nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de doña nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por haber dictado el acto de fecha 1 de diciembre de 2025 que rechazó la solicitud de retiro de fondos para extranjero, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que exige formalidades adicionales no contempladas en la ley y desconoce la validez de documentación electrónica oficial, vulnerando con ello los derechos fundamentales de la igualdad ante la ley, el debido proceso y el derecho de propiedad, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas, por lo que solicita se reconozca la validez de los documentos y se ordene efectuar la devolución de los fondos.

Expone que doña nombre reservado solicitó ante la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. la devolución de sus fondos previsionales al amparo de la Ley N° 18.156. No obstante, con fecha 1 de diciembre de 2025, fue notificada del rechazo de su solicitud, fundamentándose la administradora en que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no constituiría un certificado de afiliación válido al señalar prestaciones de forma genérica y carecer de firma, legalización o apostilla, estimando igualmente como insuficiente la declaración jurada notarial acompañada por la afiliada.

Al respecto, sostiene que la extranjera ha dado íntegro cumplimiento a los presupuestos exigidos en los artículos 1 y 7 de la Ley N° 18.156, normativa especial que únicamente exige encontrarse afiliada a un régimen de previsión extranjero que otorgue prestaciones básicas y la manifestación de voluntad expresa de mantenerla.

Argumenta que la exigencia de legalización o apostilla constituye una interpretación excesivamente formalista que añade requisitos no previstos por el legislador, operando en perjuicio del administrado. En este sentido, se precisa que el certificado acompañado es un documento electrónico oficial emanado de una autoridad competente, el cual contiene un código alfanumérico plenamente verificable a través de su respectiva página web institucional.

Adicionalmente, señala que, dada la ausencia de representación diplomática venezolana en el país, exigir un documento apostillado se traduce en un requisito imposible de cumplir que configura una hipótesis de caso fortuito o fuerza mayor amparada en el Código Civil, apoyando su postura en sostenida jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia que respalda la suficiencia de estos antecedentes para disponer de los ahorros previsionales.

En consecuencia, la actuación impugnada vulnera los derechos constitucionales de la recurrente, específicamente la igualdad ante la ley, amparada en el artículo 19 N° 2 de la Carta Fundamental, toda vez que se le otorga un trato desigual, discriminatorio y excluyente frente a otros solicitantes al imponerle exigencias extralegales que traban su proceso; y el derecho de propiedad, consagrado en el artículo 19 N° 24 de la misma norma, debido a que la negativa infundada, antojadiza e irracional a tramitar su solicitud le impide directamente la restitución, el ejercicio del dominio y la libre disposición de los ahorros previsionales que le pertenecen de manera exclusiva.

Por las razones antes expuestas, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se reconozca como válida la documentación acompañada, y se ordene realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud planteada conforme a derecho y dentro de un plazo razonable efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

SEGUNDO: Evacuando el informe requerido, comparece el abogado don Rodrigo Montero Atria, en representación de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., y solicita el íntegro rechazo del presente recurso, con costas.

Expone que con fecha 27 de noviembre de 2025, la recurrente ingresó la solicitud N° 25119 para retirar sus cotizaciones previsionales, amparándose en la exención para trabajadores técnicos extranjeros establecida en la Ley N° 18.156. Para tales efectos, acompañó su título profesional, una constancia electrónica de cotizaciones, una declaración jurada notarial y su contrato de trabajo. Sin embargo, la Administradora resolvió rechazar dicha solicitud, fundamentando que la declaración jurada no corresponde a un certificado de afiliación válido y que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emanada del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales incumple la normativa vigente. Lo anterior se debe a que dicho documento electrónico señala las prestaciones de forma genérica, no está firmado por quien lo emite y carece de la respectiva legalización o apostilla. En consecuencia, la recurrida sostiene que no ha obstaculizado el proceso ni ha realizado una interpretación arbitraria, sino que se ha limitado a exigir el estricto cumplimiento de los requisitos normativos exigidos para acceder a la devolución de los fondos.

