Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, veinticinco de febrero de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, interponiendo acción constitucional de protección en contra del Colegio nombre reservado, por la acción ilegal y arbitraria en que habría incurrido al aplicar la sanción disciplinaria de cancelación de matrícula para el año escolar 2026, vulnerando con ello la garantía constitucional protegida en el artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República.

Explica que la recurrida aplicó a su hijo la medida de término de matrícula cuando, encontrándose bajo condicionalidad, cometió faltas consideradas graves o gravísimas que atentan contra la integridad física y psicológica de estudiantes o afecten la adecuada convivencia escolar.

Ante ello presentó descargos acompañando certificados médicos e informes desarrollados por sus profesores.

Describe que su hijo tiene un diagnóstico de TDAH con intolerancia a la frustración, lo que llevó a situaciones de conductas complicadas dentro del establecimiento educacional, de lo que dan cuenta certificados emitidos por profesionales de salud mental.

Precisa que la medida de cancelación de matrícula le fue informada el 28 de noviembre de 2025, pese a que los colegios habían cerrado el proceso respectivo el 26 del mismo mes, lo que ha tornado complejo que pueda encontrar un colegio para su hijo.

Añade que adicionalmente se le informó que por decisión unánime del Consejo de Profesores se mantendría la medida, pese a que en el informe de Test Conners de profesores se le señaló lo contrario, con escritos positivos sobre su hijo.

Concluye se ordene la reincorporación de su hijo nombre reservado como alumno del establecimiento recurrido, ordenando su matrícula para el año escolar 2026.

Segundo: Que comparece don Ismael Hernán Olivares Swett, abogado, en representación de la recurrida Sociedad Educacional nombre reservado ", evacuando el informe solicitado.

Afirma que la institución educacional no ha cometido ningún actuar arbitrario o ilegal, en contra del menor nombre reservado, que haya perturbado y a su vez privado del legítimo ejercicio de los derechos de igualdad ante la ley y de no discriminación arbitraría, como pretende hacer creer su madre la señora nombre reservado, responsabilizando al Colegio nombre reservado

Huechuraba, por la aplicación del Reglamento Interno y de Convivencia Escolar del establecimiento educacional, respecto a una sanción establecida en él, y, que por lo demás, aplica para todos los alumnos del colegio, sin discriminación alguna.

En primer lugar, sostiene que el recurso debe ser rechazado toda vez que la recurrente no acreditó la calidad legal de ser, por sí sola, representante del menor. Al respecto, indica que no se acompañó el certificado de nacimiento que demuestre quien de los padres ejerce la patria potestad del niño, de manera que al tenor de lo dispuesto en los artículos 244 y 2634 del Código Civil debieron haber comparecido ambos en representación de su hijo; teniendo además en consideración que, de conformidad a los documentos acompañados por la recurrente a esta acción, el padre es el apoderado en el colegio.

En cuanto al fondo, precisa que la ley y la autoridad administrativa exigen a los establecimientos educacionales contar con un reglamento o documento similar que establezca un justo procedimiento que consagre las garantías de notificación, traslado y revisión de la sanción.

Indica que, en el caso del recurrido, al ser un colegio particular pagado, sin recibir subvención del Estado, se rige por la Ley N° 20.370, y de esta manera, cuenta con su Reglamento Interno de Manuel de Convivencia Escolar, que rige las relaciones entre el establecimiento, los trabajadores, los alumnos, los padres y apoderados.

Explica que el 27 de diciembre de 2024, el padre del menor, en su calidad de apoderado, firmó el contrato educacional y compromiso de pago para el año 2025, correspondiente al 8 básico del Colegio nombre reservado

Huechuraba, quedando matriculado y en conformidad al Reglamento Interno de Convivencia Escolar del Colegio. En la cláusula segunda de dicho contrato, el apoderado declaró, entre otros, que, letra b) Conoce, acepta y respeta el Reglamento Interno del colegio y Manual de Procedimiento Evaluativos vigentes; j) Se adhiere plenamente al Manual de Convivencia que se encuentra publicado en el sitio web del Colegio.

