nombre reservado con UNIVERSIDAD CATÓLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ

C.A. de Santiago Santiago, quince de mayo de dos mil veintiséis.

Al folio 21; téngase presente.

Primero: Que comparece don nombre reservado, quien deduce acción de protección en contra de la Universidad Católica Silva Henríquez, también denominada Universidad Católica Cardenal Raúl Silva Henríquez, por los actos que estima ilegales y arbitrarios consistentes en el rechazo de justificativos laborales por parte de la Oficina de Certificaciones Académicas, la consecuente imposibilidad de rendir evaluaciones y recuperativas, la reprobación de la totalidad de las asignaturas del semestre y la eventual configuración de causal de eliminación académica, todo ello con vulneración —según sostiene— de las garantías contempladas en los numerales 2, 3 inciso quinto, 10 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que durante los últimos semestres ha debido compatibilizar sus estudios universitarios con el desempeño simultáneo de dos trabajos permanentes, circunstancia que siempre fue de conocimiento de la Universidad recurrida, razón por la cual ingresó al programa denominado “conciliación de roles” ante la Dirección de Asuntos Estudiantiles, participando en entrevistas formales y entregando contrato de trabajo y demás antecedentes laborales, a fin de que se reconociera la dificultad horaria que su situación generaba. Añade que, producto de dichas obligaciones laborales, le fue materialmente imposible asistir completamente a clases, intentando justificar oportunamente sus inasistencias mediante certificados emitidos por su empleador, cuya entrega, sin embargo, dependía de la disponibilidad de éste, lo que provocó que varios fueran emitidos de manera consolidada y no dentro del plazo formal contemplado por la institución. Señala que, pese a existir autorizaciones previas y expresas otorgadas por autoridades universitarias para presentar justificativos fuera de plazo cuando el retraso no era imputable al estudiante, durante el semestre respectivo la Oficina de Certificaciones Académicas rechazó sus justificativos por extemporáneos y, posteriormente, mantuvo su negativa mediante correo de 26 de noviembre de 2025, fundándose exclusivamente en razones formales, sin ponderar su situación particular ni las autorizaciones previamente otorgadas. Refiere que, como consecuencia de ello, se le impidió rendir evaluaciones y recuperativas, cuestión que incluso le fue comunicada por una profesora del ramo, quien señaló que desde la Escuela de Derecho se le había indicado que no podía tomarle las evaluaciones, pese a que mantenía vigente su calidad de alumno regular. Añade que aquello derivó en la reprobación de todas las asignaturas del semestre, obligándolo a repetir la totalidad de los ramos, con el consecuente riesgo de eliminación y de pérdida del beneficio de gratuidad del que es titular. Hace presente, además, que en el semestre anterior ya se había producido una situación análoga, ocasión en que la misma oficina rechazó justificativos laborales no por extemporáneos, sino por no contar con validación vía código QR, exigencia que afirma no se encuentra contemplada en el Reglamento del Estudiante de Pregrado ni en el instructivo institucional vigente. Solicita, en definitiva, que se declare la nulidad de los actos descritos, se tengan por válidamente presentados sus justificativos, se le permita rendir las evaluaciones necesarias para restablecer su progresión académica y se ordene a la Universidad establecer un procedimiento claro y uniforme para la recepción y validación de justificativos laborales.

