nombre reservado con TESORERÍA GENERAL DE LAREPÚBLICA DE CHILE

C.A. de Santiago.

Santiago, veintiocho de abril de dos mil veinticinco.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado Daniel Lagos Sandoval, en representación de nombre reservado y de nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Tesorería General de la República, por haber negado arbitraria e ilegalmente la restitución total del monto que habrían pagado en exceso por concepto de contribuciones. Actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que no respetaría el mandato expreso del legislador que regula la forma de restituir los impuestos pagados en exceso, decidiendo, en su lugar, por sí y ante sí, devolver una suma inferior a la solicitada y que no tendría justificación alguna ni razonabilidad, vulnerando con ello el derecho de propiedad consagrado en el artículo 19 Nro. 24 de la Constitución Política de la República.

Narra, como antecedentes de contexto, que los recurrentes contrajeron matrimonio el 22 de julio de 1970, bajo el régimen de sociedad conyugal y que durante su vigencia adquirieron el inmueble ubicado en domicilio reservado. Sin embargo, dicha sociedad fue liquidada con posterioridad, pues decidieron pactar la separación total de bienes, por lo que el bien fue adjudicado a María Alejandrina, a cuyo nombre se inscribió el dominio de éste el día 31 de enero de 1989. No obstante, aquello, sostiene que, por un error registral, la transferencia de dominio no se vio reflejada en los registros del Servicio de Impuestos Internos ni en los de la Tesorería General de la República, por lo que siguió registrado a nombre de nombre reservado.

Así las cosas, explica que ambos recurrentes activaron el pago automático de las contribuciones territoriales en sus respectivos bancos, pero sin comunicar de ello al otro, lo que provocó que desde la segunda cuota del año 2012 hasta la segunda de 2024, se duplicaran dichos pagos, percatándose de ello recién en noviembre pasado, por lo que solicitaron a la Tesorería la devolución de lo pagado en exceso entre el 30 de abril de 2012 y el 30 de junio de 2024 por la suma ascendente a $18.784.816, a lo que accedió parcialmente, restituyendo solo la suma de $9.046.627 sin expresar los fundamentos de su decisión, deviniendo así en ilegal y arbitraria.

Sostiene que el artículo 126 Nro. 2 del Código Tributario permite al contribuyente solicitar la restitución de las sumas pagadas doblemente, en exceso o indebidamente a título de impuestos, reajustes, intereses y multas, estableciendo un plazo de 3 años contados desde el acto o hecho que le sirve de fundamento. Argumenta que dicho plazo debe contarse desde que el contribuyente tomó conocimiento del pago en exceso y que en este caso corresponde a noviembre de 2024, pues mal podrían haber reclamado antes si no tenía conocimiento acerca del pago en exceso que se estaba verificando, máxime cuando dicho pago, por más de 10 años, nunca fue advertido por parte de la Tesorería o el Servicio de Impuestos Internos.

Adicionalmente, invoca el principio del repudio al enriquecimiento sin causa que informa nuestro ordenamiento jurídico, señalando que el legislador tributario repele al enriquecimiento ilícito aun cuando este sea del patrimonio fiscal.

Asimismo, hace referencia al artículo 57 del Código Tributario, que regula la forma en que debe restituirse la suma pagada en exceso por un contribuyente, disponiendo que toda suma que se ordene devolver o imputar por haber sido ingresada en arcas fiscales indebidamente, en exceso, o doblemente, a título de impuestos, se restituirá o imputará reajustada según la variación del IPC, sin establecer limitaciones temporales.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene a la recurrida restituir a los recurrentes el saldo adeudado por concepto de doble pago de contribuciones ascendente a la suma de $9.738.189, debidamente reajustado a la fecha de pago efectivo, o la cifra mayor o menor que la Corte considere corresponde en derecho; condenar en costas a la recurrida y adoptar las demás medidas que se estimen pertinentes para restablecer el imperio del derecho.

Segundo: Que la Tesorería General de la República evacuó el informe requerido, solicitando el rechazo del recurso de protección interpuesto en su contra.