La recurrida esgrime que la Ley N° 18.156 consagra un régimen de excepción, motivo por el cual el cumplimiento de sus presupuestos copulativos debe acreditarse de manera rigurosa. Al respecto, señala que tanto el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones como las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones exigen de forma imperativa que la cobertura previsional en el extranjero se acredite mediante una certificación emanada de la institución de seguridad social correspondiente debidamente legalizada o apostillada, que consigne de forma específica la protección por todos los riesgos señalados en la ley (enfermedad, invalidez, vejez y muerte). Además, invoca los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, preceptos que obligan a que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero sean sometidos al procedimiento de legalización o apostilla para tener valor probatorio en el país y resguardar la fe pública.

La administradora de fondos apoya su defensa en reiterada jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia, la cual ha resuelto unánimemente que las constancias electrónicas del seguro social venezolano que carecen de firma autorizada y apostilla resultan insuficientes para satisfacer los estándares formales exigidos.

Finalmente, argumenta que, en su calidad de sociedad anónima cuyo objeto exclusivo es la administración de fondos y que es fuertemente fiscalizada por la Superintendencia de Pensiones conforme al D.L. N° 3.500, se encuentra obligada a acatar las instrucciones obligatorias de dicho órgano contralor bajo apercibimiento de amonestaciones y sanciones pecuniarias. Por consiguiente, concluye que su actuar se ajusta plenamente a la legalidad y a los dictámenes vigentes, descartando la existencia de un acto u omisión arbitrario o ilegal que amenace, prive o perturbe los derechos fundamentales de la recurrente.

TERCERO: Por su parte, informa la Superintendencia de Pensiones, a través de su Jefe del Departamento Judicial, don nombre reservado, solicitando el rechazo de la acción, con costas.

Como consideración previa, el órgano fiscalizador opone la excepción de incompetencia, argumentando que la situación reclamada excede el ámbito y naturaleza del recurso de protección. Sostiene que esta vía cautelar tiene por finalidad resguardar el ejercicio legítimo de derechos indiscutidos y preexistentes de un modo directo e inmediato, no siendo la instancia idónea para emitir un pronunciamiento declarativo sobre un derecho dubitado. En este sentido, aduce que la pretensión de la recurrente de establecer a su favor el cumplimiento de los requisitos legales para acceder al retiro de sus fondos de pensiones constituye una controversia que debe ser debatida y acreditada en un procedimiento declarativo de lato conocimiento, y no mediante esta acción de emergencia.

Por otra parte, la recurrida hace presente que la recurrente no registra ante sus dependencias reclamos ni presentaciones previas, por lo que no existe ningún acto administrativo imputable directamente a dicho organismo que la afecte.

Respecto al fondo del asunto, expone que la “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) acompañada por la recurrente resulta insuficiente para otorgar el beneficio, toda vez que carece de firma autorizada, no ha sido debidamente legalizada ni apostillada, y se limita a mencionar de forma genérica las prestaciones cubiertas por el sistema venezolano, sin acreditar de forma específica el período de cobertura de la solicitante.

Asimismo, descarta la validez de la declaración jurada notarial presentada por la actora para suplir esta exigencia, argumentando que la certificación debe emanar inexcusablemente de la autoridad previsional extranjera competente.

A mayor abundamiento, desestima la alegación de fuerza mayor fundamentada en la ruptura de relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, precisando que la exigencia de la apostilla no configura una imposibilidad absoluta, sino únicamente un trámite más gravoso que puede realizarse a través de terceras personas en sedes consulares de países vecinos como Colombia o Perú, o mediante plataformas web oficiales.

Adicionalmente, advierte que autorizar el retiro de fondos a una ciudadana extranjera que cuenta con residencia definitiva en Chile generaría un eventual perjuicio al erario fiscal, dado que, al amparo del principio de universalidad, el Estado podría verse obligado en el futuro a asumir la carga económica de financiarle una pensión básica solidaria. Aclara, finalmente, que la negativa a la devolución no implica la pérdida de los ahorros, los cuales permanecen intactos en la cuenta de capitalización individual disponibles para la futura obtención de beneficios previsionales regulares.