En cuanto a los hechos que se denuncian en el recurso, afirma que durante el 2025, al igual que en años anteriores, se realizaron acciones y tomaron medidas de tipo formativas tales como reflexión guiada junto al estudiante y apoderados por profesora jefe e inspector general, diálogo grupal reflexivo en clases de orientación y por parte de Inspector General junto al estudiante y su curso, apoyo pedagógico, derivación psicoeducativa y carta de compromiso, así como también el estudiante contó con el apoyo constante y seguimiento por parte de las sicólogas, profesora jefe y profesores de asignatura para apoyar su proceso educativo y formativo. Sin embargo, asegura, todas estas acciones no dieron resultado respecto al estudiante, no hubo disposición y tampoco se evidenció de manera concreta un cambio conductual, es por esto que luego de haber realizado un procedimiento justo y racional según lo que señala el RICE se tomó la determinación de aplicar la medida de cancelación de matrícula, según artículo 304.

Explica que la determinación de la expulsión se tomó debido la reiteración de faltas gravísimas establecidas en el reglamento interno de convivencia escolar que se detallan: “Con fecha 25 de abril de 2025, estudiante pelea y amenaza de muerte a compañero nombre reservado en las inmediaciones del Colegio. Justifica sus acciones y afirma que lo volvería a hacer. Medidas aplicadas: Suspensión 3 días, Firma Carta de Compromiso Disciplinario … Con fecha 23 de octubre, estudiante nombre reservado agrede con cachetada a estudiante nombre reservado. Medidas aplicadas:

Suspensión 3 días … El 14 de agosto se aplica la medida disciplinaria de suspensión de 3 días por utilizar “vaper” en el Colegio y por agresiones verbales a estudiante diciéndole “Gay” … Con fecha 11 de agosto del 2025, se cita apoderados por acta presentada por burlas y agresiones verbales respecto de la identidad de género de un estudiante de 7°A … Reiteración de agresiones a otros miembros de la Comunidad Escolar y reiteración”.

En cuanto a la cronología de hechos del año 2025 informa lo siguiente: “El estudiante señor nombre reservado, registra su primera anotación negativa el día 13 de marzo de 2025. A lo largo del año escolar el estudiante nombre reservado registra 4 páginas con 35 anotaciones, el total de las cuales son de carácter negativo.

Con fecha 17 de marzo de 2025, la Profesora Jefe Sra. nombre reservado cita a apoderados para entrevista presencial, para conocer a los apoderados y recibir de primera fuente las características de nombre reservado.

Con fecha 18 de marzo, apoderados de nombre reservado presentan certificación de especialista externo (Neurólogo) diagnóstico: TDA inatento.

Con fecha 28 de marzo 2025, la Profesora Jefe Sra. nombre reservado informa vía correo electrónico a los apoderados de nombre reservado que el estudiante se esconde en el baño para no rendir evaluación de la asignatura de Ciencias, lo cual es una falta grave de acuerdo con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar, pues constituye además una fuga interna.

Con fecha 22 de abril de 2025, vía correo electrónico el Inspector General Sr. nombre reservado, informa a los padres de nombre reservado que como apoderados ellos están infringiendo normativa de uso de pase de almuerzo.

Con fecha 25 de abril de 2025 se cita a entrevista a apoderado por parte del Inspector General Sr. nombre reservado por pelea de su hijo nombre reservado fuera del Colegio con estudiante nombre reservado a quien amenaza de muerte, las cuales son faltas muy graves según nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

Resultado de la investigación se aplica medida de primera suspensión de clases presenciales por 3 días (28-29 y 30 de abril) y firma de compromiso disciplinario.

En esta acta de entrevista con los apoderados se compromete la realización de medidas formativas, las cuales fueron la mediación con el estudiante nombre reservado en la oficina del Inspector General y una reflexión por parte de éste.

Con fecha 13 de mayo de 2025, Sra. nombre reservado, Profesora Jefe de nombre reservado informa a los apoderados vía correo electrónico del mal comportamiento de su hijo nombre reservado en clases de la asignatura de Historia y se le quita un parlante.

