nombre reservado con AFP PROVIDA S.A.

C.A. de Santiago Santiago, cinco de junio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, de nacionalidad venezolana, y deduce acción de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Provida S.A. por el acto que califica de arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de retiro de fondos para extranjeros, de acuerdo con la Ley N° 18.156, que a su juicio vulnera las garantías establecidas en los N°s. 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Al efecto, señala que con fecha 24 de noviembre de 2025 fue notificado por correo electrónico del rechazo de la solicitud formulada al amparo de los artículos 1° y 7 la Ley N° 18.156, fundado en que la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS), de 2 de enero de 2025, no permitía acreditar el cumplimiento del requisito de contar con cobertura previsional para los riesgos de enfermedad, vejez, invalidez y muerte, por cuanto, si bien acredita afiliación al IVSS desde el 1 de octubre de 2007, no acredita que hubiese podido acceder efectivamente a dicha cobertura durante todo el período en que prestó servicios en Chile y, adicionalmente, no señala que la cobertura por enfermedad comprende prestaciones médicas y pecuniarias.

Afirma que, contrariamente a lo resuelto por la administradora, dio íntegro cumplimiento a las exigencias legales del cuerpo normativo que sirve de sustento a su petición, acompañando un certificado de afiliación al IVSS, que es verificable en línea mediante un código alfanumérico en el portal oficial de dicha institución. Señala que la constancia electrónica emitida por dicha institución es expedida por autoridad venezolana competente en ejercicio de sus facultades legales y puede ser verificada por cualquier persona con acceso a internet.

Sostiene que la recurrida incorpora requisitos que no están expresamente establecidos en la ley, toda vez que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 exige únicamente que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones a lo menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que en el contrato de trabajo respectivo exprese su voluntad de mantener dicha afiliación, sin formular exigencia alguna de apostilla o legalización.

Agrega que es un hecho de público conocimiento que actualmente no existen relaciones diplomáticas entre Chile y Venezuela, circunstancia que torna materialmente imposible el cumplimiento de dicho requisito, configurando un caso fortuito o fuerza mayor en los términos del artículo 45 del Código Civil.

Menciona además que otras administradoras de fondos de pensiones, como AFP Cuprum, han aceptado documentos validados mediante el mismo procedimiento electrónico.

Por lo anterior, solicita se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a realizar un nuevo pronunciamiento sobre la solicitud conforme a derecho y dentro de un plazo razonable, adoptando las providencias necesarias para restablecer el imperio del derecho.

SEGUNDO: Que evacúa informe AFP Provida S.A. y solicita el rechazo del recurso con expresa condena en costas.

Plantea, en primer lugar, que la acción cautelar no es la vía idónea para resolver el asunto por tratarse de una materia de lato conocimiento con carácter contradictorio, en que no existe un derecho indubitado del recurrente, sino que lo que se pretende es discutir la constitucionalidad del Decreto Ley N° 3.500 y modificar los cuerpos normativos que regulan el sistema de pensiones, objetivo que excede la finalidad del recurso de protección.

En cuanto al fondo, expone que con fecha 24 de noviembre de 2025 AFP Provida rechazó la solicitud de devolución de fondos previsionales del recurrente, por cuanto la Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el IVSS no cumple con las exigencias necesarias para acreditar el requisito de cobertura previsional del artículo 1° letra a) de la Ley N°18.156, toda vez que no es un certificado de afiliación; no señala las coberturas con las que cuenta específicamente el afiliado sino que menciona de forma genérica las coberturas del sistema previsional venezolano; no se encuentra firmada por quien la emite; y no se encuentra apostillada ni debidamente legalizada ante el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile.

Indica que, por instrucciones de la Superintendencia de Pensiones, en particular su Oficio Ordinario N°5376, esa institución de seguridad social debe observar todas las formalidades legales antes de aprobar una solicitud de devolución de fondos en calidad de técnico extranjero, siendo insuficiente un documento que señale en forma genérica las coberturas del sistema previsional.

Añade que las declaraciones juradas presentadas por el recurrente tampoco resultan útiles para estos efectos, conforme a instrucciones expresas de la fiscalizadora sectorial, por cuanto es la autoridad previsional extranjera la única facultada para dar fe de dicha circunstancia.

Observa que el contrato de trabajo original de fecha 5 de agosto de 2024 no contiene declaración de voluntad de mantener la afiliación al régimen previsional extranjero, manifestación que solo se incorporó en una modificación de 21 de julio de 2025, lo que la tornaría extemporánea.

Hace presente que el actor cuenta con residencia definitiva en Chile, circunstancia que, según la Superintendencia del ramo, no garantiza el retorno al país de origen y pone en riesgo que el Estado deba asumir el costo de su pensión futura.

Concluye que su actuar no ha sido ni ilegal ni arbitrario, limitándose a verificar el cumplimiento copulativo de los requisitos que establece la normativa vigente.

TERCERO: Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privación, perturbación o amenaza en el legítimo ejercicio de los derechos y garantías taxativamente señalados, la acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional se adopten de inmediato las medidas o providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado.

De lo anterior se infiere que para su procedencia es requisito indispensable la existencia de un acto u omisión ilegal, es decir, contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, carente de razonabilidad.

CUARTO: Que el acto que se impugna en la presente acción de cautela constitucional consiste en el rechazo, comunicado al recurrente el 24 de noviembre de 2025, de la solicitud de devolución de fondos previsionales realizada por éste en calidad de técnico extranjero al alero de la Ley N° 18.156.

QUINTO: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 consagra una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar -y retirar sus fondos según el artículo 7°- siempre que cumplan copulativamente con: a) estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Por otro lado, vale tener presente que corresponde a la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los artículos 3° del Decreto con Fuerza de Ley N° 101, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y 94 del Decreto Ley N° 3.500, de 1980, interpretar la legislación y reglamentación del Sistema de Pensiones, con carácter obligatorio para las Administradoras de Fondos de Pensiones, facultad que le permite fijar los criterios para determinar la procedencia de la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N° 18.156.

SEXTO: Que, luego, respecto a la acreditación de documentos otorgados en el extranjero rige en nuestro país el principio lex locus regit actum en cuanto a la forma, pero para que dichos instrumentos públicos o auténticos produzcan efectos probatorios en Chile, deben someterse a las reglas de legalización establecidas en el artículo 345 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, o bien al trámite simplificado de la apostilla, conforme a la Convención de La Haya de 1961, vigente en Chile desde 2016 y de la cual Venezuela es parte.

SÉPTIMO: Que del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por AFP Provida S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N° 18.156 y por la interpretación administrativa vigente, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación vigente, debidamente legalizado o apostillado y que señale las coberturas y periodo con que cuenta el afiliado.

OCTAVO: Que, en consecuencia, el acto recurrido no adolece de ilegalidad, puesto que se sustenta en la normativa vigente -Ley N° 18.156 y artículo 345 del Código de Procedimiento Civil- y en las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones -artículo 94 del Decreto Ley N° 3.500-. Tampoco es arbitrario, toda vez que no obedece a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

NOVENO: Que no existiendo un acto ilegal o arbitrario cabe afirmar que no se cumple el supuesto esencial que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental para otorgar la protección que se pretende y, en tales condiciones, el recurso debe ser necesariamente desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo preceptuado en las normas legales citadas, en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra de AFP Provida S.A.

Regístrese y archívese.

N° Protección 26726-2025.