nombre reservado con nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticuatro de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece Maritza Beatriz Bustamante Guerrero, abogada, en favor de nombre reservado y nombre reservado, e interpone acción de protección y en contra del COMITÉ DE VIVIENDA TIERRA PROMETIDA y de su representante legal nombre reservado, por el acto que tildan de arbitrario e ilegal, consistente en la expulsión de dicha organización, decisión que, a su juicio, afecta los derechos que les garantizan los Nos. 1, 2, 3 inciso quinto, 4 y 15 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Señalan que se incorporaron al referido comité, emplazado en la comuna de Quilicura, en octubre del año 2022, con el objetivo de postular al subsidio habitacional del “Programa Fondo Solidario de Elección”, cuyo Reglamento fue aprobado por Decreto Supremo Nº49, de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, mecanismo que permite la construcción de conjuntos habitacionales sin que las familias beneficiarias deban recurrir a un crédito hipotecario, utilizando un mecanismo de postulación colectiva.

Refieren que en marzo de 2024 la recurrida Sra. nombre reservado solicitó a doña nombre reservado que se incorporara como militante al Partido Social Cristiano con el fin de apoyar a su marido, identificado como “Willy”, quien se encontraba postulando al cargo de concejal por la comuna de Quilicura en representación de dicho partido político. Agrega que la protegida, de buena fe, accedió, motivo por el cual comenzó a gestionar su incorporación al señalado partido, promoviendo su propia candidatura al cargo de concejal de la comuna de Quilicura. Indica que posterior a ello la recurrida comenzó a manifestar un control excesivo sobre ella, llegando a exigirle supervisión de sus redes sociales y prohibiéndole realizar actividades públicas sin su autorización previa, por lo que decidió continuar con su candidatura sin someterse de manera estricta a las órdenes de la dirigente.

Agregan que, en ese contexto de conflicto, en reunión online de 12 de septiembre de 2024, la recurrida la manifestó que la Sra. nombre reservado ya no sería parte de la del “Comité de Vivienda Tierra Prometida”, argumentando que había recibido una denuncia de los patrocinadores del comité -Inmobiliaria INSOC- en la que se señalaba que los recurrentes estarían postulando en el mismo comité a viviendas de manera separada, a pesar de que eran pareja, lo que supuestamente estaba “prohibido” y motivaba su expulsión. Indican que ellos no están casados, no tienen hijos en común, ni viven juntos, teniendo cada uno un núcleo familiar independiente con el que estaban postulando, postulaciones que ya habían sido aceptadas a los correspondientes subsidios, por lo que atribuyen a dicha actuación una motivación política que no decía relación alguna con el manejo de la organización, lo que incluso habría sido reconocido por la recurrida.

Denuncian que, posteriormente, la recurrida les solicitó que le rogaran su reincorporación al comité, como condición para que ella reconsiderara solucionar el problema, situación que califican de humillante, a lo que agregan comportamientos inapropiados hacia el recurrente nombre reservado que incluirían intentos de acoso físico y saludos que lo hacían sentir profundamente incómodo.

Indican que, a pesar de los hostigamientos, estos fueron tolerados con el fin de no perder sus postulaciones al subsidio habitacional, pues la dirigente constantemente los amenazaba con su expulsión si no cumplían sus exigencias, que incluían también acatar todas sus instrucciones en el ámbito político.

Hacen presente que, posteriormente, se enteraron de que esta expulsión nunca tuvo respaldo real por parte de los patrocinadores, y que tales advertencias no eran más que circunstancias artificialmente fabricadas con el propósito de ejercer presión indebida sobre ellos.