Con fecha 20 de mayo de 2025, la Profesora Jefe Sra. nombre reservado cita a apoderados, para firmar compromiso académico. En esta reunión los apoderados informan que su hijo nombre reservado está en cambio de medicación por TDH.

Con fecha 11 de agosto de 2025, Inspector General Sr. nombre reservado, vía correo electrónico, cita a apoderados de nombre reservado, para informar sobre el uso de un “Vaper” dentro de las dependencias del Colegio, lo cual es una falta grave conforme a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar, además de otras faltas disciplinarias.

Con fecha 14 de agosto, el Inspector General, Sr. nombre reservado, entrevista al apoderado Sr. nombre reservado, oportunidad en la que se le informa que luego de la investigación, su hijo nombre reservado con otros compañeros de curso, efectivamente estaban utilizando “Vaper” dentro de las dependencias del Colegio. Se aplica medida disciplinaria de segunda suspensión de clases presenciales (18, 19 y 20 de agosto de 2025). Como medida formativa se realiza reflexión y conversación con el Inspector General y su curso. Además, de ser autorizado por el apoderado a retirar el polerón (no institucional) que su hijo nombre reservado trae constantemente al Colegio. Además, se informa al apoderado en esa misma entrevista, el hostigamiento de su hijo nombre reservado hacia el estudiante nombre reservado. de menor grado, al cual lo trata de “gay”, siendo esto también una falta gravísima.

Con fecha 14 de agosto del 2025, como medida formativa nuestra Psicóloga Sra. nombre reservado genera una instancia de reflexión en entrevista con nombre reservado respecto de las agresiones verbales al estudiante nombre reservado

Con fecha 28 de agosto del 2025, Inspector General informa a los apoderados de nombre reservado vía correo electrónico que se inicia investigación debido a que su hijo fue nuevamente sorprendido usando un “Vaper” en los camarines del Colegio luego de clases de Educación Física, lo cual es además la reiteración de una falta grave en nuestro RICE.

Con fecha 09 de septiembre del 2025, se entrevista al apoderado nombre reservado, momento en el que se informa del resultado de la investigación porque su hijo nombre reservado, nuevamente es sorprendido usando un “Vaper” dentro del Colegio. En dicha entrevista el Inspector General Sr. nombre reservado, informa al apoderado Sr. nombre reservado que se inicia protocolo de Caducidad/Cancelación de Matrícula por reiteración de faltas de carácter grave a nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar (peleas, amenazas de muerte, hostigamiento por identidad de género, uso reiterado de vaper y obstrucción a las investigaciones correspondiente mintiendo o cambiando versiones). También se informa que luego de la aplicación de la Caducidad/Cancelación de Matrícula cuando ésta se aplique, los apoderados tienen derecho a apelación. El apoderado de nombre reservado comprende la gravedad de la sanción y no manifiesta o expresa ninguna aprensión frente a la medida.

Con fecha 09 de septiembre del 2025, el estudiante nombre reservado consigna en un acta, que mintió en el inicio de la investigación y en las entrevistas respecto de esta falta.

Con fecha 23 de octubre del 2025, nuevamente la Profesora Jefe Sra. nombre reservado cita a apoderados, para firmar compromiso académico por peligro de repitencia, en esta entrevista los padres se comprometen a gestionar los hábitos de estudio de su hijo nombre reservado.

Con fecha 23 de octubre del 2025, se informa vía correo electrónico a los apoderados por parte del Inspector General, Sr. nombre reservado, que su hijo nombre reservado nuevamente cometió una agresión física, en esta oportunidad con golpe en la cara al estudiante nombre reservado de 7° Básico. Se cita a los apoderados a entrevista para conocer las medidas disciplinarias para el lunes 27 de octubre del 2025.

Con fecha 27 de octubre del 2025 en entrevista con don nombre reservado, apoderado de nombre reservado se deja registro en libro de clases, de medida disciplinaria de suspensión por tercera falta grave de peleas o agresiones. Se aplica suspensión de clases presenciales (28-29 y 30 de octubre del 2025).

