Protección contra la I

C.A. de Santiago Santiago, quince de mayo de dos mil veinticinco.

A los folios 18 y 19: a todo, téngase presente.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que el 27 de diciembre de 2024, comparecen Gustavo Balmaceda Hoyos, nombre reservado y Belén Burkhalter Silva, abogados, en representación convencional de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la I. Municipalidad de Quilicura y de su alcaldesa, señora Paulina Bobadilla Navarrete, por haber dictado el Decreto Alcaldicio R. Nº3 882/2024, de 29 de noviembre, por medio del cual se dispuso la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2025. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que carecería de fundamentos fácticos y jurídicos para su emisión, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 Nº1, 2, 16 y 24 de la Constitución Política de la República.

Exponen que el recurrente ingresó a trabajar a la Ilustre Municipalidad de Quilicura el día 01 de marzo de 2021, incorporándose a la Dirección de Tránsito y Transporte Público. Precisan que, inicialmente, su vinculación con la municipalidad fue como funcionario a honorarios por un plazo de 9 meses, pero debido a su trabajo eficiente y responsabilidad administrativa, fue ascendido a calidad de contrata grado 14, el cual ha mantenido hasta la fecha.

Manifiestan que durante su trayectoria laboral, el recurrente en 2022 sostuvo un cambio de dirección desde Gestión de las Personas, por una acusación que le valió una anotación de demérito, la cual aceptó aun cuando quedó demostrado que no tuvo participación en los hechos, con el fin de mantener su trabajo y no crear un mal ambiente laboral. Agregan que, a pesar de ello, siempre continuó desempeñándose de manera prolija y eficiente como antes de este conflicto.

Indican asimismo que durante su periodo trabajando en la Municipalidad ha mantenido una buena conducta para con sus pares y superiores, obteniendo calificaciones sobre 6, quedando siempre en la lista N°1 de distinción, lo que demostraría su real compromiso y dedicación con su trabajo. Añaden que, durante el año 2024, obtuvo una anotación de mérito por haber trabajado de manera eficaz y productiva en los complejos procesos de permisos de circulación, lo que demostraría que siempre ha actuado conforme a la probidad administrativa esperada para su cargo y cumpliendo a cabalidad con todas sus obligaciones.

Exponen que, no obstante lo anterior, el 29 de noviembre de 2024 fue notificado del Decreto Alcaldicio R. Nº3882/2024, mediante el cual se dispuso la no renovación de su contrata, sin expresar fundamento o motivación alguna para la desvinculación, limitándose solo a referirse al cómputo de plazo para determinar si existe o no confianza legítima.

Sostienen que el acto administrativo impugnado no reconoce los años de servicio del Sr. nombre reservado desde 2021 en la I. Municipalidad de Quilicura, ni establece razón o fundamento alguno para su desvinculación. Afirman que la recurrida señala que no goza del principio de confianza legítima por haberse desempeñado por un plazo inferior a 5 años, indicando que la Corte Suprema ha establecido este plazo como criterio unificador. Sin embargo, argumentan que dicho criterio no tiene efecto general, pues conforme al artículo 3 inciso 2 del Código Civil, las sentencias judiciales solo tienen fuerza obligatoria respecto de las causas en que actualmente se pronunciaren.

En contraposición, aseveran que el recurrente goza del principio de confianza legítima establecido por la Contraloría General de la República, puesto que se le han efectuado más de dos renovaciones y no ha existido interrupción entre una designación a contrata y la siguiente por más de dos años; citando diversos dictámenes de la Contraloría que explican este principio, especialmente el N°29.139 de 2017 y el N°E156769 de 2021, que establecen que las reiteradas renovaciones, desde la segunda renovación al menos, generan en los servidores que se desempeñan en esa modalidad la confianza legítima de que tal práctica será reiterada en el futuro, y que para adoptar una determinación diversa, la autoridad debe emitir un acto administrativo que explicite los fundamentos que avalan tal decisión.

Argumentan asimismo que los dictámenes de la Contraloría General de la República son obligatorios y vinculantes para los servicios sometidos a su fiscalización, incluyendo las municipalidades, según lo establecido en los artículos 6°, 7° y 98 de la Constitución Política de la República, el artículo 2° de la Ley 18.575, y los artículos 1°, 5°, 6°, 9°, 16 y 19 de la Ley N°10.336. Por tanto, sostienen que la recurrida ha actuado arbitrariamente al desconocer la obligatoriedad de estos dictámenes.

