nombre reservado con MINISTERIO DE SALUD (MINSAL)

C.A. de Santiago Santiago, tres de julio de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece María-José Lira Marti, abogada, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, por haber dictado la resolución TRA N°286/25/2025, de fecha 10 de noviembre de 2025, mediante la cual se dispuso la separación de la recurrente de la Secretaría Regional Ministerial de la Región de Coquimbo por la causal de salud incompatible.

Expone la recurrente que ingresó a la administración en el año 2013, manteniendo un desempeño ininterrumpido en calidad de contrata desde 2018 en el escalafón administrativo, sin haber sido nunca sancionada y contando con calificaciones sobresalientes.

Relata que sus ausencias, que totalizan 416 días entre junio de 2023 y julio de 2025, derivan de un cuadro clínico complejo originado por el fallecimiento traumático de su hijo en el año 2019, situación que decantó en un trastorno depresivo recurrente y de pánico, diagnósticos debidamente acreditados y calificados como recuperables por el órgano técnico competente.

Indica que, el 10 de noviembre de 2025, se dicta por la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud la resolución TRA N°286/25/2025, por la cual se declaró vacante, por salud incompatible, el cargo servido por la recurrente, por haber hecho uso de licencia medica por un lapso superior a seis meses en los últimos dos años, sin mediar declaración de salud irrecuperable, en virtud de lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Sostiene que la resolución impugnada incurre en arbitrariedad al afirmar, de manera genérica y sin evidencia empírica, que su ausencia afectó la continuidad y eficiencia del servicio, ignorando que sus labores eran cubiertas por subrogancia y que gran parte de su reposo fue de jornada parcial.

Argumenta, asimismo, la existencia de una desviación de poder y un trato discriminatorio, toda vez que en otras reparticiones regionales de la misma Subsecretaría existen funcionarios en situaciones de ausentismo análogas o superiores que no han sido desvinculados, sumado a la omisión de conformar los comités de ausentismo instruidos por el Ministerio de Hacienda mediante Oficio Circular N°16 de 2025.

En cuanto a la infracción de garantías, la recurrente afirma que el acto administrativo carece de la razonabilidad y proporcionalidad exigibles, transformando la facultad facultativa del artículo 151 del Estatuto Administrativo en una sanción automática y discriminatoria, lesionando el derecho a un trato igualitario entre iguales.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y, en su mérito, se declare arbitraria e ilegal la resolución TRA N°286/25/2025, ordenando la reincorporación de la funcionaria a la dotación de la SEREMI de Salud de Coquimbo, con el pago íntegro de sus remuneraciones y cotizaciones previsionales por todo el tiempo que permaneció separada de sus funciones, con expresa condena en costas.

Segundo: Que, evacuando informe, la Subsecretaría de Salud Pública solicita el íntegro y total rechazo de la acción constitucional deducida, con expresa condena en costas.

Fundamenta su oposición en la improcedencia del recurso de protección por no ser la vía idónea para los fines perseguidos, arguyendo que esta acción cautelar de urgencia no puede ser utilizada para declarar o constituir situaciones jurídicas nuevas o discutir materias de lato conocimiento que deben canalizarse a través de los recursos administrativos contemplados en la Ley N°19.880 o ante la judicatura del trabajo.

En cuanto al fondo de la controversia, sostiene la licitud de la Resolución TRA N°286/25/2025, afirmando que no concurren los presupuestos de arbitrariedad e ilegalidad, por cuanto el acto administrativo se dictó en estricto cumplimiento del artículo 151 del Estatuto Administrativo.

Expone que la recurrente hizo uso de 26 licencias médicas entre el 29 de junio de 2023 y el 17 de julio de 2025, totalizando 416 días de ausencia, lo que supera con creces el umbral legal de seis meses en un lapso de dos años. Precisa que, si bien la COMPIN determinó que la salud de la funcionaria era recuperable —mediante Resolución de Evaluación Folio N°18286322—, dicho dictamen técnico no es vinculante para el Jefe de Servicio, quien conserva la potestad de calificar la incompatibilidad de la salud con el cargo basándose en la continuidad y eficiencia de la función pública. En tal sentido, subraya que el prolongado ausentismo afectó directamente la prestación del servicio, obligando a la reasignación de personal y contratación de reemplazos, vulnerando el principio de servicialidad del Estado.

