SODEXO CHILE S.P.A con TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, siete de julio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Emilio Ignacio Palavicino Ferrada, abogado, en representación de Sodexo Chile S.p.A., quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Dirección del Trabajo y de la Tesorería General de la República, por los actos que estima ilegales y arbitrarios, consistentes, por una parte, en la publicación sucesiva y sistemática, en certificados de antecedentes laborales y previsionales F-30, de diversas multas cursadas por inspecciones del trabajo como ejecutoriadas e impagas, no obstante encontrarse canceladas; y, por otra, en el cobro y giro de dichas multas por parte de la Tesorería General de la República.

Expone que la recurrente tomó conocimiento, el 28 de noviembre de 2025, de la publicación en el Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales Nro. 2000/2025/442004, de determinadas multas como impagas y ejecutoriadas, pese a encontrarse pagadas. Añade que, el 2 de diciembre de 2025, se emitió un nuevo certificado F-30 Nro. 2000/2025/446235, en el que nuevamente se informaron multas en igual calidad; y que, finalmente, el 22 de diciembre de 2025, mediante certificado F-30 Nro. 2000/2025/468705, se volvieron a informar como impagas y ejecutoriadas diversas multas que, según sostiene, se encontraban pagadas o impugnadas.

Afirma que, ante tales publicaciones, formuló solicitudes administrativas ante la Dirección del Trabajo, acompañando comprobantes de pago y requiriendo la baja de las multas del certificado F-30. Agrega que, además, con fecha 2 de junio de 2025 ingresó ante la Tesorería General de la República una solicitud administrativa de devolución de pagos o desabono de multas, bajo el expediente Nro. E167840/2025, respecto de sumas que habrían sido pagadas por segunda vez para obtener la pronta eliminación de los registros cuestionados, pero que los montos cuya devolución se habría reconocido fueron compensados con otras deudas fiscales.

Sostiene que lo anterior configura un ciclo de afectaciones derivado de publicaciones erradas, cobros improcedentes y compensaciones posteriores, lo que le generaría retenciones indebidas por parte de empresas mandantes, además de una afectación en procesos de licitación, con perturbación de su actividad económica.

Invoca como vulneradas las garantías previstas en los Nros. 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y solicita, en definitiva, que se ordene a la Dirección del Trabajo eliminar las publicaciones cuestionadas del certificado F-30 y abstenerse de informar como morosas multas pagadas o impugnadas; y a la Tesorería General de la República cesar el cobro de multas ya pagadas o impugnadas.

Segundo: Que, evacuando informe, la Dirección del Trabajo solicita el rechazo íntegro del recurso.

Señala que la recurrente le imputa haber emitido y publicado en certificados de antecedentes laborales y previsionales F-30 diversas multas en calidad de ejecutoriadas e impagas, pese a encontrarse pagadas, lo que habría provocado retenciones de pago por parte de empresas mandantes y gestiones de cobro de la Tesorería General de la República.

Al respecto, expone que, revisados sus registros institucionales, las multas individualizadas por la recurrente se encuentran actualmente en estado “pagadas”, precisando que algunas fueron solucionadas mediante pago bancario voluntario de 19 de diciembre de 2025, Banco de Chile, y otras mediante retención de 28 de noviembre del mismo año, según lo informado por la Oficina de Control y Gestión de Multas de la Dirección del Trabajo con fecha 6 de enero de 2026.

Añade que del mismo examen se estableció que tales multas no se encuentran actualmente publicadas en el Boletín Laboral de Infractores, ni consta su comunicación por parte de la Dirección del Trabajo a registros comerciales externos.

Explica que el formulario F-30 constituye una certificación de carácter informativo, prevista en el artículo 183-C del Código del Trabajo y regulada por el Decreto Nro. 319 de 2007, cuyo contenido refleja el estado que registran los sistemas de cobro administrados por Tesorería y entidades previsionales, a partir de la información remitida o cargada periódicamente.

Sostiene que no se ha dictado resolución que ordene publicar multas impagas de la actora; que consta que las multas están registradas como pagadas; y que no existe publicación vigente en el Boletín Laboral. Agrega que cualquier desfase entre el pago y la visualización en el F-30 corresponde a un problema de trazabilidad de eventos de sistemas externos, cuyo control se relaciona con procedimientos de desabono, compensación o rectificación.

Finalmente, afirma que la materia exige revisar el estado histórico de giros, compensaciones y eventuales duplicidades, cuestión que excede la naturaleza cautelar del recurso, y que, en todo caso, al 7 de enero de 2026 la recurrente no registraba publicación alguna en el Boletín de Infractores a la Legislación Laboral y Previsional, acompañando certificado en tal sentido.

Tercero: Que, informando la Tesorería General de la República, pide el rechazo del recurso en todas sus partes respecto de dicha institución.

Expone que, en lo que atañe a ese servicio, el acto ilegal o arbitrario denunciado consistiría en haber cobrado multas administrativas que se encontrarían pagadas, haber compensado montos cuya devolución fue solicitada y mantener registros de deuda que afectarían el normal desarrollo de la actividad económica de la recurrente.

Asegura que, revisados sus sistemas institucionales, particularmente el Sistema de Cobranza y Cuenta Única Tributaria, la recurrente registra únicamente una deuda no vencida correspondiente al Formulario 42, folio Nro. 4561240111, con fecha de vencimiento 23 de febrero de 2026, sin que existan actualmente formularios 42 impagos ni expedientes administrativos de cobro vigentes respecto de ella.

