nombre reservado con CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL ÑUÑOA

Santiago, dos de junio de dos mil veinticinco.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que, comparece don nombre reservado, abogado, actuando por doña nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo de Ñuñoa, por haber aplicado la medida disciplinaria de amonestación escrita en contra de la recurrente, quien se desempeña como docente y directora del Colegio Aurora de Chile, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que se impuso mediante el Ordinario N° 000839, de 22 de noviembre de 2024, relacionado con la Resolución N° 001220, de 22 de noviembre del mismo año, vulnerando con ello los derechos fundamentales de igualdad ante la ley y debido proceso, que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en su artículo 19 N°2 y N°3 inciso 5°, por lo que solicita se dejen sin efecto dichos actos administrativos.

Señala que mediante Resolución N° 001220, de 22 de noviembre de 2024, el Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa cerró un sumario administrativo que fue instruido por Resolución N° 624, de 11 de junio de 2024, incoado para establecer responsabilidades administrativas respecto de situaciones denunciadas, entre otras personas, por la misma recurrente, en su calidad de directora del establecimiento.

Expone que la denuncia se refería a hechos ocurridos el 5 de junio de 2024, vinculados con una salida pedagógica en la que se quedó una estudiante en el establecimiento y otra en el autobús, ambas sin cuidado ni supervisión y sin conocimiento de los adultos responsables de la salida. Esta denuncia fue realizada mediante correos electrónicos de fecha 6 de junio de 2024 dirigidos al Director de Educación y al Secretario General de la Corporación Municipal.

Respecto del sumario, explica que se formularon cargos a tres funcionarias: doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, por falta de probidad en el desempeño de sus funciones por incumplimiento grave de las mismas, pero en ningún caso se formularon cargos contra la recurrente, quien no tuvo la posibilidad de defenderse en dicho procedimiento administrativo.

Sin embargo, en la Resolución N° 001220 que puso término al sumario, se consignó que durante la investigación se pudo evidenciar por parte de la directora del establecimiento, doña nombre reservado, diversas falencias, entre ellas: falta de formalidad del acuerdo con la Fundación Miradas Compartidas; no entrega de instrucciones claras para garantizar la seguridad de los estudiantes; falta de notificación a apoderados y a la DEPROV sobre la asistencia de solo 3 de las 4 personas adultas responsables informadas; falta de supervisión del cumplimiento del protocolo de salidas pedagógicas; y aceptación del lineamiento comunal del protocolo sin observaciones.

Sostiene que estas conductas fueron consideradas como infracciones al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación y al cargo de Director de establecimiento educacional, por lo que junto a las tres funcionarias sumariadas, se le aplicó la sanción de amonestación escrita con copia a la carpeta personal y a la Dirección del Trabajo, mediante el Ord. N° 000839 de 22 de noviembre de 2024.

Argumenta que dicha sanción es ilegal, por cuanto contraviene lo dispuesto en el Estatuto Docente (Ley Nº 19.070), que establece que los profesionales de la educación dejarán de pertenecer a la dotación docente solamente por las causales taxativas señaladas en el artículo 72, entre ellas, por falta de probidad establecida fehacientemente en un sumario, de acuerdo al procedimiento establecido en los artículos 127 al 143 de la Ley N° 18.883. Cita dictámenes de la Contraloría General de la República que sostienen que un sumario administrativo incoado contra un profesional de la educación debe tramitarse conforme a dichas normas, y solo puede concluir con el término de la relación laboral o su absolución, no pudiendo aplicarse sanciones no contempladas en el estatuto que rige al funcionario.

Asimismo, aduce que el propio artículo 115 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal establece que, respecto de los trabajadores del sector educación, se aplicará el principio de especialidad de la ley.

En cuanto a la formulación de cargos, esgrime que en el ámbito administrativo rige el principio de que "ningún funcionario podrá ser sancionado por hechos que no han sido materia de cargos", debiendo estos formularse de manera concreta y precisa, lo que en su caso no ocurrió.

Añade que no se ha acreditado dentro de la investigación que el Reglamento Interno de Higiene y Seguridad invocado se encuentre vigente ni que haya sido debidamente notificado a la recurrente, incumpliendo la normativa que establece el artículo 153 y siguientes del Código del Trabajo para la vigencia y oponibilidad de dicho instrumento a los trabajadores.

