nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, doce de junio de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece nombre reservado, ciudadana venezolana, quien deduce recurso de protección de garantías constitucionales en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., representada por su gerente general, nombre reservado, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos de técnico extranjero, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución Política de la República.

Menciona que, durante la prestación de sus servicios en Chile, se le descontaron y enteraron cotizaciones de salud y cesantía en los servicios respectivos, a pesar de haber manifestado por escrito su voluntad de mantenerse afiliada al sistema previsional de su país de origen, conforme a lo dispuesto en la Ley N°18.156. Señala que el 16 de noviembre de 2025 ingresó ante AFP Modelo su Solicitud de Retiro Técnico de Fondos Extranjeros N°2682364, acompañando los antecedentes exigidos por la normativa vigente.

Indica que ante el rechazo inicial, con fecha 19 de noviembre de 2025 dedujo reclamo administrativo e ingresó nuevamente la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales -por ser el único documento que permite demostrar la afiliación al sistema de seguridad social de su país de origen-, junto con carta explicativa que indicaba la imposibilidad material de apostillar el documento.

Refiere que el 21 de noviembre de 2025 recibió correo electrónico de AFP Modelo informándole que su solicitud había sido rechazada, por cuanto el certificado de seguridad social extranjero presentado, que debe acreditar cobertura a lo menos en las prestaciones de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, además de encontrarse legalizado o apostillado, no cumplía con los requisitos exigidos por la normativa vigente chilena.

Añade que con fecha 30 de noviembre de 2025 ingresó reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, reiterando que el documento acompañado es el que emana de la autoridad administrativa de previsión en Venezuela y que, por tanto, es el idóneo. Explica que finalmente, el 2 de diciembre de 2025 la Superintendencia de Pensiones instruyó a AFP Modelo mantener su criterio, señalando que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) no cumplía con lo exigido porque: no corresponde a un certificado de afiliación emitido por la entidad de seguridad social; no especifica de manera individualizada las prestaciones cubiertas, limitándose a una referencia genérica; no se encuentra firmado por la autoridad emisora ni debidamente legalizado o apostillado; y que la declaración jurada adjunta tampoco cumple con la normativa, por no ser un certificado emitido por la entidad de seguridad social extranjera ni por la Embajada o Consulado del país de origen.

Sostiene que la Constancia Electrónica de Cotizaciones fue emitida por el IVSS en la ciudad de Caracas con fecha 16 de noviembre de 2025, suscrita por la Presidenta de la Junta Directiva de dicho organismo, y que da cuenta de que la recurrente posee 48 semanas cotizadas ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, siendo su primera fecha de afiliación el 01 de septiembre de 2017, encontrándose actualmente en estatus de asegurado cesante. Indica que el documento señala, de conformidad con el artículo 1° de la Ley del Seguro Social venezolana aprobada bajo Gaceta Oficial N°5.976 de fecha 24 de mayo de 2010, que dicha ley rige las situaciones y relaciones jurídicas con ocasión de la protección de la Seguridad Social a sus beneficiarios en las contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. Agrega que la constancia fue expedida a petición de la parte interesada con vigencia hasta el 30 de noviembre de 2025, y que su validez puede comprobarse a través del portal web del IVSS con el código de verificación N°1b5697103-20251009.

Aduce que el Oficio Ordinario N°12954 de la Superintendencia de Pensiones -invocado para sostener la exigencia de apostilla- constituye un acto administrativo de carácter interpretativo, carente de rango legal, que no puede crear requisitos adicionales ni restricciones no previstas en la Ley N°18.156, ni afectar el ejercicio de derechos fundamentales garantizados constitucionalmente conforme a los artículos 6° y 7° de la Constitución. Añade que la Ley N°18.156 no contempla en ninguna de sus disposiciones la exigencia de apostilla o legalización consular: su artículo 1° exige únicamente que el trabajador extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que haya manifestado su voluntad de mantener dicha afiliación; y su artículo 7° autoriza la devolución de los fondos previsionales sin imponer formalidad documental adicional alguna. Argumenta que la constancia del IVSS acredita de manera suficiente, clara y verificable la afiliación vigente de la recurrente, siendo emitida por un organismo público competente en materia previsional, y que en Venezuela la sola afiliación al IVSS implica incorporación inmediata y obligatoria a la totalidad del régimen prestacional, sin requerir certificados separados por cada prestación específica, conforme a los artículos 6, 7, 8, 9, 18 y 19 de la normativa venezolana.

Adiciona que el propio Oficio N°12954 reconoce expresamente la imposibilidad actual de obtener certificaciones consulares o apostilladas por parte de afiliados venezolanos, producto del cierre de la Embajada de Venezuela en Chile ocurrido en julio de 2024, circunstancia que constituye un hecho público y notorio; no obstante dicho reconocimiento, el oficio mantiene la exigencia de un medio probatorio de imposible obtención, sin establecer mecanismos alternativos de acreditación, lo que evidencia una contradicción interna y configura una aplicación irrazonable del criterio administrativo, contraria al principio general del derecho «ad impossibilia nemo tenetur».

