nombre reservado con SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL

C.A. de Santiago Santiago, cinco de mayo de dos mil veinte.

Vistos:

Comparece el abogado don Álvaro Gatica Arenas, en representación de don nombre reservado, cesante, en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), representada por nombre reservado, por haber incurrido en el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en la dictación de la Resolución Exenta N° R-01-UME-14055-2020 de 21 de febrero de 2020, por la que se negó a su representado otorgarle la cobertura del seguro de la Ley Nº 16.744 sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, afectando las garantías constitucionales contempladas en los numerales 1º, 9º, 18º y 24º del artículo 19 de la Carta Fundamental , solicitando se acoja la presente acción, en el sentido que la recurrida deberá ajustar la resolución de acuerdo a la ley, expresando que al recurrente le corresponde el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con costas.

Expresa que su mandante desde el año 2011, se desempeña como trabajador en una curtiembre, cumpliendo labores de carácter físicas, particularmente, la realización de fuerza de brazos para la manipulación de la maquinaria para el tratamiento del cuero, siendo del caso, que a mediados del año pasado comenzó a sentir fuertes dolores en el hombro izquierdo, quedando imposibilitado de seguir desempeñando esas faenas.

Agrega que el 9 de septiembre de 2019, la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS), le diagnosticó “rotura de tendón supraespinoso en hombro izquierdo”, consignando que la enfermedad no tendría origen laboral, por lo que, su representado impugnó la resolución en comento ante la recurrida, que resolvió el 21 de febrero del corriente, mantener la decisión de la ACHS, dado que de “…los estudios clínicos, evidencia alteraciones degenerativas en su hombro, no atribuibles al trabajo que realiza como operario de calzados”, decisión que estima no se ajusta a la realidad, atendido que la labor que ejercía el recurrente ha sido ponderada en forma “genérica”, sin considerar el trabajo físico ni un análisis técnico o pericia para determinar cuál era la mecánica de movimientos que desarrollaba durante su trabajo.

Estima que la cuestionada resolución, carece de la debida fundamentación que todo acto administrativo debe contener al alero de lo dispuesto en el artículo 11 inciso segundo de la Ley Nº 19.880, lo que refuerza mediante reseñas jurisprudenciales.

En cuanto a las garantías constitucionales que acusa afectadas, sostiene que lo ha sido el derecho a la vida e integridad física y psíquica, desde que el protegido debe soportar molestias físicas en su hombro, sin que pueda recibir un tratamiento que le permita tener una mejor calidad de vida.

Asimismo, refiere que ha sido vulnerada la igualdad ante la ley, por cuanto, la resolución de la Superintendencia de Seguridad Social, configura un tratamiento discriminatorio en contra de su representado.

En tercer término, indica que también ha sido transgredido el derecho de propiedad que le asiste a su mandante sobre el derecho incorporal a obtener los beneficios pecuniarios del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales regulados en la Ley Nº 16.744.

En este acápite, por último señala que ha sido afectado el derecho a la seguridad social, en razón que se le ha impedido al actor acceder al seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Previas citas a la Constitución Política de la República, solicita se acoja la presente acción, en el sentido que la recurrida deberá ajustar la reprochada resolución de acuerdo a la ley, expresando que al recurrente le corresponde el seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, con costas.

El abogado don Francisco Calvo Fernández de la Peña, en representación de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), en primer lugar, alega la improcedencia de la acción por tratarse de materias de seguridad social que se encuentran desprovistas de cautela vía la acción de autos, lo que refuerza mediante reseñas jurisprudenciales En cuanto al fondo del asunto, evacuando el informe requerido, solicita el rechazo con costas de la acción.

Latamente alude a las funciones que le asisten en la fiscalización y control del sistema de seguridad social, particularmente aquellas que guardan relación con la supervigilancia y fiscalización de los regímenes de seguridad y protección social y de las instituciones que los administren dentro de la esfera de su competencia de conformidad con la ley.

Previas referencias a la normativa aplicable al caso, se detiene en la definición de enfermedades profesionales, contenida en el artículo 7° de la Ley N° 16.744, que las conceptualiza como “causadas de manera directa por el ejercicio de la profesión o el trabajo que realice una persona y que le produce incapacidad o muerte”, añadiendo la disposición que, debe existir una relación causal directa entre el quehacer laboral y la patología que provoca una incapacidad, sea ésta temporal o permanente. Ello en relación, a lo establecido por el artículo 16 del D.S. N° 109, de 1968, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, en orden a que para que “una enfermedad se considere profesional es indispensable que haya tenido su origen en los trabajos que entrañan el riesgo respectivo, aun cuando éstos no se estén desempeñando a la época del diagnóstico”.

