Protección contra Junta Nacional de Jardines Infantiles

C.A. de Santiago Santiago, veintinueve de mayo de dos mil veintiséis.

Vistos y considerando:

Primero: Que, comparece nombre reservado, quien deduce recurso de protección en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, por el acto que estima ilegal y arbitrario consistente en la aplicación de la medida disciplinaria de destitución mediante Resolución Exenta N°NUM000 de 11 de noviembre de 2025, dictada en el marco del Sumario Administrativo instruido por Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de mayo de 2025, vulnerando de esta forma las garantías consagradas en el artículo 19 N°1, N°2, N°16 y N°24 de la Constitución Política de la República.

Menciona que es Educadora de Párvulos, funcionaria a contrata de la JUNJI desde el 27 de mayo de 2021, con desempeño en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación (UMCE) de la comuna de Ñuñoa. • Indica que mediante Resolución Exenta N°NUM001 de 29 de mayo de 2025 se instruyó en su contra un sumario administrativo a raíz de la detección, en el marco del Informe de Consolidado de Información Circularizada (CIC) N°9 de Fiscalización de la Contraloría General de la República, de dos salidas al extranjero durante períodos de reposo médico: la primera entre el 18 y 22 de enero de 2023, durante la vigencia de la licencia médica folio N°NUM002 (por el período del 16 al 30 de enero de 2023); y la segunda entre el 19 y 30 de julio de 2023, durante la vigencia de la licencia médica folio N°NUM003 (por el período del 17 al 31 de julio de 2023).

Refiere que luego de formulados los cargos con fecha 28 de julio de 2025, la recurrente prestó declaración en el proceso y presentó descargos, y asimismo recurso de reposición en tiempo y forma, exponiendo que los viajes fueron planificados con anterioridad a la emisión de las licencias; que coincidieron con el cambio de fechas del receso invernal; que el médico tratante le habría indicado que no existía inconveniente en salir del país — dado que la patología era estrés laboral, condición que no le impedía desplazarse—, y que en ningún momento existió dolo ni intención de defraudar al servicio ni al sistema de seguridad social. Agrega que su conducta funcionaria ha sido intachable, con más de cuatro años de servicio en lista de calificación sobresaliente, sin anotaciones de demérito ni sanciones disciplinarias previas, y que la aplicación de la sanción máxima resulta desproporcionada e ignora su trayectoria y el carácter no doloso de la infracción.

Solicita que se deje sin efecto la destitución impuesta por Resolución Exenta N°NUM000 de 11 de noviembre de 2025, y se ordene la reincorporación de la recurrente al cargo que ocupaba al momento de la notificación de dicha resolución, e igualmente se condene a la recurrida al pago de todas las remuneraciones no percibidas durante el período de separación ilegal, con costas.

Segundo: Que, informa la recurrida, solicitando el rechazo del recurso.

Expone como antecedentes que el sumario administrativo que dio origen a la destitución fue instruido por orden expresa de la Contraloría General de la República mediante Oficio N°NUM004, en virtud del Informe CIC N°9 de Fiscalización que detectó 25.078 casos de funcionarios públicos con eventuales incumplimientos del reposo médico por haber viajado al extranjero entre 2023 y 2024.

Refiere que el proceso fue tramitado con estricto apego al Título V del Estatuto Administrativo, practicándose todas las diligencias que la ley contempla: análisis de las licencias médicas, solicitud de antecedentes a la PDI —que acreditó documentalmente las salidas y permanencias en el extranjero en ambos períodos de reposo—, certificación de ausencia de permisos institucionales que autorizaran la salida del país, y revisión de la hoja de vida de la funcionaria.

Señala que el 10 de julio de 2025 la propia recurrente reconoció en su declaración haber efectuado los viajes durante la vigencia de las licencias, indicando que obedecieron a razones personales y que no contaba con autorización médica para efectuar reposo fuera del país, por lo que el incumplimiento del reposo médico se encuentra plenamente acreditado por la propia imputada. Agrega que la funcionaria no evacuó descargos dentro del plazo legal, habiéndose certificado ese hecho el 5 de agosto de 2025, razón por la cual resulta improcedente sostener vulneración alguna al debido proceso.

Argumenta que el recurso de protección no constituye la vía idónea para reclamar de la materia planteada, sino que la vía procedente es el recurso de reclamación ante la Contraloría General de la República, establecido en el artículo 160 de la Ley N°18.834, que la recurrente no habría ejercido en tiempo y forma. Estima que la destitución se sustenta en hechos objetivamente acreditados, a saber, el incumplimiento del reposo médico, reconocido por la propia funcionaria; que la formulación de cargos cumplió con todas las exigencias legales; y que no se configura vulneración alguna a las garantías constitucionales invocadas, pues la sanción fue aplicada igualmente a todos los funcionarios en situación comparable, la permanencia en el cargo está condicionada al cumplimiento de los deberes estatutarios, y la destitución no impide a la recurrente ejercer su profesión en el sector privado.