Alegan que todo acto administrativo que emana de la administración pública o municipal debe contener los motivos, razones, causas específicas y circunstancias precisas que se han considerado para tomar una decisión. Explican que esta obligación obedece al principio de juridicidad, que conlleva la exigencia de que los actos administrativos tengan una motivación y un fundamento racional, y no obedezcan al mero capricho de la autoridad. Invocan los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, que establecen que los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afecten los derechos de los particulares, y que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada.

Aducen que el acto impugnado vulnera las garantías constitucionales establecidas en el artículo 19 Nº1 (derecho a la integridad física y psíquica), al desestabilizar la integridad psíquica del recurrente; Nº2 (igualdad ante la ley), al establecer una diferencia arbitraria respecto de otros trabajadores contratados bajo la misma modalidad a los que sí se les reconoce el principio de confianza legítima; Nº16 (libertad de trabajo y su protección), al privarle de la posibilidad de continuar ejerciendo sus funciones como personal a contrata; y Nº24 (derecho de propiedad), al amenazar su estabilidad laboral, la cual constituiría una especie de propiedad sobre un bien incorporal.

Por estas razones, solicitan que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se deje sin efecto el acto administrativo impugnado, declarando que el recurrente goza del principio de confianza legítima establecido en los dictámenes de la Contraloría General de la República, y por tanto, procede que se le renueve su contrata por el año 2025, con el consecuente pago de sus remuneraciones mientras se tramita esta acción constitucional, todo ello con expresa y ejemplar condenación en costas;

SEGUNDO: Que informando al tenor del recurso interpuesto, la abogada Myla Chávez Fajardo, en representación de las recurridas, solicita su rechazo, argumentando que el acto administrativo impugnado se ajusta plenamente a derecho, por lo que no existe acto y omisión ilegal ni arbitraria alguna que haya vulnerado los derechos que la Constitución Política de la República garantiza al recurrente.

Expone que el Sr. nombre reservado fue contratado por la Municipalidad mediante Decreto Alcaldicio N°460/2021, de fecha 1 de marzo de 2021, en calidad contractual a contrata, a contar de esa fecha hasta el 31 de marzo de 2021, mientras fuesen necesarios sus servicios, asumiendo funciones en la Dirección de Tránsito y Transporte Público.

Indica que posteriormente su contratación fue renovada mediante diversos decretos alcaldicios, que detalla cronológicamente: Decreto Alcaldicio N°3993/2021, de fecha 8 de octubre de 2021, que aprueba renovación desde el 1 de octubre de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2021; Decreto Alcaldicio N°4499/2021, de fecha 31 de diciembre de 2021, que aprueba renovación desde el 1 de enero de 2022 hasta el 30 de junio de 2022; Decreto Alcaldicio N°2181/2022, de fecha 30 de junio de 2022, que aprueba renovación desde el 1 de julio de 2022 hasta el 31 de agosto de 2022; Decreto Alcaldicio N°4200/2022, de fecha 29 de diciembre de 2022, que aprueba renovación desde el 1 de enero de 2023 hasta el 30 de abril de 2023; Decreto Alcaldicio N°1311/2023, de fecha 28 de abril de 2023, que aprueba renovación desde el 1 de mayo de 2023 hasta el 31 de julio de 2023; y Decreto Alcaldicio N°2671/2023, de fecha 4 de agosto de 2023, que aprueba renovación desde el 1 de agosto de 2023 hasta el 31 de octubre de 2023.

Sostiene que en todos los decretos alcaldicios mencionados se estipulaba que la contratación del recurrente fue bajo la modalidad a contrata y por un tiempo definido, mientras fueran necesarios sus servicios. En este escenario, señala que, dado los informes emitidos por las direcciones de las distintas unidades municipales, la optimización del recurso humano y propendiendo al mejoramiento de sus equipos operativos y administrativos, se dispuso la no renovación de la contrata del recurrente mediante Decreto Alcaldicio R. N°3882/2024, de 29 de noviembre de 2024, el cual fue debidamente notificado.

En cuanto al derecho aplicable, invoca el inciso segundo del artículo 2° de la Ley N°18.883, que fija el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, el cual dispone que "la dotación de las municipalidades podrá comprender cargos a contrata, los que tendrán el carácter de transitorios. Los empleos a contrata durarán, como máximo, sólo hasta el 31 de diciembre de cada año y los empleados que los sirvan cesarán en sus funciones en esa fecha, por el solo ministerio de la ley, salvo que hubiere sido dispuesta la prórroga con treinta días de anticipación, a lo menos". Asimismo, cita la letra f) del artículo 5° del mismo cuerpo legal, que define el empleo a contrata como "aquel de carácter transitorio que se contempla en la dotación de una municipalidad".

