nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Pablo Daniel Peñaloza Parra, abogado, en favor de doña nombre reservado, de nacionalidad venezolana, cédula de identidad para extranjeros N°RUT reservado, e interpone recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, comunicado con fecha 1 de diciembre de 2025, fundado en que la recurrida habría desconocido la documentación acompañada para acreditar el cumplimiento de los requisitos de la Ley N°18.156.

Señala que solicitó ante AFP Modelo, mediante el portal web correspondiente, la devolución de sus fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, declaración jurada ante notario y contrato de trabajo suscrito con su empleador KI Teknology SpA.

Expone que la Administradora rechazó su solicitud señalando que la declaración jurada personal no corresponde a un certificado de afiliación emitido por la institución competente de su país; que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumpliría con los requisitos de la normativa vigente, por no constituir certificado de afiliación, no señalar de manera específica las prestaciones cubiertas, carecer de firma de quien la emite y no encontrarse apostillada o legalizada; y que el contrato de trabajo no contendría una manifestación clara e inequívoca de mantener su afiliación a un régimen previsional extranjero.

Sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, por cuanto la constancia electrónica de cotizaciones puede ser verificada mediante código alfanumérico en el portal oficial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, de manera que la recurrida habría realizado una interpretación excesivamente formalista de la normativa aplicable, agregando requisitos no previstos en la ley y omitiendo verificar la autenticidad del documento acompañado.

Afirma que el rechazo impugnado vulnera las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, al privarla de acceder a la devolución de sus fondos previsionales, solicitando que se acoja el recurso y se ordene a las recurridas reconocer la validez de la documentación acompañada, emitir un nuevo pronunciamiento conforme a derecho y efectuar la devolución de los fondos de pensión solicitados.

Segundo: Que evacúa informe Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo del recurso.

Expone que la recurrente presentó, con fecha 27 de noviembre de 2025, la solicitud interna N°25121, destinada a obtener la devolución de cotizaciones previsionales enteradas por el empleador KI Teknology SpA, respecto del período comprendido entre enero de 2023 y octubre de 2025, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, declaración jurada ante notario y contrato de trabajo de fecha 16 de enero de 2023.

Refiere que, luego del análisis de los antecedentes, la solicitud fue rechazada porque la recurrente no acompañó una constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera competente, debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral y, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Añade que la constancia electrónica de cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no cumple con los requisitos exigidos por la normativa vigente, por cuanto no corresponde a un certificado de afiliación, no acredita de manera específica las coberturas exigidas por la Ley N°18.156, señala en términos genéricos las prestaciones del sistema venezolano, carece de firma de quien la emite y no se encuentra legalizada ni apostillada.

Agrega que el contrato de trabajo suscrito con KI Teknology SpA contiene estipulaciones contradictorias, pues por una parte señala que será obligación de la empresa retener y pagar las cotizaciones previsionales obligatorias y que la trabajadora quedará sujeta al régimen previsional y de salud chileno, y por otra alude a la posibilidad de disponer de los fondos conforme a la Ley N°18.156, lo que impide tener por cumplida la exigencia de manifestar en forma clara e inequívoca la voluntad de mantener la afiliación previsional extranjera.

Concluye que su actuación se ajustó estrictamente a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones, por lo que no existiría acto ilegal ni arbitrario.

Tercero: Que informa la Superintendencia de Pensiones, solicitando el rechazo del recurso. Como cuestión previa, sostiene que la situación reclamada excede el ámbito propio de la acción de protección, atendido que lo pretendido por la recurrente es obtener una declaración acerca del cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la devolución de fondos previsionales, materia que exige discutir presupuestos controvertidos y que, por tanto, no corresponde resolver por esta vía cautelar.

Expone que la recurrente no registra reclamo ni presentación administrativa ante esa Superintendencia respecto de los hechos que motivan la acción, y que tampoco se individualiza suficientemente un acto propio del organismo fiscalizador que pueda ser calificado de ilegal o arbitrario.

En cuanto al fondo, señala que la exención de cotizar y la devolución de fondos previsionales previstas en la Ley N°18.156 constituyen un régimen de excepción, aplicable únicamente a trabajadores extranjeros que tengan la calidad de técnicos o profesionales y que cumplan copulativamente con los requisitos previstos en el artículo 1° de dicho cuerpo legal.

Agrega que el trabajador debe acreditar encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo debe expresar su voluntad de mantener dicha afiliación.

Refiere que la constancia electrónica de cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales no resulta suficiente para acreditar el requisito legal, por no tratarse de un certificado de afiliación que dé cuenta, en forma específica, de la cobertura previsional durante todo el tiempo de prestación de servicios en Chile, y por no encontrarse debidamente legalizada o apostillada.

Cuarto: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Quinto: Que, como se adelantó, la procedencia del recurso de protección presupone que el derecho cuya tutela se impetra sea indubitado, esto es, que su existencia no esté sujeta a controversia. En la especie, la determinación acerca de si el recurrente cumple o no los requisitos establecidos en la Ley N° 18.156 para obtener la devolución de sus fondos previsionales es una cuestión discutida, que involucra la valoración de la suficiencia y validez de la documentación presentada conforme al ordenamiento jurídico chileno y la normativa sectorial dictada por el organismo fiscalizador competente. Tanto la administradora como la Superintendencia de Pensiones sostienen que la Constancia Electrónica de Cotizaciones acompañada carece de las formalidades de legalización o apostilla exigidas para producir efectos en Chile, mientras que el recurrente estima que dicho documento, verificable electrónicamente, satisface las exigencias de la Ley N° 18.156. Esta controversia sobre la suficiencia de la documentación presentada, y, por tanto, sobre la existencia misma del derecho a retirar los fondos, revela que el derecho invocado no reviste el carácter indubitado que la acción cautelar de protección exige para su procedencia.

Sexto: Que, siendo así, el análisis de la procedencia de la devolución solicitada excede el ámbito de esta vía sumarísima, concebida para proteger derechos preexistentes e indubitados ante lesiones concretas e inmediatas. La acción de protección no puede ser utilizada como mecanismo declarativo o sustitutivo de los procedimientos de lato conocimiento establecidos por el legislador para la determinación de derechos controvertidos, siendo esa la sede adecuada para que el recurrente haga valer su pretensión con la amplitud probatoria y el debate jurídico que la materia requiere. Por consiguiente, el recurso no puede prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Se previene que el Ministro (s) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez concurre al rechazo del presente recurso, teniendo únicamente presente que la actuación de AFP Modelo S.A. se ajusta al marco normativo vigente, toda vez que el artículo 1° de la Ley N° 18.156, el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil y el Título XI del Libro II del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones exigen que la afiliación al régimen previsional extranjero se acredite mediante certificación de la institución de seguridad social competente, debidamente legalizada o apostillada, formalidad que la constancia electrónica de cotizaciones acompañada no satisface al carecer de firma autorizada, apostilla y legalización, sin que el código de verificación electrónica ni la declaración jurada ante notario suplan dichas exigencias.

En consecuencia, el acto impugnado no reviste el carácter de ilegal ni de arbitrario que exige el artículo 20 de la Constitución Política de la República para la procedencia de la acción cautelar deducida.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N°Protección-26752-2025.

Pronunciada por la Novena Sala, integrada por el Ministro señor Fernando Antonio Valderrama Martínez, el Ministro (I) señor Guillermo Rodríguez González y el Ministro (S) señor Daniel Eduardo Aravena Pérez.

En Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.