Protección contra Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de agosto de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado interponiendo recurso de protección en contra de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, por haber dictado la Resolución Exenta N°NUM000, de fecha 28 de agosto de 2025 -notificada con fecha 25 de noviembre de 2025-, que rechazó el recurso extraordinario de revisión e imposibilitó el otorgamiento de su pensión de invalidez al declarar no configurada su incapacidad global de trabajo, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que fundó su decisión en consideraciones genéricas y desactualizadas, omitió valorar adecuadamente sus antecedentes clínicos confirmados, incumplió la obligación de fundamentar debidamente el acto administrativo y omitió el ejercicio de sus facultades oficiosas, vulnerando con ello los derechos fundamentales de integridad física y psíquica, igualdad ante la ley y propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita que se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho, ordenando a la recurrida emitir una nueva resolución fundada en los antecedentes de su real condición de salud que declare que el menoscabo en su incapacidad global de trabajo asciende a lo menos a un 50%.

La recurrente manifiesta que padece de diversas enfermedades diagnosticadas y confirmadas desde hace varios años, entre las que figuran espondilitis anquilosante, síndrome fibromiálgico severo, lupus cutáneo y trastorno depresivo mayor severo. Expone que ha mantenido tratamientos paliativos continuos con múltiples médicos especialistas (reumatólogos, traumatólogos, psiquiatras, neurocirujanos y kinesiólogos) y que, tras hacer uso prolongado de licencias médicas, la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) procedió a calificar sus patologías como irrecuperables, fundando en dicha condición el rechazo de sus reposos y ordenándole iniciar el trámite de calificación de invalidez bajo el Decreto Ley N°3.500. Añade que, no obstante haber aportado a la entidad recurrida diversos exámenes e informes que confirman el carácter irreversible y definitivo de sus dolencias, la Comisión Médica Central, en Sesión N°NUM001 de fecha 25 de agosto de 2025, acordó rechazar la invalidez por estimar que sus enfermedades se encuentran bajo observación y tratamiento médico, no habiéndose configurado una pérdida de a lo menos el 50% de su capacidad laboral.

La actora desglosa su pretensión analizando primeramente el acto u omisión impugnado y la ilegalidad y arbitrariedad atribuidas.

En el plano médico, aduce que conculca las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez, por cuanto su afección de fibromialgia cumple con un tratamiento multidisciplinario de largo plazo y se enmarca en las Clases IV o V de dicho manual, registrando un menoscabo de entre 50% y 80% dada su severa pérdida de autonomía, la necesidad de desplazarse con bastones y la asistencia de su madre para actividades elementales de la vida diaria. En el ámbito legal, alega la vulneración de los principios de legalidad y juridicidad contemplados en el artículo 6° de la Constitución Política de la República y la Ley N°18.575, así como la infracción al principio de fundabilidad de los actos administrativos consagrado en el artículo 41 de la Ley N°19.880 y respaldado por la jurisprudencia de la Corte Suprema, puesto que el acto impugnado carece de motivación real, limitándose a consideraciones formales y al empleo de cláusulas estandarizadas o formularios prediseñados.

Asimismo, la recurrente sostiene que la autoridad incurrió en ilegalidad al prescindir de los antecedentes médicos más recientes incorporados durante el año 2025 y omitir el ejercicio de las facultades legales conferidas en el artículo 11 del Decreto Ley N°3.500 y en el artículo 35 bis inciso segundo de la Ley N°20.255, las cuales le permitían decretar nuevos peritajes u oficiar a la COMPIN para recabar los antecedentes que determinaron la irrecuperabilidad de su salud. Asevera que la resolución yerra al calificar sus afecciones como en estudio, desatendiendo que están médicamente confirmadas y sujetas a tratamientos de carácter puramente paliativo para reducir el dolor. De igual forma, alega la contravención al principio de celeridad dispuesto en el artículo 7° de la Ley N°19.880, al traspasar la carga procedimental a la administrada, e imprecisa la vulneración formal del artículo 41 inciso segundo de la misma ley, por no indicar expresamente los recursos procedentes, el órgano ante el cual interponerlos y los plazos legales.

