nombre reservado con CRISTIAN PONCE MUÑOZ , JEFE DE AREA REMUNERACIONES , DEPARTAMENTO DE FINANZAS DEL SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS O QUIENES RESULTEN RESPONSABLES

Foja: 167 nombre reservado y Siete Santiago, cinco de agosto de dos mil catorce.

VISTOS:

A fs.1 comparece Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, abogado, domiciliado en domicilio reservado, en representación de nombre reservado, procurador judicial, del mismo domicilio, deduciendo recurso de protección en su beneficio, para asegurarle su derecho a la vida y a la integridad física y psíquica, el derecho a la igualdad en el ejercicio de sus derechos, a la igualdad ante la ley, a la libertad de trabajo, y al derecho de propiedad en sus diversas especies de acuerdo a lo consagrado en el artículo 19 números 1, 3, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República, derechos que han sido perturbados y amenazados por la conducta ilegal y arbitraria de nombre reservado, Jefe del Área de Remuneraciones, Departamento de Finanzas del Servicio de Impuestos Internos, cuya profesión ignora, domiciliado en domicilio reservado, o en contra de quienes resulten responsables, en virtud de los antecedentes que pasa a exponer.

Señala que su representado ingresó al servicio el 19 de mayo del año 2008, en el régimen a contrata como procurador judicial, con una remuneración del grado 17 del escalafón administrativo. Su jornada laboral comenzaba a las 8,30 hrs, pero no se le indicó el horario de salida, por lo que ello era variable, existiendo días que salía alrededor de las 19 horas, quedando constancia en el reloj control.

Sin embargo, a partir del segundo semestre del año 2013 el monto de los depósitos de su remuneración se redujo a la mitad, hace presente si, que desde el 23 de octubre y hasta el 31 de diciembre de 2013, se encontraba con permiso sin goce de sueldo para preparar su examen de grado.

Hace presente que en varias oportunidades planteó a su superior su inquietud acerca de su remuneración, a lo que se le manifestó que no se preocupara que estuviera tranquilo, que el mes de diciembre era bueno porque además había bonos y se habían cumplido metas, y que no había de que preocuparse. En todo caso cotizó su remuneración en el sitio del gobierno transparente, coincidiendo los montos.

Señala que ante la reducción de su remuneración, el 20 de agosto de 2013, envió un correo electrónico al departamento de finanzas, no obtuvo respuesta, por lo que reiteró la consulta el 12 de septiembre del mismo año, también sin respuesta. Pero el 6 de diciembre de 2013 recibe una notificación de haberes pagados en exceso N° 2013017, por la cual se le notifica que adeuda al servicio la suma de 661,3926 Unidades Tributarias Mensuales, alrededor de 26 millones de pesos, por supuestos haberes pagados en exceso, diferencias que corresponden a rentas devengadas calculadas en base a media jornada desde el año 2008. Ello, porque el área de remuneraciones del servicio, después de cinco años, descubrió este error y ahora se lo informan y hacen recaer en él, la responsabilidad por esta equivocación.

A continuación señala que en diciembre del año 2013 presentó una solicitud a la Contraloría solicitando la liberación total de la restitución del pago de remuneraciones pagadas en exceso, invocando el artículo 67 de la Ley N° 10.336, a fin que el Contralor haga uso de la facultades establecidas en el inciso cuarto de la norma citada, ya que recibió sus ingresos de buena fe, durante cinco años sin dolo ni culpa, remuneración completa correspondiente al grado 17.

Sostiene que el envío de una carta de cobranza invocando una supuesta deuda, por haber pagado haberes en exceso, sin mediar procedimiento administrativo es un acto arbitrario e ilegal. El proceder de Jefe del Área de Remuneraciones del SII, es ilegal, ya que está ejerciendo un acto administrativo sin cumplir con las normas sobre bases generales de esos procedimientos, además su actuar carece de razonabilidad, y al no existir un procedimiento, se le impide controvertir la decisión expresada en la carta que le fuera notificada el 6 de diciembre.