Refiere, adicionalmente, que el acto administrativo que dispuso la destitución aún no había sido tomado de razón por la Contraloría General de la República al momento de interponer el informe, por lo que, a juicio de la recurrida, el proceso no se encontraba concluido, lo que constituiría una razón adicional para rechazar la acción constitucional.

Tercero: Que, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción cautelar o de emergencia, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de la acción de protección la existencia, por un lado, de un acto u omisión ilegal -esto es, contrario a la ley- o arbitrario -producto del mero capricho o voluntad de quien incurre en él- y que provoque algunas de las situaciones que se han indicado.

Cuarto: Que el acto impugnado consiste en la Resolución Exenta N° NUM000, de 11 de noviembre de 2025, dictada por la Junta Nacional de Jardines Infantiles, mediante la cual se aprueba el proceso sumarial instruido por Resolución Exenta N° NUM001, de 29 de mayo de 2025, y aplica a la recurrente la medida disciplinaria de destitución, fundada en haber viajado al extranjero en dos oportunidades durante el período de vigencia de licencias médicas, lo que la institución estima constitutivo de una grave infracción al principio de probidad administrativa.

Quinto: Que, previo a cualquier análisis de fondo, resulta necesario consignar que la resolución impugnada no se encuentra actualmente tomada de razón por la Contraloría General de la República. Conforme lo dispone el artículo 18.7 de la Resolución N° 36 de dicho organismo contralor, se encuentran afectos a toma de razón los actos administrativos que aplican medidas disciplinarias en investigaciones sumarias y sumarios administrativos instruidos u ordenados instruir por la Contraloría General de la República, siendo este precisamente el caso de autos, toda vez que el sumario fue instruido en virtud del Oficio N° NUM004 de dicho organismo.

En consecuencia, el proceso disciplinario no se encuentra concluido, lo que impide tener por configurado un acto administrativo perfecto y eficaz que pueda ser objeto de impugnación por la presente vía cautelar, razón suficiente para desestimar el recurso.

Sexto: Que, sin perjuicio de lo anterior, en cuanto a la procedencia de la acción constitucional, el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de un procedimiento disciplinario tramitado conforme a la normativa legal y reglamentaria vigente. Cabe observar que la recurrente reconoce expresamente los hechos que motivaron la sanción, consistentes en haber viajado al extranjero durante la vigencia de sus licencias médicas, sin contar con autorización médica que justificara dichos desplazamientos ni con permisos administrativos que autorizaran su ausencia. Lo que en definitiva persigue la recurrente es que esta Corte revise el fondo y mérito del proceso sumarial, materia que excede el ámbito de la acción cautelar del artículo 20 de la Constitución Política de la República, correspondiendo su conocimiento, en su caso, a la Contraloría General de la República mediante el recurso de reclamación contemplado en el artículo 160 de la Ley N° 18.834.

Séptimo: Que, en cuanto al fondo, la recurrida ha actuado dentro del ámbito de sus facultades legales, sin que se advierta ilegalidad ni arbitrariedad en su proceder. El procedimiento disciplinario fue tramitado con sujeción estricta a las normas del Estatuto Administrativo, garantizándose a la recurrente el derecho a defensa mediante la notificación personal de los cargos, sin que esta presentara descargos en la etapa correspondiente. La sanción de destitución fue impuesta en virtud del artículo 125 del D.F.L. N° 29, de 2004, que la establece como la única medida procedente ante infracciones graves al principio de probidad administrativa, constituyendo una norma de aplicación imperativa para la autoridad que ejerce la potestad disciplinaria. De este modo, la recurrida no ha hecho sino ejercer legítimamente las atribuciones que el ordenamiento jurídico le confiere, sin que su actuación pueda calificarse de caprichosa o contraria a derecho.

Octavo: Que, en lo relativo a las garantías constitucionales invocadas, la recurrente no logra demostrar la existencia de una vulneración actual, concreta y directa de los derechos consagrados en los numerales 1, 2, 16 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, toda vez que la medida disciplinaria impuesta obedece al ejercicio legítimo de la potestad disciplinaria de la recurrida, fundada en hechos acreditados, en normativa vigente y dentro del marco de sus competencias, sin que se configure el acto u omisión ilegal o arbitrario que exige el artículo 20 de la Carta Fundamental como presupuesto de procedencia de esta acción cautelar.

Por estas consideraciones, y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20, ambos de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección, se rechaza, sin costas, el recurso de protección constitucional deducido a favor de nombre reservado y en contra de Junta Nacional de Jardines Infantiles.

Regístrese, comuníquese y archívese.

N° Protección-26722-2025.