Narran que el 23 de noviembre de 2024 se convocó a una reunión extraordinaria en la que la Secretaria del Comité comunicó la exclusión de ambos recurrentes, fundada en una denuncia que ellos habrían deducido en el Partido Social Cristiano en contra de la Presidenta del comité y su marido, lo que supuestamente infringiría el artículo 11 letra e) de los estatutos de la organización, que establecía como causal de suspensión de los socios alguna situación que “comprometa el interés de la agrupación o afirmar falsedad contra una de sus actividades o parte del directorio”, oportunidad en que indicó que la reunión contaba con el quorum requerido para sesionar, esto es, más del 25% de los afiliados a la agrupación. Además, dan cuenta que en dicha oportunidad la dirigente habría manifestado que desde INSOC la habrían contactado para informarle que había una pareja en el comité, lo que no era posible por razones de ética.

Comentan que al tomar contacto con la inmobiliaria se les respondió que dicha situación debía ser abordada exclusivamente por el comité, y que su representante carecía de facultades para expulsarlos. De igual manera, señalan que escribieron al SERVIU Metropolitano explicando lo ocurrido y solicitando que se invalidara la resolución adoptada, comunicación que a la fecha no ha sido contestada.

Exponen que se les ha negado acceso a los estatutos del “Comité de Vivienda Tierra Prometida”, pero a través de la Municipalidad tuvieron la oportunidad de analizar los estatutos que remite la Dirección de Desarrollo Comunitario, que, según los funcionarios de la entidad edilicia, no podrían ser modificados. Señalan que en su artículo 10 se indica que la calidad de socio de la organización puede terminar por la causal de exclusión “acordada en Asamblea General Extraordinaria por los dos tercios de los miembros presentes, fundada en infracción grave a las normas de la ley N°19.418, de estos estatutos o de sus obligaciones como socio de la organización”, en tanto que el artículo 11 regularía una situación totalmente diversa, como es la suspensión. De otro lado, refieren que la denuncia formulada forma parte de un procedimiento reglado conforme a la normativa interna del partido político en cuestión, y no guarda relación alguna con el funcionamiento del Comité de Vivienda.

Argumentan que todo lo expuesto ocurrió como consecuencia de la decisión ilegal y arbitraria adoptada por el “Comité Tierra Prometida”, toda vez que la sanción aplicada no corresponde a una medida facultada por la ley ni por los estatutos del comité; y dicha decisión se materializó a través de un acto desformalizado, sin que se iniciara previamente un procedimiento sancionatorio adecuado.

Adicionan que el acto impugnado es arbitrario pues no existía motivo razonable para adoptar dicha determinación, la que además contraviene la lógica esencial de protección de los miembros de un comité para efectos del fin último constituido en la obtención del subsidio a la vivienda.

Enfatizan que no existe una vía especial con la que cuenten para la reclamación de ese acto, constituyendo la presente acción el único mecanismo con el que cuentan para proteger las garantías constitucionales que han sido gravemente vulneradas por el Comité de Vivienda Tierra Prometida y su presidenta doña nombre reservado.

En razón de lo expuesto, solicitan se declare que el Comité de Vivienda Tierra Prometida y doña nombre reservado incurrieron en graves vulneraciones de los derechos fundamentales de los recurrentes; se establezca el imperio del derecho, ordenando que se reincorpore a doña nombre reservado y don nombre reservado al comité de vivienda Tierra Prometida; y se condene expresamente en costas a los recurridos.

SEGUNDO: Que, informando el presente recurso, comparece nombre reservado, en representación legal del “Comité de Vivienda Tierra Prometida”, quien solicita su rechazo, con costas.

Como aspecto previo menciona que el “Comité de Vivienda Tierra Prometida”, es una organización sin fines de lucro fundada el 15 de noviembre de 2014 en Quilicura, con el objetivo de gestionar y coordinar procesos para la obtención de viviendas para familias de escasos recursos, siendo doña nombre reservado su única presidenta desde su fundación.

Añade que el comité está vinculado al proyecto habitacional “Parque Tres Piedras III”, en sus etapas 1 y 2, ubicado en Quilicura, que cuenta con aproximadamente 39 socios, y la postulación de dicho grupo fue aprobada mediante la Resolución Exenta Nº752, de 27 de mayo de 2024, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que incluyó entre los candidatos a recibir el subsidio asociado a ese proyecto al Comité de Vivienda y las familias que lo integraban.

