Protección contra Servicio Nacional de Migraciones

C.A. de Santiago Santiago, once de noviembre de dos mil veinticinco.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don nombre reservado, de nacionalidad cubana, asistido por el abogado Sergio Aburto Mayorga, interponiendo recurso de protección de garantías constitucionales en contra del Servicio Nacional de Migraciones, representado por su Director Nacional, don Luis Thayer Correa, fundado en la supuesta ilegalidad y arbitrariedad de la conducta de dicho órgano al impedir la formalización de su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, exigiéndole como requisito previo la presentación de autodenuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Expone el actor que ingresó a Chile el 2 de enero de 2023 por el paso fronterizo Colchane, proveniente desde Bolivia, sin someterse a control migratorio alguno, lo que lo dejó en condición irregular. Refiere que arribó a Santiago el 3 de enero de ese año y que, el día siguiente, acudió al Servicio Nacional de Migraciones —Sección Refugio y Reasentamiento— con el propósito de solicitar refugio político, atendido el temor fundado de persecución que alega sufrir en su país de origen.

Detalla que en Cuba se desempeñaba en un almacén estatal, y que, debido a la precariedad económica, comenzó a comercializar ropa enviada por un familiar residente en el extranjero. Afirma que fue sorprendido por las autoridades vendiendo en el mercado informal, detenido por un día, multado y amenazado con futuras represalias en caso de reincidir. Señala que esta situación, unida a su condición de opositor al régimen, lo llevó a abandonar su país, temiendo por su libertad e integridad personal.

Relata que, al intentar formalizar su solicitud de refugio en el Servicio Nacional de Migraciones, un funcionario le indicó que no podía iniciar el procedimiento hasta contar con una autodenuncia otorgada por la Policía de Investigaciones de Chile, instrumento que acredita el ingreso irregular y da origen a la denominada Tarjeta de Migrante Infractor. Afirma que, conforme a esa instrucción, solicitó en línea citación ante la Policía de Investigaciones de Chile para autodenunciarse, sin obtener respuesta o citación efectiva, permaneciendo hasta la fecha en situación migratoria irregular y sin reconocimiento formal de su solicitud de refugio.

Indica que, durante el año 2023, la Policía de Investigaciones de Chile únicamente lo convocó a empadronamiento biométrico —acto efectuado el 27 de julio de ese año—, sin otorgarle documento alguno ni procesar su autodenuncia.

Afirma que la omisión persistente del Servicio recurrido y la falta de coordinación entre éste y la Policía de Investigaciones de Chile le impiden ejercer su derecho a solicitar refugio conforme a los instrumentos internacionales suscritos por Chile.

El actor sostiene que el acto impugnado consiste en la exigencia ilegal y arbitraria del Servicio Nacional de Migraciones de condicionar la formalización de la solicitud de refugio a la presentación previa de la autodenuncia, requisito que —asegura— no está contemplado ni en la Ley N° 20.430 que regula el reconocimiento de la condición de refugiado, ni en su Reglamento, contenido en el Decreto N° 837 del Ministerio del Interior. A su juicio, dicha práctica contraviene el principio de legalidad del artículo 7 de la Constitución y vulnera los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 N° 2 (igualdad ante la ley) y en el principio de no devolución previsto en el artículo 4 de la citada ley y en el artículo 5 inciso segundo de la Carta Fundamental.

Agrega que el acto denunciado lo priva de un acceso efectivo al procedimiento de refugio, impidiendo el ejercicio de derechos que derivan de tal calidad, como la obtención de visa temporaria, el acceso al trabajo formal y la protección contra la devolución o expulsión.

Invoca además los artículos 14 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 33 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, que reconocen el derecho de toda persona a solicitar asilo frente a persecución.

