nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y considerando:

Primero: Que, el 26 de diciembre de 2024, don nombre reservado, técnico industrial, interpone recurso de protección en contra de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, representada por don nombre reservado, por haber incurrido en actos que califica de arbitrarios e ilegales, consistentes en la realización de descuentos automáticos desde su remuneración, afectando sus derechos fundamentales.

Expone que entre los años 2007 y 2008 contrajo dos créditos sociales con la recurrida, bajo el régimen establecido en el artículo 22 de la Ley N°18.833.

Señala que, tras ser desvinculado laboralmente, cayó en mora y, pese a múltiples intentos por regularizar su situación, solo se le ofreció una repactación que incrementaba la deuda, opción que rechazó.

Indica haber trabajado posteriormente con diversos empleadores afiliados a Cajas de Compensación, sin que durante más de 15 años se le efectuaran descuentos ni que la recurrida iniciara acciones judiciales o administrativas de cobro. Sin embargo, con fecha 27 de noviembre de 2024, fue notificado por su empleador actual de un descuento automático por la suma de $377.082, correspondiente a dichos créditos.

Respecto al derecho a la igualdad ante la ley, sostiene que el actuar de la Caja es arbitrario por carecer de justificación razonable, al reactivar unilateralmente un mecanismo de cobro sin previo aviso y fuera de un contexto de oportunidad razonable, infringiendo el principio de no discriminación y la prohibición de establecer diferencias arbitrarias.

En cuanto al derecho de propiedad, argumenta que fue privado ilegítimamente de parte de su remuneración, configurándose una afectación directa a su patrimonio.

Alega que el uso del artículo 22 de la Ley N°18.833 por parte de la Caja es abusivo, dado el extenso tiempo transcurrido desde la mora y la ausencia de gestiones de cobro en ese periodo, siendo una actuación caprichosa e injustificada.

Denuncia además que este tipo de conductas constituye una práctica reiterada por parte de las Cajas de Compensación, vulnerando derechos de los trabajadores mediante un uso abusivo de sus atribuciones legales, en contravención a la normativa constitucional y a las circulares de la Superintendencia de Seguridad Social.

Solicita se acoja el recurso interpuesto, y se ordene a la recurrida abstenerse de efectuar cualquier descuento por concepto de crédito social desde sus remuneraciones, y que se disponga el reintegro de los montos ya descontados, en un plazo de 5 días hábiles o el que el tribunal determine, con costas.

Segundo: Que informando al tenor del recurso comparece doña Ericka Vera Ohberg, abogada, en representación de la Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado, solicita el rechazo del recurso de protección interpuesto por no configurarse actos ilegales o arbitrarios que vulneren garantías constitucionales.

Expone que el actor mantiene vigentes dos créditos sociales otorgados por su representada. El primero, es el Crédito folio 1310912355, solicitado el 19 de marzo de 2007, por un monto de $17.968.239, pactado en 60 cuotas, respecto del que el recurrente cayó en mora desde la cuota 31, con vencimiento el 10 de noviembre de 2009. El segundo, es el Crédito folio 1344023873, solicitado el 4 de febrero de 2008, por $11.000.000, también en 60 cuotas, cayendo en mora desde la cuota 21, con vencimiento el 10 de diciembre de 2009.

Señala que, ante la morosidad, se activaron los mecanismos de cobro extrajudicial, incorporando dichas deudas al sistema Intercajas, conforme a la normativa vigente.

Indica que, gracias a la intermediación de la Caja Los Andes, se logró retomar la recaudación mediante descuentos por planilla. Así, en el mes de noviembre de 2024, se descontó al recurrente la suma de $377.082 desde su remuneración, en pago de los créditos sociales referidos.

Niega haber incurrido en acto ilegal o arbitrario, argumentando que su actuar se ajusta plenamente al marco normativo contemplado en el artículo 1° de la Ley N°18.833, que regula las Cajas de Compensación como entidades de previsión social; artículo 58 del Código del Trabajo, que obliga al empleador a efectuar descuentos legales; artículo 22 de la Ley N°18.833, que dispone que las deudas por crédito social deben ser descontadas de las remuneraciones y se rigen por las normas de las cotizaciones previsionales, y; artículo 22 de la Ley N°17.322, que regula la obligación de enterar los descuentos efectuados.

Además, señala que el recurrente otorgó un mandato expreso en la cláusula décima del pagaré, autorizando a sus empleadores presentes y futuros a realizar los descuentos correspondientes.

Sostiene que las acciones de cobro no se encuentran prescritas, dado que la prescripción debe ser alegada y declarada judicialmente, conforme a los artículos 2492 y siguientes del Código Civil, por lo que no opera de pleno derecho.

Enfatiza que el descuento efectuado constituye el cumplimiento de una obligación legal, dirigida a proteger el fondo social mediante la recuperación de créditos, conforme al artículo 22 de la Ley N°18.833, y no una actuación caprichosa o arbitraria.

Sin reconocer los fundamentos del recurso, informa que ha dispuesto el cese de los descuentos y la restitución de la suma descontada en noviembre de 2024.

Precisa que comunicará esta decisión a la Caja Los Andes para evitar futuros cobros, y que el recurrente debe proporcionar sus datos bancarios para proceder a la devolución mediante transferencia electrónica.

Tercero: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Cuarto: Que, el acto que se califica de ilegal y arbitrario lo constituye el hecho de haber procedido la recurrida a descontar de la remuneración del protegido un monto total de $377.082 pesos, por concepto de crédito social, otorgado por la Caja de Compensación 18 nombre reservado al recurrente, cuyo cobro ha sido practicado por la recurrida al tenor de lo sostenido en su informe, reprochando el actor que dicha medida resultaría arbitraria e ilegal.

Quinto: Que, en este sentido, del mérito de los antecedentes expuestos, aparece que el recurso no puede prosperar, habiendo perdido oportunidad, dado que lo que motiva el recurso es la realización de un descuento en la remuneración del recurrente, para el pago de una deuda por un crédito social en favor del actor por parte de la Caja de Compensación 18 nombre reservado, acción respecto de la cual ha solicitado el protegido a esta Corte que sea dejada sin efecto, como asimismo se ordene la restitución del monto descontado, en el mes referido en los considerandos precedentes.

Sexto: Que, al respecto, la recurrida ha sostenido que dispuso no solo el cese definitivo de los descuentos del crédito otorgado al recurrente, sino además la restitución de aquellas sumas que ha percibido, como asimismo la devolución de toda suma que haya recibido en el intertanto, lo que implica que esta magistratura no podría adoptar ninguna acción concreta destinada a restablecer el imperio del derecho, por cuanto ha sido la propia recurrida quien ha cesado en la acción calificada por el actor como arbitraria e ilegal, ordenando asimismo la restitución del descuento efectuado, siendo la segunda petición concreta solicitada por el protegido para el cese de la afectación a sus derechos.

Séptimo: Que, habiendo perdido oportunidad el presente recurso, procede su rechazo.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción deducida por don nombre reservado, en contra de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 nombre reservado.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26919-2024.