Con fecha 13 de noviembre del 2025, vía correo electrónico el Inspector General Sr. nombre reservado, dada la reiteración de faltas graves, muy graves y gravísimas a nuestro RICE por parte de su hijo nombre reservado, solicita entrevista a los padres de nombre reservado, para informar la Cancelación/Caducidad de Matrícula de nombre reservado, advertida el martes 09 de septiembre en entrevista personal.

Con fecha 14 de noviembre del 2025, se procede a la firma de documento formal de Cancelación/Caducidad de Matrícula del estudiante nombre reservado con su apoderado nombre reservado. En dicho documento se informa a don nombre reservado su derecho a apelación a la medida y los plazos correspondientes.

El jueves 20 de noviembre del 2025, apoderados de nombre reservado hacen llegar al Rector del Colegio don nombre reservado, su carta de apelación con antecedentes.

El miércoles 26 de noviembre del 2025, conforme al protocolo por Cancelación de Matrícula, el Consejo de Profesores, reunidos presencialmente evalúa la apelación y antecedentes presentados por el apoderado de nombre reservado, Sr. nombre reservado. Al respecto el Consejo de Profesores teniendo en vista todos los antecedentes se pronunció por escrito y firmado, por votos unánimes a favor de que se aplique la medida.

El 27 de noviembre del 2025, dentro del plazo establecido el Rector del Colegio Sr. nombre reservado informa al apoderado vía correo electrónico que su caso fue presentado al Consejo de Profesores y lo cita para dar cuenta del resultado de la apelación, a lo cual el apoderado da las gracias y confirma asistencia.

Con fecha viernes 28 de noviembre del 2025, dentro de los plazos establecidos, en entrevista personal se informa al Sr. nombre reservado de resultado de apelación a Cancelación/Caducidad de Matrícula 2026 de su hijo nombre reservado. Esta entrevista es realizada por el Rector del Colegio don nombre reservado y acompañado por el Inspector General Sr. nombre reservado. Apoderado entiende la medida y las razones que la respaldan, la cual firma sin cuestionamientos.

En definitiva, señala que de acuerdo con el Reglamento Interno de Convivencia Escolar y protocolo para casos de cancelación de matrícula (artículos 303, 304, 306, 307 y 308), se aplicó en los plazos correspondientes, todo en el marco de la legalidad vigente que incorpora la Ley de Inclusión Escolar N° 20.845, las disposiciones legales emanadas de la Superintendencia de Educación, del Ministerio de Educación, sujetas a los principios de proporcionalidad y de no discriminación arbitraria, a lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 2, de 2009 y de conformidad con su Párrafo 3º del Título I, de 2009; para el estudiante nombre reservado se llevó a cabo un procedimiento justo y racional, con la correspondiente indagatoria y la intervención en tiempo y forma del equipo encabezado por el Inspector General, señor nombre reservado y su Profesora Jefe, Sra. nombre reservado.

Precisa que no se le canceló al menor la matrícula para el año 2026 por su condición de TDHA, sino por todos los argumentos dados en los puntos anteriores.

Tercero: Que, adicionalmente, informó la Superintendencia de Educación, dando cuenta de su facultad para fiscalizar a los sostenedores de los establecimientos educacionales reconocidos oficialmente por el Estado, a fin de que se ajusten a la normativa educacional, controlar la legalidad del uso de los recursos recibidos por los sostenedores y atender las denuncias y reclamos de las comunidades educativas y otros usuarios e interesados.

Ahonda sobre la normativa aplicable en la especie respecto del resguardo de la buena convivencia escolar y las medidas a adoptar para prevenir y enfrentar el maltrato escolar y el resguardo de la salud mental de estudiantes. Al efecto se refiere a la obligación de contar con un reglamento interno sobre la materia, precisando su contenido y protocolos que deben tener asociados.

Se refiere, a su turno, a la normativa educacional vigente en la aplicación de medidas disciplinarias y, en particular, de expulsión o cancelación de matrícula.

Indica que la Superintendencia solo debe revisar procedimientos disciplinarios concluidos y explicita que en relación con el estudiante recurrente se registra el ingreso de una denuncia el 1 de diciembre de 2025, efectuada por nombre reservado Aguirre en atención a la expulsión de su hijo nombre reservado.