En consecuencia, solicita que se acoja el recurso y se declare ilegal y arbitraria la actuación del Servicio Nacional de Migraciones, ordenándosele recibir y tramitar formalmente su solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, otorgándole el estatus de solicitante y la visa correspondiente mientras se resuelve su caso ante la Comisión de Reconocimiento de la Condición de Refugiado, con costas.

Segundo: Que el Servicio Nacional de Migraciones, mediante informe evacuado con fecha 13 de enero de 2025, solicita el rechazo íntegro del recurso, por no existir acto u omisión ilegal o arbitraria que afecte derechos fundamentales del actor.

En primer término, el órgano recurrido indica que, de acuerdo con los registros institucionales, nombre reservado no cuenta con registro de ingreso regular al país, constatándose que su entrada fue clandestina, según informe de la Policía Internacional del Aeropuerto nombre reservado

Benítez, Parte N° NUM000 de fecha 20 de noviembre de 2023.

Añade que el recurrente se empadronó biométricamente el 27 de julio de 2023, en el marco del proceso nacional de empadronamiento de extranjeros, pero que no consta que haya presentado solicitud de refugio alguna ante el Servicio o ante otra autoridad competente.

El Servicio explica que no existe constancia administrativa ni documento alguno que dé cuenta de que el actor haya formalizado una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, ni tampoco que haya sido impedido de hacerlo por algún funcionario.

Refiere que, en cambio, sí se registra una solicitud de residencia temporal por motivos económicos, ingresada por vía electrónica el 4 de diciembre de 2023 bajo ID N° NUM001, la cual fue declarada inadmisible por Resolución Exenta N° NUM002 de 23 de julio de 2024, atendido que el recurrente registraba ingreso por paso no habilitado, conforme a lo dispuesto en los artículos 132 y 139 de la Ley N° 21.325 sobre Migración y Extranjería.

Alega que no se ha dictado medida de expulsión ni acto de devolución alguno, por lo que el principio de no devolución no se encuentra comprometido.

El Servicio sostiene que la autoridad migratoria ha actuado dentro de sus competencias legales, limitándose a aplicar la normativa vigente respecto de la regularización migratoria y del procedimiento de reconocimiento de la condición de refugiado.

Respecto de la alegación del actor sobre la supuesta exigencia de autodenuncia, el Servicio precisa que la normativa sobre refugio — en particular la Ley N° 20.430, su Reglamento y las instrucciones administrativas contenidas en la Resolución Exenta N° 21.726 de 2023, que aprueba el Manual de Procedimiento del Departamento de Refugio y Reasentamiento— no impone como requisito previo la autodenuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile para iniciar el trámite de refugio. No obstante, aclara que la práctica administrativa de solicitar dicho antecedente tiene por objeto identificar y registrar al solicitante, y no constituye impedimento o negación del acceso al procedimiento, que puede iniciarse presencialmente, por carta certificada o en frontera.

El Servicio argumenta que la sola manifestación verbal del actor de haber concurrido al Servicio no equivale a una solicitud formal, pues para adquirir la calidad de solicitante de refugio debe presentarse un escrito o formulario con los antecedentes personales, relato de persecución y firma del interesado, conforme al artículo 9 del Reglamento de la Ley N° 20.430. Sostiene, en consecuencia, que el actor no cumplió con las exigencias mínimas de forma y contenido establecidas en la normativa, de modo que no puede imputarse a la autoridad recurrida omisión o negativa alguna.

En cuanto a la residencia temporal declarada inadmisible, sostiene que el acto administrativo se encuentra debidamente fundado, dictado dentro de la competencia del Servicio, y conforme al principio de juridicidad del artículo 6 de la Constitución, dado que la ley impide conceder residencia a quienes ingresaron por paso no habilitado.

En lo que respecta al principio de no devolución, argumenta que éste opera respecto de quienes tienen pendiente una solicitud de refugio formalmente admitida, y no frente a personas que se encuentran en situación migratoria irregular sin haber iniciado procedimiento alguno. Así, el actor no se encuentra bajo amenaza concreta de expulsión ni en riesgo de vulneración de derechos fundamentales.