Agrega que aceptar la exigencia de apostilla como condición de procedencia implicaría, en los hechos, modificar por vía administrativa el contenido y alcance de la Ley N°18.156. Invoca, asimismo, el artículo 17 inciso 1° del Código Civil, que establece que la forma de los instrumentos públicos se determina por la ley del país en que hayan sido otorgados, de modo que no puede exigirse a una institución extranjera que emita certificados en la forma establecida por la ley chilena.

Solicita que se reconozca como válida la documentación acompañada, ordene a la recurrida dar curso a su Solicitud de Retiro Técnico de Fondos Extranjeros y efectúe la devolución íntegra de los fondos previsionales de la recurrente dentro del plazo que se determine.

Segundo: Que, evacuo el informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone que el 17 de noviembre de 2025 la recurrente presentó una solicitud de devolución de fondos previsionales pretendiendo ampararse en la exención establecida en la Ley N°18.156, por las cotizaciones enteradas a su nombre por el empleador Corporación Educacional Cristiana Jerusalén. Precisa que para acreditar el cumplimiento de los requisitos de dicha ley, la recurrente acompañó los siguientes documentos: título profesional del recurrente; constancia electrónica de cotizaciones; y contrato de trabajo de fecha 1° de junio de 2021 suscrito con la referida corporación y sus anexos.

Asevera que realizó el análisis de todos los documentos presentados con el objeto de determinar si se daba cumplimiento a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones de la Superintendencia de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa dictada por dicho organismo.

Explica que, en atención a los antecedentes aportados, se le solicitó a la recurrente acompañar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero, en atención a que la constancia electrónica de cotizaciones y las declaraciones juradas efectuadas por el mismo trabajador no son documentos aptos para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social fuera de Chile. Explica que la recurrente acompañó una carta explicativa, sin cumplir con lo solicitado, por lo que se rechazó la solicitud.

Argumenta que su actuar no ha sido arbitrario ni ilegal puesto que la Ley N°18.156 es un régimen de excepción que establece requisitos copulativos que debe cumplir todo trabajador extranjero que pretenda la exención del pago de las cotizaciones previsionales o la devolución de los fondos ya enterados. Señala que, conforme al artículo 7° de dicha ley, el trabajador extranjero que registre cotizaciones en una AFP podrá solicitar la devolución de los fondos depositados, siempre que dé cumplimiento a los requisitos del artículo 1°, entre los cuales se encuentra el de estar afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber expresado en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación.

Estima que su actuar se ha ajustado a derecho, ya que la Superintendencia de Pensiones -organismo regulador y fiscalizador de todas las AFP- ha instruido, mediante el Oficio N°21.480 de fecha 20 de septiembre de 2017, que el trabajador deberá acompañar un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite que contó, a todo evento, con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile, con la protección de todas las coberturas exigidas en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156. Relata que el Compendio de Normas de la Superintendencia de Pensiones, Libro II, Título XI, establece que el cumplimiento del requisito de afiliación debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte; y que, excepcionalmente, dicho requisito puede cumplirse con un certificado emitido por la embajada o consulado respectivo, actuando en representación legal de la institución de seguridad social. Adiciona que los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil exigen que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile sean presentados debidamente legalizados o apostillados para que surtan efectos en el territorio nacional, y que la mera inclusión de un código de verificación electrónica resulta insuficiente para satisfacer dichos requisitos formales.

Sostiene que la recurrida está sometida a la fiscalización y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, conforme a los artículos 94 del Decreto Ley N°3.500 y 46 y 47 de la Ley N°19.882, y que el incumplimiento de dicha normativa la expone a amonestaciones y sanciones pecuniarias, de modo que no estaba en condiciones de prescindir unilateralmente de los requisitos formales exigidos.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que, el artículo 1° de la Ley N°18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud del artículo 3° del D.F.L. N°101 de 1980 y el artículo 94 del D.L. N°3.500 de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156.

Sexto: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero, rige en nuestro país el principio locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien, al trámite simplificado de la Apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

Séptimo: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente y debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

Luego, y en cuanto al documento adicional acompañado por el recurrente, la Superintendencia de Pensiones a ha sido categórica en señalar que las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del no del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Octavo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente (Ley N°18.156, Art. 345 CPC) y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones (Art. 94 D.L. 3.500). Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Noveno: Que, no existiendo un acto ilegal o arbitrario, y no habiéndose acreditado el cumplimiento de los requisitos legales en la forma prescrita por el derecho, no existe un derecho indubitado de propiedad sobre los fondos que pueda ser tutelado por esta vía, manteniéndose dichos recursos en la cuenta de capitalización individual de la recurrente conforme a las reglas generales del D.L. 3.500.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N°Protección-26861-2025.