que ha incurrido en una persecución discriminatoria contra su hijo por su opción diversa sexogenérica.

Luego, estima que la sanción vulnera la proporcionalidad en la sanción, sin que se completen en este examen los subprincipios de necesidad, minina intervención y proporcionalidad en sentido estricto. Adicionalmente, habiéndose remitido una reconsideración, ella no ha sido objeto de respuesta que se haga cargo de los argumentos expuestos.

Aclara, posteriormente, que el adolescente se encuentra matriculado en el Centro Educacional Profesor nombre reservado, única institución educativa que tenía matrícula a través del Sistema de Admisión Escolar, pero que esta es una situación puramente provisoria, porque no se ha certificado por la recurrida la promoción a segundo año de educación media.

Segundo: Que la recurrida informa del recurso, pidiendo que este sea rechazado.

Expone que la medida aplicada al estudiante cumple adecuadamente la normativa educacional. Se llevó a cabo en cumplimiento de lo establecido por la regulación de rango legal, reglamentaria de la Superintendencia de Educación e interna del mismo establecimiento.

Que el día 02 de octubre de 2024, un grupo de estudiantes encapuchados se reunieron a fabricar artefactos incendiarios. La encargada de convivencia escolar de la jornada de la mañana, señora nombre reservado, vio a los jóvenes y se quedó cerca de ellos. En razón del mismo uso de los artefactos incendiarios, algunos de los encapuchados, que pertenecían a niñas y niños de 7° básico, terminaron quemándose a sí mismos por accidente. La encargada de convivencia reaccionó acercándose para apagar el fuego, entonces algunos de los encapuchados corrieron para poder cambiarse de ropa en privado y que no reconocieran su identidad. Una vez que extinguió las llamas de los accidentados, la encargada de convivencia salió corriendo para seguir a los que habían escapado y tratar de identificarlos, y a uno en particular lo identificó por las zapatillas, la mochila, una figurilla en ella y parte de su cara.

Luego de esto, se dio inicio a una investigación, y por descargos interpuestos por el apoderado de otro estudiante, se indicó que el adolescente de autos estaba entre los participantes, y luego en el contexto de una asamblea, la funcionaria reconoció a nombre reservado. En razón de lo anterior se dio inicio al procedimiento, de lo que se notificó al estudiante y su apoderada.

Se consideró que la conducta del estudiante podría ser constitutiva de dos faltas gravísimas al Reglamento Interno, en razón de lo cual, en uso de su facultad legal, la Directora dispuso la suspensión durante 10 días hábiles, y después de valorar las antecedentes y comprobar que el estudiante estaba el día de los hechos en el establecimiento, y después de oír los descargos, se tomó la medida de expulsión.

Se interpuso reconsideración, que fue consultada al Consejo de Profesores, que sesionó el 26 de noviembre de 2024, instancia que, considerando la hoja de vida, información psicosocial y el expediente de investigación, junto con la opinión de todos los profesores asistentes, decidió ratificar la medida de expulsión. Siendo posteriormente derivado el expediente a la Superintendencia de Educación.

En virtud de lo expuesto, entiende que lo realizado se ajusta a derecho y a las facultades legales de la recurrida, en razón de lo cual no existe ni acto arbitrario o ilegal, ni tampoco vulneración de derechos del estudiante.

Tercero: Que, de igual forma se evacuó informe de la Superintendencia de Educación, señalando que es obligación de los establecimientos mantener un reglamento en donde se especifique las conductas que pueden ser objeto de sanción, de la misma forma la reglamentación administrativa señala que las medidas como reducción de jornada escolar, separación temporal de actividades pedagógicas o asistencia solo a rendir evaluaciones, se pueden aplicar solamente de forma excepcional, si existe un peligro real para la integridad física o psicológica de algún miembro de la comunidad educativa.

En cuanto a la expulsión o cancelación de matrícula, el procedimiento puede ser iniciado por los directores de los establecimientos, sea porque se incurra en causales claramente descritas en el reglamento interno o porque se afecten gravemente la convivencia escolar, entendiendo por tal, los actos que causen daño a la integridad física y psíquica de cualquier de los miembros de la comunidad, estando siempre estas sanciones limitadas por los principios de legalidad, proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, siempre que estén precedidas de un proceso racional y justo, que deberá estar contemplado en el Reglamento Interno. También se contempla a obligación, para el caso de un establecimiento subvencionado, de informar a la Superintendencia de la aplicación de medidas de expulsión o cancelación de matrícula.

Ahora bien, señala que la Superintendencia no tiene la facultad de ordenar la reincorporación del estudiante, pero ante algún incumplimiento a la normativa en la aplicación de sanciones está facultada para abrir un procedimiento sancionatorio.