Finalmente, el Servicio Nacional de Migraciones concluye que no ha existido acto ilegal ni arbitrario, que la tramitación de los procedimientos administrativos se ha ajustado a la ley y que el recurso persigue en realidad sustituir la voluntad de la autoridad administrativa en materias de competencia exclusiva, por lo que solicita su rechazo en todas sus partes.

Tercero: Que, por su parte, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) evacuó su informe mediante presentación de fecha 16 de octubre de 2025, suscrita por el abogado Omar Alonso Castro Torres, en representación del Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, don Eduardo Alejandro Cerna Lozano, dando cumplimiento a lo ordenado por resolución de seis de enero de ese año.

La institución señala que el recurrente ingresó al país en forma irregular el 2 de enero de 2023 por el paso Colchane, desde Bolivia, sin someterse a control migratorio, hecho constatado en los registros del sistema institucional. Precisa que el 3 de enero de 2023 el recurrente llegó a Santiago y que el 4 de enero siguiente concurrió al Servicio Nacional de Migraciones —Sección Refugio y Reasentamiento—, donde, según su propio relato, se le habría informado que no podía dar inicio al procedimiento de refugio sin contar previamente con autodenuncia otorgada por la Policía de Investigaciones de Chile, documento que acredita ingreso irregular.

La Policía de Investigaciones de Chile aclara que no consta en sus bases de datos registro alguno de que el recurrente haya sido citado o se haya presentado voluntariamente para autodenunciarse, y que tampoco existe constancia de negativa o rechazo por parte de la institución a recibir su autodenuncia.

Explica que la función de la Policía de Investigaciones de Chile se limita a verificar, registrar y empadronar a los extranjeros que ingresan por pasos no habilitados, conforme a lo dispuesto en los artículos 131 y siguientes de la Ley N° 21.325, careciendo de competencia para iniciar o tramitar solicitudes de refugio, función que corresponde exclusivamente al Servicio Nacional de Migraciones.

Señala asimismo que el recurrente fue empadronado biométricamente el 27 de julio de 2023, dentro del proceso nacional dispuesto por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que no registra medida de expulsión ni restricción de salida vigente.

En su conclusión, la Policía de Investigaciones sostiene que no ha existido acto u omisión ilegal o arbitrario de su parte, puesto que no ha impedido ni obstaculizado trámite alguno, y que su actuación se ha ceñido estrictamente al mandato legal que la faculta como órgano auxiliar en materia migratoria y de control fronterizo.

Cuarto: El recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción constitucional de urgencia, de naturaleza autónoma, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Por consiguiente, resulta requisito indispensable de la acción de que se trata, la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley según el concepto contenido en el artículo 1° del Código Civil, o arbitrario, que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

Quinto: Que el acto que se tilda de arbitrario e ilegal es el no recepcionar e impedir la formalización de la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado del recurrente, exigiéndole como requisito previo la presentación de autodenuncia ante la Policía de Investigaciones de Chile.

Sexto: Que, sin embargo, en estos autos no se han acompañado antecedentes que permitan tener por acreditada la existencia del acto que se tilda de ilegal o arbitrario, puesto que el Servicio Nacional de Migraciones niega que el recurrente haya presentado una solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado, y el recurrente, dentro de los diversos documentos que acompaña para acreditar sus aseveraciones, no acompaña ninguno que permita corroborar que presentó formalmente tal solicitud.

Séptimo: Que, por lo antes razonado, el recurso incoado no podrá prosperar, sin perjuicio que el actor está habilitado para asistir en cualquier momento a las dependencias del Servicio a solicitar el formulario para formalizar la solicitud de refugio.

Por las razones expuestas y conforme a lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se resuelve que se rechaza el recurso de protección interpuesto por nombre reservado, en contra del Servicio Nacional de Migraciones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26774-2024.