nombre reservado con AFP HABITAT S.A

C.A. de Santiago Santiago, dos de mayo de dos mil veinticinco.

Al folio 26, téngase presente.

Al folio 27: a lo principal y primer otrosí, téngase presente. Al segundo otrosí, como se pide.

A los folios 28 y 29: a sus antecedentes.

VISTO Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece nombre reservado, venezolana, interponiendo recurso de protección en contra de Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., representada legalmente por don nombre reservado, por haber negado la solicitud de retiro de fondos de AFP mediante notificación por correo electrónico según RTE N° 4519272/2024 de fecha 19 de diciembre de 2024, actuación que considera ilegal y arbitraria, ya que desconoce sus facultades esenciales del dominio sobre sus fondos previsionales al rechazar un documento electrónico válidamente emitido por el Seguro Social Venezolano, vulnerando con ello el derecho fundamental de propiedad que la Constitución Política de la República garantiza a todas las personas en el artículo 19 N°24, por lo que solicita que se ordene a la recurrida tener como válida la Constancia Electrónica de Cotizaciones del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (I.V.S.S.) y que se le haga entrega de la totalidad de sus fondos previsionales.

Expone que el 10 de diciembre de 2024, realizó una solicitud online de retiro de fondos de AFP a la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., la cual fue rechazada según notificación recibida vía correo electrónico el 19 de diciembre de 2024, mediante RTE N° 4519272/2024. El motivo del rechazo, según indica la recurrida, se debió a que la Constancia Electrónica de Cotizaciones de fecha 30 de septiembre de 2024 que acompañó la solicitante, se encontraba sin firma del funcionario que la emite y sin apostilla.

Manifiesta que no pudo anexar la constancia de Afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las Administradoras de Fondos de Pensiones, debido a que dicho documento se tramita y legaliza únicamente por la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la cual actualmente se encuentra cerrada por motivos políticos, siendo esto un hecho público y notorio. Ante esta situación, anexó una Constancia Electrónica de Cotizaciones del I.V.S.S., la cual puede verificarse a través del portal web oficial del I.V.S.S. (www.ivss.gob.ve), según se indica en la parte inferior del mismo documento. Agrega que este documento no puede apostillarse ni en la propia República Bolivariana de Venezuela.

Que, según explica, la Constancia Electrónica de Cotizaciones presentada es el único documento que emite el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para cumplir con el requisito establecido en la Ley N° 18.156, siendo verificable en el portal web oficial del Seguro Social Venezolano. Argumenta que la ley establece que se acredite un documento donde conste la afiliación a un régimen de previsión o seguridad social debidamente legalizado, y la legalidad de este documento se verifica tal como lo explica en su parte inferior, pudiendo ser comprobado en el portal web oficial del Seguro Social Venezolano.

Sostiene que debido al cierre de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile, se produce una flagrante violación de sus Derechos Humanos al acceso de cualquier tipo de documentación o verificación por parte de la Embajada, lo que la coloca en una situación de incertidumbre jurídica e indefensión, vulnerando además su derecho de propiedad sobre sus fondos previsionales.

Que, en cuanto a los fundamentos de derecho, señala que la Constitución no diferencia entre chilenos y extranjeros para el ejercicio de la acción de protección ni de cualquier otro derecho, por lo que al ser vulnerado uno de sus derechos fundamentales establecidos en el artículo 19, en especial el numeral 24, no existe duda de que puede ejercer legítimamente la acción constitucional.

Que la recurrente identifica como acción arbitraria la respuesta negativa de la AFP mediante la notificación de correo electrónico, debido a que no procede que sea aceptada su solicitud de retiro de fondos por no poder obtener ni verificar una constancia que otorga únicamente la Embajada de Venezuela, la cual está cerrada en estos momentos debido a problemas políticos. Argumenta que la arbitrariedad reside en el desconocimiento de su derecho de dominio sobre sus ahorros previsionales, no en el sentido de negar explícitamente que sea dueña de sus fondos, sino negándose a reconocer sus facultades esenciales, que están explícitamente protegidas por el texto constitucional.

Señala que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resalta que los fondos de pensiones son parte del patrimonio de una persona y se encuentran protegidos por el derecho de propiedad previsto en la Convención Americana sobre Derechos Humanos en el artículo 21 N° 2, el cual permite que se priven bienes de las personas solo por utilidad pública o interés social, situación que no aplica en este caso.

Que, en relación con la Ley 18.156, menciona que la Circular número 553 de la Superintendencia de Administradora de Fondos de Pensiones establece que el artículo 7° de dicha ley otorga la facultad de solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado a los trabajadores extranjeros afiliados a una Administradora de Fondos de Pensiones, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° del citado cuerpo legal, específicamente, la afiliación a un régimen previsional o de seguridad social fuera de Chile.

Que la negativa de la AFP a permitirle usar, gozar y disponer a su arbitrio de sus fondos previsionales implica que su derecho de propiedad sobre tales recursos ha sido desconocido, ya que no le resulta posible usar estos recursos de la manera que desea, no puede gozar de ellos del modo que a ella le parece adecuado, y no puede disponer de los mismos a su arbitrio, lo que implica retirarlos cuando ella desee.