Señala que “De acuerdo con la información declarada en informe de dirección, se adoptaría dicha de medida de no renovación de matrícula por la reiteración de faltas graves. En relación con lo expuesto algunas de las faltas ya habrían sido sancionadas por el establecimiento. Asimismo, es posible observar en el apartado de las faltas graves reiteradas en su RI, da a conocer otros tipos de sanciones aplicables antes de adoptar la medida señalada, por lo que el establecimiento presentaría una eventual vulneración al principio de proporcionalidad y gradualidad, señalados en la REX 482, toda vez que aplica una de las sanciones más gravosas. Por otra parte, existiría una eventual transgresión al principio de legalidad, toda vez que el RICE no efectúa una correspondencia clara entre faltas y sanciones. Que, respecto al justo y racional procedimiento declarado en su Reglamento Interno, no es posible observar que este se desarrolle de manera integral, toda vez que, no es posible acreditar la opción de presentar sus descargos frente a la falta señalada al estudiante previo de la adopción de la medida. En definitiva, se determina derivar los antecedentes a la unidad de fiscalización…”

Cuarto: Que, como recurrentemente se viene sosteniendo por esta Corte, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción cautelar destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo o providencias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado o de la afectada ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que prive, perturbe o amenace dicho ejercicio.

Conforme a lo anterior, para la procedencia del recurso de protección se requiere la concurrencia copulativa de los siguientes requisitos de fondo: a).- Que se compruebe la existencia de una acción u omisión reprochada; b).- Que se establezca la ilegalidad o arbitrariedad de esa acción u omisión; c).- Que de la misma se siga directo e inmediato atentado (privación, perturbación o amenaza) contra una o más de las garantías constitucionales invocadas y protegibles por esta vía; y d).- Que la Corte esté en situación material y jurídica de brindar la protección.

Quinto: Que se debe señalar que acto arbitrario es aquel producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque algunas de las situaciones o efectos de privación, perturbación o amenaza, afectando a una o más de las garantías preexistentes- protegidas; es aquello producto del mero capricho de quien incurre en él (Corte Suprema Rol N° 764/2011); es la no existencia de razones que justifiquen una actuación (Corte Suprema N° 4734/2003) o voluntad no gobernada por la razón (Corte Apelaciones de Santiago N° 1249/1994):

Vulneración del uso razonable con que los elementos discrecionales de un poder jurídico han de ser ejercidos (Corte de Apelaciones de Santiago N° 50/2004), o bien, acciones u omisiones que pugnan con la lógica y la recta razón contradiciendo el normal comportamiento, sea de la autoridad o de los seres humanos en particular, que se rige por los principios de racionalidad, mesura y meditación previa a la toma de decisiones y no por el mero capricho o veleidad (Corte de Apelaciones de Coyhaique N° 37/2000).

Sexto: Que acto ilegal es aquel contrario al ordenamiento jurídico (en particular los poderes públicos). Antijurídico. Contrario a la ley, según el concepto contenido en el artículo 1 del Código Civil (Corte Suprema Rol N° 764/2011).

Privación es despojo o desconocimiento del derecho, la perturbación es dificultad o límites no aceptables para su ejercicio y amenaza la representación cierta que el derecho sea privado o perturbado.

Séptimo: Que sobre la existencia del acto impugnado no existe discusión que corresponde a la medida de cancelación de matrícula dispuesta por la recurrida respecto de nombre reservado, de la cual se alegó que no se respetó el debido proceso.

Octavo: Que en relación con la alegación de la recurrida en orden a que el arbitrio en análisis debe ser rechazado porque la recurrente no acreditó la calidad legal de ser, por sí sola, representante del menor, para su rechazo basta considerar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de la República y en el Auto acordado sobre la materia, el recurso de protección puede ser interpuesto por el afectado o por cualquier otra persona en su nombre, capaz de comparecer en juicio, aunque no tenga para ello mandato especial, de manera que, no es necesario, en este caso, que sean ambos padres quienes comparezcan en defensa de los intereses de su hijo, por cuanto quien compareció lo hizo a nombre del menor, siendo capaz para ello, Al respecto cabe tener en consideración que el recurso de protección en Chile es una acción constitucional ágil y desformalizada diseñada para proteger derechos fundamentales ante actos u omisiones arbitrarias o ilegales. Puede presentarse sin abogado, en papel simple o vía web ante la Corte de Apelaciones dentro de 30 días corridos desde el conocimiento del acto.