A continuación reitera la garantías constitucionales que estima vulneradas que denunció al inicio su recurso para terminar solicitando se ordene se deje sin efecto el cobro del supuesto exceso de haberes percibidos desde mayo del año 2008; que se le paguen la remuneraciones en su valor total correspondiente al grado 17 desde el mes de enero del 2013 y las que sigan devengándose hasta la completa tramitación de este recurso, bajo el apercibimiento que se estime pertinente, tomando todas las medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho, poniéndose término a los efectos del actuar arbitrario e ilegal de la recurrida, con costas.

A fs. 44 evacuó informe nombre reservado, nombre reservado del Servicio de Impuestos Internos, resumiendo en primer lugar el recurso de la contraria. A continuación reseña el origen de la actuación impugnada, reconociendo que el recurrente ingresó al servicio bajo el régimen de contrata y para las funciones de procurador judicial de media jornada, constando en la resolución de su nombramiento, de mayo del 2008, que su jornada sería de 22 horas semanales y percibiría el 50% de la remuneración correspondiente al grado 17. Hace presente que conforme al control de asistencia en la torre marcaba habitualmente como ingreso las 8,15 y como salida las 14,30 aproximadamente.

Destaca que su condición de a contrata fue prorrogada por resoluciones de los meses de diciembre entre los años 2008 y 2013.

Reconoce que el Departamento de Finanzas de la Subdirección de la Administración del SII, cometió con los datos del funcionario un error de digitación, registrando jornada completa en vez de parcial, por lo que desde mayo del 2008 a abril de 2013, emitieron liquidaciones de remuneración correspondientes al grado 17 y por jornada completa.

Hace presente que, en el año 2013, y en un proceso de revisión, el departamento pertinente se percató que el actor trabajaba media jornada que su nombramiento era de 22 horas y su remuneración era el 50% de la que correspondía al grado 17. Por lo anterior, la unidad pertinente, regularizó la situación desde abril de 2013 a una remuneración por media jornada de grado 17.

Ante esto la Contraloría Interna del Servicio ordenó instruir un sumario por los referidos hechos.

En agosto del año 2013, el señor nombre reservado remite un correo electrónico al Departamento de Finanzas consultando acerca de la disminución de su remuneración a casi la mitad. En diciembre del mismo año, el referido departamento contestó informándole que se había detectado un pago erróneo de sus remuneraciones, valorizadas a jornada laboral completa, siendo que le correspondía media jornada, señalando además que se procedería a realizar la notificación respectiva por los dineros percibidos en exceso, lo que le fue notificado con fecha 6 de diciembre de 2003.

El 16 del mismo mes, el recurrente presentó a la Contraloría General de la República un escrito oponiendo prescripción respecto de lo percibido en exceso, por tratarse de un obligación de tracto sucesivo; y solicitó la liberación de los reintegros, en atención a la facultades discrecionales consignadas en el artículo 67 de la Ley N° 10.336; presentó además escrito de observaciones al jefe del área de remuneraciones de finanzas del SII, desconociendo su horario de salida.

A continuación la recurrida alega la extemporaneidad del recurso por cuanto la reducción de la remuneración en un 50%, ocurrió en el mes de abril del año 2013, y la notificación de haberes pagados en exceso en el mes de diciembre de 2013, por lo que el plazo de 30 días a la presentación de su recurso, estaba vencido.

Sostiene que el recurso de protección no es en la vía idónea para conocer la materia de autos, ello en razón que los derechos que el actor invoca no son de carácter indubitado, ya que el tema en discusión es el derecho del funcionario de percibir una remuneración de jornada completa o de jornada parcial, siendo claro de acuerdo a su nombramiento que su jornada correspondía a 22 horas y que su remuneración sería el 50% de la que correspondía al grado 17, del escalafón administrativo.