Añade que la solicitud administrativa ingresada bajo expediente Nro. E167840/2025 fue tramitada y respondida mediante Oficio Ordinario Nro. 450, de 19 de junio de 2025, en el que se indicó que aún figuraban multas pendientes de descargo por parte de la Dirección del Trabajo; que, mientras no se registrara el correspondiente descargo o eliminación por el órgano sancionador, la Tesorería se encontraba legalmente impedida de efectuar devolución alguna; y que correspondía al contribuyente realizar las gestiones pertinentes ante la Dirección del Trabajo para solicitar la revisión, eliminación o descargo de dichas multas.

Afirma que la determinación, ejecutoriedad, modificación o eliminación de las multas administrativas corresponde exclusivamente a la Dirección del Trabajo, mientras que la Tesorería General de la República sólo tiene competencia para efectuar la cobranza judicial, extrajudicial o administrativa de créditos fiscales, incluyendo multas aplicadas por autoridades administrativas.

Por ello, sostiene que carece de legitimación pasiva para responder por la legalidad o mérito de las multas, que la acción no es la vía idónea para discutir la procedencia de giros, compensaciones o devoluciones, y que no ha incurrido en acto u omisión ilegal o arbitraria.

Cuarto: Que, como reiteradamente ha sostenido esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado —privación, perturbación o amenaza— contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que, en la especie, la controversia planteada por la recurrente se vincula con la información contenida en certificados F-30, con el estado administrativo de diversas multas laborales, y con eventuales pagos, compensaciones, descargos o devoluciones relacionados con dichas sanciones.

Sin embargo, de los antecedentes incorporados al proceso no aparece acreditada la existencia actual de una publicación vigente en el Boletín Laboral de Infractores, atribuible a la Dirección del Trabajo, respecto de las multas reclamadas; ni tampoco la existencia actual de un procedimiento de cobro vigente por parte de la Tesorería General de la República, respecto de formularios 42 impagos vinculados a la recurrente.

Sexto: Que, en cuanto a la Dirección del Trabajo, el informe evacuado da cuenta de que las multas individualizadas por la recurrente figuran actualmente en estado pagadas, y que no existe publicación vigente en el Boletín Laboral de Infractores ni comunicación a registros comerciales externos.

En tales condiciones, no se advierte una actuación ilegal o arbitraria actual de dicho servicio que deba ser corregida por esta vía cautelar. La sola existencia de eventuales desfases, errores históricos o problemas de trazabilidad entre registros administrativos no basta, por sí sola, para tener por configurada una privación, perturbación o amenaza actual de garantías constitucionales, menos aún cuando el propio órgano recurrido informa que las multas cuestionadas no se mantienen publicadas en los términos denunciados.

Séptimo: Que, respecto de la Tesorería General de la República, aparece de su informe que la recurrente no registra actualmente formularios 42 impagos ni expedientes administrativos de cobro vigentes, sino únicamente una deuda no vencida correspondiente al Formulario 42, folio Nro. 4561240111, con fecha de vencimiento 23 de febrero de 2026.

De este modo, tampoco se configura, a su respecto, un acto u omisión ilegal o arbitrario actual consistente en la mantención de cobros vigentes por multas pagadas o impugnadas, en los términos afirmados por la recurrente.

Octavo: Que, por otra parte, las alegaciones relativas a pagos duplicados, compensaciones, devoluciones, descargos de multas y correcta imputación de sumas pagadas, exigen revisar antecedentes administrativos, contables y registrales específicos, así como determinar la existencia, exigibilidad, extinción o imputación de diversos créditos fiscales.

Dichas materias exceden el ámbito propio del recurso de protección, pues requieren un procedimiento idóneo de revisión, determinación y prueba, incompatible con la naturaleza breve, urgente y cautelar de esta acción constitucional.

Noveno: Que tampoco resulta procedente acoger peticiones formuladas en términos generales o preventivos, orientadas a ordenar a los órganos recurridos que, hacia el futuro, se abstengan de informar, cobrar o registrar cualquier multa que la recurrente estime pagada o impugnada.

La acción de protección exige la existencia de un acto u omisión determinado, actual y susceptible de ser corregido mediante una medida cautelar concreta, no siendo esta sede la vía para impartir instrucciones generales de funcionamiento administrativo ni para resolver anticipadamente controversias futuras sobre multas que puedan presentar estados diversos.

Décimo: Que, en lo relativo a la garantía del artículo 19 Nro. 21 de la Constitución Política de la República, los antecedentes no permiten tener por establecida una afectación ilegal o arbitraria al derecho de la recurrente a desarrollar una actividad económica lícita. Las dificultades comerciales o contractuales que puedan derivar de la información contenida en certificados administrativos, en la medida que no se acredite una actuación actual contraria a derecho de los órganos recurridos, no bastan para configurar una vulneración tutelable por esta vía.

Décimo Primero: Que, respecto del derecho de propiedad, tampoco se advierte la existencia de un derecho indubitado actualmente privado o perturbado por las recurridas. La eventual procedencia de devoluciones, desabonos o compensaciones exige previamente determinar la existencia de pagos indebidos, duplicados o mal imputados, cuestión que, como se ha dicho, debe ventilarse en la sede administrativa o jurisdiccional correspondiente.

Décimo Segundo: Que, atendido lo razonado, no se constata la concurrencia de un acto u omisión ilegal o arbitrario actualmente imputable a la Dirección del Trabajo o a la Tesorería General de la República, que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de las garantías constitucionales invocadas, razón por la cual el recurso será rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Sodexo Chile SpA en contra de la Dirección del Trabajo y de la Tesorería General de la República.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

Rol Corte Nro. 26949-2025 (Protección)