nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.

C.A. de Santiago Santiago, catorce de mayo de dos mil veintiséis.

Al folio 10: téngase presente.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que, comparece nombre reservado, abogado, actuando en su propio nombre y representación, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A., por haber rechazado de manera ilegal y arbitraria su solicitud de devolución de fondos previsionales de conformidad con la Ley N°18.156.

Expone el libelo que el recurrente, de nacionalidad venezolana y de profesión abogado, solicitó presencialmente el 12 de noviembre de 2025 la devolución de sus fondos acumulados, acompañando su título profesional, los contratos de trabajo con la cláusula respectiva y una "Constancia Electrónica de Cotizaciones" emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), que acredita 759 semanas de cotización. Señala que, dado que el certificado carece de firma electrónica avanzada, procedió a validarlo ante Notario Público en Chile, quien certificó el ingreso al portal web oficial del IVSS y la correspondencia de la información mediante un código de verificación.

Añade que la recurrida rechazó su solicitud el 18 de noviembre de 2025, argumentando que el certificado de afiliación no era válido ni susceptible de validación, por carecer de la respectiva apostilla o legalización. El recurrente considera que esta exigencia es irracional e imposible de cumplir en la actualidad, y que el medio tecnológico verificado por el ministro de fe constituye plena prueba. En consecuencia, estima que el actuar de la recurrida vulnera las garantías constitucionales de igualdad ante la ley y el derecho de propiedad, consagradas en el artículo 19 números 2 y 24 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la recurrida la restitución de sus fondos previsionales, con costas.

Segundo: Que, evacuando el informe solicitado, comparece el abogado Víctor Tabilo Marentis, en representación de la recurrida AFP Planvital S.A., solicitando el rechazo íntegro de la acción constitucional interpuesta.

Fundamenta su posición argumentando que el rechazo de la solicitud se ajusta estrictamente a derecho y a las instrucciones impartidas por la autoridad reguladora. Explica que, mediante el Oficio Ordinario N°12.954 de fecha 15 de julio de 2025, la Superintendencia de Pensiones determinó de forma expresa y obligatoria que, para acreditar el requisito de la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156, los trabajadores extranjeros deben presentar la certificación emitida por la autoridad previsional del país de origen debidamente legalizada o apostillada, señalando categóricamente que las constancias electrónicas no apostilladas y las declaraciones juradas notariales carecen de valor probatorio para efectos previsionales.

Sostiene que la Ley N°18.156 es una norma excepcional y de interpretación restrictiva. Por lo tanto, el actuar de la Administradora no reviste carácter de ilegal, ya que dio cumplimiento a la normativa vigente legal (artículo 345 del Código de Procedimiento Civil) y administrativa. Tampoco es arbitrario, pues obedece a un trato igualitario y justificado para todos los afiliados, agregando que el rechazo no priva al actor de su derecho, el cual puede volver a ejercer una vez subsanados los reparos formales.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un derecho indubitado y no controvertido, que permita a esta Corte adoptar medidas para neutralizar los efectos de la vulneración.

Cuarto: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si el actuar de AFP Planvital S.A., al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente por no presentar el certificado de su régimen previsional extranjero debidamente apostillado —sustituyendo dicha formalidad por una constatación notarial en Chile del respectivo sitio web—, constituye un acto ilegal o arbitrario que vulnere las garantías constitucionales invocadas.

Quinto: Que la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional, permite a los técnicos extranjeros solicitar la exención de cotizaciones o la devolución de los fondos previsionales depositados en Chile, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos de su artículo 1°. Entre ellos, la letra a) exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. A su vez, corresponde a la Superintendencia de Pensiones fijar la interpretación de la legislación del Sistema con carácter obligatorio para las Administradoras, conforme al artículo 94 N°3 del D.L. N°3.500.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados, fluye de manera inequívoca que la "Constancia Electrónica de Cotizaciones" del IVSS aportada por el actor carece de la debida legalización o apostilla. Esta omisión contraviene las reglas previstas en nuestra legislación para entregar valor a los instrumentos públicos otorgados en el extranjero y el dictamen vinculante para la recurrida emanado de la Superintendencia de Pensiones contenida en el Oficio Ordinario N°12.954 de 15 de julio de 2025. Dicho instrumento administrativo impone a las Administradoras la prohibición de cursar estas devoluciones basándose en certificaciones electrónicas no apostilladas o constataciones notariales que no emanan de la autoridad competente de origen.

Séptimo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no constituye una acto ilegal o arbitrario, puesto que se sustenta en la normativa vigente, sin que obedezca a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Octavo: Que, por las razones expuestas, el recurso en estudio no podrá prosperar.

Noveno: Que, careciendo el recurrente de un derecho indubitado en tanto no dé estricto cumplimiento a las formalidades legales y administrativas exigidas para la procedencia de la franquicia excepcional que invoca, y al no advertirse en la especie un actuar ilegal ni arbitrario por parte de la recurrida que deba ser enmendado por esta vía de urgencia, la presente acción constitucional no puede prosperar, dejando a salvo el derecho del actor de reiterar su petición administrativa una vez subsanados los requisitos correspondientes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26779-2025.