Sostiene que se conculca el derecho a la integridad física y psíquica del artículo 19 N°1 de la Constitución Política, atendido el inmenso desgaste corporal y emocional derivado de la constante tramitación e impugnación de resoluciones, sumado al riesgo latente de progresión de sus enfermedades irreversibles por la falta de una debida cobertura previsional. En segundo lugar, se vulnera el derecho a la igualdad ante la ley del artículo 19 N°2 del texto constitucional, al infligirle un trato discriminatorio en comparación con otros administrados que han accedido a procedimientos de calificación de invalidez racionales y justos. En tercer lugar, se lesiona el derecho de propiedad del artículo 19 N°24 de la norma Magna, pues la decisión fundada en antecedentes desactualizados la priva de forma directa sobre el bien corporal representado por la pensión de invalidez a la cual tiene derecho.

Pide que se acoja el recurso deducido y, en su mérito, se adopten las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho y brindarle la debida protección, acogiéndolo a tramitación y, en definitiva, ordenando a dicha Comisión Médica Central que adopte una nueva decisión fundada en los antecedentes de su real condición de salud y, en definitiva, resuelva que por ser el menoscabo en su incapacidad global de trabajo el de a lo menos 50%.

SEGUNDO: Que, comparece doña nombre reservado

nombre reservado, en su calidad de Presidenta de la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, evacuando el informe requerido y solicitando la desestimación de la acción de protección interpuesta.

Expone, en primer término, los antecedentes de hecho que integran el procedimiento administrativo de la recurrente, doña nombre reservado, quien con fecha 18 de mayo de 2023 presentó una solicitud de calificación de invalidez ante AFP Cuprum, la cual fue derivada a la Comisión Médica Regional Santiago Centro. Añade que dicha comisión regional, tras recabar peritajes con médicos interconsultores en psiquiatría y reumatología, celebró la sesión número NUM002 con fecha 13 de marzo de 2024 y emitió el Dictamen de Invalidez número NUM003, mediante el cual rechazó la solicitud por estimar un menoscabo de la capacidad de trabajo menor al 50%.

Agrega que en dicha oportunidad, el órgano técnico determinó que los impedimentos de lumbago pelviespondilopatía, fibromialgia, estado depresivo y tratamiento inmunosupresor no se encontraban configurados, por hallarse la trabajadora bajo observación y tratamiento pendiente, constatando exámenes e imágenes con hallazgos meramente degenerativos y sin elementos inflamatorios categóricos.

Frente a la decisión de primera instancia, la interesada dedujo reclamo con fecha 10 de abril de 2024, el cual fue conocido por la Comisión Médica Central en la sesión número NUM004 de 14 de agosto de 2024, dictándose la Resolución C.M.C. número NUM005 que ratificó el rechazo, al concluir que la fibromialgia se mantenía con un tratamiento reciente en etapa de ajuste y sin criterios para configurar otras afecciones. Posteriormente, la recurrente promovió recurso de reposición el 12 de septiembre de 2024, el que fue desestimado por la entidad central mediante la Resolución C.M.C. número NUM006 de 12 de junio de 2025, adoptada en la sesión número NUM007, previo peritaje de una reumatóloga interconsultora que confirmó la ausencia de elementos para configurar espondilitis anquilosante o fibromialgia, registrando la existencia de esquemas farmacológicos vigentes e indicaciones de salud mental en la red pública. Finalmente, la actora interpuso recurso extraordinario de revisión el 28 de julio de 2025, resultando desestimado en la sesión número NUM001 de 25 de agosto de 2025, acuerdo que dio origen a la Resolución Exenta C.M.C. número NUM008 de 28 de agosto de 2025, al no apreciarse un error manifiesto de hecho debido al carácter insuficiente de los tiempos de observación y a la existencia de alternativas terapéuticas no agotadas.