En el caso, se ha comunicado de la sanción aplicada, con fecha 3 de diciembre de 2024, expediente que a la fecha del informe estaba en análisis.

Cuarto: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Quinto: Que, para dilucidar el presente conflicto, preciso es tener en consideración que el reglamento interno de convivencia escolar 2024, Instituto nombre reservado, acompañado en autos, y es así como en el acápite “IX.- Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos: 1.- Descripción precisa de las conductas esperadas de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa y las acciones u omisiones que serán consideradas faltas, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad.”

Y agrega: “2.- Descripción de las medidas disciplinarias que se aplicarán a las faltas establecidas.

Aplicación de Medidas Disciplinarias: 1. El o la responsable de aplicar las sanciones de cancelación de matrícula y expulsión, es exclusivamente del Rector/a, o quien la subrogante, y no puede existir procedimiento para estas sanciones que las maneje otro ente de la comunidad escolar. Para la aplicación de las otras sanciones, la responsabilidad recae en Inspectoría General. 2. El procedimiento ante cualquier tipo de faltas debe ser por escrito y formal, del cual se debe generar un expediente que dé cuenta de todas las acciones realizadas tanto por el establecimiento como por el alumno investigado. 3. La no asistencia a las notificaciones por faltas RICE serán enviadas vía correo electrónico a los apoderados, de acuerdo a los datos registrados en la base de datos en la ficha de matrícula.

A continuación, se detallan las acciones que constituyen falta, su graduación y respectivas medidas disciplinarias: La Circular N° 482 de la SIE, refiere que “las medidas disciplinarias van desde una medida pedagógica hasta la cancelación de matrícula. En la determinación y aplicación de dichas medidas, siempre se debe respetar los principios de proporcionalidad y de legalidad” (SIE, 2018). En consecuencia, la determinación de la sanción concreta a aplicar a cada falta se realizará en consideración a las características particulares del caso en investigación y a las atenuantes y agravantes que se encuentran presentes, de modo tal, que la sanción a aplicar en definitiva puede no coincidir con la indicada en la columna “medidas disciplinarias”, pero en todo caso respetará los principios de proporcionalidad y no discriminación.” La norma citada, contiene un listado de sanciones, cuya aplicación depende de la gravedad de la falta en que ha incurrido el alumno, siendo la cancelación de matrícula o expulsión, la última aplicable, en casos de extrema gravedad, a saber: “33. Incurrir en actos que afectan gravemente la convivencia escolar, cometidos a cualquier miembro de la comunidad educativa, que causen daño a la integridad física o psicológica o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como: 33.1 agresiones de carácter sexual. 33.2 agresiones físicas que produzcan lesiones. 33.3 Uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiario. 33.4 así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.” “37. Maltrato animal en todas sus formas y expresiones.” “47. Practicar acoso escolar (toda acción u omisión constitutiva de agresión u hostigamiento reiterado, realizada fuera o dentro del establecimiento educacional por estudiantes que, en forma individual o colectiva, atenten en contra de otro estudiante, valiéndose para ello de una situación de superioridad o de indefensión del estudiante afectado, que provoque en este último, maltrato, humillación, o fundado temor de verse expuesto a un mal de carácter grave, ya sea por medios tecnológicos o cualquier otro medio, tomando en cuenta su edad y condición) de manera reiterada en el tiempo (bullying o ciberbullying).” “49. Agredir físicamente A cualquier miembro de la comunidad escolar sin importar el contexto CON RESULTADO DE LESIONES. 50. Agredir verbalmente o psicológicamente a cualquier miembro de la comunidad escolar sin importar el contexto, de manera personal o a través de correo electrónico, sitios web, WhatsApp o redes sociales.” “53. Impedir el flujo libre de personas en cualquier acceso del colegio ya sea imponiéndose físicamente a que se puedan abrir o cerrar puertas según la necesidad de las autoridades o poniendo candados, cadenas u otros objetos que obstaculicen la salida y entada al colegio o acceso a los distintos sectores del Liceo. 54. Portar, vender, elaborar, recepcionar, suministrar, guardar alcohol y/o sustancias ilícitas como marihuana, cocaína, metanfetamina, anfetamina, metilfenidato, alucinógenos (LSD, hongos), fenciclidina, opiáceos, inhalantes, ketamina, éxtasis, pasta base, 2CV-B en el establecimiento. 55. Portar, vender, comprar, recepcionar u ocultar elementos que permitan esconder la identidad (pelucas, pasamontañas, máscaras, máscaras antigases, overoles, etc.), de manera presencial o online.” “57.1 Destruir, incendiar, vulnerar cualquier dependencia del establecimiento como instalaciones, sanitarias de baños, camarines, salas de clases, oficinas, porterías u otras estructuras del Liceo.” “59. Elaborar, instalar, ocultar o portar elementos (líquidos acelerantes, bencina, parafina, etc.) que permitan la elaboración de bombas incendiarias, de ruido, de humo, de pinturas, dentro y/o fuera del establecimiento.” “61. Participar y/o atentar en contra de la integridad física de cualquier miembro de la comunidad educativa, amenazando con mazos, esmeril, artefactos incendiarios, rociando combustible, armas o golpes. 62. Cometer acciones que constituyan delito (robos, tráfico de drogas, suplantación de identidad, abuso sexual, utilizar, portar u ocultar en cualquier dependencia del establecimiento objetos considerados armas, lanzar artefactos incendiarios, tenencia de cualquier objeto considerado arma, venta de material pornográfico y/o “pack” (CPP, 367 quáter), entre otros), dentro del establecimiento educacional.” Y, por último, “64. Portar, vender, utilizar elementos que puedan ser usados como armas para agredir a miembros de la comunidad educativa (cuchillos, manoplas, estoque, bastones retractiles, gas, fuegos artificiales, petardos y otros).”

