Protección contra Servicio Nacional de Menores por el acto arbitrario e ilegal en que habría incur

C.A. de Santiago Santiago, veintiséis de junio de dos mil veintiséis Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Mauricio Alejandro Canales Rojas, en representación de nombre reservado, trabajador social, y deduce recurso de protección en contra del Servicio Nacional de Menores por el acto arbitrario e ilegal en que habría incurrido al haber dispuesto el cese de sus funciones fundado en una calificación en Lista N° 4, lo que vulneraría los derechos que la Constitución Política de la República le reconoce y protege en los Nos 1, 2 y 3 del artículo 19.

Expone que el recurrente es trabajador social y funcionario del Servicio Nacional de Menores, desempeñándose por aproximadamente diez años en el Centro Metropolitano Norte de Tiltil, sin sanciones relevantes ni cuestionamientos significativos a su desempeño previo. Refiere que durante el año 2024 comenzó a experimentar un progresivo deterioro de su salud mental producto de sobrecarga laboral, extensas jornadas, turnos nocturnos reiterados y cambios frecuentes de unidad, situación que impactó gravemente su estabilidad emocional y funcional e indica que dicha condición de salud fue oportunamente informada a su jefatura directa, la que tomó conocimiento formal de la necesidad de apoyo y derivación especializada, sin que el Servicio activara medidas de protección o acompañamiento, incumpliendo su deber de resguardar la salud física y psíquica de sus funcionarios. Añade que, ante la ausencia de apoyo institucional, debió iniciar por sus propios medios tratamiento médico particular, consistente en un procedimiento clínico realizado el 1 de septiembre de 2024, antecedentes que fueron igualmente puestos en conocimiento de la autoridad.

Sostiene que desde que la jefatura tomó conocimiento de su situación de salud comenzaron a adoptarse respecto del recurrente medidas diferenciadas y desproporcionadas, tales como cambios reiterados de unidad y restricción injustificada de horas extraordinarias, pese a que los registros de control horario daban cuenta de una alta carga efectiva de trabajo nocturno. Agrega que producto del deterioro de salud incurrió en inasistencias esporádicas que intentó regularizar mediante solicitudes de feriado legal o administrativo, las cuales fueron sistemáticamente rechazadas, calificándose sus ausencias como injustificadas, sin ponderar su contexto médico.

Refiere que lo anterior derivó en un proceso de calificación funcionaria carente de razonabilidad y objetividad, en el cual inicialmente fue evaluado en Lista N° 3, siendo posteriormente rebajados sus factores de evaluación por la junta calificadora integrada por directivos del mismo centro, sin consideración a sus antecedentes médicos ni al contexto laboral que afectaba su salud, culminando en una calificación en Lista N° 4.

Como consecuencia directa de dicha calificación, sigue el recurso, fue notificado el 5 de diciembre de 2024 de la resolución que dispuso el cese de sus funciones a contar del 18 del mismo mes y año, privándolo abruptamente de su fuente laboral. Sólo con fecha 15 de diciembre de 2024 fue finalmente derivado a la Asociación Chilena de Seguridad, oportunidad en que el médico tratante dejó constancia de lo improcedente de la ausencia de derivación oportuna por parte del empleador. Asimismo, señala que interpuso denuncia ante la Contraloría General de la República, la cual fue acogida a tramitación bajo el folio N° NUM000.

Sostiene que el recurso no busca impugnar el mérito de la calificación funcionaria, sino restablecer el imperio del derecho frente a actos y omisiones ilegales y arbitrarios que afectaron gravemente sus derechos. Alega que el actuar del Servicio Nacional de Menores infringió los principios de legalidad, razonabilidad, proporcionalidad y motivación de los actos administrativos contemplados en la Ley N° 19.880, al omitir ponderar adecuadamente su condición de salud mental, conocida previamente por la autoridad, y utilizar el proceso calificatorio como un mecanismo sancionatorio encubierto.

Solicita se acoja el recurso de protección, se deje sin efecto la resolución administrativa que dispuso el cese de funciones del recurrente, se ordene su reincorporación inmediata al cargo -o a funciones compatibles con su estado de salud- con pleno goce de remuneraciones y derechos funcionarios y se adopten medidas efectivas de protección y apoyo en materia de salud laboral.

Segundo: Que informa la Directora Nacional (S) del Servicio Nacional de Menores y solicita el rechazo del recurso.

Sostiene, en primer término, la improcedencia de la acción de protección para revisar materias vinculadas a procesos calificatorios y decisiones estatutarias propias de la Administración, por cuanto ello importaría sustituir los mecanismos administrativos y jurisdiccionales ordinarios establecidos para impugnar dichas actuaciones. Añade que el recurso no puede transformarse en una instancia de revisión técnica del proceso calificatorio ni en un mecanismo para cuestionar la apreciación efectuada por la autoridad respecto del desempeño funcionario del recurrente.