Segundo: Que, evacuando informe, la Universidad Católica Silva Henríquez solicita el rechazo del recurso en todas sus partes. Expone que el actor es alumno de pregrado de la carrera de Derecho de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas y que ha incurrido en causal de eliminación por haber reprobado todas las actividades curriculares del segundo semestre de 2025, al no cumplir con el requisito de 75% de asistencia establecido en el Reglamento del Estudiante de Pregrado, junto con no rendir sus evaluaciones parciales ni su evaluación integrativa final. Sostiene que el recurso contiene peticiones improcedentes en sede de protección, por cuanto busca revertir decisiones académicas fundadas en la aplicación de la normativa interna, desconociendo la autonomía universitaria reconocida por la Ley Nro. 21.091. Añade que la relación entre el estudiante y la Universidad se rige, entre otros cuerpos normativos, por el Reglamento del Estudiante de Pregrado, que establece de manera objetiva y general los deberes, procedimientos y consecuencias académicas aplicables a todos los alumnos, destacando el deber de mantener un rendimiento suficiente, el requisito de justificar inasistencias y ausencias a evaluaciones dentro de un plazo no superior a tres días hábiles posteriores a la respectiva evaluación, la asistencia mínima obligatoria de 75% y la causal de eliminación consistente en reprobar la totalidad de las actividades curriculares inscritas en un período lectivo. Refiere que, conforme a tales reglas, el actuar de la Universidad se ha ajustado estrictamente a su normativa interna, sin incurrir en discriminación arbitraria ni afectación de garantías constitucionales, debiendo prevalecer su autonomía para evaluar a sus estudiantes y aplicar sus reglamentos. Agrega que los certificados laborales acompañados por el actor fueron emitidos por la sociedad AEDO Seguridad & Servicios SpA, respecto de la cual el propio recurrente figura como socio, administrador y representante legal, circunstancia que, a juicio de la Universidad, justifica la necesidad de mayor escrutinio sobre su mérito probatorio.

Tercero: Que, como reiteradamente se ha sostenido, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio. Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a) que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b) que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c) que de la misma se siga directo e inmediato atentado, esto es, privación, perturbación o amenaza, contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d) que la Corte se encuentre en situación material y jurídica de brindar la protección.

Cuarto: Que, en relación a los extremos precisados en el motivo anterior, debe destacarse que es requisito indispensable de la acción de protección la existencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él y que provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando a una o más de las garantías preexistentes protegidas, consideración que resulta básica para el análisis y decisión del presente recurso, aspecto que se advierte deficitario en la especie, en que no se singulariza debidamente, con la precisión y detalles que exige este mecanismo cautelar y de excepción, un acto terminal concreto de la Universidad que haya privado al actor de un derecho indubitado, sino que más bien se efectúa un relato extenso de diversas actuaciones académicas, comunicaciones electrónicas y consecuencias reglamentarias, para luego cuestionar de manera genérica todo su desarrollo, obviando con ello aspectos fundamentales para determinar, incluso, el momento exacto de conocimiento cierto de aquello que se reprocha, lo que ya pugna con que pueda ser acogido.

Quinto: Que, sin perjuicio de lo anterior, de todas maneras es posible señalar que, frente a las argumentaciones expresadas en los motivos que preceden y de la información entregada por las partes, aparece de manera evidente que el presente asunto excede –con creces– los límites para los cuales está establecida la presente acción cautelar. En efecto, de lo informado por la recurrida aparece que el actor es alumno de pregrado de la carrera de Derecho, que durante el segundo semestre de 2025 inscribió tres actividades curriculares, que en todas ellas no alcanzó el porcentaje mínimo de asistencia exigido reglamentariamente, que registró calificaciones 1.0 por inasistencia o no rendición de evaluaciones, y que finalmente reprobó la totalidad de las asignaturas inscritas, incurriendo así en la causal de eliminación académica contemplada en la normativa interna.

Sexto: Que, en efecto, el recurso de protección de garantías constitucionales tiene por objeto proteger el legítimo ejercicio de derechos que estén indubitados, y no de aquellos que se encuentran en discusión o que constituyan una mera expectativa. Esto es, no se trata de un juicio declarativo de derechos, que es precisamente lo que requieren las situaciones alegadas por el recurrente, quien pretende que esta Corte revise la procedencia de justificativos de inasistencia presentados fuera de plazo, la razonabilidad de las decisiones adoptadas por la Oficina de Certificaciones Académicas, la validez de documentos laborales emitidos por una sociedad respecto de la cual él mismo figura como socio, administrador y representante legal, el alcance del programa de conciliación de roles, y, en definitiva, la corrección de las decisiones académicas que condujeron a la reprobación de sus asignaturas y a la aplicación de la causal de eliminación, materias todas que importan necesariamente debate, ponderación de antecedentes y examen del Reglamento del Estudiante de Pregrado, lo que excede la finalidad cautelar del arbitrio.