Por lo que, manifiesta que para catalogar una enfermedad de profesional, es menester que se produzca una alteración de la salud, que exista una relación directa entre el trabajo realizado y la alteración de salud y que ésta genere incapacidad o muerte del trabajador.

Precisado lo anterior, esgrime que según el artículo 58 de la norma antes citada, la declaración, evaluación, reevaluación y revisión de las invalideces producidas por accidentes del trabajo y enfermedades profesionales será́ de competencia de la COMPIN, excepto si se trata de incapacidades permanentes derivadas de accidentes del trabajo de afiliados a Mutualidades de Empleadores.

Aclara que la Comisión Médica de Reclamos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales (COMERE), según lo establece el artículo 77 de la Ley N° 16.744, es una institución autónoma que tiene entre sus funciones, de acuerdo con lo prescrito en el artículo 79 del D.S. N° 101, de 1968, que aprobó́ el Reglamento de la Ley N° 16.744, conocer y pronunciarse, en primera instancia, sobre todas las decisiones recaídas en cuestiones de hecho que se refieran a materias de orden médico, en los casos de incapacidad permanente derivada de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Agregando como argumento de a mayor abundamiento que en el caso, se discute una materia de orden médico cuyo procedimiento se encuentra reglado en el artículo 77 de la ley en comento, las que son resueltas por su representada en forma exclusiva sin ulterior recurso, por lo que el legislador optó por dejar en manos de un organismo técnico, imparcial y especializado los reclamos de cuestiones de hecho.

Se defiende, señalando que la SUSESO no ha incurrido en ningún acto arbitrario e ilegal, desde que su representada dentro del ámbito de su competencia ha dictado la resolución controvertida, de acuerdo a las facultades fiscalizadoras que le han sido otorgadas por el legislador, sin que aparezca que hubiere infringido una norma de carácter legal o reglamentaria, debiendo además tener en consideración que de los informes médicos y administrativos de la entidad fiscalizada por la Superintendencia, figura que el acto administrativo se encuentra fundado, sin que pudieran verse afectadas las garantías constitucionales a que alude el recurrente.

Por otra parte, aduce que el asunto de autos, debe ser conocido en un juicio de lato conocimiento.

Para efectos de una acertada resolución, le fue solicitado al Fondo Nacional de Salud (FONASA) y la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) que evacuaran informe acerca del arbitrio de autos.

En cumplimiento de lo ordenado, el abogado don Patricio Castillo Barrios, en representación de la ACHS, evacuando el informe requerido, indica que una vez que se realizaron las evaluaciones, exámenes y estudio de puesto de trabajo pertinentes al actor, fue establecida la presencia de la “rotura completa del supraespinoso” y “tendinosis bicipital”, ambas patologías en el hombro izquierdo, y medicamente consideradas como de naturaleza común por el Comité de Calificación de Enfermedades Profesionales de Patologías Osteomusculares, al no ser posible relacionar directamente su sintomatología con su quehacer laboral, según lo prescrito en el artículo 7° de la Ley N°16.744, y en consecuencia, no correspondiéndole al paciente la cobertura del Seguro Social de la citada ley, sino que la de su régimen común de salud.

En ese contexto, manifiesta que su representada ha actuado con plena observancia de lo instruido por la SUSESO.

Comparece la abogada doña Marcela Paz Prieto Acosta, en representación del Fondo Nacional de Salud (FONASA), evacuando el informe solicitado, alega la improcedencia de dirigirse en contra de FONASA, desde que a la COMPIN le corresponde aprobar o rechazar las licencias médicas, en cuanto a los afiliados a FONASA (sic).

Añade que sólo el compete la disposición de recursos financieros a la COMPIN o CCAF, en su caso, cuando la licencia es aprobada por la COMPIN (sic).