Noveno: Que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6 letra d) del DFL N° 1 sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, se dispone la expulsión o cancelación de matrícula como medida disciplinaria en el ámbito educativo.

La referida sanción se encuentra regulada bajo dos hipótesis, la primera por incumplimientos graves reiterados al reglamento interno y la segunda vinculada al procedimiento por Aula Segura, por acciones de alumnos que afectan gravemente la convivencia escolar. Por ello se ha de tener presente el Dictamen N° 52 del año 2020 de la Superintendencia de Educación, por medio del cual se puede establecer que son las propias comunidades educativas que pueden en atención a su autonomía, incorporar a sus Reglamentos Internos de Convivencia Escolar los tipos infraccionales y disponer las sanciones aplicables frente a las conductas de los estudiantes.

Además, se consagra al efecto un organismo que garantiza el legítimo ejercicio de la autonomía y libertad de enseñanza, esto es, el Consejo Escolar, el cual se encuentra representado por todos los estamentos, esto es, el sostenedor, funcionarios, apoderados y alumnos.

Décimo: Que en relación con la materia que nos convoca, de conformidad con lo que dispone el Reglamento Interno de Convivencia Escolar 2025-2026, contiene el capítulo II destinado a regular la investigación y sanciones de las faltas en las que incurran los y las alumnos/as. Es así como establece su categorización en un sistema de gradualidad como leves, graves, muy graves y gravísimas. Define las primeras como “todas aquellas conductas que transgreden normas que afectan su proceso de aprendizaje, incumplen normas básicas de la organización escolar y que no afectan ni física ni psicológicamente a otros miembros de la Comunidad”; graves “todas aquellas conductas que interfieren con el normal funcionamiento del Colegio, alteran, perturban y/o afectan a sí mismo o a otros miembros de la comunidad, demuestran rechazo a las normas establecidas”, las muy graves “todas aquellas conductas que atentan contra las normas establecidas y/o ponen en riesgo la integridad física y/o psicológica propia y/o de otros miembros de la comunidad educativa, afectando seriamente la convivencia escolar”; finalmente, las gravísimas “todas aquellas conductas que afectan gravemente la convivencia escolar cometidas por cualquier miembro de la comunidad educativa del Colegio o que se encuentren tipificadas en la legislación vigente como delitos. (incluye la Ley sobre Violencia Escolar y Ley de Aula Segura, Ley penal procesal juvenil, sin perjuicio de las responsabilidades que determinan los Tribunales)”. En cada caso se describe un amplio catálogo de hechos o conductas y su correspondiente calificación.

En cuanto a las medidas disciplinarias que contiene el documento se refiere a “amonestación verbal”, “amonestación escrita”, “acta de disciplina”, “suspensión de clases”, “advertencia de condicionalidad”, “condicionalidad”, “condicionalidad sin advertencia previa”, “pérdida del derecho de participar en ceremonias y actos solemnes”, “cancelación de matrícula”, y “expulsión”.

Se agrega en su artículo 304 que “Solo será posible prescindir de estas acciones previas cuando se trate de conductas que atenten directamente contra la integridad física o psicológica de estudiantes, apoderados, docentes, asistentes de la educación o miembros de las entidades sostenedoras. Estas acciones serán las faltas tipificadas como muy graves y gravísimas”. En tanto el artículo 306 indica que “Para aplicar esta medida -cancelación de matrícula- se deberá llevar a cabo un procedimiento justo y racional, sin discriminación arbitraria, velando por el interés superior del estudiante y considerando tanto la proporcionalidad y gradualidad de la sanción”. A su vez, el artículo 307 indica que “Esta medida -cancelación de matrícula- solo la podrá aplicar el Rector y la notificación de la sanción con sus fundamentos será entregada por escrito al apoderado de forma personal, por carta certificada o correo electrónico. Así mismo debe estar contemplada la posibilidad de hacer descargos y solicitar reconsideración dentro de 10 días hábiles desde su notificación ante la misma autoridad. El Rector resuelve con consulta al Consejo de Profesores, el que debe solicitar todos los antecedentes disponibles, para que el Consejo se pronuncie por escrito teniendo a la vista todos los antecedentes”.