Expone que éste ingresó al Servicio en 2016 en calidad de contrata, manteniendo sucesivas renovaciones de su vínculo hasta 2025, y durante el período calificatorio 2024-2025 obtuvo resultados deficientes, siendo evaluado en Lista N° 4 de eliminación conforme al proceso de calificación funcionaria regulado en el Estatuto Administrativo y en el Reglamento Especial de Calificaciones del Servicio Nacional de Menores. El proceso calificatorio, precisa, fue efectuado sobre la base de factores objetivos de evaluación relativos a eficiencia en la ejecución, desarrollo y destreza en el trabajo, capacidad para relacionarse y respeto por las normas e instrucciones, obteniendo el recurrente una nota final de 36,75 puntos, lo que le significó quedar incluido en Lista N° 4 de eliminación.

Añade que dicha evaluación fue debidamente fundada y notificada al funcionario, indicándose expresamente que, conforme al artículo 50 del Estatuto Administrativo, el funcionario calificado en Lista N° 4 debe retirarse del servicio dentro de los quince días hábiles siguientes al término del proceso calificatorio.

A continuación indica el órgano informante que, atendido el resultado del proceso, mediante Resolución Exenta RA N°NUM001, de 16 de diciembre de 2025, se dispuso el término anticipado de la contrata del recurrente por deficiente desempeño de sus funciones, acto que se ajustó estrictamente a las facultades legales y reglamentarias de la autoridad administrativa.

En cuanto a las alegaciones vinculadas a la salud mental del recurrente sostiene el Servicio adoptó medidas y derivaciones correspondientes, indicando que el funcionario efectuó denuncias ante la Asociación Chilena de Seguridad por accidente laboral y enfermedad profesional, siendo atendido por dicho organismo, otorgándosele atención psicológica y médica. Añade que incluso existieron antecedentes vinculados a consumo problemático de alcohol por parte del recurrente, informados en atención de salud efectuada en diciembre de 2025.

Refiere asimismo que, atendidos los antecedentes existentes, la Dirección Nacional del Servicio consideró que no concurrían circunstancias que justificaran una renovación automática de la contrata, indicando que la autoridad administrativa posee facultades discrecionales para decidir la renovación o no renovación de los funcionarios a contrata, especialmente cuando existe una evaluación deficiente de desempeño.

Alega que no existe ilegalidad ni arbitrariedad en el actuar impugnado, toda vez que el recurrente fue evaluado conforme a los mismos parámetros aplicados a los demás funcionarios del servicio, sin discriminación ni vulneración al principio de igualdad ante la ley. Añade que la decisión de poner término a la contrata obedeció exclusivamente a la calificación obtenida y al deficiente desempeño funcionario acreditado en el proceso calificatorio, descartando cualquier motivación sancionatoria o discriminatoria.

Finalmente, sostiene que el recurrente carece de un derecho indubitado a la renovación de su contrata o a la permanencia en el cargo, especialmente habiendo sido calificado en Lista N° 4 de eliminación, circunstancia que, conforme al Estatuto Administrativo, habilita legalmente a la autoridad para disponer el término de sus funciones.

Tercero: Que informa también la Contraloría General de la República acerca del estado actual de tramitación del reclamo administrativo deducido por el recurrente bajo folio N°NUM000, remitiendo copia de las actuaciones relevantes y señalando que mediante la Resolución exenta N° NUM002, de 2026, se resolvió tener por desistido el reclamo folio N° NUM003, de 2025, por no haberse subsanado un defecto advertido en los términos que fue requerido, toda vez que el recurrente no acompañó antecedentes que permitieran acreditar fehacientemente la fecha en la que tomó conocimiento del acto impugnado.

Cuarto: Que la jurisprudencia invariable de la Corte Suprema, refrendada por la doctrina, sostiene que el recurso de protección que consagra el artículo 20 de la Constitución Política constituye una acción constitucional que cualquier persona puede interponer ante los tribunales superiores de justicia, a fin de requerirles que adopten de inmediato las providencias que juzguen necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado, frente a un acto u omisión arbitrario o ilegal que importe una privación, perturbación o amenaza al legítimo ejercicio de los derechos y garantías que el constituyente establece, sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer ante la autoridad y los tribunales correspondientes.

Tanto la doctrina como la jurisprudencia, asimismo, han sostenido de manera uniforme que esta acción tiene naturaleza cautelar, puesto que mediante ella se persigue la adopción de medidas urgentes y necesarias para el restablecimiento del imperio del derecho privado, amenazado o perturbado.

Finalmente, se sostiene también uniformemente que para acoger una acción como la de la especie es menester constatar el carácter preexistente e indiscutido de un derecho afectado.

