Protección contra Servicio Nacional de Migraciones por haber dictado la Resolución Exenta NUM000 d

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Al folio 14: a todo, téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que con fecha 19 de diciembre de 2025, comparecen las abogadas Gabriela Hilliger y Sandra Cárdenas, de la Fundación Servicio Jesuita a Migrantes, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, interponiendo acción de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones por haber dictado la Resolución Exenta NUM000 de 20 de noviembre de 2025, mediante la cual se declara el desistimiento de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiada de la recurrente, actuación que consideran ilegal y arbitraria, atendido a que infringe disposiciones de la Ley N°20.430, la Ley N°19.880 y tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Chile, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N°1 y N°2 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se declare la ilegalidad de dicha resolución y se ordene al Servicio Nacional de Migraciones permitir a la recurrente ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Exponen que la recurrente es una mujer venezolana que desde los 11 años fue víctima de abuso sexual reiterado por parte de su tío materno, siendo constantemente amenazada de muerte. Señala que a los 13 años quedó embarazada producto de dichos abusos, siendo obligada a interrumpir el embarazo en diciembre de 2011. Refiere que en julio de 2015 interpuso una denuncia ante la autoridad policial venezolana, siendo objeto de burlas por parte del funcionario receptor, y que 2 días después fue agredida por miembros de la banda criminal "Koki", quienes la amenazaron con armas y le ordenaron desistir de las acciones legales, situación que derivó en un parto prematuro de emergencia el 19 de julio de 2015.

Añaden que ante la imposibilidad de obtener protección en Venezuela y posteriormente en Perú —donde fue nuevamente amenazada y agredida por familiares de su agresor—, ingresó a Chile el 14 de febrero de 2022 por paso no habilitado, manifestando su intención de solicitar refugio el 5 de noviembre de 2025.

Alegan que la resolución recurrida es ilegal porque aplica retroactivamente requisitos formales introducidos por modificaciones legales posteriores al ingreso de la recurrente al territorio nacional, ocurrido en febrero de 2022, cuando la normativa vigente no establecía plazo para solicitar refugio ni exigía justificar la residencia en un tercer país.

Argumentan que el plazo de 10 días para comparecer ante la autoridad migratoria tras el ingreso irregular no constituye un requisito de admisibilidad del procedimiento de refugio, sino una carga cuyo incumplimiento solo acarrea consecuencias sancionatorias de índole migratoria.

Denuncian que la resolución limita un derecho fundamental mediante una norma de rango infralegal, contraviniendo el artículo 6 de la Constitución Política de la República. Alega además la infracción de los principios pro persona y de no devolución contemplados en la Ley N°20.430 y en instrumentos internacionales vigentes, así como la vulneración de los principios de celeridad, imparcialidad y conclusividad de la Ley N°19.880.

Enfatizan que los derechos constitucionales de la recurrente se ven vulnerados en tanto la negativa a tramitar su solicitud de refugio la expone a una eventual expulsión hacia su país de origen, donde su vida e integridad corren peligro real e inminente, perturbando su integridad psíquica actual y amenazando su integridad física, configurando asimismo un trato discriminatorio respecto de otras personas que han accedido al mismo procedimiento en igualdad de condiciones.

Solicitan que se declare la ilegalidad y arbitrariedad de la Resolución Exenta NUM000, ordenándose al Servicio Nacional de Migraciones permitir a la recurrente ingresar al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado contemplado en la Ley N°20.430 y su reglamento.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones, representado por la abogada Katherina Fuentes, evacúa su informe solicitando el rechazo de la acción constitucional de protección en todas sus partes, por cuanto no se configuran los presupuestos constitucionales ni legales para su interposición, al no existir acto u omisión de la autoridad que pueda ser calificado de arbitrario o ilegal, en virtud de los siguientes fundamentos de hecho y de derecho.

Expone que la recurrente manifestó su intención de acceder al procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado el 5 de noviembre de 2025, por lo que mediante Oficio Ordinario folio NUM001 se le citó para el 13 de noviembre de 2025 a cita de trámite inicial.

Señala que, realizado un primer análisis de la solicitud, esta se encontraba incompleta, razón por la cual mediante Resolución Exenta NUM002 se le informó a la extranjera que no era posible dar curso a su solicitud por no cumplir con los requisitos formales mínimos establecidos en la Ley N°20.430 y su reglamento, otorgándosele un plazo de 15 días hábiles para subsanar las observaciones, bajo apercibimiento de tenerla por desistida.