A continuación sostiene que de parte de ese servicio no existió ilegalidad ni arbitrariedad de ninguna especie, la contratación y la remuneración se ajustaba a derecho ya que esta correspondía de manera proporcional a la jornada que iba a desempeñar.

En cuanto el descuento de las remuneraciones percibidas en exceso, como ya se dijo, ello se debió a un error que se detectó a raíz de una revisión de controles de calidad de la información y según la revisión, de su registro de entradas y salidas que se acompañan al informe, éste se retiraba en promedio a las 14:30 horas, por lo que su jornada de trabajo no era completa; diferente hubiera sido la situación, si el funcionario se hubiera retirado todos los años a las 17 10 horas, como todos su compañeros de trabajo.

En relación a la notificación de haberes pagados en exceso, cita diversos Dictámenes de la Contraloría en el sentido que detectado sumas indebidamente percibidas, se debe notificar al afectado, conminándolo a su devolución. Si no se produce voluntariamente, se debe solicitar al Contralor que ordene el reintegro directamente de las remuneraciones por pagar a los afectados, y sólo si esta última autoridad accede a dicha petición puede proceder el servicio público a materializar el respectivo descuento, no antes; agregando que los afectados tienen siempre la posibilidad de solicitar la condonación total o parcial de lo adeudado, o el otorgamiento de facilidades para efectuar la devolución, sea que el reintegro se haga voluntariamente o por orden del Contralor General de la República.

Por lo expuesto sostiene no haber vulnerado el derecho al debido proceso ya que ha seguido el procedimiento administrativo establecido en la ley, debiendo cualquier impugnación que desee realizarse canalizarse por intermedio del referido órgano Contralor.

En cuanto a la excepción de prescripción señala que no corresponde que ese organismo se pronuncie sobre ella, debido a que no está facultado para concederla. En todo caso sostiene que los créditos fiscales prescriben según las reglas del Código Civil, esto es, en cinco años; y es una materia de lato conocimiento, que no corresponde sea conocida por esta vía.

A continuación sostiene que su actuar no reviste el carácter de arbitrario por cuanto no carece de razonabilidad ni de lógica, ni es producto de un mero capricho. Su actuar se ciñó a la normativa legal vigente.

Por todo lo expuesto sostiene que no se ha afectado ninguna garantía constitucional de las que enumera el actor como vulneradas, ni su integridad física y psíquica, el trato que se le ha dado es el mismo que corresponde a todos aquellos que se encuentren en la misma situación; no se ha afectado su derecho de igualdad en el ejercicio de los mismos, y en todo caso esta garantía no está amparada por el recurso protección; no se ha amenazado su libertad de trabajo, ya que lo que se ha aplicado en la modalidad bajo la cual fue contratado y tampoco se ha vulnerado su derecho de propiedad.

Por las razones anotadas solicita el rechazo del recurso en todas sus partes, con costas.

A fojas 99 el Servicio recurrido acompaña copia del oficio remitido al recurrente por el que se le comunica cierre sumario administrativo y se formula cargo en el sentido que a pesar de haber sido contratado en jornada laboral de 22 horas semanales (media jornada) en calidad de Procurador con un 50% de la remuneración correspondiente al cargo, desde la fecha de la contratación y que, por un error administrativo, se le enteró el 100% de la remuneración correspondiente a jornada completa. Y que el actor no obstante haber tenido conocimiento de que había sido contratado por jornada parcial recibió el cien por ciento de la remuneración y no informó a la jefatura de la existencia de pagos excesivos; además una vez notificado, ha sido renuente a reintegrar la sumas percibidas de manera indebida, lo que genera a su favor un enriquecimiento sin causa.

A fojas 140 rola respuesta al oficio remitido por esta Corte a la Contraloría, el cual da cuenta que el recurrente requirió la condonación de la cantidad que adeuda por haber recibido exceso de remuneraciones, petición que no fue resuelta por encontrarse el asunto en conocimiento de los tribunales de justicia.

