Protección contra Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins y de la División de Educación

C.A. de Santiago Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

PRIMERO: Que comparece don Marco Antonio Ossandón Luengo, abogado, en representación de don nombre reservado, quien interpone acción constitucional de protección en contra de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins y de la División de Educación del Ejército de Chile, por haber dictado la Resolución Exenta DIVEDUC (R) NUM000, de 6 de noviembre de 2025, que rechazó el recurso de reclamación y mantuvo la sanción de baja de la Escuela Militar impuesta por la Resolución Exenta (R) NUM001, de 31 de julio de 2025, por haber supuestamente agredido físicamente a otra cadete. Actuación que considera ilegal y arbitraria, vulnerando con ello los derechos fundamentales consagrados en el artículo 19 números 2, 3, 4 y 24.

Expone que la resolución sancionatoria imputa a su representado haber agredido a la cadete nombre reservado el 22 de julio de 2025, ocasionándole lesiones en el rostro, con infracción del Manual de Régimen Interno, de la Ley N° 21.369 y de diversas disposiciones del Reglamento de Disciplina para los Alumnos de las Escuelas Matrices, R.A. (P) 107-A. Sostiene que no existió agresión alguna, sino un encuentro sexual consentido entre dos adultos, correspondiente a una relación afectiva, cuyas particulares prácticas fueron sugeridas y solicitadas por la propia cadete, según da cuenta un listado de acciones previamente acordado y los mensajes intercambiados entre ambos, todo lo cual consta de la investigación administrativa, incluida la declaración inicial de la propia afectada, quien descartó la existencia de hechos de violencia.

Argumenta que la baja se adoptó prescindiendo de un sumario, invocándose el artículo 36 del citado Reglamento, bajo el supuesto de que la falta constaría "hasta la evidencia", pese a la contradicción de los antecedentes y la insuficiencia de la prueba, lo que impidió a su representado rendir descargos y vulneró la presunción de inocencia, exigible también en sede administrativa sancionatoria. Añade que el acto carece de motivación, pues no describe en qué consistirían las infracciones reglamentarias invocadas ni se hace cargo del consentimiento reconocido por los intervinientes, incurriendo en una petición de principios contraria al principio de razón suficiente.

Plantea que las potestades disciplinarias de la Escuela no alcanzan a conductas de la vida privada verificadas fuera del ámbito académico, debiendo primar el principio pro libertate, y que la sanción impuesta resulta desproporcionada frente a los estándares del artículo 37 del Reglamento y a la buena conducta anterior del recurrente, invocando al efecto la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre legalidad, tipicidad, proporcionalidad y motivación en el control de la discrecionalidad administrativa.

Afirma que el acto vulnera la igualdad ante la ley, por el trato discriminatorio y el rigor injustificado prohibido por el propio Reglamento; la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos, al haberse sancionado sin debido proceso y por una autoridad convertida en comisión especial; el respeto a la vida privada y la honra, por inmiscuirse en su intimidad sexual e imputarle una agresión inexistente; y el derecho de propiedad, sobre su calidad de alumno y los grados y títulos derivados de los cursos aprobados.

En definitiva, solicita que se deje sin efecto el procedimiento sancionatorio y la baja aplicada, disponiéndose su reincorporación a la Escuela Militar en la misma calidad y condiciones que tenía antes de la sanción, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que al evacuar informe, la Escuela Militar del Ejército de Chile, por intermedio de su Director, solicita el rechazo íntegro del recurso, precisando que el acto reprochado corresponde a la Resolución Exenta DIVEDUC AS JUR (R) NUM000, de 6 de noviembre de 2025, dictada en sede recursiva jerárquica, que confirmó la baja disciplinaria del ex Sub-Alférez nombre reservado, medida impuesta a raíz de la agresión física inferida a la ex Cadete nombre reservado el 22 de julio de 2025, previa sustanciación de un expediente disciplinario en el que se resguardó el debido proceso mediante notificación personal y el ejercicio de los recursos de reconsideración y reclamación.

Alega, en primer término, la improcedencia de impugnar sanciones administrativas por la vía cautelar del recurso de protección, atendida su naturaleza tutelar y no declarativa, invocando jurisprudencia uniforme de los Tribunales Superiores de Justicia, conforme a la cual tales materias deben ventilarse en la sede administrativa reglada y no por esta acción de urgencia. Añade que existe plena congruencia entre la decisión originaria y la resolución jerárquica, pues ésta conoció los mismos agravios formulados en la reclamación, sin incorporar materias nuevas ni alterar el resultado del procedimiento, limitándose a ejercer la potestad de control prevista en la Ley N° 19.880.

Argumenta que acoger el recurso importaría una extralimitación jurisdiccional, al sustituir el criterio técnico de la Administración en la ponderación de la responsabilidad disciplinaria y desconocer el valor del Manual de Régimen Interno y del Reglamento de Disciplina, como también la autonomía académica que el ordenamiento reconoce a las Escuelas Matrices para dotarse de instrumentos evaluativos y disciplinarios propios.