Undécimo: Que en el reglamento ya referido se describe el procedimiento que debe implementarse en caso de cancelación de matrícula o expulsión.

Plantea, en primer término, una etapa a cargo del inspector general y/o encargado de convivencia, en la que debe realizar el registro de los hechos denunciados, obligación de denunciar frente a posibles delitos, recopilación de antecedentes, citación del apoderado e información a otros estamentos.

Luego viene un procedimiento denominado como Etapa N° 2 -a cargo del rector acompañado por el encargado de convivencia e Inspector General- que contiene la obligación de entrevistar al apoderado, después el proceso investigativo -a cargo del inspector general, encargado de convivencia, directivos, equipo psicoeducativo, profesor jefe- que termina con la notificación de la medida disciplinaria, esto último de parte del rector, acompañado del encargado de convivencia escolar y del inspector general.

Enseguida existe la posibilidad de solicitar la reconsideración de la medida de expulsión o cancelación de matrícula, seguido por su revisión por parte del inspector general, directivos y consejo de profesores.

Duodécimo: Que de la revisión de los antecedentes acompañados por las partes se puede tener por establecidas las siguientes sanciones aplicadas al alumno nombre reservado, previo a la cancelación de la matrícula: 1°.- El 25 de abril de 2025, se le aplicó la medida de suspensión por tres días y firma de carta de compromiso, por haber peleado y amenazado de muerte a compañero nombre reservado en las inmediaciones del Colegio. 2°.- El 14 de agosto de 2025 o se aplica la medida disciplinaria de suspensión de 3 días por utilizar “vaper” en el colegio y por agresiones verbales a estudiante diciéndole “Gay”. 3°.- El 23 de octubre de 2025, se le aplicó la medida de suspensión por tres días por agredir con cachetada a estudiante nombre reservado. 4°.- Se constata, además, que en la hoja de vida del menor la anotación de una serie de hechos que fueron considerados como faltas de diversa calificación, pero que no fueron objeto de sanción por parte de la recurrida.

Decimotercero: Que la recurrida ha sostenido en su informe que la cancelación de la matrícula del menor “se tomó debido la reiteración de faltas gravísimas establecidas en nuestro Reglamento Interno de Convivencia Escolar”.

De la revisión del reglamento de convivencia interno acompañado a estos autos, se constata que la cancelación de matrícula es una medida excepcional en que el colegio pone término a la matrícula de un estudiante de un año para otro, cuando encontrándose bajo condicionalidad y habiendo trabajado con el estudiante medidas formativas, vuelve a cometer faltas muy graves o gravísimas.

Por otra parte, el mismo documento establece que las medidas disciplinarias de cancelación de matrícula y de expulsión no podrán aplicarse en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional.

Decimocuarto: Que, en un primer orden de consideraciones, de los antecedentes acompañados por la recurrida no aparece que el menor se haya encontrado bajo condicionalidad, y que después de ello, haya incurrido en otras faltas graves o gravísimas, cuestión que hace improcedente, de acuerdo con el reglamento que rige al establecimiento educacional, la aplicación de la medida de cancelación de matrícula.

Por otra parte, no se respetó el documento que rige a la recurrida en orden a que no se puede decretar la medida disciplinaria que se impugna en un período del año escolar que haga imposible que el estudiante pueda ser matriculado en otro establecimiento educacional, circunstancia que se verifica en este caso si se tiene en consideración que la notificación se produjo el 27 de noviembre de 2024, atendido que a esa fecha la factibilidad de matricularse en otro colegio es de suyo difícil, si se tiene en consideración los procesos que se encuentran reglamentados para los efectos de postular.

