Protección contra Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S

C.A. de Santiago Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis.

A los folios 13 y 14: a todo, téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, e interpone recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, comunicada por la Administradora con fecha 20 de noviembre de 2025, fundado en que no habría acompañado constancia de afiliación vigente, apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y en que el documento aportado correspondería a una constancia de cotización y no al certificado solicitado.

Señala que se encuentra afiliada al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales desde el 11 de agosto de 2008, que acompañó título profesional legalizado y apostillado, contratos de trabajo y anexos en que consta su voluntad de mantener afiliación previsional extranjera, además de constancias emitidas por el referido instituto, verificables electrónicamente mediante portal oficial y código de validación. Agrega que la exigencia de una nueva legalización o apostilla resulta actualmente imposible, atendida la situación diplomática existente entre Chile y Venezuela y la ausencia de representación consular venezolana operativa en Chile, circunstancia que califica como caso fortuito o fuerza mayor.

Afirma que la decisión impugnada vulnera las garantías contempladas en los numerales 2, 21 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarla arbitrariamente del retiro de sus fondos previsionales, solicitando que se ordene acceder a la devolución requerida, aceptar temporalmente los certificados de afiliación previsional emitidos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y disponer que la Superintendencia de Pensiones implemente un protocolo de atención y validación documental especial para ciudadanos venezolanos.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones ProVida S.A., solicitando el rechazo del recurso, con costas. Expone que la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros constituye un régimen excepcional regulado por la Ley N°18.156, cuyos requisitos deben cumplirse en forma estricta y copulativa, agregando que la acción cautelar deducida no constituye la vía idónea para resolver materias de lato conocimiento relativas al cumplimiento de dichos presupuestos legales.

Refiere que la solicitud de la recurrente fue rechazada porque faltaba una constancia de afiliación vigente, apostillada en el país extranjero en que fue otorgada o legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, y porque el documento aportado correspondía a una constancia de cotización, no al documento exigido. Añade que, conforme a los criterios impartidos por la Superintendencia de Pensiones, no basta un documento que señale genéricamente las coberturas del sistema previsional extranjero, sino que debe acreditarse, por la autoridad previsional competente, que el trabajador contó efectivamente con protección por enfermedad, invalidez, vejez y muerte durante todo el período en que prestó servicios en Chile.

Sostiene, además, que las certificaciones electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que no se encuentren legalizadas o apostilladas no constituyen medios idóneos para acreditar el requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, especialmente cuando no corresponden a un certificado de afiliación, no contienen una determinación suficiente de las coberturas previsionales exigidas, carecen de las formalidades requeridas para producir efectos en Chile o no permiten acreditar cobertura durante toda la permanencia laboral en el país.

Tercero: Que informa la Superintendencia de Pensiones solicitando el rechazo del recurso. Expone, en primer término, que la controversia excede el ámbito propio de la acción de protección, por cuanto lo pretendido por la recurrente importa obtener una declaración acerca de su eventual derecho a retirar fondos previsionales, materia que requiere determinar si se cumplen o no los presupuestos de la Ley N°18.156 y que, por tanto, no puede ser resuelta mediante una acción cautelar de urgencia.

Agrega que, con fecha 16 de diciembre de 2025, la recurrente efectuó una consulta web ante ese organismo, la que fue respondida el día 17 del mismo mes y año, oportunidad en que se le informó que la regla general del sistema previsional chileno es la afiliación obligatoria, única y permanente, y que la devolución de fondos previsionales de trabajadores técnicos extranjeros constituye una excepción de interpretación restrictiva. Añade que dicho régimen exige, entre otros requisitos, acreditar la calidad técnica o profesional, encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que conste inequívocamente en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación.

Indica que la certificación relativa a la cobertura previsional en el extranjero debe ser emitida por la autoridad previsional competente del país correspondiente y encontrarse debidamente legalizada, y que, si tales antecedentes no se acompañan en la forma exigida, no existe un derecho indubitado que pueda ser tutelado por esta vía.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Sexto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos nombre reservado, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Séptimo: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Octavo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

En particular, Superintendencia de Pensiones ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Noveno: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N° 18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Décimo: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual del recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-26875-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno, el Ministro (I) señor Guillermo Rodríguez González y la Abogado Integrante señora Magaly Carolina Correa Farías.

En Santiago, veintisiete de mayo de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.