AEROCARDAL LIMITADA con nombre reservado

Santiago, cinco de junio de dos mil diecisiete.

Vistos y teniendo presente:

Primero: Que nombre reservado, ingeniero, en representación de la empresa privada de aeronavegación civil AEROCARDAL LTDA. deduce recurso de protección en contra de don nombre reservado, Director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), alegando como acto ilegal y arbitrario y vulnerador de las garantías constitucionales establecidas en el artículo19° N° 2, 3, 21 y 24 de la Constitución Política de la República, la dictación del Oficio de 21.03.17 que rechaza su solicitud de operar de noche y/o condiciones IMC (condiciones que no permiten el vuelo visual).

Explica que desde el 2013 la recurrente elaboró un proyecto para comprar aviones Pilatus PC12/47 E, avión típicamente utilizado para el transporte de pacientes a centros médicos, con un costo cercano a 5 millones de USD cada avión. En este contexto, desde el 2014 comenzaron las conversaciones con la DGAC, a fin de obtener las certificaciones y autorizaciones correspondientes, de conformidad a la normativa aplicable, esto es, la DAN 136 y el anexo 6 OACI.

Así, el 12.12.14 se realiza la primera propuesta a la DGAC a fin de obtener las autorizaciones para operar el avión en vuelo nocturno en condiciones IMC, a lo que agrega que tres meses más tarde se estaba importando el primer avión Pilatus. No obstante, el proceso administrativo que debía ser concentrado, se extendió durante años, sin que se respetaran las normas mínimas procedimentales y los plazos establecidos, lo que concluye con la dictación del OF. De 21.03.17, mediante el cual el recurrido rechaza la solicitud de su parte en orden a operar de noche y/o condiciones IMC, asegurando que no se cumple con los niveles mínimos aceptables de seguridad operacional en las condiciones solicitadas.

Concretamente manifiesta que el Director de Operaciones ilegal y arbitrariamente creó nuevos requisitos, trabas y limitaciones no contemplados en la normativa aplicable, estableciendo diferencias arbitrarias en perjuicio del operador y que resultan ilógicas, desproporcionadas e imposibles de cumplir, las que consisten en las siguientes: (1) Exigir pistas de alternativas de aterrizaje que solo cuenten con un sistema de iluminación. Asegura que esto resulta imposible de cumplir y que ni siquiera es una exigencia que contemple la normativa. (2) Exigir un programa de monitoreo que sobrepase las 800 horas; requisito arbitrario en cuanto al número de horas exigida, siendo ello una nueva creación del recurrido, no contemplada en la normativa ya analizada. (3) Exigir procedimiento de planificación no contemplado en la normativa, los que tampoco fueron exigidos anteriormente por la autoridad y que nuevamente son una creación y exageración por parte del recurrido. (4) Exigir capacitaciones adicionales a los pilotos que operaran la aeronave, tampoco contemplados en la normativa aplicable en la especie y por las propias instrucciones del organismo que representa, solo debían ser realizadas una vez obtenida la autorización solicitada. (5) Contrariar e infringir la Nota 2, al punto 6 antes indicado, "Planificación del Explotador", antes transcrita, al exigir que un avión aprobado en conformidad con el Capítulo 5, 5.4. y con un motor con alta fiabilidad demostrada, una operación a lo largo de rutas en condiciones que permitan realizar un aterrizaje forzoso en condiciones de seguridad en caso de falla del motor como se indica en el Capítulo 5, 5.1.2. (6) Finalmente, transformar un procedimiento administrativo en un verdadero procedimiento sin fin, al no respetar las normas mínimas de procedimiento, formas de notificación y plazos establecidos en la Ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimiento Administrativos, intentando transformarse en un verdadero legislador, ya no solo en cuanto al derecho aplicable al caso, sino que también al procedimiento que debe regir su actuación, lo que lo constituye en un verdadero tribunal o comisión especial.

Estima que de esta forma se vulneran las garantías constitucionales citadas, pues es la única empresa en Chile a la que se le impide desarrollar una actividad económica lícita. Agrega que la autoridad se empecinó en no otorgarle la autorización, hasta el punto que se autoerigió en juez y creó un procedimiento especial, impidiéndole ejercer su actividad económica y obstaculizando la utilización de una aeronave que tuvo un alto costo de adquisición.

Solicita se declare que se ha conculcado y amenazado las garantías constitucionales cuya protección se invoca por esta acción constitucional; que se deja sin efecto el OF. de fecha 21 de marzo de 2017; que se declare que el recurrido deberá resolver en un plazo determinado la solicitud original efectuada por mi representada, sin retrotraer el estado del procedimiento al 21 de marzo de 2017 y que deberá actuar dentro de su competencia y ateniéndose estrictamente a lo dispuesto en la DAN 135, el Anexo 6 OACI y la Ley N° 19.880; fijándose un plazo para resolver en 30 días, con costas.

