nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, siete de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece Luis Gonzalo Cornejo Chávez, abogado, en representación de nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A., por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en el rechazo de la solicitud de retiro de fondos previsionales de trabajador extranjero, lo cual vulnera sus garantías constitucionales de igualdad ante la ley, derecho de propiedad y no afectación de los derechos en su esencia, establecidas en los numerales 2, 24 y 26 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que el recurrente ha prestado servicios profesionales en Chile y que, durante la vigencia de sus relaciones laborales, se le efectuaron descuentos previsionales por concepto de AFP, salud y cesantía. Añade que en sus contratos de trabajo se incorporaron cláusulas previsionales en las que manifestó expresamente su voluntad de acogerse al régimen previsto en el artículo 1 de la Ley N°18.156. Sobre esa base, ingresó en el portal web de AFP Modelo la solicitud N°2681908, destinada a obtener el retiro o devolución de sus fondos previsionales, acompañando contratos de trabajo y anexos con cláusula de exención previsional, título profesional apostillado, cédula de identidad vigente para extranjeros y constancia de afiliación al seguro social de Venezuela.

Indica que, posteriormente, recibió una comunicación fechada el 25 de noviembre de 2025, en la que se le informó que su solicitud no presentaba cambios. Luego, el 26 de noviembre de 2025, dedujo reclamo ante la Superintendencia de Pensiones, haciendo presente la imposibilidad material de legalizar el documento previsional venezolano por no existir representación diplomática de dicho país en Chile. Refiere que, a raíz de ese reclamo, la AFP informó que no era posible acoger la solicitud porque la documentación presentada no cumpliría los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156 ni el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, ya que la certificación previsional extranjera no acreditaría debidamente las coberturas exigidas, carecería de firma y no estaría legalizada ni apostillada.

Sostiene que dicha decisión es ilegal y arbitraria, porque el recurrente sí cumpliría los requisitos de la Ley N°18.156, en orden a encontrarse afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y haber expresado en sus contratos la voluntad de mantener tal afiliación. Precisa que el único reparo formulado por la recurrida corresponde a la falta de apostilla de la constancia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, exigencia que estima imposible de satisfacer, atendido el cierre de la representación consular venezolana en Chile desde julio de 2024 y la circunstancia de que el sistema de apostilla electrónica de Venezuela no contemplaría dicho tipo de instrumento.

Agrega que la constancia electrónica de cotizaciones del IVSS es verificable en línea, mediante el portal oficial de dicho organismo y el código de verificación que aparece en el documento, el cual da cuenta de que nombre reservado registra 1045 semanas cotizadas, primera afiliación el 11 de enero de 1999, estatus de asegurado cesante y cobertura en contingencias de maternidad, vejez, sobrevivencia, enfermedad, accidentes, invalidez, muerte, retiro y cesantía o paro forzoso. Añade que el documento fue expedido el 3 de octubre de 2025 y que, para reforzar su valor, se acompañó además una certificación extendida ante notario relativa a la validación del certificado en el portal respectivo.

Argumenta que la exigencia impuesta por AFP Modelo excede la Ley N°18.156, pues dicha normativa no contempla como requisito legal indispensable la apostilla o legalización consular del documento previsional extranjero en los términos pretendidos por la administradora, sino la acreditación de afiliación a un régimen de seguridad social extranjero con las coberturas mínimas exigidas. Afirma que insistir en una formalidad imposible de cumplir importa una interpretación restrictiva y formalista, contraria al principio de juridicidad y a la motivación suficiente exigida por el artículo 11 de la Ley N°19.880.

En cuanto al derecho, invoca los artículos 1 y 7 de la Ley N°18.156, el artículo 45 del Código Civil sobre fuerza mayor o caso fortuito, el artículo 19 N°2, N°24 y N°26 de la Constitución, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares, así como el principio protector o in dubio pro operario. Postula que los fondos previsionales constituyen bienes incorporales de propiedad del afiliado, por lo que la negativa de AFP Modelo a permitir su retiro afectaría directamente el dominio del recurrente sobre sus ahorros previsionales.

