nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de julio de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

PRIMERO: Que con fecha 23 de diciembre de 2024, comparece Santiago Hernández Serrano, abogado, en representación de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de don nombre reservado, por haber realizado publicaciones difamatorias en las redes sociales Facebook e Instagram en su contra, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que tales expresiones carecen de fundamento y han sido difundidas públicamente con el propósito de dañar su reputación e integridad, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 1, 4 y 24 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita se ordene el cese de la actividad ilegal, la eliminación de las publicaciones y la abstención futura de realizar similares difamaciones.

Relata que el sr. nombre reservado desempeñó como técnico en su empresa desde el 21 de agosto de 2024 hasta el 18 de diciembre del mismo año, fecha en que dejó de prestar servicios en virtud del artículo 161 N°1 del Código del Trabajo. Las partes acordaron que el finiquito correspondiente, por un monto de $647.629 pesos, sería firmado ante notario el 20 de diciembre de 2024. Sin embargo, al momento de concurrir a la notaría el recurrente tomó conocimiento de que el recurrido registraba una deuda de pensiones alimenticias ante el Juzgado de Familia de Puente Alto, encontrándose inscrito en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.

Consecuentemente, explicó al recurrido la obligación legal de realizar los descuentos correspondientes por la deuda alimentaria, disminuyendo el valor del finiquito. No obstante, el recurrido rechazó estas explicaciones, se negó a firmar un nuevo finiquito con los descuentos legales y, producto de su molestia, inició una campaña difamatoria en redes sociales.

Específicamente, el 22 de diciembre de 2024, el recurrido publicó en Facebook y posteriormente envió por WhatsApp comentarios en los que calificaba al recurrente como "sinvergüenza", acusándolo de no pagar cotizaciones ni sueldos, de ser un "explotador laboral" y de negarse a otorgar el finiquito. Al día siguiente, el recurrido reiteró estas acusaciones en Facebook, agregando la expresión "ojo con este tipo" y manifestando expresamente su intención de "funar" al recurrente. Estas publicaciones han sido compartidas en diversos medios y perfiles de terceras personas, amplificando su difusión y el daño causado.

Alega la infracción del derecho a la vida e integridad física y psíquica pues las publicaciones difamatorias han generado un enjuiciamiento público que ha afectado su integridad psíquica mediante acusaciones falsas e infundadas; el derecho al respeto y protección de la vida privada y honra toda vez que las publicaciones han impedido el normal desarrollo de su vida, afectando su honra tanto objetiva como subjetivamente, utilizando su imagen sin consentimiento y vinculándolo a hechos sin pronunciamiento judicial, lo que ha impactado negativamente en sus relaciones laborales y familiares; y el derecho de propiedad sobre bienes incorporales por el uso ilegal y arbitrario de su imagen en las publicaciones sin su consentimiento.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se disponga el cese de la actividad ilegal y arbitraria, ordenando la eliminación de las publicaciones y comentarios mantenidos en su contra en la red social Facebook por parte del recurrido en un plazo prudente, se ordene abstenerse en lo sucesivo de realizar publicaciones del tenor de las que motivaron el presente recurso en Facebook, Instagram u otra red social, se abstenga de realizar nuevas publicaciones difamatorias y elimine todo el contenido publicado hasta la fecha, y se dispongan todas las medidas conducentes al restablecimiento del derecho con expresa condenación en costas.

Segundo: Que el recurrido nombre reservado evacuó oportunamente el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección en todas sus partes.

Refiere que reconoce haber mantenido una relación laboral con el recurrente desde el 21 de agosto de 2024, desempeñándose como técnico en cableado estructurado y puntos de red. No obstante, manifiesta que desde el inicio no se sintió cómodo con sus condiciones laborales, señalando específicamente que debía cumplir extensas jornadas sin que se le proporcionara alimentación, siendo el único trabajador de la empresa, situación que considera especialmente grave dado que es paciente diabético y se encontraba expuesto constantemente a descompensaciones. Asimismo, alega que en innumerables ocasiones, después de terminadas las jornadas laborales en regiones, debía conducir por horas de regreso a Santiago, incluso de madrugada, teniendo que presentarse al día siguiente en horario normal sin haber compensado las horas de sueño ni recibir pago por horas extras o bonos.