A su vez, sostiene que el Ordinario N° 000839, de 2024, es ilegal por no encontrar norma o fundamento legal en que se funde, contraviniendo las normas de orden público relativas al debido proceso establecidas en el artículo 19 N°3 de la Constitución, y el derecho a un proceso justo.

En cuanto a las garantías constitucionales vulneradas, afirma que la igualdad ante la ley (artículo 19 N°2) se ve afectada cuando la autoridad de la Corporación Municipal, en forma arbitraria, caprichosa e ilegal, decide aplicarle la medida disciplinaria discriminándola, pues aplica la ley de forma distinta a la ordenada por el legislador. Respecto al debido proceso (artículo 19 N°3 inciso 5°), arguye que la autoridad actuó sin respetar elementos esenciales, como la formulación de cargos, conculcando su adecuada defensa.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se declare que la recurrida ha actuado en forma ilegal y arbitraria, violentando sus derechos fundamentales; se dejen sin efecto la Resolución N° 001220 y el Ordinario N° 000839, ambos de 22 de noviembre de 2024, por ser arbitrarios e ilegales; subsidiariamente, pide que se deje sin efecto el Ordinario N° 000839; y, en general, se adopten las providencias y medidas adecuadas para el restablecimiento del imperio del derecho, con costas.

SEGUNDO: Que, la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, representada por la abogada doña Valentina Lillo Espinosa, evacuó el informe requerido en el presente recurso; solicitando el rechazo del mismo, con costas.

En cuanto a los hechos que dieron lugar a la sanción impuesta, relata que el 5 de junio de 2024, durante una salida pedagógica organizada por la Escuela Aurora de Chile al Colegio Tabancura, se produjeron dos situaciones críticas: la primera, cuando una estudiante fue dejada en el establecimiento educativo sin que ningún adulto lo advirtiera; y la segunda, cuando otra estudiante permaneció a bordo del bus al regreso de la actividad, siendo descubierta solo cuando el conductor ya iba camino a Renca. Ante esta última situación, la profesora jefe y la coordinadora de convivencia escolar debieron ir a buscar a la estudiante, mientras que los apoderados, al ser informados, interpusieron una denuncia ante Carabineros de Chile.

Señala que la actividad pedagógica se realizaba en el marco de un acuerdo informal entre la Escuela Aurora de Chile y la Fundación Miradas Compartidas, que organiza actividades en el Colegio Tabancura para fomentar la inclusión de estudiantes. Sin embargo, durante la investigación sumaria se constató que dicho acuerdo no cumplía con las formalidades legales requeridas, pues: no existía un convenio formalmente suscrito con la fundación, siendo solo una invitación acompañada de un documento genérico de autorización; no existía acto administrativo que lo aprobara; y no se había publicado en transparencia activa, como lo exige la normativa vigente.

Explica que los acuerdos, convenios y contratos de esta naturaleza deben ser suscritos exclusivamente por el sostenedor del establecimiento educacional, ya que el director del colegio carece de facultades para formalizarlos. Además, al estar la Corporación Municipal sujeta a la Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Transparencia, cualquier convenio debe ser aprobado mediante resolución formal del Secretario General y publicado en el portal de Transparencia Activa.

En relación al procedimiento administrativo, informa que se instruyó el respectivo sumario, cuya resolución quedó consignada en la Resolución N°1220 de fecha 22 de noviembre de 2024, determinando aplicar la sanción de amonestación escrita tanto a las tres docentes encargadas de la salida pedagógica como a la directora del establecimiento, Sra. nombre reservado.

En cuanto a los fundamentos jurídicos para rechazar el recurso, sostiene que la sanción impuesta se ajustó plenamente a derecho, no existiendo acto ilegal o arbitrario. Fundamenta su posición principalmente en el artículo 72 letra b) de la Ley Nº19.070 (Estatuto Docente), que dispone que los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal dejarán de pertenecer a ella, solamente por las causales allí señaladas, entre ellas, por falta de probidad o conducta inmoral establecidas fehacientemente en un sumario. De esta norma, argumenta que sólo para el caso de destitución es necesario instruir un sumario administrativo de manera previa, mientras que para otras sanciones de menor entidad, como la amonestación escrita, no es necesario iniciar dicho procedimiento.

