nombre reservado con ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES MODELO S.A.

C.A. de Santiago Santiago, trece de mayo de dos mil veintiséis.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece don Ernesto Manríquez Mendoza, abogado, en favor de don nombre reservado, interponiendo recurso de protección en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., por el acto que estima arbitrario e ilegal consistente en el rechazo de su solicitud de devolución de fondos previsionales en calidad de técnico extranjero, comunicada con fecha 3 de diciembre de 2025, lo que importaría vulneración de las garantías contempladas en los numerales 2 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, solicitando que se ordene a la recurrida proceder a la devolución de los fondos previsionales del recurrente.

Expone que el recurrente, de nacionalidad venezolana, solicitó con fecha 28 de noviembre de 2025 la devolución de fondos previsionales conforme a la Ley N°18.156, acompañando copia apostillada de su título profesional, contrato de trabajo y anexo en el que manifestó su voluntad de mantener afiliación al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

Refiere que, además, acompañó una “Constancia Electrónica de Cotizaciones” emitida por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, en la que consta su afiliación desde el 14 de mayo de 2001 y el cumplimiento de semanas cotizadas, documento que contiene un código de verificación electrónica que permite comprobar su autenticidad directamente en el sitio web oficial de dicha institución.

Indica que, con el objeto de reforzar dicha autenticidad, se acompañó certificación notarial en que un ministro de fe dejó constancia de haber ingresado al portal oficial del IVSS y haber verificado electrónicamente el contenido del certificado.

Sostiene que la recurrida rechazó su solicitud fundándose en que el certificado de afiliación extranjero debía encontrarse apostillado o legalizado y firmado por funcionario competente, exigencia que —a juicio del actor— no se encuentra contemplada expresamente en la Ley N°18.156 y resulta imposible o extremadamente dificultosa de cumplir respecto de documentos emitidos electrónicamente por organismos venezolanos.

Afirma que la actuación de AFP Modelo constituye una interpretación excesivamente formalista y restrictiva de la normativa aplicable, privándolo arbitrariamente del ejercicio de su derecho de propiedad sobre los fondos previsionales acumulados y vulnerando igualmente la igualdad ante la ley.

Segundo: Que evacúa informe la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A., solicitando el rechazo de la acción constitucional, con costas.

Expone que la devolución de fondos previsionales para técnicos extranjeros constituye un régimen excepcional regulado por la Ley N°18.156, cuyos requisitos deben cumplirse en forma estricta y copulativa.

Señala que el recurrente presentó solicitud de devolución de fondos previsionales con fecha 28 de noviembre de 2025, acompañando título profesional, constancia electrónica de cotizaciones y contrato de trabajo con su respectivo anexo, antecedentes que fueron revisados conforme al Compendio de Normas del Sistema de Pensiones y a las instrucciones impartidas por la Superintendencia de Pensiones.

Refiere que la solicitud fue rechazada por cuanto el actor no acompañó un certificado o constancia de afiliación emitido por la institución de seguridad social extranjera debidamente legalizado o apostillado, que acreditara cobertura previsional durante la relación laboral y respecto de las contingencias exigidas por la ley.

Añade que las constancias electrónicas emitidas por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, así como las declaraciones efectuadas por el propio trabajador o certificaciones notariales chilenas, no constituyen medios idóneos para acreditar afiliación a un sistema previsional extranjero conforme a las exigencias legales y administrativas vigentes.

Indica que la Superintendencia de Pensiones, en ejercicio de las facultades que le confieren el D.L. N°3.500 y la Ley N°19.882, ha instruido expresamente que el cumplimiento del requisito previsto en la letra a) del artículo 1° de la Ley N°18.156 debe acreditarse mediante certificación legalizada o apostillada emitida por la respectiva institución previsional extranjera.

Finalmente, sostiene que el actuar de la Administradora se ajustó íntegramente a la normativa vigente y a la jurisprudencia administrativa y judicial existente sobre la materia, citando fallos de Cortes de Apelaciones y de la Excma. Corte Suprema que han rechazado acciones similares.

Tercero: Que el recurso de protección de garantías constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Carta Fundamental, constituye un remedio de urgencia destinado a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Cuarto: Que, para que prospere esta acción cautelar, es requisito indispensable la existencia de un derecho indubitado y preexistente del recurrente, el cual se vea afectado por un acto u omisión que carezca de sustento legal (ilegalidad) o que sea producto del mero capricho (arbitrariedad).

Quinto: Que el artículo 1° de la Ley N° 18.156 establece una situación de excepción al principio de territorialidad de la ley previsional chilena, permitiendo a los técnicos extranjeros eximirse de cotizar (y retirar sus fondos según el artículo 7°) siempre que cumplan copulativamente con: a) Estar afiliados a un régimen de previsión o seguridad social fuera de Chile que otorgue prestaciones, a lo menos, en casos de enfermedad, invalidez, vejez y muerte; y b) Expresar en el contrato de trabajo su voluntad de mantener dicha afiliación. Al tratarse de una norma de excepción que permite el retiro de fondos destinados constitucionalmente a la seguridad social, su interpretación debe ser estricta y el cumplimiento de sus requisitos debe acreditarse de manera fehaciente.

Sexto: Que, del mérito de los antecedentes allegados a la causa y, en especial, del informe evacuado por la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A. y de la documentación acompañada por las partes, se desprende que el recurrente no ha logrado acreditar de manera suficiente el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley N°18.156, puesto que no existe constancia o certificado de afiliación debidamente legalizado o apostillado del recurrente.

En efecto, las certificaciones electrónicas emitidas por el IVSS que no hayan sido legalizadas o apostilladas no son idóneas para acreditar el cumplimiento del requisito de cobertura previsional en el extranjero previsto en la letra a) del artículo 1° de la ley N°18.156, ya que no está firmado por quien lo emite, ni se encuentra apostillado ni legalizado.

Séptimo: Que, en consecuencia, el acto recurrido no constituye una acto ilegal o arbitrario, puesto que se sustenta en la normativa vigente, sin que obedezca a un capricho de la Administradora, sino al cumplimiento de un deber de resguardo de los fondos previsionales, los cuales solo pueden ser devueltos cuando se acredite, con la formalidad legal correspondiente, que el trabajador cuenta con la protección social alternativa que la ley exige.

Octavo: Que, por las razones expuestas, el recurso en estudio no podrá prosperar.

Por estas consideraciones y de conformidad con lo que dispone el art culo 20 de la Constitución Política de la República de Chile y el Auto Acordado sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se rechaza la acción constitucional de protección deducida en favor de don nombre reservado en contra de la Administradora de Fondos de Pensiones Modelo S.A.

Regístrese, comuníquese y archívese, en su oportunidad.

N° Protección-26625-2025.