Finalmente, descarta la infracción al artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, señalando que la declaración de vacancia es una consecuencia jurídica reglada ante un hecho objetivo y no constituye un trato discriminatorio, máxime cuando el acto fue sometido al control de legalidad mediante la toma de razón por la Contraloría General de la República.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que el acto recurrido consiste, en síntesis, en el hecho de haberse declarado la vacancia del cargo de la actora debido a salud incompatible, mediante Resolución TRA N°286/25/2025, del 10 de noviembre de 2025, no obstante haberse declarado por COMPIN que mantenía una salud recuperable.

Quinto: Que, en relación con la declaración de salud incompatible con el desempeño del cargo, de los antecedentes acompañados por las partes se desprende que la Subsecretaría de Salud Pública se limitó a declarar la vacancia del cargo, conforme a la atribución que le otorga el artículo 151 del Estatuto Administrativo, lo que realizó previo informe de la COMPIN, de fecha 17 de diciembre de 2024, que declaró que la salud de la actora era recuperable y, por tanto, no le era aplicable lo dispuesto en el artículo 152 de la misma normativa; que de acuerdo al fundamento expuesto en el acto reclamado, “la funcionaria presenta un total de 416 días de inasistencia, correspondiente a 26 licencias médicas” y habiéndose evaluado por la COMPIN que su salud es recuperable, no se advierte ilegalidad ni arbitrariedad alguna en la dictación de la resolución, máxime que el acto se encuentra debidamente fundamentado, encontrándose dentro de las causales de vacancia que establece el Estatuto Administrativo.

Sexto: Que ha de dejarse establecido que la declaración de salud de la COMPIN resulta vinculante sólo para efectos del artículo 152 del Estatuto Administrativo, para el caso que dicho dictamen sea el de irrecuperable, caso en el cual se aplica dicho precepto y en particular, las garantías funcionarias que allí se establecen, evitando por tanto en virtud de esa declaración que el funcionario sea desvinculado por decisión discrecional de la autoridad en virtud de salud incompatible del artículo 151.

En caso contrario, esto es que la decisión de la COMPIN sea recuperable, resulta plenamente aplicable la facultad discrecional, reconocida por el artículo 151 del Estatuto Administrativo, al jefe del servicio, cumpliéndose los requisitos legales que allí se establecen, esto es, haber hecho uso de licencia médica en un lapso continuo o discontinuo superior a seis meses en los últimos dos años, caso que ocurre en la especie.

Séptimo: Que la causal de salud incompatible con el servicio resulta tener un origen legal, el referido artículo 151 del Estatuto Administrativo, el cual debe ser relacionado en forma sistemática con el artículo 3° de la Ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que establece el principio de continuidad del servicio público, en términos que: “La Administración del Estado está al servicio de la persona humana; su finalidad es promover el bien común atendiendo las necesidades públicas en forma continua y permanente…”, de manera tal que resulta coherente que para la Administración del Estado, en virtud del deber que impone el principio de servicialidad en forma permanente y continua, las licencias de los funcionarios por más de 180 días resulta incompatible con las obligaciones del servicio y por tanto, un estado de salud incompatible con el desempeño del cargo.

Octavo: Que, en relación a la oportunidad de la decisión impugnada, es lo cierto que, al ser un hecho no discutido que el período de las ausencias que motivan la vacancia se extendió entre el 29 de junio de 2023 y el 17 de julio de 2025, período en el cual la recurrente acumuló un total de 416 días de inasistencia respaldados en 26 licencias médicas, el lapso de menos de cuatro meses que transcurrió desde entonces y hasta el 14 de noviembre de 2025, fecha del acto recurrido, no aparece excesivo ni tampoco tuvo la virtud de consolidar derecho alguno de la recurrente a permanecer en su cargo.

Noveno: Que descartada ilegalidad o arbitrariedad en el acto impugnado, resulta innecesario hacerse cargo de las garantías denunciadas como vulneradas por ausencia de los supuestos básicos de la acción interpuesta.

Décimo: Que, conforme a lo anteriormente expuesto, el presente recurso de protección no está en condiciones de prosperar.

Por estas consideraciones y visto lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido en favor de nombre reservado en contra de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud.