El reglamento en comento además establece en el punto 3, los procedimientos que se realizarán a fin de determinar la aplicación de las mencionadas medidas y las instancias de revisión correspondientes, en lo pertinente se menciona que respecto de las faltas graves, en la “Nota 3: Las sanciones de Cancelación de Matrícula o Expulsión dependerán de la falta (bajo el principio de proporcionalidad) y la reiteración de una(s) falta(s) graves o gravísimas.”

Y en cuanto a las Faltas Gravísimas, se consigna como “Nota 1: Ante las faltas gravísimas que se volvieran a cometer, la sanción escalará en su gravedad y sanción correspondiente. Se espera que se apliquen sanciones tales como Anotación negativa o Entrevista para establecer compromisos antes de que se sancione con la eximición de Licenciatura (si fuera el caso) o condicionalidad de matrícula. Sin embargo, dependiendo de la situación es posible aplicar bajo el principio de proporcionalidad, la sanción de cancelación de matrícula o expulsión.

Nota 2: No se requerirá haber representado por el director a los padres, madres o apoderados, la inconveniencia de las conductas, advirtiendo la posible aplicación de sanciones e implementado a favor de el o la estudiante las medidas de apoyo pedagógico o psicosocial y se deberá de forma obligatoria dar inicio a un procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula cuando se trate de una conducta que atente directamente contra la integridad física o psicológica de alguno de los miembros de la comunidad escolar, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, venta de sustancias ilícitas, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”

Agrega además que según la “Nota 3: Las razones por las cuales no se puede aplicar una medida de expulsión o cancelación de matrícula, ya que significaría una vulneración de derechos en el contexto educativo, son: i) Situación socioeconómica; ii) Rendimiento académico; iii) Presencia de necesidades educativas especiales; iv) Pensamiento político o ideología.

Nota 4: El estudiante que tenga la medida de cancelación de matrícula o expulsión, no podrá reintegrarse a la comunidad educativo durante tres años continuos o discontinuos, por lo cual, no podrá postular al SAE y/o Registro Público del establecimiento educacional.”

Sexto: Por otra parte, del examen de los artículos 9, 10 y 46 letra f) de la Ley General de Educación N° 20.370 se desprende que cada comunidad educativa tiene tanto el derecho como la obligación de definir sus propias normas de convivencia. En efecto, este último precepto establece como requisito para que el establecimiento tenga el reconocimiento oficial del Estado, el: “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar. Dicho reglamento, en materia de convivencia escolar, deberá incorporar políticas de prevención, medidas pedagógicas, protocolos de actuación y diversas conductas que constituyan falta a la buena convivencia escolar, graduándolas de acuerdo a su menor o mayor gravedad. De igual forma, establecerá las medidas disciplinarias correspondientes a tales conductas, que podrán incluir desde una medida pedagógica hasta la cancelación de la matrícula. En todo caso, en la aplicación de dichas medidas deberá garantizarse en todo momento el justo procedimiento, el cual deberá estar establecido en el reglamento.”

Además, se debe establecer lo dispuesto en el artículo 6 letra d) de la Ley sobre Subvención del Estado a Establecimientos Educacionales: “Las medidas de expulsión y cancelación de matrícula sólo podrán aplicarse cuando sus causales estén claramente descritas en el reglamento interno del establecimiento o afecten gravemente la convivencia escolar; conforme a lo dispuesto en esta ley.

Siempre se entenderá que afectan gravemente la convivencia escolar los actos cometidos por cualquier miembro de la comunidad educativa, tales como profesores, padres y apoderados, alumnos, asistentes de la educación, entre otros, de un establecimiento educacional, que causen daño a la integridad física o síquica de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de terceros que se encuentren en las dependencias de los establecimientos, tales como agresiones de carácter sexual, agresiones físicas que produzcan lesiones, uso, porte, posesión y tenencia de armas o artefactos incendiarios, así como también los actos que atenten contra la infraestructura esencial para la prestación del servicio educativo por parte del establecimiento.”