En definitiva, esgrime que su representada no se encuentra legalmente facultada para fiscalizar el uso, el origen, ni la causalidad de las licencias médicas de sus cotizantes, así como tampoco puede fiscalizar el pago de los subsidios por Incapacidad laboral asociados a éstas, siendo estas atribuciones exclusivas de las COMPIN y de la SUSESO.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero: Como reiteradamente se sostiene el Recurso de Protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de Chile, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio, resultando, entonces, requisito indispensable de la acción, un acto u omisión ilegal –esto es, contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil- o arbitrario –producto del mero capricho de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías protegidas.

Segundo: Que según se desprende los antecedentes recabados en la tramitación, el acto que motiva la acción de protección es la decisión de la Superintendencia de mantener el rechazo de calificar como de origen laboral la patología “rotura de tendón supraespinoso en hombro izquierdo​” que afecta al recurrente, y consecuentemente, no brindarle la cobertura del seguro de accidentes del trabajo contemplada en la Ley Nº 16.744.

Tercero: Del mérito de los antecedentes aparejados en la causa, aparece que la Asociación Chilena de Seguridad y la recurrida, tras el estudios de los antecedentes médicos del actor llegó a la conclusión que la patología de “rotura de tendón supraespinoso en hombro izquierdo​”, no guardaba relación con el trabajo que desempeñaba el recurrente como operario en fábrica de calzados.

Cuarto: Como se aprecia, el pronunciamiento que emite la Superintendencia en estas materias obedece al ejercicio de sus facultades y competencias legales, como refiere la Ley N° 16.395, en particular su artículo 2 letra c), que prescribe entre sus funciones “resolver las presentaciones, apelaciones y reclamos de usuarios, trabajadores, pensionados, entidades empleadoras, organismos administradores de la seguridad social y otras personas, ya sean naturales o jurídicas, en materias que no sean de carácter litigioso, dentro del ámbito de su competencia”. Por su parte, el artículo 3° dispone que “la Superintendencia de Seguridad Social será́ la autoridad técnica de fiscalización de las instituciones de previsión, dentro de su competencia”.

Quinto: En ese escenario, de acuerdo con el artículo 30 de la misma ley, le corresponde a la Superintendencia la fiscalización de las instituciones que administran el Seguro Social contra Riesgos de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, que se rige por la Ley N° 16.744, normativa que define lo que se entiende por accidente del trabajo en su artículo 5°, y enfermedad profesional, en su artículo 7°, pero en el caso particular, evaluados los antecedentes médicos, no calificaba la patología dentro de los referidos conceptos, pues obedecía a una enfermedad común, condiciones en las que las prestaciones médicas y económicas que corresponda, deben determinarse a través del sistema salud común al que esté adscrito el actor.

Sexto: En definitiva, al resolver la Superintendencia, en ejercicio de su función fiscalizadora, analizando los antecedentes médicos del actor, que no existían elementos que sustentaran su pretensión, porque su dolencia obedecía a una enfermedad común, imponía que el recurrente acudiese a FONASA, lo cual no merece reproche por este tribunal.

Séptimo: Asimismo, siendo el presente arbitrio uno extraordinario, para poner pronto remedio a la vulneración de un derecho del que es detentador su titular, el mismo no puede ser utilizado para discutir la existencia de una enfermedad común o si la misma puede ser objeto de calificación de accidente laboral o enfermedad profesional.

En consecuencia, de lo expuesto fluye que la actuación en contra de la cual se ha interpuesto esta acción ha sido adoptada por la autoridad requerida por el actor a través de las instancias que la ley prevé́, y las decisiones fueron adoptadas con los antecedentes idóneos para ello, no resultando por lo tanto arbitrarias ni ilegales.

Octavo: Luego, al no haberse comprobado la existencia de una acción u omisión que pueda calificarse de arbitraria o ilegal por la recurrida, dos exigencias necesarias y previas para que el recurso pueda prosperar, resulta inconducente entrar al análisis si las garantías fundamentales que se dicen afectadas por el recurrente han sido en efecto vulneradas, pues el estudio de si se ha seguido directo e inmediato atentado contra las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía, supone necesariamente la existencia previa de un acto calificable como arbitrario e ilegal, que en la especie no ha podido configurarse, lo que llevará inevitablemente al rechazo de la presente acción de protección.

Y de conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido a favor de nombre reservado.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-26825-2020.

Pronunciada por la Séptima Sala (Virtual) de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra señora Adelita Ravanales Arriagada e integrada por el Ministro señor Juan Antonio Poblete Méndez y por el Fiscal Judicial señor nombre reservado.