En primer lugar, argumenta que la acción constitucional deducida en estos autos es inadmisible, pues los recurrentes carecen de un derecho indubitado que pueda ser tutelado por esta vía. En este sentido, argumenta que lo pretendido por los actores es plantear una nueva interpretación respecto de la forma en la que se debe computar el plazo de caducidad establecido en el artículo 126 del Código Tributario, materia que no corresponde sea dilucidada a través del recurso de protección, ya que éste no constituye una instancia de declaración de derechos sino de protección de aquellos que, siendo preexistentes e indubitados, se encuentren afectados por alguna acción u omisión arbitraria o ilegal. Sin perjuicio de aquello, alega que la interpretación propuesta por los recurrentes sería absolutamente inoperante, ya que dejaría la extensión de dicho término sujeta exclusivamente a la voluntad de los contribuyentes.

Luego, afirma que el recurso debe también desestimarse en cuanto al fondo, por cuanto, en la especie, no ha existido actuación arbitraria o ilegal de la Tesorería General de la República. En efecto, explica que dentro de la normativa que rige la existencia y extinción de la obligación tributaria, el legislador ha establecido normas que regulan la obligación del Fisco de restituir las sumas que los contribuyentes hayan enterado en exceso o en forma indebida o errónea, pero que esta acción de restitución tiene un plazo de caducidad de tres años para su interposición, según lo dispuesto en el artículo 126 del Código Tributario, y que este debe contabilizarse desde el acaecimiento del acto o hecho que le sirve de fundamento, el que, en el caso de autos, corresponde a la fecha de pago de las cuotas de impuesto territorial.

De esta forma, refiere que la Tesorería General de la República denegó la restitución de cuotas de impuesto territorial pagadas en exceso respecto de las cuales había transcurrido el plazo de tres años computado desde la fecha del pago, lo que constituye un actuar ajustado a la normativa vigente, por lo que malamente puede estimarse ilegal y arbitrario.

Tercero: Que conforme es generalmente aceptado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia, el recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de evidente carácter cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe ese ejercicio.

Consecuentemente, para la procedencia de la acción cautelar de protección es requisito indispensable la existencia actual de un acto o una omisión ilegal o arbitraria que provoque la afectación de alguno de los derechos fundamentales protegidos, de manera que la Corte pueda quedar en posición de adoptar alguna medida que contrarreste, neutralice o anule los efectos indeseables de esa acción u omisión.

Cuarto: Que para resolver el asunto sometido al conocimiento de esta Corte, ha de tenerse en consideración que, en nuestro ordenamiento jurídico, el actuar de los órganos de la Administración del Estado se encuentra sujeta, no sólo a lo dispuesto en las normas particulares que regulan sus atribuciones, sino también a lo establecido en la Ley Nro. 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, por lo que, ante una solicitud formal que requiera su intervención, nace en ellos la obligación de dictar un acto decisorio que se pronuncie sobre la cuestión de fondo y en el cual éste exprese su voluntad, pues tal es el mandato que les imponen los artículos 8° y 41 de dicha norma legal.

Quinto: Que, en la especie y del examen de los antecedentes allegados al proceso, aparece como un hecho indiscutido que el 13 de noviembre de 2024 los recurrentes presentaron ante la Tesorería General de la República una solicitud formal para obtener la restitución de $18.784.816 que, por concepto de impuesto territorial, habrían pagado en exceso entre el 30 de abril de 2012 y el 30 de junio de 2024. Asimismo, es un hecho de la causa que, a raíz de ello, el servicio efectuó un depósito de $9.046.627 en la cuenta bancaria del contribuyente nombre reservado, pues así se desprende del comprobante de egreso que ambas partes han acompañado en estos autos. Sin embargo, ni los elementos de convicción incorporados en este proceso, ni el informe evacuado por la recurrida, dan luces de que ésta haya emitido un pronunciamiento formal que explique a los recurrentes las razones de su decisión, esto es, por qué se restituía una cantidad inferior a la solicitada.

Sexto: Que, sin perjuicio de la controversia jurídica de fondo que existe entre las partes respecto a la forma de computar el plazo establecido en el artículo 126 del Código Tributario -elemento que solo ha sido esgrimido en el informe evacuado por la recurrida a raíz del recurso de protección-, lo cierto es que el servicio tenía el deber legal e ineludible de emitir un pronunciamiento formal sobre la solicitud presentada, expresando los fundamentos fácticos y jurídicos de su decisión, lo que no ocurrió en la especie.