Argumenta que, en virtud de tales disposiciones, las contratas tienen como elemento esencial su carácter transitorio, con una duración correspondiente al periodo del nombramiento o mientras sean necesarios los servicios, sin exceder en ningún caso el 31 de diciembre de cada año. En este sentido, cita jurisprudencia de la Corte Suprema que reconoce la facultad de la Administración para poner término a tales prestaciones con anterioridad al cumplimiento del plazo establecido, pero de manera fundada, expresando los motivos por los cuales ya no son requeridos.

Sostiene que en el Decreto Alcaldicio N°3876/2024 (sic), de 29 de noviembre de 2024, la disposición de no renovar la contrata del recurrente tiene por causa: a) La redefinición sobre los parámetros temporales necesarios para que se configure la expectativa del principio de confianza legítima; b) La potestad discrecional de la administración para determinar sobre la renovación o términos de las contratas, en función de la eficiencia institucional y el interés público; y c) La última jurisprudencia de la Contraloría General de la República, contenida en su dictamen N°561358/2024, que señala un cambio fundamental en la interpretación de la "legítima confianza", tratándose de una materia de carácter litigioso, siendo de competencia exclusiva de los tribunales de justicia.

Respecto a la confianza legítima, argumenta que el recurrente no se encuentra amparado por este principio, ya que la jurisprudencia de la Corte Suprema ha establecido que los funcionarios públicos que ejercen funciones en calidad de contrata anual y que han tenido un desempeño mayor a cinco años estarían amparados por dicho principio, lo que no ocurre en el caso del recurrente. Señala que si se contabiliza desde su primera renovación hasta la fecha del Decreto Alcaldicio impugnado, no cumple con los cinco años requeridos para que opere la confianza legítima.

Finalmente, en cuanto a las supuestas vulneraciones a los derechos fundamentales alegados por el recurrente, niega que haya existido infracción alguna, argumentando que: a) no hay vulneración a la igualdad ante la ley, pues no se configura una discriminación arbitraria, ya que el Decreto Alcaldicio impugnado fue dictado cumpliendo los estándares de fundamentación exigidos por la ley y la jurisprudencia; b) no se afecta el derecho de propiedad, ya que al recurrente no le asiste el presupuesto de la legítima confianza, confundiendo este principio con el derecho de propiedad; y c) no se conculca la libertad de trabajo, pues la Constitución ampara la libertad de trabajo en su sentido más amplio, no garantizando el derecho al trabajo como erróneamente sostiene el recurrente.

Por todo lo anterior, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto, con costas, por no existir actuación ilegal o arbitraria por parte de la Municipalidad de Quilicura, habiendo actuado dentro del marco de sus atribuciones legales;

TERCERO: Que, en informe complementario, las recurridas solicitan tener por incorporado el Decreto Alcaldicio N°3/2024, de fecha 2 de enero de 2024, que autorizó la última renovación de la contrata asimilada a grado del Sr. nombre reservado, a contar del 1 de enero de 2024 y "mientras sean necesarios sus servicios", hasta el día 31 de diciembre de ese año.

Reiteran, además, que el actor no cumple con los 5 años como funcionario público para contar con la confianza legítima, teniendo presente la última jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida en el dictamen N°561358/2024, tratándose de una materia de carácter litigioso que es de competencia exclusiva de los tribunales de justicia, conforme a lo dispuesto en el artículo 6 inciso tercero de la Ley N°10.336, que establece que "La Contraloría no intervendrá ni informará los asuntos que por su naturaleza sean propiamente de carácter litigioso, o que estén sometidos al conocimiento de los Tribunales de Justicia, que son de la competencia del Consejo de Defensa del Estado, sin perjuicio de las atribuciones que, con respecto a materias judiciales, reconoce esta ley al Contralor";

CUARTO: Que el recurso de protección tiene por objeto restablecer el imperio del derecho cuando éste ha sido quebrantado por actos u omisiones arbitrarias o ilegales que amenazan, perturban o privan del ejercicio legítimo de alguna de las garantías taxativamente numeradas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, dejando a salvo las demás acciones legales;