Para reforzar esta interpretación, cita el Ordinario N°5092/0338 de la Inspección del Trabajo, que establece que el empleador no se encuentra obligado a instruir un sumario administrativo para amonestar por escrito a un profesional de la educación, medida disciplinaria que no ha sido prevista por el legislador en el Estatuto Docente, y que la instrucción de sumario administrativo sólo resulta obligatoria para acreditar los hechos constitutivos de las causales de terminación del contrato de trabajo.

Adicionalmente, señala que la recurrente tenía la posibilidad de interponer un recurso de reposición contra la resolución que impuso la amonestación, lo que no hizo, optando por utilizar directamente el recurso de protección como vía de impugnación.

Respecto a la aplicabilidad del Reglamento Interno de Higiene y Seguridad, afirma que este es plenamente aplicable a la recurrente y era conocido por ella, ya que consta en su contrato de trabajo, específicamente en la cláusula décima, donde la profesional declara recibir dicho reglamento y comprometerse a leerlo y cumplir con los procedimientos e instrucciones contemplados en él. En consecuencia, sostiene que la sanción aplicada es procedente, al haberse infringido una normativa conocida y aplicable.

Finalmente, destaca que la Resolución N°1220, de 2024, también dispuso una serie de medidas que la Corporación debe implementar, como generar instancias de capacitación para los trabajadores del establecimiento respecto del protocolo de salidas pedagógicas, propiciar la reflexión sobre los derechos de las personas discapacitadas, revisar y modificar el protocolo de salidas pedagógicas y coordinar al Equipo Comunal Técnico Pedagógico para supervisar los establecimientos educacionales, por lo que no se puede alegar discriminación alguna.

En virtud de estos fundamentos, solicita que se rechace el recurso de protección deducido en su contra, con costas.

TERCERO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio. Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental.

CUARTO: Que para una mayor comprensión de lo planteado en el recurso, conviene precisar lo siguiente, de acuerdo con los antecedentes aportados por las partes y la Resolución 1220 de 22 de noviembre de 2024 de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa:

1.- Que la recurrente doña nombre reservado, directora del Colegio Aurora de Chile, dio a conocer al Director de Educación don nombre reservado y al secretario general de la Corporación don nombre reservado, los hechos que habrían ocurrido el día 05 de junio de 2024, con ocasión de una salida pedagógica, en la que una estudiante se quedó en el establecimiento y otra en el autobús, ambas sin cuidado ni supervisión y sin conocimiento de los adultos responsables de la salida.

2.- Que por Resolución Nº 624 de fecha 11 de junio de 2024 se instruye sumario administrativo, a fin de establecer los hechos denunciados y la posible responsabilidad de quien corresponda, susceptible de ser sancionado con una medida disciplinaria, designándose la fiscal a cargo de su instrucción, de lo que se notifica personalmente a doña nombre reservado, doña nombre reservado y doña nombre reservado, asistente de aula y docentes diferenciales del Colegio Aurora de Chile, únicas inculpadas en dicho proceso.

3.- Que en el sumario administrativo incoado, la Fiscal formuló cargos en contra de las tres funcionarias nombradas por falta de probidad en el desempeño de sus funciones, por incumplimiento grave de las mismas, sustentados en "no ejercer su función en forma idónea y responsable, respecto del cuidado de los estudiantes a su cargo en salida pedagógica del día 05 de junio de 2024, de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 10 letra d) de la ley 20. 370" y "no respetar las normas del establecimiento en el que se desempeña de conformidad a lo señalado en el inciso segundo del artículo 10 letra d) de la ley 20.370", presentando, las dos últimas mencionadas, descargos dentro de plazo, abriéndose el correspondiente término probatorio, en el que se practicaron diversas diligencias probatorias.

4.- Que al emitir su informe la Fiscal señala, en lo medular, que las conductas acreditadas en la investigación, por parte de las inculpadas, constituyen los siguientes incumplimientos: respecto de nombre reservado y nombre reservado (docentes), incumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa en sus artículos 52 Nº 1 y 19 e incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa; y respecto de nombre reservado (asistente de aula), incumplimiento al Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa en su artículo 52 Nº 1, 6, 8 y 19, y 19 e incumplimiento al artículo 100 Nº 1, 3, 4, 5 v 7 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa.