Por último, no consta en los antecedentes acompañados que el menor, representado por sus padres, haya tenido la posibilidad formal de efectuar sus descargos previo a la aplicación de la medida de cancelación de matrícula. Si bien es efectivo que se efectuó una entrevista con el apoderado, no aparece que se le haya dado la posibilidad de someter al conocimiento del establecimiento educacional, las razones por las que, a su juicio, la medida impugnada era improcedente. En este sentido, la posibilidad de pedir reconsideración con posterioridad a la imposición de la medida, no subsana el efecto constatado, y afecta el derecho a un debido proceso.

Decimoquinto: Que se debe tener presente que de conformidad con los artículos 9, 10 y 46 letra f) de la Ley General de Educación N° 20.370, cada comunidad educativa tiene tanto el derecho como la obligación de definir sus propias normas de convivencia. En efecto, este último precepto establece como requisito para que el establecimiento cuente con el reconocimiento oficial del Estado el “Contar con un reglamento interno que regule las relaciones entre el establecimiento y los distintos actores de la comunidad escolar, y que garantice el justo procedimiento en el caso en que se contemplen sanciones. Este reglamento no podrá contravenir la normativa vigente”. Lo anterior permite concluir que, en tanto se ajuste a las leyes vigentes, el Reglamento Interno de Convivencia Escolar resulta obligatorio y vinculante para todos los miembros de la comunidad educativa.

Decimosexto: Que, por otra parte, según lo han sostenido los organismos internacionales la educación es un derecho humano, un importante motor del desarrollo y uno de los instrumentos más eficaces para reducir la pobreza, mejorar la salud y lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Además, genera grandes y constantes beneficios en términos de ingreso y es el factor más importante para garantizar la igualdad y la inclusión.

En el caso de las personas promueve el empleo, los ingresos, la salud y la reducción de la pobreza, en tanto que en el caso de las sociedades contribuye al desarrollo económico a largo plazo, promueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la cohesión social.

Por último, es importante tener en consideración que la educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de personas y sociedades, además de proveer conocimientos, enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza como seres humanos, de manera que cualquier cuestión que indebidamente la coarte debe ser enfrentada.

Decimoséptimo: Que atendido todo lo relacionado se concluye que la sanción que se denuncia constituye una determinación arbitraria, puesto que no se ciñó a las garantías de la debida defensa, y no se respetaron las prescripciones del propio Reglamento Interno de Convivencia Escolar.

La conducta descrita ha llevado a la recurrida a adoptar una decisión luego de un procedimiento llevado a cabo con falencias, constitutivas de faltas al debido proceso, para finalmente imponer la sanción máxima de expulsión del establecimiento educacional a un alumno, que, de acuerdo al reglamento interno que la rige, no era procedente.

Decimoctavo: Que las reflexiones que preceden se ven, además, confirmadas por la opinión de la Superintendencia de Educación, organismo técnico encargado de la supervisión de los establecimientos educacionales, quien constató una serie de irregularidades en el procedimiento sancionador, determinando la necesidad de efectuar un procedimiento de fiscalización cuyo resultado se desconoce.

Por estas consideraciones y en conformidad, además, con lo que dispone el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y el Auto Acordado de la Corte Suprema sobre la materia, se acoge, sin costas, el recurso de protección interpuesto por doña nombre reservado, en representación de su hijo menor de edad nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado, dejándose sin efecto la decisión que dispuso la cancelación de la matrícula del referido alumno, debiendo tomar todas las medidas pertinentes y urgentes para facilitar su reincorporación al proceso educativo correspondiente al año lectivo 2026.

Déjese sin efecto la orden de no innovar decretada una vez que esta sentencia se encuentre ejecutoriada.

Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívense los autos.

Redacción del ministro Rodríguez Moreno.

N°Protección-26640-2025.

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, presidida por el ministro señor José Pablo Rodríguez Moreno e integrada por el ministro señor Tomás Gray Gariazzo y por la abogada integrante señora Paola Herrera Fuenzalida.