QUINTO: Que, en la especie, el acto que se reprocha como ilegal y arbitrario consiste en el Decreto Alcaldicio R. Nº3882/2024, de fecha 29 de noviembre de 2024, emitido por la Municipalidad de Quilicura, que dispone la no renovación de la contrata del recurrente para el año 2025, fundado principalmente en que el funcionario no cuenta con el tiempo mínimo de cinco años consecutivos en contratas para ser amparado por el principio de confianza legítima;

SEXTO: Que, para resolver adecuadamente la presente controversia, resulta fundamental analizar el acto administrativo impugnado. En este sentido, del Decreto Alcaldicio R. N° 3882/2024, se advierte que dispone la no renovación de la contrata servida por el Sr. nombre reservado, cédula de identidad N° RUT reservado, escalafón Administrativo, grado 14°, la cual vence el 31 de diciembre de 2024.

Dicha resolución se fundamenta, según se consigna en sus considerandos, en el artículo N°2 de la Ley N°18.883, que establece el carácter transitorio de los cargos a contrata; en el dictamen N°561358/2024 de la Contraloría General de la República, que señala un cambio fundamental en la interpretación de la "legítima confianza"; en la jurisprudencia de la Corte Suprema, que ha unificado que el referido principio opera después de cinco años de servir a contrata; y en el deber de la autoridad de velar por el correcto funcionamiento del servicio, atendiendo la necesidad del mismo y el mejor aprovechamiento del recurso humano;

SÉPTIMO: Que, de los antecedentes acompañados, consta que el recurrente ingresó a la Municipalidad de Quilicura el 01 de marzo de 2021, siendo su última renovación mediante el Decreto Alcaldicio N°3/2024, de fecha 2 de enero de 2024, para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2024. En consecuencia, a la fecha de la dictación del acto impugnado, el recurrente no había completado el período de cinco años consecutivos en calidad de contrata;

OCTAVO: Que la Excma. Corte Suprema con fecha treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, en los autos rol N° 26.301-2023, concluyó que las “contratas anuales” constituyen un vínculo transitorio, encontrándose, por ello, la Administración facultada para no renovar su vigencia para el período siguiente, siempre que el desempeño del trabajador haya sido por un término inferior a cinco años consecutivos, sin ni siquiera el deber de invocar fundamentos para no perseverar en el vínculo para el periodo siguiente, asistiéndole a aquel el principio de confianza legítima, sólo en el evento de que haya permanecido en sus labores por un lapso mayor al señalado, pudiendo terminar su relación estatutaria, en esta última hipótesis, por razones de desempeño deficiente, lo que debe materializarse a través del respectivo sistema de calificaciones o, bien, por faltas que lo ameriten y que hayan sido establecidas en un sumario administrativo, criterio que es compartido, entre otros, por los Ministros (a) Sr. nombre reservado., Sra. nombre reservado A., Sr. nombre reservado A., en el fallo ya citado, y por la Ministra señora Ángela Vivanco en su prevención que consta en el rol N° 3.706-2023;

NOVENO: Que, de lo anterior, se evidencia que la no renovación de una contrata anual, ante un período de desempeño consecutivo inferior a cinco años, no da cuenta de la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, en los términos del artículo 20 de la Constitución Política de la República;

DÉCIMO: Que, así las cosas, y evidenciándose de lo informado por la entidad recurrida, que al recurrente no se le renovó su contrata anual y que él no permaneció de forma continua y por más de cinco años vinculado en tal régimen estatutario a la recurrida, dado que ingresó a la Municipalidad de Quilicura el 01 de marzo de 2021 y se desempeñó para dicha repartición hasta el 31 de diciembre de 2024; es que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el acto impugnado en este arbitrio, ni hechos que puedan constituir una vulneración a las garantías constitucionales indicadas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, razón por la cual, se impone que esta acción constitucional sea desestimada;

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso de protección deducido por Gustavo Balmaceda Hoyos, nombre reservado y Belén Burkhalter Silva, en representación de don nombre reservado, en contra de la Ilustre Municipalidad de Quilicura, representada por su Alcaldesa doña Paulina Bobadilla Navarrete, con costas.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26985-2024.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por los Ministros señor Hernán Alejandro Crisosto Greisse, señora Maritza Elena Villadangos Frankovich y el Abogado Integrante señor Jorge Gómez Oyarzo.

En Santiago, quince de mayo de dos mil veinticinco, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.