nombre reservado con AFP HABITAT S.A.

C.A. de Santiago Santiago, quince de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece Luis Gonzalo Cornejo Chavez, abogado, en representación de nombre reservado, nacional venezolano, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., por la comunicación del 2 de diciembre de 2025, por la cual la entidad indica que no puede dar curso a la solicitud del recurrente de retiro de fondos para técnicos extranjeros.

Expone la parte recurrente que su representado, en su calidad de técnico profesional extranjero con residencia definitiva, dio cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 1° de la Ley N°18.156, acompañando su contrato de trabajo con cláusula de exención previsional, título profesional debidamente apostillado y constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.). No obstante, afirma, la recurrida rechazó la pretensión fundándose en la falta de legalización o apostilla del certificado previsional y en la necesidad de presentar documentos físicos originales. El recurrente arguye que existe una imposibilidad material de obtener la apostilla requerida, lo que constituye un caso fortuito o fuerza mayor según el artículo 45 del Código Civil, máxime cuando la autenticidad del documento puede ser verificada electrónicamente mediante el código de verificación N°26cf97103-20251109 en el portal web oficial del I.V.S.S.

Sostiene que la interpretación de la administradora es excesivamente formalista y restringe el espíritu de la ley, contraviniendo el principio protector in dubio pro operario y la normativa internacional sobre trabajadores migratorios ratificada por Chile.

Estima que la vulneración de las garantías constitucionales se configura, respecto de la igualdad ante la ley, al recibir el recurrente un trato desigual frente a otros cotizantes que han obtenido la devolución con documentos análogos. Añade que se conculca el derecho de propiedad sobre los fondos previsionales, que son bienes incorporales de su exclusivo dominio, al imponerse condiciones extra-legales que impiden su libre disposición; y, finalmente, se afecta la esencia del derecho al establecer requisitos que frustran el ejercicio de la prerrogativa legal contemplada en la Ley N°18.156.

Finaliza solicitando se acoja el recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida reconocer como válida la documentación acompañada, procediendo a la tramitación de la solicitud y efectuando la devolución de los fondos previsionales solicitados en un plazo razonable.

Segundo: Que, evacuando informe, Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A. solicita el rechazo íntegro del recurso de protección interpuesto, con expresa condenación en costas.

Sostiene la recurrida la improcedencia de la acción intentada, por cuanto esta constituye un arbitrio de naturaleza cautelar destinado al amparo de derechos indubitados y preexistentes, presupuesto que no se verifica en la especie al existir una controversia sobre el cumplimiento de requisitos legales que, por su complejidad, requeriría de un juicio de lato conocimiento.

En cuanto al fondo, afirma que su actuar se ha ajustado estrictamente a la Ley N°18.156, norma de carácter especial y excepcional que debe ser interpretada de manera restrictiva. Arguye que el recurrente no ha acreditado la concurrencia de los requisitos copulativos establecidos en el artículo 1° de la citada ley, específicamente en lo relativo a la afiliación a un régimen de seguridad social extranjero que otorgue las coberturas mínimas exigidas. Destaca que la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S.) fue presentada sin la debida legalización o apostilla, requisito imperativo conforme a los artículos 345 y 345 bis del Código de Procedimiento Civil para que los instrumentos otorgados en el extranjero tengan valor probatorio en Chile. Enfatiza que la mera verificación en línea del documento no sustituye las solemnidades legales ni las instrucciones obligatorias de la Superintendencia de Pensiones contenidas en los Oficios Ordinarios N°24.472 y N°22.273.

Finalmente, descarta la vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y propiedad, señalando que los fondos permanecen en la cuenta individual del afiliado y que la negativa es un acto reglado derivado de la falta de prueba de la doble cobertura previsional.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Es requisito indispensable de esta acción la existencia de un derecho indubitado y no controvertido, que permita a esta Corte adoptar medidas para neutralizar los efectos de la vulneración.

Cuarto: Que el asunto sometido al conocimiento de esta Corte se circunscribe a determinar si el actuar de AFP Hábitat S.A., al exigir que el certificado de afiliación previsional extranjero se encuentre debidamente apostillado o legalizado para proceder a la devolución de fondos al tenor de la Ley N°18.156, constituye un acto ilegal o arbitrario.

Quinto: Que la Ley N°18.156, normativa de carácter excepcional, permite a los técnicos extranjeros solicitar la exención de cotizaciones o la devolución de los fondos previsionales depositados en Chile, siempre que cumplan copulativamente con los requisitos de su artículo 1°. Entre ellos, la letra a) exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o de seguridad social fuera de Chile que le otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte.

Sexto: Que, de los antecedentes acompañados, fluye que el documento denominado "Constancia electrónica de Cotizaciones" del IVSS aportado por el recurrente carece de firma de autoridad competente y no se encuentra apostillado ni legalizado. Si bien el actor aduce que el quiebre de relaciones diplomáticas impide cumplir con tal formalidad, dicha circunstancia fáctica y política no autoriza a las entidades recurridas a eximir a los particulares de las reglas probatorias y de autenticidad documental consagradas en la legislación chilena y en el Compendio de Normas del Sistema de Pensiones.

Séptimo: Que, en este sentido, el actuar de la Administradora recurrida no reviste carácter de ilegal, pues se ha ajustado estrictamente al ordenamiento jurídico vigente, al artículo 7° en relación al artículo 1° de la Ley N°18.156, y a las directrices administrativas de carácter obligatorio para la recurrida dictadas por el ente fiscalizador, esto es, la Superintendencia de Pensiones. Tampoco resulta arbitrario, ya que la exigencia de legalización o apostilla obedece a un estándar de seguridad jurídica y autenticidad documental previsto en la ley procesal chilena, no constituyendo un mero capricho de las recurridas.

Octavo: Que, al no advertirse en la especie un actuar ilegal ni arbitrario por parte de las recurridas que deba ser enmendado por esta vía de urgencia, el recurso no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso de protección interpuesto por nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitar S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

N° Protección-26725-2025.