Sostiene la legalidad de su actuación invocando lo preceptuado en los artículos 4° y 11 del Decreto Ley número 3.500 de 1980, en relación con el Decreto Supremo número 57 de 1990 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y las Normas para la Evaluación y Calificación del Grado de Invalidez de los Trabajadores Afiliados al Nuevo Sistema de Pensiones. Explicita que el otorgamiento de una pensión exige una relación de causa a efecto entre el impedimento médico y un menoscabo laboral permanente, definido este último como la expresión porcentual que determina el impacto de la patología sobre la capacidad de trabajo. Para que una afección sea calificada como impedimento configurado y permita asignar un menoscabo porcentual, la normativa reglamentaria exige el cumplimiento estricto de cinco requisitos copulativos, a saber: que sea objetivable según la evidencia médica; demostrable por medios clínicos, de laboratorio o imagenología; que las terapias médicas o quirúrgicas accesibles hayan sido ejecutadas sin revertir el cuadro; que la evolución se halle estabilizada o en agravación sin tratamientos disponibles; y que se encuentren cumplidos íntegramente los períodos de observación clínica prescritos, los cuales imponen una ventana temporal no inferior a un año para evaluar la respuesta terapéutica.

Aclarando el alcance de sus resoluciones, la recurrida enfatiza que la dictación de un impedimento como no configurado bajo ningún concepto implica negar la existencia de las enfermedades que aquejan a la afiliada, sino que únicamente certifica la falta de cumplimiento de las condiciones técnicas que autorizan asignar un porcentaje de menoscabo, derivado del hallazgo de ajustes farmacológicos en curso o de estudios clínicos incompletos. Subraya que las Comisiones Médicas gozan de autonomía técnica en el conocimiento y resolución de las invalideces con arreglo al artículo 18 del Decreto Supremo número 57 de 1990, habiendo garantizado el debido proceso a lo largo de todas las instancias de impugnación previstas en el artículo 11 del Decreto Ley número 3.500.

La recurrida asevera que sus actuaciones se han ajustado estrictamente al marco legal vigente y a ponderaciones técnico- científicas objetivas. Sostiene que sus pronunciamientos no obedecen a criterios caprichosos, sino al cotejo riguroso entre los antecedentes médicos aportados y los peritajes de especialistas independientes, aplicando las normas técnicas de forma uniforme a todos los imponentes en resguardo del principio de igualdad ante la ley, sin que resulte factible emitir una decisión diversa con los elementos de juicio que obran en el expediente administrativo.

TERCERO: Que, comparece la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez Región Metropolitana evacuando el informe requerido y solicitando el rechazo de la acción interpuesta, con expresa condena en costas.

Expone la situación de las licencias médicas de la actora, doña nombre reservado, tramitadas y resueltas durante los años 2025 y 2026. Refiere que la licencia médica folio número NUM009 fue rechazada en primera instancia al tenor del artículo 21 del Decreto Supremo número 3 de 1984, por cuanto los antecedentes requeridos para una mejor resolución no fueron cargados en el Expediente Web ni recepcionados por la Contraloría Médica, careciéndose de justificación para prolongar el reposo. Añade que el recurso de reposición interpuesto contra dicha decisión fue igualmente desestimado, toda vez que la interesada no acompañó un certificado actualizado de trámite de pensión de invalidez.

A continuación, detalla que las licencias médicas folios números NUM010, NUM011, NUM012 y NUM013 resultaron rechazadas en primera instancia en virtud de la misma norma reglamentaria ante la falta de antecedentes. Frente a dicho rechazo, si bien la recurrente dedujo recurso de reposición adjuntando un certificado médico de especialista extra sistema de fecha 3 de febrero de 2026 -que daba cuenta de diagnósticos de síndrome de Sjögren y fibromialgia, e indicaba el inicio de trámite de pensión de invalidez-, dicha impugnación fue rechazada debido a que no se acompañó ningún antecedente que acreditara el inicio efectivo de dicho procedimiento previsional. Asimismo, respecto de las licencias médicas folios números NUM014 y NUM015, sostiene que la información aportada no permitió justificar la prórroga del reposo por un período superior al previamente autorizado, procediéndose de igual forma a su rechazo.