5.- Que en el señalado informe la fiscal expresa que los hechos que se reprochan a las inculpadas y que configuran los cargos formulados no son ni pueden ser de exclusiva responsabilidad de ellas, agregando que respecto de la Directora del Establecimiento, la recurrente doña nombre reservado, se constataron las conductas que individualiza, las que constituyen incumplimientos a lo dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa en su artículo 52 Nº 1 y 19 y al artículo 96 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en el cual se describe el cargo de director de establecimiento educacional y sus funciones, sin perjuicio que también se lograron evidenciar las falencias que refiere de parte de la Corporación, en su calidad de entidad sostenedora.

6.- Que la fiscal, refiere que los incumplimientos señalados a las tres inculpadas (nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado) y a la directora del Colegio Aurora de Chile doña nombre reservado, debieran ser sancionados conforme con lo dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, de acuerdo al artículo 116 Nº 2, esto es, amonestación escrita con copia a la carpeta personal y a la Dirección del Trabajo y, finalmente, propone: 1. Sobreseimiento de las inculpadas nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado de las responsabilidades administrativas susceptibles de ser sancionadas con término de la relación laboral en relación a las causales establecidas en sus respectivos estatutos; 2. Amonestación escrita con copia a la carpeta de la trabajador/a y a la Dirección del Trabajo, conforme a lo dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

7.- Que, por último, la Resolución 1220 de 22 de noviembre de 2024 de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, dictada por don nombre reservado, Secretario General (S) de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en lo que toca la recurso, resuelve: 1. Aprobar el sumario administrativo instruido mediante Resolución Nº 000624 de fecha 11 de junio de 2024; Sobreseer a las inculpadas nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado de las responsabilidades administrativas susceptibles de ser sancionadas con término de la relación laboral; 3. Aplicar amonestación escrita con copia a la carpeta del/a trabajador/a y a la Dirección del Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad a nombre reservado, nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado.

8.- Que por Ordinario 839 de 22 de noviembre de 2024, remitido por don nombre reservado, Secretario General (S) de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa a doña nombre reservado, se procede a amonestar por escrito a doña nombre reservado, haciendo referencia al sumario administrativo instruido al que se ha aludido precedentemente.

QUINTO: Que la sanción de amonestación por escrito aplicada a la recurrente se sustenta en los siguientes fundamentos, consignados textualmente acto recurrido Ordinario N°839 de 22 de noviembre de 2024:

“1.-Que, con fecha 11 de junio de 2024, mediante Resolución N° 624 se instruye sumario administrativo, a fin de establecer fehacientemente los hechos denunciados y posible responsabilidad de quien corresponda y, susceptible de ser sancionado con una medida disciplinaria. Los antecedentes que dan origen a este procedimiento dicen relación con lo ocurrido en una salida pedagógica el día 05 de junio del presente año, en la cual se quedó una estudiante en el establecimiento y una en el autobús, ambas sin cuidado ni supervisión y sin conocimiento de los adultos responsables de la salida.

2. Que, con fecha 22 de noviembre de 2024, mediante Resolución N°1220 se aprueba el sumario administrativo y se resuelve, entre otras cosas, lo siguiente:

Aplicar amonestación escrita con copia a la carpeta de la trabajador/a y a la Dirección del Trabajo, de acuerdo a lo dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad, conforme a las conclusiones presentadas por la fiscal en el punto "V. RELACIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS, LOS HECHOS COMPROBADOS, LA PARTICIPACIÓN Y EL GRADO DE CULPABILIDAD DE LAS INCULPADAS. " 3. Que, en las conclusiones presentadas por la fiscal en el punto "V, RELACIÓN DE LOS HECHOS INVESTIGADOS, LOS HECHOS COMPROBADOS, LA PARTICIPACIÓN Y EL GRADO DE CULPABILIDAD DE LAS INCULPADAS" de su dictamen, expone que fue posible evidenciar por parte de la directora del establecimiento, doña nombre reservado:

a) "Falta de formalidad del acuerdo con la FUNDACIÓN MIRADAS COMPARTIDAS (no existe convenio que regule dicho acuerdo), lo que conlleva a la Corporación, entre otras cosas, a incumplir a Ley de Procedimientos Administrativos y la Ley de Transparencia. Siendo que es una actividad que promueve el colegio en salidas pedagógicas hacia el Colegio Tabancura en colaboración con dicha Fundación.