Agrega que el recurrente lo expuso en dos ocasiones a trabajar con personas que se drogaban en su presencia mientras laboraba, quienes además conducían vehículos, exponiéndolo a posibles accidentes vehiculares y laborales. Refiere que con fecha 19 de diciembre de 2024 el señor nombre reservado lo desvinculó argumentando necesidades de la empresa, y que al día siguiente se comunicó con él para coordinar la firma del finiquito. Indica que mientras se dirigía a la firma, el recurrente le comunicó que no podía proceder debido a que registraba deuda de pensión de alimentos.

Manifiesta que, asumiendo por desconocimiento que dicha deuda se pagaría con los montos de la AFP, insistió al señor nombre reservado que averiguara si era factible el pago del finiquito, sin obtener respuesta alguna de su parte. Señala que el 21 de diciembre de 2024 intentó contactarse nuevamente sin éxito para reprocharle su falta de respuesta ante un hecho que consideraba urgente. Consecuentemente, expresa que el 22 de diciembre de 2024, ante la incertidumbre y rabia acumuladas, decidió publicar en su red social Facebook la situación que lo tenía desesperado.

En este contexto, reconoce expresamente haber realizado las publicaciones que motivan el presente recurso, explicando que ello obedeció al cansancio físico y emocional que arrastraba desde hacía meses, sumado a la falta de respuestas de parte de su ex empleador respecto a lo que ocurriría con el pago de su finiquito. Precisa que tales publicaciones corresponden únicamente a opiniones sobre el actuar que considera reprochable del recurrente.

Hace presente que la publicación fue borrada horas después y enfatiza que su intención nunca fue dañar la vida, integridad física o psíquica del recurrente, tampoco su vida privada y honra, tanto de él como de su familia, sino que tuvo como único fin la expresión de su sentir y su crítica al actuar del señor nombre reservado.

Afirma que los actos que acusa el recurrente y que sustentan su acción han sido subsanados al haber borrado su publicación de Facebook, por lo que no existe necesidad de restablecer el derecho eventualmente vulnerado.

A su vez, invoca el derecho a la libertad de expresión como fundamento para justificar su actuación, argumentando que la protección del derecho a la honra no tiene carácter absoluto, lo que supone que la exigencia del recurrente de proteger dicho derecho no impide ponderar el comportamiento eventualmente ilegal o arbitrario del recurrido. Sostiene que debe efectuarse una ponderación entre el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la honra.

Concluye que debe considerarse que el proceder encuentra explicación en la conducta previa del recurrente, lo que provee contexto a la situación y permite desacreditar la posible impresión de haber actuado motivado por mero capricho o en forma antojadiza.

Tercero: Que como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

Cuarto: Que, ahora bien, teniendo en consideración que lo alegado por el recurrente como acto ilegal y arbitrario, son las publicaciones realizadas por las recurridas en redes sociales Facebook e Instagram, denostando su honra, y que las mismas, como se señala en informe evacuado por la recurrida -así como de la revisión motor de búsqueda web www.google.cl- se denota que las mismas publicaciones ya no existen, por lo que esta Corte no vislumbra vulneración actual de los derechos constitucionales que se acusaron transgredidos, ni tampoco medida que, a estas alturas, se pueda adoptar para restablecer el imperio del derecho en favor del actor.

Atendido lo anterior y teniendo siempre en consideración la naturaleza cautelar del recurso de protección, aparece que el presente arbitrio ha perdido oportunidad, conclusión que impone necesariamente su rechazo.

Quinto: Que, en estas circunstancias, no procede sino desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido por en favor de nombre reservado, en contra de nombre reservado.

Regístrese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-26763-2024.