Acordada con el voto en contra del abogado integrante señor Luis Hernández Olmedo, quien fue de parecer de acoger el recurso de protección y dejar sin efecto el acto recurrido, por los siguientes fundamentos:

1) Que el informe evacuado por Compin, en cumplimiento del artículo 151, inciso final de la Ley N° 18.883, es de fecha 17 de diciembre de 2024, fecha desde la cual en consecuencia, la autoridad del servicio se encontraba en condiciones de ejercer la facultad potestativa y discrecional de declarar la vacancia del cargo, cuestión que sólo se materializó a través del acto recurrido el 10 de noviembre de 2025, esto es, casi 11 meses después que el procedimiento de declaración de vacancia se hallare en estado de resolución, sin que la referida resolución, ni el informe del servicio ni en estrados, se justificara el motivo de esta dilación.

2) Que lo anterior, configura, a juicio de este disidente, la causal de término del procedimiento por “desaparición sobreviniente del objeto” que contempla el artículo 14 de la Ley N° 19.880, pues, la falta de pronunciamiento injustificada de la autoridad durante casi 11 meses como se ha establecido, no resulta compatible con sostener, a su vez, como fundamento del acto, las razones de urgencia y buen servicio que se arguyen en el considerando 6°, en cuanto, “se ha constatado que el prolongado ausentismo de la funcionaria ha afectado de manera directa y significativa la continuidad del servicio y la correcta ejecución de las funciones para las cuales fue contratada. Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 151 del Estatuto Administrativo y los principios contenidos en la Ley N°18.575, la Administración del Estado debe asegurar la prestación ininterrumpida y eficiente de los servicios públicos; situación que, en el presente caso, se ha visto comprometida debido a las reiteradas licencias médicas, lo que ha obligado al servicio a reasignar recursos humanos, contratar personal adicional y recargar funciones en otros equipos, generando un impacto negativo en la eficiencia institucional y en la atención oportuna a la ciudadanía.”.

3) De esta manera, a la fecha de dictación del acto, 11 meses después de contar con los antecedentes suficientes, dichos razones de urgencia y buen servicio, resultan incompatibles con la desidia de la autoridad en adoptar las decisiones para solucionarlas, lo cual demuestra que han perdido vigencia, han sido superadas o no son las razones efectivas del acto.

4) Que, sin perjuicio de este reproche de fondo, ha de tenerse presente además que, conforme el artículo 151 inciso final de la Ley N° 18.883, el jefe superior del servicio, para ejercer la facultad señalada en el inciso primero, deberá requerir previamente a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez la evaluación del funcionario, de lo cual se colige que dicho informe previo resulta obligatorio para el servicio y al solicitarlo, comprende y se justifica en las licencias ya presentadas al tiempo de su requerimiento.

5) Que en la especie, el dictamen de Conpin fue solicitado el 23 de abril de 2024 según se consigna en el considerando 1° del acto recurrido, motivado, según se asevera en el informe del servicio, pagina 10, “ante los 351 días de licencias médicas acumuladas y como parte del proceso habitual en estas circunstancias, […] se da curso al procedimiento establecido en artículo 151 de la Ley N°18.834 sobre Estatuto Administrativo...”.

6) Que siendo el informe del Compin un trámite esencial en el cual fundar el acto, este no puede sino comprender y ser fundado sino en los mismos antecedentes que se dispusieron en conocimiento del órgano técnico señalado para los efectos de la sustanciación del procedimiento de declaración de vacancia, no pudiendo agregar hechos nuevos, como ocurre en este caso, sin que medie, a su vez, un nuevo pronunciamiento del Compin.

7) Que así las cosas, el acto incurre en un segundo defecto de ilegalidad formal en su motivación, al considerar para su decisión en el considerando 3°, el lapso de 416 días de inasistencia por licencias comprendido entre el 29 de junio de 2023 y el 17 de julio de 2025, siendo que el informe del Compin fue requerido por el período de 351 días calculado al 24 de abril del año anterior, como se desprende le considerando 1°, lo que además, entonces, resulta contradictorio.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción del ministro señor nombre reservado y de la disidencia, su autor.

No firma el ministro señor Mera, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse haciendo uso de permiso del artículo 347 del Código Orgánico de Tribunales.

N° Protección-26773-2025.