Ampara sus actuaciones en el artículo 14 del Decreto Supremo número 3 de 1984, Reglamento de Autorización de Licencias Médicas por los Servicios de Salud e Instituciones de Salud Previsional, norma que establece la competencia privativa de la Unidad de Licencias Médicas de la COMPIN para rechazar o aprobar licencias, así como para reducir, ampliar o modificar el reposo solicitado, dejando constancia de sus fundamentos. Argumenta la autoridad que sus resoluciones responden a parámetros objetivos y a la legalidad vigente, con el propósito de velar porque el uso del reposo médico cumpla estrictamente su finalidad terapéutica y de carácter transitorio mientras la persona trabajadora recupera su salud para reintegrarse a sus labores cotidianas.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Para que esta acción prospere, es requisito indispensable la constatación de un acto ilegal o arbitrario que afecte un derecho indubitado.

QUINTO: Que, el acto impugnado en estos autos es la Resolución Exenta N°NUM000, de 28 de agosto de 2025, que rechaza el recurso extraordinario de revisión de la recurrente y confirma la negativa de otorgar invalidez, sobre la base del criterio técnico de que sus impedimentos no se encuentran configurados y, por ende, no se alcanza un menoscabo laboral permanente igual o superior al 50%.

La disconformidad de la actora se dirige, esencialmente, a que la Comisión Médica Central -al dictar ese acto y los que lo preceden- habría omitido considerar en forma plena y actualizada todos los antecedentes médicos que dan cuenta de la gravedad y consolidación de sus patologías, especialmente los más recientes, en circunstancias que el propio procedimiento contempla facultades para recabar nuevos exámenes y análisis cuando sea necesario actualizar el cuadro clínico.

SEXTO: Que, en efecto, de la revisión de los antecedentes del recurso aparece que la recurrente ha acompañado informes médicos que describen un cuadro de espondilitis, fibromialgia severa, lupus cutáneo y trastorno depresivo de larga data, con tratamientos múltiples y continuados, incluyendo inmunosupresores, antidepresivos y analgésicos centrales, así como licencias médicas prolongadas, todo lo cual ha sido reconocido en distintos pasajes de las actas y dictámenes, aunque interpretado en el sentido de que aún existirían “tiempos de observación pendientes” y “medidas terapéuticas accesibles” por aplicar.

Sin perjuicio de ello, la propia recurrente ha señalado que durante el año 2025 se incorporaron nuevos informes y exámenes que reflejarían la evolución de sus patologías, y que tales antecedentes no habrían sido ponderados adecuadamente al momento de dictar la Resolución Exenta N°NUM000, lo que es consistente con la circunstancia de que las evaluaciones clave datan, en buena medida, de 2023 y comienzos de 2024.

SÉPTIMO: Que, sobre el particular, importa destacar que el artículo 11 letra c) del Decreto Ley N°3.500 confiere a la Comisión Médica Central la facultad de disponer “nuevos exámenes o análisis” al afiliado, cuando lo estime necesario para resolver reclamos, y que el artículo 35 bis de la Ley N°20.255 la faculta para requerir antecedentes de la COMPIN, precisamente con el objeto de contar con información suficiente y actualizada para calificar la invalidez.

En el caso de autos, si bien la Comisión ha ejercido en alguna medida dichas potestades -requiriendo interconsultas y peritajes adicionales-, de las propias actas se desprende que varios de los exámenes y evaluaciones considerados corresponden a períodos anteriores, mientras que la recurrente refiere y acompaña antecedentes más recientes que apuntan a una consolidación de sus patologías, a un tratamiento esencialmente paliativo y a una incapacidad funcional creciente.