Séptimo: Que, de esta forma, la Tesorería General de la República ha transgredido el deber de motivación que se exige de todo acto administrativo, deviniendo tal omisión en ilegal y arbitraria, pues ha privado a los administrados de la posibilidad de conocer la justificación racional que sirve de fundamento a su decisión, generando en ellos una situación de incertidumbre jurídica que les priva del derecho de conocer las razones por las cuales su pretensión de restitución fue acogida sólo parcialmente, así como de ejercer los recursos administrativos que la legislación les provee.

Octavo: Que aquello constituye una vulneración a la garantía de igualdad ante la ley consagrada en el artículo 19 Nro. 2 de la Constitución Política de la República, ya que ha establecido una diferencia de trato injustificada respecto de los recurrentes, colocándolos en una posición de indefensión frente al accionar del servicio, comprometiendo, además, el principio de juridicidad que debe inspirar toda su actuación, pues, como ya se dijo, se les ha privado del derecho que les asiste de obtener una respuesta formal, fundada y susceptible de impugnación por parte de los órganos de la Administración del Estado.

Noveno: Que, con lo razonado, el presente recurso de protección será acogido en la forma que se señalará en lo resolutivo de esta sentencia.

Por estas consideraciones, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado sobre tramitación del Recurso de Protección de la Excma. Corte Suprema, se acoge, sin costas, el arbitrio deducido por el abogado Daniel Lagos Sandoval, en representación de nombre reservado y de nombre reservado y, en consecuencia, se ordena a la Tesorería General de la República que, dentro del plazo de 30 días, dicte el acto administrativo terminal correspondiente, pronunciándose fundadamente sobre la solicitud de restitución presentada por los recurrentes, expresando claramente las razones de hecho y de derecho que justifiquen su decisión, ya sea para acoger o rechazar la petición en los términos planteados.

Acordada con el voto en contra de la ministra Romy Rutherford quien fue de parecer de rechazar la acción constitucional intentada, teniendo para ello especialmente en consideración:

1°) Que de cara a las argumentaciones vertidas por la recurrente y por el informante corresponde anotar que los postulados contenidos en el arbitrio obligarían a esta Corte a resolver sobre el fondo del asunto, declarando que la actora tiene un título que reúne las exigencias que harían procedente “la devolución” de la suma de $9.738.189, como se pide en el libelo. Monto que correspondería al impuesto territorial por concepto de contribuciones que dice pagó doblemente y no le fue íntegramente restituido en su oportunidad. Tal situación importaría un juicio valorativo y declarativo en aplicación de las normas legales atingentes.

Lo anterior, sin duda, queda al margen de este arbitrio jurisdiccional que sólo tiene por finalidad determinar si un derecho inobjetable, que sea a la vez constitutivo de una garantía constitucional, de aquellas que protege el artículo 20 de la Constitución Política de la República, ha sido vulnerado mediante la privación, perturbación o amenaza causada por una acción u omisión arbitraria o ilegal.

2°) Que a la conclusión anterior se arriba teniendo especialmente en consideración que la finalidad propia del recurso de protección es la de restablecer la vigencia del derecho, reaccionando frente a una situación anormal y evidente que atenta contra alguna de las garantías que establece la Carta Fundamental. Ciertamente, se trata de una acción cautelar de origen constitucional que protege a los individuos mediante determinadas providencias que evitan los efectos del acto arbitrario e ilegal que haya amagado un derecho indiscutido y evidente. En esta dirección se ha razonado por nuestro máximo tribunal que “[l]a Acción Constitucional de Protección ha sido establecida en nuestro derecho, como un remedio procesal de carácter extraordinario para la mantención regular del orden jurídico, sin embargo, esta es una acción de urgencia, de naturaleza cautelar y conocida por los tribunales en uso de sus facultades conservativas, cuyo objetivo es, como su nombre indica, la protección de derechos indubitados indiscutidos y no su declaración, por cuanto ello implicaría desnaturalizarla en su esencia, transformándola en un sustituto de los procedimientos ordinarios y extraordinarios que la ley contempla para tal objeto y de los cuales conocen los tribunales que la ley establece en el ejercicio de su potestad jurisdiccional, la más propia esencial característica de los otros órganos del poder estatal” (Corte Suprema, Rol Nro. 1108-2009). En este mismo sentido sería posible citar un sin número de fallos.