Por estas razones, solicita que se acoja el presente recurso y, en su mérito, se ordene que la recurrida tenga como válida la Constancia de Afiliación del I.V.S.S. presentada y que le haga entrega de la totalidad de sus fondos previsionales, teniendo en consideración la grave crisis política, económica, social y la vulneración de los derechos humanos que existe en su país de origen.

SEGUNDO: Que la recurrida AFP HABITAT S.A., representada legalmente por la abogada Jimena Holtheuer Vergara, evacuó el informe solicitando el rechazo del recurso en todas sus partes por carecer de fundamentos legales, con expresa condenación en costas por considerar temeraria su interposición.

En primer término, sostiene la improcedencia de la acción de protección en este caso, señalando que dicha acción constituye una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el libre ejercicio de garantías y derechos preexistentes mediante la adopción de medidas de resguardo ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste el ejercicio de un derecho. Para que el recurso de protección sea acogido, argumenta, es necesario que los hechos en que se hace consistir la arbitrariedad o ilegalidad estén comprobados y que con estos se haya sufrido perturbación, privación o amenaza en el ejercicio legítimo de las garantías y derechos que la Constitución asegura.

Respecto a la situación particular de la recurrente, informa que doña nombre reservado se encuentra afiliada a AFP HABITAT desde el 1 de diciembre de 2022, manteniendo hasta la fecha su condición de afiliada. Indica que con fecha 10 de diciembre de 2024, la recurrente presentó una Solicitud de Devolución de Fondos Previsionales en base a lo establecido y exigido por la Ley N° 18.156. Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2024, la Fiscalía de la Administradora emitió un informe rechazando el beneficio, basándose tanto en la Ley N° 18.156 como en la normativa previsional, dictámenes del organismo fiscalizador y la legislación general (Código Civil, Código de Procedimiento Civil, entre otros), debido a que la recurrente no acreditó un requisito normativo y legal fundamental para solicitar la devolución de fondos previsionales.

Explica que, según lo dispuesto en la Ley N° 18.156 y el Libro II, sobre Cotizaciones Previsionales, Título XI del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, la recurrente presentó documentación que no cumplía con el requisito señalado en la letra b) de la normativa mencionada, que exige que el trabajador se encuentre afiliado a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile, cualquiera sea su naturaleza jurídica, que le otorgue prestaciones en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte. El cumplimiento de este requisito debe acreditarse mediante certificación de la institución de seguridad social correspondiente, debidamente legalizada.

La recurrida distingue entre dos documentos a los cuales la recurrente hace alusión en su relato: 1) Constancia Electrónica de Cotizaciones, emitida directamente por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S), y 2) Constancia de afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) para retiro de fondos ante las administradoras de fondos de pensiones emitido por la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Chile. Aclara que el primer documento es el que en principio debería acompañar cualquier afiliado venezolano que quiera solicitar el beneficio otorgado por la Ley 18.156, junto con la debida legalización o apostilla por tratarse de un documento emitido en el extranjero. El segundo, señala, es un documento alternativo que comenzó a emitir la embajada de Venezuela como una ayuda para facilitar el trámite de retiro de fondos a sus compatriotas, el cual, al ser emitido en Chile, solo requería de la firma del cónsul y del timbre del Ministerio de Relaciones Exteriores, sin necesidad de apostilla.

Sostiene que, por mucho tiempo, se aceptó este documento emitido por la embajada, ya que cumplía con señalar la fecha de afiliación y las prestaciones otorgadas, pero al encontrarse cerrada la Embajada, como Administradora de Fondos no les quedó otra opción que volver a solicitar el certificado emitido por el IVSS con la correspondiente apostilla. Invoca el artículo 345 del Código de Procedimiento Civil, que establece como regla general que los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, entendiéndose que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado. Asimismo, menciona el artículo 345 BIS, que establece una excepción para los documentos que cuentan con apostilla otorgada por la autoridad designada por el Estado emisor.

Afirma que la recurrente acompañó en su solicitud la "Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)" sin la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal vigente. Es decir, acompañó el certificado emitido por el IVSS sin la apostilla o legalización de la firma de doña nombre reservado, Presidenta de la Junta Directiva del IVSS, quien aparece señalada como la persona que emite el documento.

Adicionalmente, enfatiza que el documento presentado por la recurrente se encontraba vencido, ya que el mismo indica que tiene vigencia hasta el 30 de septiembre de 2024 y fue presentado a la AFP el 10 de diciembre de 2024. Por tanto, argumenta que no podría en ningún caso haberse aceptado el documento.

En cuanto al fundamento jurídico, señala que la Ley 18.156 contiene disposiciones especiales y de excepción que regulan la exención de cotizaciones previsionales para técnicos extranjeros. Explica que para que proceda la devolución de fondos previsionales aplicables a técnicos extranjeros, es necesario reunir ciertos requisitos, entre ellos: 1) que el técnico extranjero se encuentre afiliado a un régimen de previsión social fuera de Chile que le otorgue prestaciones al menos en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte, y que el documento que acredite lo anterior debe encontrarse debidamente legalizado; 2) que cuente con un título técnico o profesional otorgado en el extranjero con sus debidas legalizaciones; y 3) que el contrato de trabajo contenga una cláusula relativa a la mantención de la afiliación a un régimen de previsión fuera de Chile.