OCTAVO: Que, conviene destacar que esta Corte no está llamada, en sede de protección, a sustituir el juicio técnico especializado de la Comisión Médica ni a fijar directamente el porcentaje de menoscabo, labor que corresponde a los órganos previstos en la normativa previsional. Sin embargo, sí le compete verificar que el procedimiento de calificación de invalidez se ajuste a los estándares básicos de racionalidad y de debida fundamentación, en especial cuando la decisión se adopta frente a antecedentes médicos complejos y evolutivos, como ocurre en la especie.

La exigencia de motivación suficiente del acto administrativo, consagrada en los artículos 11 y 41 de la Ley N°19.880, implica no solo expresar la conclusión, sino también demostrar que aquella se ha alcanzado sobre la base de todos los antecedentes relevantes y, cuando así lo requiere la naturaleza de la patología, con información actualizada sobre su evolución.

NOVENO: Que, de acuerdo con lo expuesto, se aprecia que la Resolución Exenta N°NUM000 mantiene la decisión de rechazo de invalidez sin ordenar nuevas pericias o exámenes que establezcan la situación de la recurrente a la fecha de su dictación, pese a que ella invoca y acompaña elementos que indicarían una agravación de su cuadro, e incluso que COMPIN ha calificado sus patologías como “irrecuperables” a efectos de licencias médicas.

Esta falta en la actualización de los antecedentes utilizados para adoptar una decisión tan gravosa como la negativa definitiva de invalidez, en un contexto de enfermedad crónica y compleja, configura una vulneración del derecho a un procedimiento racional y justo (artículo 19 N°3), en cuanto el órgano técnico se abstiene de utilizar plenamente las facultades que el ordenamiento le otorga para recabar información reciente y completa antes de concluir que la incapacidad global “no se ha configurado”.

DÉCIMO: Que, asimismo, la persistencia de una decisión basada en datos clínicos que pueden no reflejar adecuadamente la condición actual de la recurrente, sin una revisión actualizada cuando ésta es posible y aparece normativamente prevista, importa una afectación a la garantía de igualdad ante la ley (artículo 19 N°2), desde que puede traducirse en un trato menos cuidadoso o menos completo respecto de una persona en situación de especial vulnerabilidad, en comparación con otros afiliados cuyo caso se evalúa con información plenamente actualizada.

UNDÉCIMO: Que, por consiguiente, esta Corte estima que el defecto descrito precedentemente supone la necesidad de que la recurrente sea nuevamente evaluada por la Comisión Médica Central, restableciéndose el imperio del derecho en cuanto asegura que la decisión sobre la invalidez de la actora se adopte sobre la base de información vigente y completa y mediante un procedimiento racional y justo, sin imponer a la autoridad una conclusión específica respecto del porcentaje de menoscabo, materia que corresponde exclusivamente a los órganos técnicos del sistema.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 19 N°1, 2, 3 y 24, y 20 de la Constitución Política de la República, en el Decreto Ley N°3.500, en la Ley N°19.880, en la Ley N°20.255 y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se acoge, sin costas, el recurso de protección deducido por doña nombre reservado dejándose, en consecuencia, sin efecto la Resolución Exenta N°NUM000, de 28 de agosto de 2025, emitida por la Comisión Médica Central de la Superintendencia de Pensiones, la cual deberá practicar nuevos exámenes y proceder a una nueva evaluación de la condición de salud de la actora, debiendo dictar una nueva resolución fundada, que califique su invalidez conforme a derecho, ponderando expresamente los antecedentes actuales y comunicando su decisión a la interesada, con indicación de los recursos administrativos y judiciales que procedan.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción del ministro señor Toledo.

N°Protección-26889-2025.

Pronunciada por la Primera Sala, presidida por la ministra señora Lidia Poza Matus e integrada, además, por el ministro señor Pablo Toledo González y el abogado integrante señor Jorge Gómez Oyarzo. No firma el ministro señor Toledo, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por estar haciendo uso de su feriado legal.