b) No entrega de manera clara las instrucciones necesarias para garantizar la seguridad de los estudiantes, dejando al arbitrio de las docentes y asistentes, acciones y roles que deberían estar descritos e informados a toda la comunidad educativa.

c) No notificó a los apoderados, ni a la DEPROV que solo asistirían 3 de las 4 personas adultas responsables informadas y tampoco se consideró la opción de un reemplazo, ni de solicitar el acompañamiento de apoderados.

d) No supervisa el cumplimiento del protocolo de salidas pedagógicas (docentes salían con los estudiantes sin las tarjetas de identificación).

e) En el protocolo se indica que los docentes jefes de asignatura son los encargados de la actividad, pero esto ni siquiera se ve reflejado en el plan anual de las docentes. No queda claro quién propone la actividad, ni por qué se determina entonces como responsable al docente jefe si no está en su planificación anual, Especialmente si estas actividades deben tener una planificación técnico pedagógica, objetivos y ternas transversales que se fortalecerán en la actividad. Lo anterior propicia la confusión en el rol que entienden las docentes que tienen en este tipo de actividades.

f) Aceptó el lineamiento comunal del protocolo de salidas pedagógicas sin observaciones, ni siquiera desde un punto de vista proactivo.

4. Que, en las conclusiones señaladas, la fiscal indica que las conductas señaladas y acreditadas en la investigación por parte de la directora doña nombre reservado constituyen los siguientes incumplimientos:

i.- "Un incumplimiento a Io dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social Ñuñoa de en su artículo 52 N° 1 y 19 respecto de todos los trabajadores de la Corporación, estos se obligan a:

o Desempeñar personal y diligentemente la labor convenida.

o En los establecimientos educacionales administrados por la Corporación se deberá dar cumplimiento a los Reglamentos Internos y Manuales de Convivencia Escolar, así corno velar por la integridad de los menores que tengan a su cargo, absteniéndose de cualquier conducta que pueda vulnerar sus derechos y realizando las acciones correspondientes para obtener su debida protección.

ii.- Igualmente, un incumplimiento al artículo 96 del Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en el cual se describe el cargo de director de establecimiento educacional y sus funciones, respecto de:

o Dirigir, administrar, supervisar y coordinar al establecimiento educacional.

o 1. Programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el cumplimiento de las acciones en las áreas técnico pedagógico, administrativo y financiero del establecimiento educacional, para el logro de los objetivos propuestos en el Proyecto de Desarrollo Educativo Institucional.

o 2. Liderar la implementación exitosa del Proyecto de Desarrollo Educativo Institucional PRODEIN), debiendo asegurar la participación de toda la comunidad educativa.

o 4. Planificar, organizar, ejecutar, supervisar y evaluar las actividades relacionadas con el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, elevando el nivel de logros del rendimiento escolar de los estudiantes, y la calidad de los aprendizajes, cautelando el cumplimiento de los Planes, Programas de Estudios, Reglamento de Convivencia Escolar y Plan de Seguridad Escolar.

o 7. Informar oportunamente al personal de su dependencia, de [as normas legales y reglamentarias vigentes, supervisando su correcta aplicación.

o 12. Delegar en el personal subalterno las funciones que estime pertinente y procedentes, sin perjuicio de la responsabilidad directiva.”

5. Que, en las conclusiones señaladas, en virtud de todo lo anterior, se realizó el siguiente planteamiento:

"Que, en dicho sentido, los incumplimientos señalados a las tres inculpadas (nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado) y a la directora del Colegio Aurora de Chile doña nombre reservado, deberían ser sancionados conforme a lo dispuesto en el Reglamento nombre reservado, Higiene y Seguridad de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa de acuerdo al artículo 116 N° 2.