La Superintendencia argumenta que la Ley N° 18.156 consagra un régimen de excepción que exige un cumplimiento estricto y copulativo de sus presupuestos, el cual debe interpretarse de modo restrictivo. Al respecto, señala que el Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y la jurisprudencia administrativa contenida en el Oficio Ordinario N° 12.954 de 2025 de esa Superintendencia, exigen de forma imperativa que la certificación de las coberturas de seguridad social se encuentre “debidamente legalizada”. Dicha exigencia se sustenta, además, en las normas generales sobre el valor probatorio de los instrumentos públicos otorgados en el extranjero dispuestas en el ordenamiento jurídico nacional.

CUARTO: Que, como es sabido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, es requisito indispensable para la procedencia de la acción la constatación innegable de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho o voluntad irrazonable de quien incurre en él, que afecte alguna de las garantías fundamentales protegidas.

QUINTO: Que, para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, resulta imperativo atenerse a lo preceptuado en la Ley Nº 18.156. Este cuerpo legal establece una normativa de excepción que autoriza a los técnicos extranjeros a eximirse de cotizar en Chile y a solicitar la devolución de los fondos previsionales enterados, condicionado a que den cumplimiento a requisitos copulativos insoslayables. Entre ellos, su artículo 1 letra a) exige que el trabajador “se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile [...] que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte”. Tratándose de un régimen excepcional, su interpretación y aplicación deben ser restrictivas.

SEXTO: Que, del análisis de los antecedentes documentales allegados a la causa, consta que el rechazo de la solicitud de devolución de fondos emanada de la recurrida se encuentra plenamente justificado, tanto por razones de fondo como de forma.

En cuanto al fondo, el documento denominado “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitido por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), acompañado por la propia actora a su solicitud, establece literalmente que la ciudadana nombre reservado se encuentra “actualmente en estatus de asegurado CESANTE... con Fecha de egreso 01/05/2019". De ello se colige indubitadamente que la recurrente no posee una afiliación activa ni cobertura previsional vigente en su país de origen, incumpliendo flagrantemente el requisito basal exigido por el legislador en la norma ya citada.

SÉPTIMO: Que, en cuanto a la forma, la documentación extranjera presentada no cumple con las exigencias de autenticidad que demanda nuestro ordenamiento jurídico. El instrumento carece de la respectiva legalización consular o apostilla, inobservando con ello la regla imperativa contemplada en el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Al respecto, cabe asentar categóricamente que la declaración jurada prestada por la recurrente ante un notario público en Chile carece de toda virtud para sanear la ausencia de legalización del instrumento extranjero, toda vez que el ministro de fe local solo certifica la identidad y la firma de quien declara unilateralmente, pero no otorga fe pública respecto de actos o certificaciones emanadas de autoridades extranjeras.

Si bien esta judicatura comprende las vicisitudes diplomáticas aducidas por la recurrente, dicha coyuntura fáctica no faculta a los órganos jurisdiccionales ni a las entidades administradoras privadas a derogar o dispensar el cumplimiento de la ley procesal y previsional vigente.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, el Libro II, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, dictado por la Superintendencia de Pensiones en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y regulatorias, prescribe de manera vinculante que la documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, y que, en caso contrario, la Administradora “no podrá dar curso a la solicitud”. Por lo tanto, la AFP recurrida no gozaba de un margen de discrecionalidad para flexibilizar los requerimientos, estando obligada por mandato legal e instruccional a rechazar la petición.

NOVENO: Que, en virtud de lo razonado, la negativa de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. para acceder a la devolución de los fondos previsionales requeridos no resulta constitutiva de un acto ilegal, pues se ha ceñido a la letra de la Ley N° 18.156 y a las normas de su ente regulador, ni tampoco puede calificarse de arbitraria, por cuanto obedece a un fundamento racional, documentado y desprovisto de todo capricho. Al no existir un actuar antijurídico que reprochar, no se advierte vulneración al derecho de igualdad ante la ley ni al derecho de propiedad invocados, derivando ineludiblemente en el rechazo de la presente acción cautelar.

En relación con la recurrida Superintendencia de Pensiones, dicho organismo no ha efectuado ningún acto que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario, por cuanto la recurrente no realizó ningún reclamo en dicha sede administrativa.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en favor de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N°Protección-26757-2025.