Añade que la interesada acompañó únicamente una carta explicativa, documentación que no permitió entender por subsanados los requisitos formales faltantes, por lo que mediante Resolución Exenta NUM000 de 20 de noviembre de 2025 se tuvo por desistida la solicitud.

Argumenta que la Ley N°21.655, publicada el 20 de febrero de 2024, modificó sustancialmente la Ley N°20.430, estableciendo una etapa inicial de admisibilidad del procedimiento de determinación de la condición de refugiado, e incorporó requisitos formales indispensables, entre ellos el plazo fatal de 7 días hábiles contados desde el ingreso al territorio nacional para presentarse ante el Servicio Nacional de Migraciones. Sostiene que dicho plazo constituye un requisito formal de admisibilidad, cuyo incumplimiento impide dar curso a la solicitud.

Aduce que la recurrente incumplió 3 requisitos formales legalmente exigibles: primero, mantuvo residencia en Perú por 2 años y 7 meses sin entregar razones atendibles para no haber solicitado refugio en ese país; segundo, excedió el plazo de 7 días hábiles desde su ingreso al país para presentarse ante el Servicio, considerando que su solicitud fue presentada 3 años después de su ingreso; y tercero, habiendo ingresado por paso no habilitado, no presentó antecedentes que acreditaran el cumplimiento de los plazos establecidos en los artículos 8 y 35 del Decreto Supremo N°837.

Indica que la autoridad actuó con estricto apego a la normativa vigente, otorgando a la recurrente la oportunidad de subsanar los defectos de su presentación, conforme al artículo 31 de la Ley N°19.880, sin que la documentación acompañada resultara suficiente.

Solicita que se rechace la presente acción constitucional de protección en todas sus partes, por no existir acción u omisión ilegal o arbitraria por parte de esta autoridad que prive, perturbe o amenace el legítimo ejercicio de alguno de los derechos consagrados en el artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Tercero: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, del mérito de los antecedentes allegados al proceso, se puede establecer que el fundamento de las alegaciones vertidas en autos se basa en que la decisión de tener por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento como refugiada aplica requisitos normativos inexistentes al momento del ingreso de la recurrente al territorio nacional, en relación con los plazos para realizar la solicitud y para ponerse a disposición de la autoridad migratoria.

Quinto: Que del mérito del proceso se desprende que la Resolución Exenta NUM000, que tiene por desistida a la recurrente de su solicitud de reconocimiento de la calidad de refugiada se funda no solo en el hecho que la recurrente no cumplió con los plazos de los artículos 26 de la Ley N° 20.430 y 8 y 35 del Decreto Supremo N° 837, sino también por las causales del artículo 26 N° 3 de la Ley N° 20.430, esto es, por haber mantenido un periodo de residencia o tránsito en un país diferente al territorio en que la vida se encuentra supuestamente amenazada, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado la protección de tal situación en dicho lugar.

Conforme se desprende de los escritos de discusión y documentos allegados al proceso, se desprende que la recurrente estuvo dos años y siete meses en Perú, sin entregar razones atendibles para no haber solicitado refugio en ese país.

Sexto: Que, si bien, se le ha reprochado el hecho de no haber presentado ante la autoridad migratoria, dentro de séptimo día, conforme lo prescribe el actual artículo 26 de la Ley N°20.430, lo cierto es que tampoco se acompañaron antecedentes de que haya hecho una solicitud antes de los 3 años desde el ingreso clandestino, por lo que tampoco se cumplieron con los plazos del reglamento vigentes a la época de su ingreso para presentarse ante la autoridad migratoria competente.

Séptimo: Que, de esta manera, junto con entender esta Corte que las normas sobre los plazos para solicitar el reconocimiento de calidad de refugiada y a dar conocimiento de su situación a la autoridad migratoria competente son las vigentes al momento de realizar la referida de solicitud, no es menos cierto que, además, el rechazo se funda en causales objetivas que se ven satisfechas por la propia declaración de la recurrente, como son el haber residido en otro país sin solicitar refugio en él con anterioridad a la solicitud que motiva la presente acción constitucional.

Octavo: Que, por lo anteriormente razonado, esta Corte no ve en la resolución recurrida ningún acto ilegal que perturbe la garantía constitucional denunciada, por lo que no corresponde ordenar medida alguna para restablecer el imperio del Derecho, atendido a que la decisión de archivo de la solicitud de refugio se funda en la normativa vigente y con sustento en los hechos establecidos en el presente proceso.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se decide que se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-26854-2025.