Cita jurisprudencia que estima favorable a su pretensión, entre ella los roles N°20.881-2024 de la Corte de Apelaciones de Santiago, N°16-2025 de la Corte de Rancagua, N°20.426-2024 de la Corte de Apelaciones de Santiago, N°2.084-2024 contra Plan Vital, la sentencia de la Corte Suprema Rol N°96.380-2021, el Rol Protección N°1269-2025 de la Corte de Apelaciones de Concepción, el Rol N°241-2025 de la misma Corte, el Rol N°6043-2025 de la Corte de Apelaciones de Santiago, nombre reservado con AFP Provida, el Rol N°14158-2025, nombre reservado con AFP PlanVital, y el Rol N°840-2025 de la Corte de Apelaciones de Valdivia. De tales fallos colige que no resulta procedente exigir documentos extranjeros en formas imposibles de obtener, especialmente tratándose de constancias venezolanas verificables electrónicamente, y que la negativa fundada en tales formalidades puede constituir un acto ilegal y arbitrario vulneratorio del derecho de propiedad.

Finalmente, solicita tener por interpuesto el recurso de protección en contra de AFP Modelo S.A., por haber rechazado el 25 de noviembre de 2025 la solicitud de retiro de fondos del recurrente, y pide que se ordene reconocer como válida la documentación acompañada, continuar la tramitación de la solicitud y efectuar, dentro de un plazo razonable, la devolución de los fondos previsionales, adoptando las demás providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que comparece Rodrigo Montero Atria, abogado, en representación de Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., y evacúa informe solicitando el rechazo del recurso de protección, con costas, por estimar que la administradora no incurrió en acto ilegal ni arbitrario al rechazar la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por nombre reservado al amparo de la Ley N°18.156.

Expone que, con fecha 14 de noviembre de 2025, el recurrente presentó ante AFP Modelo una solicitud de devolución de fondos previsionales por técnico extranjero, respecto de cotizaciones enteradas por su empleador Sociedad de Escuelas Católicas de Santo Tomás de Aquino, RUT N°RUT reservado. Señala que, para acreditar los requisitos legales, acompañó título profesional, constancia electrónica de cotizaciones, certificación notarial de 3 de octubre de 2025, y contrato de trabajo de 16 de marzo de 2021 con su respectivo anexo.

Indica que la administradora analizó dichos antecedentes conforme a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a la jurisprudencia administrativa de la Superintendencia de Pensiones. Refiere que, al estimar que la constancia electrónica de cotizaciones no era apta para acreditar la afiliación a un sistema de seguridad social extranjero, solicitó al recurrente acompañar un certificado de afiliación a un régimen previsional extranjero. Añade que el afiliado solo presentó una carta explicativa y no aportó el documento requerido, motivo por el cual, con fecha 19 de noviembre de 2025, se rechazó el ingreso de la solicitud de devolución de fondos previsionales.

Precisa que el rechazo se fundó en que el recurrente no acompañó una constancia o certificado de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera, debidamente legalizado ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile o apostillado, que acreditara cobertura durante toda la relación laboral y, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. Agrega, además, que tampoco habría aportado el contrato de trabajo con su empleador, en términos suficientes para reflejar exactamente el período cuya devolución solicitaba.

En cuanto al derecho, sostiene que la Ley N°18.156 constituye un régimen excepcional, que permite a los técnicos extranjeros solicitar la devolución de fondos previsionales solo si cumplen copulativamente los requisitos de sus artículos 1 y 7, esto es, acreditar afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile con cobertura mínima de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y expresar en el contrato de trabajo la voluntad de mantener dicha afiliación. Invoca, en apoyo de esta tesis, la sentencia de la Corte Suprema dictada en causa Rol Civil N°28299-2025, en cuanto habría señalado que el trabajador extranjero debe acreditar todos los requisitos legales en la forma exigida por la ley, la normativa administrativa y la jurisprudencia de la Superintendencia de Pensiones.

Desarrolla que AFP Modelo se encuentra sometida a la supervigilancia, control y fiscalización de la Superintendencia de Pensiones, conforme al D.L. N°3.500, y que dicho órgano tiene competencia para interpretar obligatoriamente la legislación y reglamentación del sistema. En ese contexto, cita el Oficio N°21.480, de 20 de septiembre de 2017, según el cual debe acompañarse un documento debidamente legalizado o apostillado que acredite cobertura previsional extranjera con anterioridad y durante la prestación de servicios en Chile. También invoca el Libro II, Título XI, del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, que exige certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada, en la que conste la obligación de otorgar prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez o muerte.