Dicho de otro modo y en lo que específicamente interesa, el recurso consagrado en el artículo 20 de la Carta Fundamental ha sido concebido como una acción eminentemente cautelar, que tiene por objeto brindar protección inmediata, pronta y eficaz ante privaciones, perturbaciones o amenazas en el legítimo ejercicio de derechos y garantías reconocidos por la Constitución, frente a ataques o peligros que requieren de una actuación pronta para ser eficaz, mas no para crear situaciones jurídicas definitivas o consolidadas. Por lo mismo, su ejercicio deja a salvo los demás derechos que pueda hacerse valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes, no sólo en relación al recurrente, sino también respecto de aquel contra quien el recurso se deduce.

Quinto: Que los hechos que se obtienen sobre la base de la ponderación de la documentación allegada por las partes, la que se valora de acuerdo con las reglas de la sana crítica conforme lo permite el primer párrafo del N° 5 del Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, especialmente el proceso calificatorio acompañado por la recurrida, permiten concluir que el Servicio Nacional de Menores no ha incurrido en arbitrariedad ni ilegalidad en su actuar, sino que ha procedido en ejercicio de las facultades que le confiere la normativa estatutaria vigente.

En efecto, aparece de los antecedentes que el recurrente, funcionario a contrata del Servicio Nacional de Menores desde el año 2016, fue sometido al proceso calificatorio correspondiente al período 2024-2025, obteniendo una nota final de 36,75 puntos, lo que significó que quedara calificado en Lista N° 4 de eliminación, conforme a las normas del Estatuto Administrativo y del Reglamento Especial de Calificaciones del Servicio. Asimismo, consta que dicha evaluación consideró factores relativos a eficiencia en la ejecución, desarrollo y destreza en el trabajo, capacidad para relacionarse y respeto por las normas e instrucciones, siendo debidamente notificada al recurrente.

Sexto: Que la consecuencia de la calificación obtenida por el recurrente, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto Administrativo, importa el término de sus funciones, razón por la cual la autoridad administrativa dictó la Resolución Exenta RA N°NUM001, de 16 de diciembre de 2025, disponiendo el término anticipado de su contrata por deficiente desempeño funcionario, acto que aparece ajustado a las facultades legales y reglamentarias de la recurrida.

Si bien el recurrente atribuye su deficiente evaluación a una situación de afectación de salud mental derivada de condiciones laborales adversas, sosteniendo además que el servicio omitió adoptar medidas de apoyo y derivación oportunas, tales alegaciones han sido expresamente controvertidas por la recurrida, quien informó haber efectuado derivaciones y atenciones a través de la Asociación Chilena de Seguridad, acompañando antecedentes relativos a denuncias de accidente laboral y enfermedad profesional formuladas por el actor, así como registros de atención médica y psicológica.

Séptimo: Que, en estas condiciones, la controversia planteada por el recurrente dice relación con materias propias de un procedimiento administrativo calificatorio y con la legalidad y mérito de la evaluación funcionaria efectuada, cuestiones que requieren de un debate y prueba incompatible con la naturaleza cautelar y sumarísima de la acción de protección, cuyo objeto no consiste en declarar derechos controvertidos ni revisar el mérito técnico de decisiones adoptadas por la Administración dentro de la esfera de sus competencias legales.

Sin perjuicio de lo anterior, no se advierte en lo absoluto que la resolución que motiva el recurso carezca de fundamentación o responda al mero capricho de la autoridad administrativa, desde que de los antecedentes acompañados aparece que ésta se sustenta en el resultado del proceso calificatorio del recurrente, efectuado como se dijo en conformidad a las normas estatutarias aplicables, satisfaciendo con ello la exigencia que la ley impone a los actos administrativos en los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso tercero de la Ley N° 19.880.

Octavo: Que para concluir se dirá que el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por finalidad amparar el ejercicio de derechos indubitados y no resolver controversias jurídicas o administrativas complejas que requieren de una discusión de fondo y de la rendición de prueba, como acontece en la especie respecto de la eventual arbitrariedad del proceso calificatorio -en relación a la cual no obra en este proceso antecedente alguno- y de la incidencia que la situación de salud del recurrente habría tenido en la evaluación de su desempeño funcionario.

Por consiguiente, no apareciendo acreditada la existencia de un acto ilegal o arbitrario que haya vulnerado de manera actual y manifiesta las garantías constitucionales invocadas por el recurrente, no resulta procedente adoptar medidas cautelares por esta vía excepcional, sin perjuicio de las acciones administrativas o jurisdiccionales que puedan corresponder al actor en otras sedes.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en las normas legales citadas, en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza el recurso deducido por nombre reservado en contra del Servicio Nacional de Menores.

Regístrese y archívese Redacción del Ministro señor Balmaceda, Protección N° 26707-2025.-