Aclara que el texto del artículo 7° de la Ley 18.156 establece que los trabajadores extranjeros "podrán" solicitar la devolución de fondos previsionales, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 1° de dicha ley. Argumenta que la Ley 18.156 constituye una norma especial y de excepción que debe interpretarse restrictivamente, aplicándose estrictamente a los casos descritos en los supuestos de hecho establecidos en la ley.

Asimismo, destaca que el no cumplir con los requisitos para retirar los fondos previsionales no implica la pérdida de los fondos ni la desafiliación, sino solamente que no se tiene derecho a un beneficio excepcional y específico para técnicos extranjeros. Enfatiza que la recurrente podrá, en su oportunidad y conforme a las normas generales, disponer de sus saldos previsionales destinándolos a pensión o a los beneficios consagrados en el D.L. 3.500 como todos los afiliados al Sistema, sean chilenos o extranjeros.

Respecto a la supuesta vulneración del derecho de propiedad alegada por la recurrente, sostiene que en ningún caso se ha visto afectado, ya que los fondos de pensiones son recursos de propiedad de los afiliados, lo cual es esencial en el Sistema previsional D.L. 3.500. Cita el artículo 33 de dicho decreto, que establece que cada Fondo de Pensiones es un patrimonio independiente y diverso del patrimonio de la Administradora, sin que ésta tenga dominio sobre aquéllos.

Por las razones expuestas, la recurrida solicita que se rechace en todas sus partes el recurso de autos por carecer absolutamente de fundamentos legales, con expresa condenación en costas, considerando lo temerario de su interposición y fundamentos.

TERCERO: Que en lo que atañe al quid del asunto que es materia de este arbitrio aparece pertinente recordar que el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, constituye requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

CUARTO: Que, ahora bien, lo que se impugna a través de esta acción constitucional es la decisión de la recurrida, A.F.P. Habitat, que rechazó las solicitudes de retiro y/o devolución de fondos de pensión, realizada por la recurrente, por no haber acompañado a su solicitud el documento:“ Constancia Electrónica de Cotizaciones emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (I.V.S.S)” con la debida legalización o apostilla exigida por la normativa legal;

QUINTO: Que sobre el debate en particular, es menester relevar que según dispone el artículo 7 de la Ley 18.156: “En el caso de que trabajadores extranjeros registraren cotizaciones en una Administradora de Fondos de Pensiones, podrán solicitar la devolución de los fondos previsionales que hubieren depositado, siempre que den cumplimiento a los requisitos establecidos en el artículo 1° de esta ley”.

Por su parte, el numeral 2. del Libro II, Título IX del Compendio de Normas del Sistema de Pensiones, de la Superintendencia de Seguridad Social, establece: “Podrán solicitar la devolución de sus fondos previsionales los trabajadores extranjeros que detenten la calidad de profesionales o técnicos y que registren cotizaciones en una Administradora, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las letras b) y c) del número 1 anterior.

Para estos efectos, las Administradoras deberán atenerse a lo siguiente:

a) Los afiliados que deseen ejercer el derecho que les confiere la ley N° 18.156, deberán suscribir en la correspondiente Administradora un formulario "Solicitud de devolución de fondos previsionales Ley N° 18.156". Dicho formulario se confeccionará en original y copia, de acuerdo a las instrucciones que se adjuntan en el Anexo del presente Título. El original quedará en poder de la Administradora y la copia se entregará al afiliado….

b) Para la suscripción del formulario precedentemente señalado, la Administradora deberá exigir al afiliado la presentación de la documentación pertinente indicada en el número 1 anterior, que acredite que el afiliado cumple con los requisitos exigidos en la Ley N° 18.156 para acceder al beneficio.

La documentación pertinente deberá presentarse debidamente legalizada, en caso contrario no podrá la Administradora dar curso a la "Solicitud de devolución de fondos previsionales ley N° 18.156”.

A su turno, resulta indispensable mencionar que según prevé el inciso primero del artículo 345 del Código de Procedimiento Civil establece: “Los instrumentos públicos otorgados fuera de Chile deberán presentarse debidamente legalizados, y se entenderá que lo están cuando en ellos conste el carácter público y la verdad de las firmas de las personas que los han autorizado, atestiguadas ambas circunstancias por los funcionarios que, según las leyes o la práctica de cada país, deban acreditarlas”;

SEXTO: Que, así las cosas, no se observa ninguna ilegalidad ni arbitrariedad en la decisión que por esta vía se impugna, ya que la exigencia formal requerida por la institución recurrida se ajusta estrictamente a la normativa legal, por lo que, en estas circunstancias, procede desestimar el presente arbitrio.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, a lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación del recurso de protección, se rechaza la acción constitucional deducida en la petición principal de la presentación de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veinticuatro, por nombre reservado, en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Habitat S.A., sin costas.

Regístrese, comuníquese y, oportunamente, archívese.

N°Protección-26626-2024.