Séptimo: Que, aunque el procedimiento sumarísimo de protección no establece un período probatorio en contradictorio, ello no significa que el juez pueda decidir sin la existencia de pruebas que evidencien con claridad la ilegalidad o arbitrariedad que se denuncia. En el procedimiento de las acciones constitucionales de protección, la prueba debe otorgar certeza acerca del derecho que se pretende ver tutelado. Frente a esto, no es posible sostener que en la especie exista un derecho indiscutible del recurrente a que se tengan por aceptados justificativos extemporáneos, a que se excepcione en su favor el cumplimiento del porcentaje mínimo de asistencia, o a que se le permita rendir evaluaciones fuera de los plazos previstos reglamentariamente, máxime si del propio informe aparece que el programa de conciliación de roles no implica exención automática de obligaciones académicas, flexibilización irrestricta de asistencia, ni autorización para rendir evaluaciones fuera de plazo, materias que continúan rigiéndose por el Reglamento del Estudiante y por las decisiones académicas de las respectivas Escuelas.

Octavo: Que, por ello es que, no siendo el recurso de protección la vía idónea para resolver la controversia surgida entre el actor y la entidad recurrida, toda vez que la litis trasciende los fines de la acción de protección de garantías constitucionales y no se condice con el carácter extraordinario y de tramitación breve y urgente que tiene el arbitrio de que se trata, no resulta procedente este arbitrio para sustituir acciones o procedimientos ordinarios o especiales en los que deban ventilarse y decidirse cuestiones propias de un análisis de lato conocimiento, entre ellas, la correcta aplicación de la normativa universitaria, la validez de las decisiones de la Secretaría de Estudios, el peso probatorio de los justificativos acompañados y la determinación de si existió o no una expectativa legítima derivada de autorizaciones excepcionales concedidas en semestres anteriores.

Noveno: Que, sólo a mayor abundamiento, la revisión de estos antecedentes, reviste de razonabilidad lo postulado por la recurrida, esto es, es que el recurrente incurrió en la causal de eliminación aplicada, por haber reprobado la totalidad de las actividades curriculares inscritas durante el segundo semestre de 2025, lo que está permitido declarar conforme al Reglamento del Estudiante de Pregrado de la Universidad Católica Silva Henríquez, que no sólo tiene fuerza obligatoria en virtud de las normas legales y los principios citados, sino también porque forma parte del Contrato de Prestación de Servicios Educacionales suscrito por el recurrente. Es así que dicho Reglamento, en sus artículos 18, 20 y 29, en lo que interesa, dispone que la ausencia o no entrega oportuna de evaluaciones tendrá calificación 1.0 salvo justificación aceptada dentro de plazo; que la asistencia mínima para aprobar una actividad es de 75%; y que constituye causal de pérdida de la calidad de estudiante regular y eliminación de la Universidad reprobar la totalidad de las actividades curriculares inscritas en un período lectivo. De acuerdo con estas reglas y la situación académica del recurrente que se trata, no resulta arbitrario sostener que concurre la causal objetiva de eliminación contemplada en la normativa interna.

Décimo: Que, en consecuencia, no es posible advertir un proceder de la Universidad Católica Silva Henríquez de modo ilegal o arbitrario ni contrario al Reglamento del Estudiante de Pregrado, porque el actuar de la recurrida se encuentra amparado en la autonomía e independencia académica que sus propios estatutos y la ley le reconocen, y en la aplicación fundada de eso mismos estatutos y reglamentos al caso de autos.

Undécimo: Que, en síntesis, las situaciones denunciadas quedan al margen de este arbitrio jurisdiccional, al no justificarse la existencia de derechos indubitados constitutivos de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, que hayan sido vulnerados mediante privación, perturbación o amenaza causada por un acto u omisión arbitraria o ilegal, lo que en el caso propuesto no se ha demostrado que así hubiere acontecido.

Y de conformidad, también, con lo preceptuado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República, y 1°, 3° y 7° del Auto Acordado que regla la materia, se rechaza, sin costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado, en contra de la Universidad Católica Silva Henríquez.

Regístrese, comuníquese y archívese si no se apelare.

Protección N°26.706-2025.