3°) Que la doctrina ha seguido la tendencia jurisprudencial descrita y la principal razón estriba en que la tramitación del recurso, pensada para resolver situaciones evidentes y apremiantes de vulneración de derechos constitucionalmente garantizados, no provee a la recurrida de las garantías propias de un justo procedimiento para hacer valer sus defensas. De esta forma, so pretexto del restablecimiento del imperio del derecho la recurrida puede ver quebrantados en sede de protección los derechos que le corresponden, si se tiene en cuenta que no estamos frente a un asunto palmario e imperioso.

En tal sentido, el profesor nombre reservado sostiene que “[…] conociendo de la acción de protección, el tribunal no dispone de los medios para agotar el conocimiento del asunto y la urgencia con que el caso de ser decidido. Por lo general el procedimiento es incompatible con un sopesamiento de todos los antecedentes de hecho y de derecho que inciden en el caso” (“El recurso de protección como medio de amparo de los contratos en Instituciones Modernas de Derecho Civil, Homenaje a nombre reservado”, Editorial Jurídica ConoSur, 1996, p. 333).

El profesor nombre reservado, por su parte, es categórico al afirmar que “[e]l recurso de protección no debe transformarse en un sustituto de las acciones ordinales sino que, por el contrario, su interposición debe circunscribirse exclusivamente para el caso que flagrantemente se hayan desconocido derechos personales o alguna de las partes o un tercero –sea autoridad o particular– pretenda aplicar justicia por sí mismo” (“Límites al recurso de protección en materia contractual”, Revista de Derecho de la Universidad Finis Terra Nro. 6, 2002, p. 67).

En la misma dirección el profesor nombre reservado señala “[…] si bien se ha logrado este significativo avance en el resguardo de la garantías constitucionales, por otra parte se ha efectuado un abuso desmedido de este recurso, pretendiéndose por esta vía eminentemente sumaria, cautelar, zanjar situaciones jurídicas de suyo complicadas y materia de juicio de lato conocimiento” (“Alcances limitados del recurso de protección en relación a interpretación de contratos suscritos por municipios”, Gaceta Jurídica Nro. 207, 1997, pp. 38-39).

4°) Que, seguidamente, el recurso de protección es un instituto de carácter procesal constitucional, rápido, sumario y breve, encaminado a estudiar el asunto en caso de que se den los supuestos denunciados, correspondiendo a la Corte restablecer el imperio del derecho o de la justicia en la forma que mejor convenga. De suerte que el recurso de protección tiene los límites que le impone su propia naturaleza según se ha consignado y, en consecuencia, no es un medio idóneo para dilucidar, como sucede en este caso, sobre la procedencia o no de la devolución íntegra de lo pagado por concepto de impuesto territorial y, por ende, si se encuentra demostrado que se trata de un pago que corresponda sea devuelto en su totalidad, como se pide por la recurrente.

En este sentido nombre reservado señala que “[…] si entendemos que nuestro recurso protección al igual que el amparo existente en otras legislaciones iberoamericanas es un proceso de urgencia entonces debemos concluir que para su procedencia es necesario que concurran los supuestos propios de todo proceso, de urgencia, esto es, una situación de peligro y cierto grado de evidencia en la reclamación, es decir cuando exista peligro de daño o amenaza a un derecho fundamental y cuando la conducta atentatoria sea manifiestamente arbitraria o ilegal” (El recurso de protección bajo la tutela de urgencia, Revista Ius Novum, Universidad Católica de Valparaíso, 2009, Nro. 2, p. 211).

5°) Que de la forma en que se viene razonando es posible colegir que tanto la jurisprudencia como la doctrina están contestes acerca de los límites del recurso protección, estableciendo como condición sine qua non la existencia de un derecho indubitado de la recurrente que resulte evidente y flagrantemente afectado por su contraparte o por un tercero. Lo cierto es que un recurso de protección que pretenda dirimir aquello que se ha planteado por la impugnante no existe en nuestro ordenamiento jurídico y, por lo mismo, el de autos, no puede prosperar.

6°) Que, como corolario de lo hasta aquí reflexionado no puede sino concluirse que en el caso sub lite no se ha establecido que el recurrente posea un derecho indubitado que lo habilite para reclamar por la presente vía, pues, como se ha dicho, se requiere de una declaración previa de derechos que no procede hacer en este procedimiento, circunstancia ésta que lleva a concluir que no se dan los presupuestos que permitan acoger la presente acción de protección y, consecuencialmente, corresponde sea rechazada.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.

Rol Nro. 26686-2024 (Protección).