Segundo: Que, evacuando su informe don nombre reservado, Director de Seguridad Operacional de la Dirección General de Aeronáutica Civil, solicitó el rechazo del recurso de protección.

En primer término, señala que la recurrente cuenta con un Certificado de Operador Aéreo que le permite realizar operaciones aéreas comerciales con la aeronave Pilatus PC-12, desde el 2015, en transporte aéreo comercial de pasajeros y trabajo aéreo de ambulancia aérea y traslado de heridos, con prohibición de efectuar vuelo instrumental.

Advierte que conforme a su Certificado de Operador Aéreo y sus Especificaciones de las Operaciones, la recurrente no puede utilizar la aeronave de noche, en condiciones meteorológicas instrumentales por no cumplir requisitos objetivos.

Indica que la recurrente no ha cumplido los requisitos aplicables a la operación de aviones monomotores turbina de noche y/o IMC; los que son conocidos por el actor y que sólo buscan garantizar la seguridad operacional y la vida de los pasajeros, tripulantes y yerberos en superficie; exigencias que se ajustan todas a derecho y a las normas técnicas internacionales.

Acto seguido, explica pormenorizadamente cómo se ajustan a derecho las exigencias reclamadas, por lo que estima: (1) Que no se infringe la garantía constitucional de igualdad ante la ley porque la recurrente es el único operador comercial que ha solicitado este tipo de autorización para operar comercialmente un avión monomotor en condiciones nocturnas y/o IMC. (2) Que no ha infringido la garantía sobre igual protección de la ley, ya que ha ejercido las competencias de su cargo para la aprobación de operaciones aéreas, conforme establecen los artículos 1 del DL N° 2564 del Código Aeronáutico y la Normativa Aeronáutica, efectuando reuniones técnicas y aportando los antecedentes técnicos necesarios en el ejercicio de sus facultades. (3) Que no ha infringido la garantía a desarrollar cualquier actividad económica ni el derecho de propiedad de la recurrente, pues la empresa cuenta con autorización para realizar operaciones desde el 17 de junio de 2015, negándose las operaciones de noche y/o IMC por no acreditar el cumplimiento de requisitos técnicos.

Tercero: Que de lo expuesto por las partes, cabe concluir que en el caso de autos la controversia suscitada dice relación con los aspectos técnicos aeronáuticos, concretamente con las condiciones y procedimientos que deben aplicarse a un avión monomotor en condiciones de vuelo instrumental nocturno o en condiciones meteorológicas de vuelo instrumental.

Cuarto: Que, conforme a la normativa vigente, vale decir los artículos 1° y 3° de la Ley Orgánica de la Dirección General de Aeronáutica Civil,, artículos 98 y 184 del Código Aeronáutico y artículo 1° del DL 2564sobre Normas de Aviación Comercial, corresponde a la DGAC establecer y controlar los requisitos técnicos para la operación de servicios de transporte aéreo nacional o internacional y toda clase de servicios de aeronavegación comercial, encontrándose facultada al efecto para dictar la normativa pertinente para establecer y controlar lo requisitos técnicos de los servicios de aeronavegación comercial.

Quinto: Que la recurrida, en el ejercicio de sus atribuciones legales precedentemente indicadas, dictó la norma DAN 119 consignando los requisitos técnicos para la obtención de certificado de operador aéreo con el cual se autoriza a una empresa a realizar determinadas operaciones de transporte aéreo .

Sexto: Que la recurrente ha reconocido no haber cumplido con las exigencias establecidas por el organismo al cual la ley le ha encomendado la regulación y control del cumplimiento de los requisitos técnicos para la operación de servicios de transporte aéreo, motivo por el cual la DGAC, al dictar la resolución recurrida y rechazar la solicitud de Aerocardal en orden a operar de noche y/o condiciones IMC por los motivos que la misma señala, ha actuado dentro de la esfera de sus atribuciones, por lo que el acto reclamado no puede ser calificado como ilegal o arbitrario.

Séptimo: Que atendido lo antes razonado, resulta inoficioso entrar a examinar las restantes alegaciones de la actora en cuanto a la vulneración de las garantías constitucionales que invoca como amagadas.

Visto además lo dispuesto en las normas antes citadas, artículo 20 de la Constitución Política de la República y Auto Acordado de la Excma Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA el recurso de protección deducido a fs. 1 por Aerocardal Ltda..

Regístrese y archívese.- Redacción del Ministro, don Alfredo Pfeiffer Richter.- No firma el abogado integrante señor Norambuena, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

Rol 26626-2017