Explica que los recurrentes ingresaron al comité en octubre de 2022, afirmando que solo eran amigos y compañeros de trabajo, y formalizaron dos postulaciones.

Niega haber solicitado a doña nombre reservado que se incorporara como militante del Partido Social Cristiano, indicando que era ella quien constantemente le pedía orientación para llevar adelante su candidatura, en particular porque las reuniones de la lista de concejales se celebraban en su casa, quienes la eligieron como jefa de campaña, por lo que realizaba trámites y conversaciones con don nombre reservado, quien se presentaba como postulante a Alcaldía.

Sostiene que los recurrentes han tergiversado las situaciones sucedidas, ya que todo lo relacionado al partido no tiene vinculación alguna con el Comité de Vivienda, trabajo que realizó en paralelo.

En relación a los hechos ocurridos en septiembre de 2024, explica que la reunión surgió tras una llamada de la inmobiliaria INSOC, en la que le consultaron sobre la situación de los recurrentes como pareja dentro del mismo comité, y se le pidió hablar con doña nombre reservado sobre el tema ético que involucraba que una pareja obtuviera dos viviendas en un mismo proyecto, privando de esa posibilidad a una familia vulnerable. Precisa que en dicha oportunidad señaló a la recurrente que era ella quien debía “bajarse” de la postulación, por registrar puntaje más alto en el Registro Social de Hogares, situación que planteó solo por asunto de ética, y no fue motivada por una represalia política, puesto que incluso continuó apoyando la documentación de ambos recurrentes.

Rechaza las acusaciones de irregularidades, considerándolas potencialmente constitutivas de injurias y calumnias, conductas que justamente habrían llevado a la suspensión de los actores.

Indica que la situación que los afecta se originó tras una propuesta inicial de INSOC, luego de lo cual se le entregó el caso a la directiva y el secretario citó a doña nombre reservado a una reunión con fecha 2 de noviembre, la cual nunca se concretó.

Manifiesta que, a raíz de lo anterior, se citó a todos los socios por correo electrónico y carta certificada a reunión extraordinaria de 23 de noviembre de 2024, la cual fue dirigida por la tesorera del comité.

Apunta que en el artículo 11 de los estatutos del comité se establecen las causales de suspensión de un socio y todos sus derechos, entre ellas: e) “comprometer los intereses y el prestigio de la organización afirmando falsedad respecto de sus actividades o de la conducción de ella por parte del directorio” y f) “causar injustificadamente daño o perjuicio a los bienes de la organización o a la persona de alguno de sus directores con motivo u acusación del desempeño de su cargo”.

Detalla que en este caso no se les expulsó por un motivo político ni por su relación de convivencia, sino debido a que los recurrentes la acusaron de injurias, falta de ética y corrupción en el Tribunal Supremo del Partido Social Cristiano, lo que perjudica no sólo a la presidenta sino también a los socios que participan de él.

Observa que en la aludida reunión se acordó la suspensión de los recurrentes por voto conforme de 29 de los 39 socios asistentes, quienes firmaron estar de acuerdo con dicha sanción, número que representa más de un tercio de los socios, cumpliendo con los requisitos estatutarios.

Afirma que se cumplieron todos los requisitos legales, siguiendo los pasos establecidos por los patrocinantes INSOC, se enviaron tres cartas certificadas a los domicilios registrados por ambos recurrentes - los días 28 de noviembre y 4 y 11 de diciembre de 2024- a las que nunca respondieron, y que INSOC había informado que, de no presentarse, quedarían fuera del comité.

Advierte que en ningún momento el abogado de los recurrentes ha solicitado el acta de la reunión, ni por correo electrónico, ni carta certificada u otro medio.