Esto es amonestación escrita con copia a la carpeta personal y a la Dirección del Trabajo. Lo anterior en consonancia y armonía con lo señalado por la Dirección del Trabajo mediante Ord. N° 5092/338: "Con todo, preciso es puntualizar que el empleador en uso de sus facultades general es de administración y dirección que le otorga el ordenamiento jurídico laboral podría aplicar una medida como la que se trata, en e/ evento que no se vulnera el ordenamiento jurídico laboral y las estipulaciones del contrato individual de trabajo a que se encuentra afecto el docente. En nada altera lo expuesto los párrafos que antecedente, la circunstancia que la Ley N° 18.883 en sus artículos 120 y siguientes, al regular el sumario administrativo, establezca la procedencia de aplicar al término del mismo, como medida disciplinaria, entre otras, la amonestación o censura por escrito, habida consideración que dicha normativa legal no resulta aplicable al personal regido por la Ley N° 19.070. En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo en informar a Ud., que la instrucción de sumario administrativo solo resulta obligatoria para los efectos de acreditar los hechos constitutivos de causales de terminación del contrato de trabajo del personal docente dependiente de una corporación municipal, prevista en la letra b) del artículo 72 de la Ley N° 19.070".

6. De Io señalado, es importante destacar que, el artículo 114 del Reglamento nombre reservado. Higiene y Seguridad establece que:

"Las infracciones en que incurran los trabajadores de la Corporación a las disposiciones de este Reglamento y que no sean causales de término de Contrato de Trabajo se sujetarán al procedimiento que se detalla a continuación.”

Complementando Io anterior en el artículo 116 del Reglamento Interno de la Corporación se hace alusión que "Las infracciones al presente reglamento, serán sancionadas en distintos grados, atendiendo la gravedad y reiteración de las mismas, con una de las siguientes medidas:

- Amonestación escrita con copia a la carpeta personal y a la Dirección del Trabajo, " SEXTO: Que no resulta controvertido que la recurrente, doña nombre reservado, se desempeña como Directora de la Escuela Aurora de Chile, aplicándose a su respecto la Ley N° 19.070, sobre Estatuto de Profesionales de la Educación, que en su artículo 72 dispone que: “Los profesionales de la educación que forman parte de una dotación docente del sector municipal, dejarán de pertenecer a ella, solamente, por las causales siguientes causales…”, entre las que se cuenta la letra b) que alude a la falta de probidad, para cuyo establecimiento se requiere de un sumario de acuerdo con los artículos 127 al 143 de la Ley N° 18.883, sobre Estatuto Administrativo para funcionarios municipales, siendo a su respecto y la letra c) que se refiere al incumplimiento grave de las funciones, siendo aplicable, además, lo dispuesto en el artículo 134 de la Ley N° 18.883, conforme con el artículo 145 del Reglamento de la Ley N° 19.070.

De esta manera, queda claro que, en este caso, tratándose de hechos que inicialmente fueron encuadrados como una eventual falta de probidad y, también, como un incumplimiento grave de sus funciones, dada la materia implicada resultaba procedente la instrucción de un sumario administrativo, que precisamente se inició para determinar la responsabilidad de quien corresponda, de lo que se desprende que, independientemente del resultado de esas pesquisas, era ese el procedimiento aplicable a cualquier profesional de la educación que pudiera estimarse involucrado de algún modo en los mismos, por lo que cualquier decisión que pudiera adoptarse al respecto derivada de esos sucesos, requería de un procedimiento previo seguido en su contra.

SÉPTIMO: Que tal exigencia no puede eludirse -como pretende la recurrida-, acudiendo al razonamiento que el sumario administrativo solo resulta procedente en caso de aplicarse la medida de destitución, citando para ello el Ordinario Nº 50921338 de la Dirección del Trabajo que señala: “De ello se sigue, entonces, que el empleador no se encuentra obligado a instruir un sumario administrativo para los efectos de amonestar por escrito a un profesional de la educación, medida disciplinaria que, en todo caso, no ha sido prevista por el legislador en el Estatuto Docente (…)

En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones expuestas, cumplo en informar a Ud. que la instrucción de sumario administrativo sólo resulta obligatoria para los efectos de acreditar los hechos constitutivos de las causales de terminación del contrato de trabajo del personal docente dependiente de una Corporación Municipal, prevista en la letra b) del artículo 72 de la ley N°19.070”, desde que dicho argumento no hace sino reforzar lo antes expuesto en cuanto a que tratándose de responsabilidad funcionaria ligada a materias que digan relación con la falta de probidad -sea para establecerla o desestimarla- resulta indispensable la realización de un sumario administrativo, que permita ejercer los derechos y las garantías que la ley reconoce al docente involucrado y que en esta caso la recurrente se vio impedida de ejercer.