A fojas 159 la recurrida remitió a esta Corte copia del sumario administrativo iniciado en ese Servicio, por los hechos que dicen relación con esta causa.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

1.- Que, en primer lugar, debe tenerse en cuenta que el recurso de protección es un instituto procesal de carácter extraordinario, establecido para restaurar el imperio del derecho cuando se han afectado derechos fundamentales garantizados por nuestra Constitución Política, por intermedio de un acto arbitrario o ilegal.

2.- Que como es unánimemente aceptado, requiere para su procedencia, la concurrencia simultánea de un conjunto de requisitos, a saber, la existencia de un acto o una omisión ilegal y arbitraria, que dicho acto viole, perturbe o amenace garantías que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas; y finalmente, que quién lo interpone se encuentre ejerciendo un derecho indubitado y que la acción constitucional se dirija en contra de quién ha causado la conculcación de un derecho garantizado por nuestra Carta Fundamental, dentro del plazo señalado por el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema.

3.- Que, en primer lugar cabe hacerse cargo de la alegación de extemporaneidad que plantea la recurrida, sin embargo, el hecho que lleva al recurrente a deducir la presente acción es la comunicación que se le efectúa con fecha 6 de diciembre de 2013 por la cual se le notifica que adeuda al Servicio aproximadamente 26 millones de pesos por remuneraciones percibidas en exceso, en consecuencia a la presentación del recurso, el 5 de enero del presente año, no había transcurrido aún el plazo de 30 días exigido por el Auto Acordado, razón por la cual esa alegación será desestimada.

4.- Que en cuanto al fondo del asunto, lo sometido a la decisión de esta Corte es de carácter controvertido, por cuanto mientras el recurrente sostiene que los montos percibidos por concepto de remuneración, los recibió de buena fe, entendiendo que era lo que le correspondía, la recurrida sostiene que eso no resulta atendible por cuanto su nombramiento era por media jornada y por la mitad de la remuneración que le corresponde a una jornada completa de grado 17.

5.- Que en el mismo orden de ideas, lo que se solicita es que se ordene se deje sin efecto la orden de reintegro de los dineros percibidos en exceso, se le pague sus remuneraciones en su valor total, correspondientes al grado 17, desde el mes de enero del 2013, y las que sigan devengándose hasta la completa tramitación del recurso, petitorio que a todas luces escapa de la órbita de competencia de esta acción cautelar, que tiene como requisito básico que lo solicitado corresponda a un derecho indubitado, derecho que ha sido afectado por el actuar de la recurrida debiendo entonces la autoridad judicial reponer el Estado de derecho, lo que no es materia de este tipo de acción.

6.- Que, así las cosas, la controversia planteada es materia a ser resuelta en una causa de lato conocimiento, en la cual pueda dilucidarse los derechos y deberes de las partes, según la forma que se produjeron los hechos, y como consecuencia si va a corresponder efectuar reintegros en dinero o compensaciones según sea el caso.

7.- Que acorde con lo señalado precedentemente no es dable entrar a analizar la excepción de prescripción que alega el recurrente, por ser como ya se dijo, un tema que no cabe dilucidar por esta vía.

Por las razones anotadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Falla del Recurso de Protección, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fs.1 por el abogado Gabriel Alonso Muñoz Muñoz, en representación de nombre reservado, sin costas, por estimar que tuvo motivo plausible para deducir la presente acción.

Redacción de la Ministra señora Kittsteiner.

Regístrese y archívese en su oportunidad.

N° Proteccción-270-2014.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile e integrada por el Ministro (S) señor Sergio Córdova Alarcón y por el abogado integrante señor José Miguel Lecaros Sánchez. No firma el Ministro (S) señor Córdova, no obstante haber concurrido a la vista y acuerdo del fallo, por haber cesado en sus funciones.

Autoriza el (la) ministro de fe de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.

En Santiago, cinco de agosto de dos mil catorce, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.