Todo lo anterior determina concluir que, en tanto el Reglamento de Convivencia Escolar se ajuste a las leyes vigentes, resulta obligatorio y vinculante para todos los miembros de la comunidad educativa, en lo que interesa a este caso, tanto para los alumnos como para los apoderados del colegio recurrido.

Séptimo: Asentado lo anterior, de los antecedentes allegados a la causa, aparece que no han sido desvirtuados los hechos que fueron imputados al estudiante y que la sanción que se le ha aplicado fue discutida y resuelta por la autoridad llamada a decretarla, acordándose la medida disciplinaria de expulsión del estudiante, quien solicitó la reconsideración de la medida.

Cabe indicar como indica el recurrido, la señora Rectora consultó previamente al Consejo de Profesor, que sesionó el 26 de noviembre de 2024, el cual en uso de sus facultades y ratificó la medida.

Octavo: Del análisis precedente se colige que el colegio recurrido dio plena aplicación a las normas y procedimientos establecidos en el Reglamento de Convivencia Escolar y cuyo contenido se ajusta a derecho, sin que ello haya producido como efecto la vulneración de ninguna de las garantías denunciadas a través del recurso interpuesto en estos autos, como tampoco de la garantía indicada en audiencia, esto es el derecho a la educación, de manera que no se divisa ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la decisión recurrida, motivo por el cual la acción constitucional habrá de ser rechazada.

Noveno: Que, además, debe consignarse, que esta Corte aprecia en el arbitrio, más que una vulneración de las garantías ahí mencionadas una desconformidad de la ponderación y análisis de los elementos de prueba que tuvo en consideración la autoridad académica para dictar la expulsión del recurrente.

Así también los vicios en el procedimiento, no son tales, y no tienen la entidad suficiente para entender que se ha vulnerado la garantía del debido proceso, máxime, si entendemos que el inicio del procedimiento de investigación, fue notificada a quien firma en calidad de apoderada suplente, ahora bien las normas que cita el propio recurrente como así también se consagra en el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2024, en el párrafo “IX.- Normas, faltas, medidas disciplinarias y procedimientos: 4.10 Notificación a Apoderados/as:

En el caso de las faltas graves o gravísimas, el o la Inspector /a General de la sección debe citar al apoderado/a del o la estudiante que ha incurrido en dicha falta a través de la libreta del liceo, correo electrónico o teléfono para coordinar reunión e informarle sobre la situación que se está investigando y en la que su pupilo/a se encuentra involucrado. El objetivo es informar al apoderado/a de los hechos de los que se le acusa y elaborar conjuntamente una estrategia de abordaje de la situación. Este procedimiento no es excluyente para que otro funcionario del establecimiento cite al apoderado/a de un/a estudiante por otros motivos. En el caso que el apoderado/a no asista o asistiendo, se niegue a firmar, se le enviará copia fiel de la notificación a su domicilio, registrado en la ficha de matrícula del estudiante mediante carta certificada y/o por correo electrónico a la casilla de correo electrónico que haya registrado en el momento de la matrícula.”, no existe ninguna distinción respecto a los apoderados –entre titulares o suplentes- como para se violente la garantía en los términos que expresa el recurrente, considerando además que el manifiesta en su arbitrio indica que mantuvo “con posterioridad a la notificación de inicio de la investigación, un intercambio de correos electrónicos con la Rectora del Instituto Nacional y que sostuve conversaciones tanto virtuales como presenciales con ella y que me reuní con inspectoras de ese establecimiento…”.

Así además consta de las normas tenidas a la vista que el Consejo de Profesores es un órgano de carácter consultivo, y la decisión queda radicada en la rectora.

Décimo: Que, así ha quedado establecido que en el procedimiento sancionatorio que dio origen a los hechos, se respetó el procedimiento, la que fue impugnada bajo el recurso de reconsideración, siendo desestimado por la Rectora del nombre reservado, al quien correspondía su conocimiento.

Undécimo: Que, desde esta perspectiva, solo procede desestimar el recurso, siendo innecesario emitir pronunciamiento sobre la procedencia de las garantías denunciadas como vulneradas.

Por estas consideraciones y lo conformidad, además, con lo que disponen el artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema de Justicia sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, SE RECHAZA, en todas sus partes, sin costas, el recurso de protección intentado por el señor nombre reservado, en representación de su hija, nombre reservado, de nombre social nombre reservado, en contra del Liceo nombre reservado, representada por su Rectora doña nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redactor ministro (s) señor Sergio Guillermo Córdova Alarcón.

Ingreso Corte Rol N° 27.010-2024 Protección.