OCTAVO: Que el sumario administrativo se concibe como un procedimiento formal para investigar hechos que podrían constituir infracciones administrativas por parte de funcionarios, y determinar su responsabilidad en esos hechos, asegurando un proceso justo y racional, haciendo efectiva la garantía constitucional del debido proceso, contemplada en el artículo 19 N° 3 inciso quinto de la Constitución Política de la República, “constituida por un conjunto de parámetros o estándares básicos que deben ser cumplidos por todo proceso para asegurar que la discusión y la determinación de derechos que están en cuestión se haya realizado en un entorno de razonabilidad y justicia para las personas que intervienen en su desarrollo” (nombre reservado, nombre reservado y nombre reservado: "Reformas a los procesos civiles orales: consideraciones desde el debido proceso y la calidad de información", p. 17).

En general, la garantía del debido proceso, comprende tanto el aspecto adjetivo, referido a la garantía de las formas procedimentales, como el sustantivo, que salvaguarda el contenido de la razonabilidad que debe imperar en las decisiones. En otras palabras, el debido proceso, “en el ámbito administrativo se manifiesta en una doble perspectiva: a) el derecho a defensa que debe ser reconocido como la oportunidad para el administrado de hacer oír sus alegaciones, descargos y pruebas y también b) como el derecho de exigir de la Administración Pública el cumplimiento previo de un conjunto de actos procedimentales que le permitan conocer con precisión los hechos que se imputan y las disposiciones legales aplicables a los mismos” (nombre reservado (1999), El derecho a la defensa del interesado en el procedimiento administrativo, especial referencia al proyecto de ley sobre bases de los procedimientos administrativos, Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso XX (Valparaíso, Chile, 1999), nada de lo cual concurre en especie, desde que a la recurrente se le impuso la sanción en un procedimiento seguido en contra de terceras personas, en el que no se le realizaron imputaciones directas ni cargos concretos, sin ser emplazada ni escuchada, impidiéndole ejercer su derecho a defensa.

Además, la resolución impugnada, revela que a la recurrente se le ha dado un trato desigual a la de las otras docentes involucradas, vulnerando la garantía constitucional prevista en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

NOVENO: Que de todo lo expuesto no cabe sino concluir que al imponer la sanción de amonestación por escrito a la recurrente, la recurrida contraviene lo dispuesto en la Ley N° 19.070, por lo que su actuación deviene en ilegal, resultando además, arbitraria, desde que carece de razonabilidad, conculcando, además, las garantías constitucionales del debido proceso, todo lo cual determina acoger el presente recurso y, en consecuencia, dejar sin efecto tanto la Resolución N° 1220 de fecha 22 de noviembre de 2024 de la Secretaria General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en la parte que aplica a doña nombre reservado amonestación escrita con copia a la carpeta de la trabajadora y a la Dirección del Trabajo, cuanto el Ordinario N° 839 de la misma data, del Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, que comunica su imposición a la recurrente, debiendo la recurrida adoptar las demás medidas necesarias para dejar ambos actos sin efecto y con ello restablecer el imperio del derecho, resultando por ende inconducente pronunciarse sobre los aspectos de fondo planteados en el libelo.

Por tales consideraciones, las normas legales citadas y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de protección, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por don nombre reservado actuando por doña nombre reservado, en contra de la Corporación Municipal de Desarrollo de Ñuñoa, sólo en cuanto ésta deberá dejar sin efecto la Resolución N° 1220 de fecha 22 de noviembre de 2024 de la Secretaria General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, en la parte que aplica a doña nombre reservado una amonestación escrita con copia a la carpeta de la trabajadora y a la Dirección del Trabajo y el Ordinario N° 839 de fecha 22 de noviembre de 2022 del Secretario General de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Ñuñoa, que comunica su imposición, debiendo la recurrida adoptar las demás medidas necesarias para restablecer el imperio del derecho respecto de la recurrente.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la Ministra (I) señora Rodríguez.

Protección N° 26713-2024 Pronunciada por la Tercera Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por la Ministra (I) señora Paula Rodríguez Fondón, conformada por Fiscal Judicial señora nombre reservado y el Abogado Integrante señor Cristian Parada Bustamante.