TERCERO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de esta acción la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

CUARTO: Que la controversia en estos autos se encuentra circunscrita a determinar la legalidad del procedimiento incoado en contra de los recurrentes, así como de la sanción impuesta a los mismos, consistente en ser expulsados como miembros del “Comité de Vivienda Tierra Prometida”, y, consecuentemente con ello, perder su postulación, ya aprobada, al subsidio en cuestión, vinculado al proyecto habitacional “Parque Tres Piedras III”, en sus etapas 1 y 2, ubicado en la comuna de Quilicura, QUINTO: Que para la resolución del presente recurso resulta necesario analizar el contenido de los estatutos del Comité, el cual se encuentra acompañado a folio 8. El mencionado estatuto, en lo que interesa, contempla un Titulo III, denominado “De Los Socios y de Sus Derechos y Obligaciones”, que abarca desde el artículo 5° al 14.

El artículo 10 de los estatutos establece los casos en que se pone término a la calidad de socios de la organización, señalando, en lo pertinente, que: “La calidad de socio de la organización termina: … d) Por exclusión, acordada en Asamblea General Extraordinaria por los dos tercios de los miembros presentes, fundada en infracción grave a las normas de la ley N°19.418, de estos estatutos o de sus obligaciones como socio de la organización. Este acuerdo deberá ser precedido de la investigación correspondiente. Quien fuera excluido de la Organización por causales establecidas en esta letra solo podrán ser readmitidos después de un año”.

A su vez, el artículo 11, referido a los casos en que se puede suspender temporalmente a un socio de todos los derechos de la organización, dispone en su literal e) que: “Son causales de suspensión de un socio y de todos sus derechos en la Organización: … e) Comprometer los intereses y el prestigio de la Organización, afirmando falsedad respecto de sus actividades o de la conducción de ella por parte del Directorio”.

Luego, como puede apreciarse de las transcripciones antes indicadas, los estatutos regulan de manera separada los motivos por los cuales un socio puede ser excluido o suspendido de la organización, indicando en el primer caso el procedimiento que debe adoptarse previamente y los requisitos que deben concurrir para disponerse la exclusión de un miembro.

SEXTO: Que luego de lo señalado, esta Corte ha podido advertir que la causal invocada para excluir de la organización a los recurrentes no es de aquellas que permiten su eliminación de la institución, sino que, por el contrario, es de aquellas que simplemente permiten suspenderlo temporalmente de sus derechos. En ese entendido, no existe concordancia entre la causal invocada y la sanción aplicada. Lo anterior puede corroborarse con el enunciado de la nómina de firma de los socios que habrían asistido a la asamblea, en que se lee: “Por falta al Articulo N°11 Letra E de los Estatutos Organizaciones Funcionales”.

A su vez, se ha constatado que los hechos fundantes de la medida aplicada no dicen relación con el funcionamiento del Comité, ni con los bienes jurídicos que se cautelan en el artículo 10 de los estatutos, sino que con una denuncia que la recurrente nombre reservado habría presentado en el Partido Social Cristiano, en el contexto del funcionamiento de dicha organización política, que no resulta atingente al Comité de Vivienda, lo cual se puede refrendar del texto de la notificación de fecha 23 de noviembre de 2024, acompañada a folio 5, en que se informa a la Sra. nombre reservado que se ha procedido a su desvinculación del Comité con motivo de la siguiente infracción: “La falta cometida por la socia, contra la presidenta del comité, la señora nombre reservado, al presentar denuncia ante el Tribunal Supremo del Partido Social Cristiano, faltando a los estatutos y artículos antes mencionados”, citándose la norma del artículo 11 letra e) de los estatutos.

SÉPTIMO: Que asimismo, llama la atención de esta magistratura que el acta de la sesión de la asamblea este fechada el 24 de noviembre de 2024, y el acta de notificación el día 23 del mismo mes, esto es, un día antes de la sesión en que supuestamente se adoptó la decisión de excluir del comité a los recurrentes, por los 2/3 de sus miembros. Sin perjuicio de ello, a folio 14 existe otra acta de Asamblea Extraordinaria, también firmada, en que se resuelve excluir a los protegidos como miembros del Comité, la cual está fechada el 8 de marzo de 2025, evidenciándose con ello una serie de irregularidades en la adopción de tal decisión, pues no resulta posible que existan 2 actas, con aproximadamente 4 meses de diferencia, en que se resuelva lo mismo, apareciendo suscrita esta última incluso con posterioridad a la interposición del presente recurso de protección.