Añade que dicha exigencia se relaciona con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil, relativos a la legalización o apostilla de instrumentos públicos otorgados en el extranjero, cuyo objeto sería resguardar la fe pública y la seguridad del tráfico jurídico. Sobre esa base, controvierte que una constancia electrónica de cotizaciones del IVSS, no legalizada ni apostillada, pueda tener valor suficiente para acreditar los requisitos de la Ley N°18.156.

Invoca jurisprudencia que, a su juicio, respalda la legalidad de su actuación. Cita la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en causa Rol Protección N°22142-2024, confirmada por la Corte Suprema en Rol Civil N°13722-2025, en que se habría concluido que una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” no legalizada ni apostillada no satisfacía las exigencias de los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil. Cita también la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valparaíso en causa Rol Protección N°2023-2025, confirmada por la Corte Suprema el 10 de junio de 2025 en Rol Civil N°18581-2025, en que se habría estimado insuficiente un certificado del IVSS carente de firma autorizada, legalización o apostilla. Finalmente, refiere la sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción de 9 de junio de 2025, Rol Protección N°1763-2025, confirmada por la Corte Suprema el 4 de julio de 2025 en Rol Civil N°23218-2025, que habría rechazado un recurso similar por falta de documentación legalizada o apostillada.

Respecto del contrato de trabajo, expone que la exigencia de acompañar un contrato coherente con el período cuya devolución se solicita se funda en el Oficio N°19.421, de 31 de agosto de 2018, de la Superintendencia de Pensiones, conforme al cual la documentación debe guardar completa relación con los períodos reclamados, de modo que, si no existe correspondencia entre lo aportado y el período solicitado, debe acompañarse un contrato que refleje exactamente el lapso comprendido en la devolución requerida.

Concluye que AFP Modelo actuó conforme a la Ley N°18.156, al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones, sin obstaculizar el procedimiento ni efectuar una interpretación arbitraria.

En consecuencia, sostiene que no existe acto u omisión ilegal o arbitrario que prive, perturbe o amenace las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, por lo que solicita rechazar el recurso de protección, con expresa condena en costas.

TERCERO: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en el- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

CUARTO: Que, del mérito de los antecedentes y del informe evacuado por la recurrida, aparece que la solicitud de devolución de fondos previsionales formulada por don nombre reservado fue rechazada por AFP Modelo S.A. por no haber acompañado un certificado vigente de afiliación al régimen previsional extranjero con las formalidades de legalización o apostilla exigidas para que dicho antecedente tenga valor probatorio en Chile, de conformidad con los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil y con las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones, particularmente el Oficio Ordinario N°12.954, de 17 de julio de 2025.

QUINTO: Que, si bien la Ley N°18.156 no contiene una referencia expresa a la exigencia de apostilla o legalización de los documentos emitidos en el extranjero, ello no importa prescindir de las normas generales que regulan la eficacia probatoria de tales instrumentos en Chile. Por el contrario, tratándose de antecedentes destinados a acreditar un requisito sustantivo para acceder a un beneficio previsional excepcional, resulta exigible que la afiliación al régimen previsional extranjero conste mediante documentación auténtica, vigente y revestida de las formalidades legalmente previstas.

SEXTO: Que, la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, acompañada por el recurrente no se encuentra legalizada ni apostillada, de modo que no satisface los requisitos de autenticidad y validez exigidos por la normativa nacional para acreditar el cumplimiento del presupuesto previsto en el artículo 1 letra a) de la Ley N°18.156. El mero hecho de tratarse de un documento electrónico, o de contener mecanismos de verificación en línea, no suple las formalidades que el ordenamiento chileno exige respecto de los instrumentos otorgados en el extranjero.

SÉPTIMO: Que, en consecuencia, la decisión impugnada aparece fundada en la aplicación razonada de la normativa legal y administrativa que rige la materia, sin que se advierta en la recurrida un proceder contrario a derecho o desprovisto de fundamento racional, por lo que no se configura el acto ilegal o arbitrario que presupone la acción cautelar intentada, debiendo el recurso ser rechazado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso deducido en favor de nombre reservado, en contra de AFP Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunamente, archívese.

N°Protección-26.738-2025.