nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que compareció el abogado don Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de doña nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. (AFP Modelo) y de la Superintendencia de Pensiones, por el acto que califica de ilegal y arbitrario, consistente en la comunicación por correo electrónico de fecha 26 de noviembre de 2025, mediante la cual se rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales amparada en la Ley N° 18.156.

Expone que la recurrente, de nacionalidad venezolana y de profesión técnico, solicitó la restitución de sus fondos previsionales, acompañando al efecto una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), su título profesional debidamente apostillado, y el contrato de trabajo con su respectivo anexo. Afirma que la AFP Modelo rechazó la solicitud argumentando que la constancia electrónica no se encontraba debidamente legalizada o apostillada, y que el anexo del contrato no coincidía en sus fechas.

El recurrente alega que la decisión es excesivamente formalista, toda vez que la constancia electrónica posee un código alfanumérico verificable en el portal web del IVSS, y que exigir la apostilla resulta un imposible material dada la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela. Estima vulneradas las garantías constitucionales consagradas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República (igualdad ante la ley y derecho de propiedad), solicitando que se ordene a la recurrida efectuar la devolución de los fondos solicitados.

SEGUNDO: Evacuando el informe requerido, compareció don nombre reservado, en representación de AFP MODELO S.A., solicitando el rechazo de la acción. Argumenta que su representada actuó con estricto apego a la Ley N° 18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones de la Superintendencia de Pensiones.

Señala que la actora acompañó una simple constancia electrónica carente de firma autorizada y de la respectiva apostilla, lo cual contraviene las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil chileno para la validez de instrumentos públicos extranjeros. Asimismo, hace presente que la recurrente acompañó un contrato de trabajo de fecha 1 de septiembre de 2023, y un anexo posterior de fecha 7 de noviembre de 2025, lo que evidencia que la manifestación de voluntad de mantenerse afiliada a la seguridad social extranjera fue extemporánea, incumpliendo el requisito de la letra b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156.

TERCERO: Que, por su parte, evacuó informe don nombre reservado, en representación de la Superintendencia de Pensiones, solicitando igualmente el rechazo del recurso.

Sostiene, en primer término, que la materia excede los fines de la acción de protección, ya que se pretende la declaración de un derecho controvertido y no la cautela de un derecho indubitado. En cuanto al fondo, aduce que la Ley N° 18.156 establece un régimen excepcional y de interpretación restrictiva. Para acceder a la devolución, deben cumplirse requisitos copulativos. Refiere que la constancia electrónica sin apostillar no es un documento válido en Chile para acreditar cobertura, y que un código de verificación web no subsana la exigencia legal de legalización. Además, enfatiza que la exigencia de la manifestación de voluntad en el contrato de trabajo no se cumple si dicha voluntad es incorporada años después del inicio de la relación laboral mediante un anexo elaborado ad hoc para el retiro de los fondos, lo cual demuestra que, al iniciar sus labores en Chile, la actora optó por el sistema previsional nacional.

CUARTO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de los derechos y garantías preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión, arbitrario o ilegal, que impida, amague o perturbe ese ejercicio. Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un derecho indubitado.

QUINTO: Que, el acto impugnado en estos autos se hace consistir en la negativa de AFP Modelo S.A. a acceder a la devolución de los fondos previsionales de la recurrente, decisión comunicada el 26 de noviembre de 2025, fundamentada en que la documentación acompañada (constancia electrónica del IVSS y anexo de contrato) no cumple con las exigencias legales y normativas vigentes.

SEXTO: Que, la controversia se centra en determinar si la recurrente cumple o no con los requisitos que establece la Ley N° 18.156 para eximirse de cotizar en Chile y retirar los fondos ya enterados. Al respecto, el artículo 1° de dicho cuerpo normativo exige copulativamente:

a) Que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile [...] que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Que en el contrato de trabajo respectivo el trabajador exprese su voluntad de mantener la afiliación referida.

SÉPTIMO: Respecto al primer requisito, la actora ha acompañado una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, la cual ostenta un código de verificación web, pero carece de legalización consular o apostilla.

Sobre este punto, es menester tener presente que el ordenamiento jurídico chileno exige imperativamente, a través de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, que los instrumentos públicos otorgados en el extranjero sean debidamente legalizados o apostillados para que surtan efectos probatorios y jurídicos en el país. La sola existencia de un link o código alfanumérico de verificación en una página web institucional extranjera no constituye un medio sustitutivo legal de la apostilla ni exime a los administrados y a los órganos regulados de cumplir con la legislación nacional sobre validez documental. Exigir el cumplimiento de la ley no puede, bajo ningún respecto, ser calificado como un acto caprichoso o arbitrario.

OCTAVO: Que, si bien la recurrente invoca como eximente la imposibilidad material de obtener la apostilla dada la situación diplomática con su país de origen, dicho argumento pierde total asidero frente al incumplimiento insalvable del segundo requisito copulativo exigido por el legislador.

En efecto, de los antecedentes aportados, consta que la recurrente inició su vínculo laboral mediante contrato de trabajo de fecha 1 de septiembre de 2023. Sin embargo, la cláusula en la que manifiesta su voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional venezolano fue incorporada mediante un anexo suscrito recién el 7 de noviembre de 2025, es decir, más de dos años después de iniciada la relación laboral y en una fecha inmediatamente previa a la solicitud de retiro de fondos (21 de noviembre de 2025).

NOVENO: Que, la exigencia del literal b) del artículo 1° de la Ley N° 18.156 tiene por finalidad que el trabajador extranjero, al momento de vincularse laboralmente en Chile, opte inequívocamente por mantener su régimen previsional de origen. La suscripción de un anexo extemporáneo, años después de haber ingresado y cotizado en el sistema previsional chileno, evidencia una voluntad sobreviniente que no purga la obligación original ni satisface el tenor y el espíritu de la ley de excepción invocada.

DÉCIMO: Que, en virtud de lo razonado, forzoso es concluir que la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., al rechazar la solicitud de la actora, no ha incurrido en ilegalidad ni en arbitrariedad alguna. Por el contrario, su actuación se ajustó estrictamente al mandato legal, al constatar que la solicitante no acreditó idónea y oportunamente los requisitos copulativos contemplados en la Ley N° 18.156. De igual forma, la Superintendencia de Pensiones ha obrado dentro del marco de sus facultades fiscalizadoras y de interpretación administrativa.

Por estas consideraciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por Pablo Daniel Peñaloza Parra, en representación de nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la Superintendencia de Pensiones.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Protección N°26.739-2025.