Además de lo anterior, y aun cuando la eliminación de los socios se ha sustentado en una norma de los estatutos que no permite tal medida, invocándose una causal que solo admite una suspensión temporal de derechos, y no la exclusión de los socios del Comité, las razones que se han dado para configurar la infracción tampoco permiten verificar una de aquellas hipótesis que permitan adoptar tal medida, más aun, cuando no hay constancia que se hubiere llevado adelante la “investigación previa” que exige el literal d) del artículo 10, cuando la exclusión es acordada por una Asamblea General Extraordinaria.

OCTAVO: Que, a mayor abundamiento, los hechos iniciales que motivaron la controversia entre los recurrentes y la recurrida, esto es, que serían pareja y por esa condición no podrían postular por separado al subsidio de viviendas, no encuentra sustento en los estatutos ni en ningún documento que haya sido allegado a esta Corte, lo que refuerza que la sanción no solo se encuentra desprovista de fundamentación, sino que también de sustento normativo, misma conclusión a la que se arriba si se considera los fundamentos relacionados con la denuncia que se presentó en el Partido Social Cristiano.

NOVENO: Que, como corolario de lo expuesto en los motivos precedentes, esta Corte ha podido concluir que el “Comité de Vivienda Tierra Prometida” al momento en que su Asamblea General Extraordinaria dispuso la exclusión de los socios recurrentes ha actuado ilegalmente, al margen y con vulneración de su regulación estatutaria, y, además, de manera arbitraria, pues no existen fundamentos serios y atingentes relativos al Comité propiamente tal, que sustenten la decisión adoptada, apareciendo de los antecedentes del proceso que esta se adoptó caprichosamente, lo cual llevará a acoger el presente recurso por estimarse que la actuación de las recurridas ha infringido la garantía del artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República.

DÉCIMO: Que, finalmente, y teniendo en consideración que la medida de exclusión adoptada fue comunicada al Ministerio de Vivienda, se dispondrá que lo decidido en esta sentencia sea notificado a dicha institución, con el objeto de que los recurrentes sean reincorporados a la nómina de familias del proyecto “Parque Tres Piedras III Etapa 1 y 2”, código 178839, tal como se indicará en lo resolutivo.

Por estas consideraciones, y lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE ACOGE, sin costas, el recurso de protección en favor de nombre reservado y nombre reservado, deducido en contra del Comité de Vivienda Tierra Prometida y de doña nombre reservado, resolviéndose:

1) Dejar sin efecto la sanción de exclusión del “Comité de Vivienda Tierra Prometida”, dispuesta en contra de doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, y de don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, debiéndose reincorporar a los mismos como miembros activos de la entidad, en plenitud de derechos y obligaciones, y 2) Notificar al Ministerio de Vivienda, Subdirección de Operaciones Habitacionales, con el objeto de que tome conocimiento de la presente sentencia, y proceda a dictar el acto administrativo que corresponda, destinado a reincorporar a doña nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, y a don nombre reservado, cédula nacional de identidad N°RUT reservado, a la nómina de familias del proyecto “Parque Tres Piedras III Etapa 1 y 2”, código 178839, cuya exclusión se dispuso por Resolución Exenta N°2333, de 8 de julio de 2025, de la Jefa del Departamento Asignación Subsidios Habitacionales, que se había sustentado en la decisión del “Comité de Vivienda Tierra Prometida” que por esta sentencia ha sido dejada sin efecto.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

No firma la ministra señora Zúñiga, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo del fallo, por encontrarse ausente.

N°Protección-26722-2024.