En lo relativo a las garantías invocadas, niega su vulneración: respecto del artículo 19 N° 2, porque el recurrente fue sometido al mismo procedimiento que cualquier alumno, sin trato desigual; en cuanto al N° 3, porque el acto no emana de un órgano jurisdiccional, sino de una decisión administrativa fundada y regularmente tramitada; en lo tocante al N° 4, porque la conducta desplegada, dada su calidad de servidor público, excede su mera intimidad y repercute en el prestigio institucional y en la lealtad debida; y, en cuanto al N° 24, porque la calidad de alumno y sus expectativas académicas no constituyen un derecho patrimonial cierto y determinado susceptible de amparo.

Concluye que la baja se ajustó al mérito del sumario, resultó proporcional a la gravedad de la falta y fue dictada por autoridad competente conforme a derecho, de suerte que las alegaciones del actor sólo traducen una discrepancia con el fondo de lo resuelto, ajena al estrecho ámbito de la acción cautelar.

TERCERO: Que, por su parte, el Comandante de la División de Educación del Ejército de Chile, evacuó informe ratificando íntegramente lo señalado previamente por la Escuela Militar y oportunamente acompañado a estos autos. Manifiesta que mantiene plenamente vigente los antecedentes, fundamentos y conclusiones contenidos en el referido informe, sin que exista modificación o alteración alguna a su respecto.

CUARTO: Que, como se sabe, el recurso de protección de garantías constitucionales establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes, que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio;

Consecuentemente, es requisito indispensable de admisibilidad de la acción cautelar de protección la constatación de la existencia de un acto ilegal, esto es, contrario a la ley, o arbitrario, producto del mero capricho de quien incurre en él, que provoque alguna de las situaciones que se han indicado y que afecte, además, una o más de las garantías constitucionales protegidas por el citado artículo 20 de la Carta Fundamental;

QUINTO: Que, es posible tener por no discutidos los siguientes hechos: a) el día 22 de julio de 2025, el Sub-Alférez nombre reservado y la Cadete nombre reservado salieron en la noche a comer a un restaurant de comida rápida y luego se trasladaron a un departamento que habían arrendado; b) en dicho encuentro mantuvieron relaciones sexuales; y c) la Cadete nombre reservado constató lesiones en el Hospital Militar y denunció a Carabineros de Chile el día 25 de julio de 2025. En cambio, la existencia de una agresión física del Sub-Alférez nombre reservado a la Cadete nombre reservado constituye precisamente el hecho controvertido de la causa, pues mientras la autoridad administrativa la tuvo por configurada sobre la base del mérito del expediente disciplinario, el recurrente sostiene que no existió agresión alguna, sino un encuentro sexual consentido.

SEXTO: Que, la normativa aplicable a los hechos descritos en el considerando anterior está contenida en la Ley N° 21.369 que regula el acoso sexual, la violencia y la discriminación de género en el ámbito de la educación superior, el Reglamento de Disciplina para Alumnos de las Escuelas Matrices, el Manual de Régimen Interno de la Escuela Militar y el DFL N° 2/2009 del Ministerio de Educación.

SÉPTIMO: Que, atendido los hechos y las normas antes expuestas, la sanción disciplinaria impugnada fue adoptada por el Director de la Escuela Militar en ejercicio de las potestades que le confiere el ordenamiento normativo institucional, específicamente el Reglamento de Disciplina para Alumnos de las Escuelas Matrices y el Manual de Régimen Interno de la Escuela Militar, cuerpos normativos que tipifican como faltas gravísimas aquellas conductas que comprometen el honor, la lealtad y la disciplina, y que facultan a dicha autoridad para aplicar la baja por mala conducta ante la comisión de tales infracciones.

A este respecto, cabe tener presente que la Escuela Militar, en su calidad de institución de educación superior reconocida oficialmente conforme al artículo 52 letra d) del DFL N° 2/2009 del Ministerio de Educación, goza de autonomía académica, económica y administrativa en virtud del artículo 104 del mismo cuerpo legal, lo que comprende la potestad de dictar sus propios reglamentos y resolver sobre las condiciones de permanencia de sus alumnos.

OCTAVO: Que del examen de los antecedentes se desprende que el expediente disciplinario seguido en contra del recurrente fue instruido por autoridad competente, respetando la normativa institucional. El alumno fue notificado personalmente de la resolución sancionatoria en la misma fecha de su dictación; tuvo la oportunidad de interponer recurso de reconsideración y recurso de reclamación, todos los cuales fueron conocidos y resueltos mediante resoluciones fundadas, agotándose la vía administrativa interna.

De este modo, la sanción aplicada se encuentra suficientemente motivada y ha sido dictada por autoridad competente, dentro de las atribuciones conferidas por norma expresa, sin que se advierta arbitrariedad a su respecto, en cuanto fue adoptada conforme al mérito de un expediente disciplinario en el que se observaron las garantías del debido proceso.

A lo anterior se suma que la decisión administrativa no aparece desprovista de sustento fáctico: del propio expediente disciplinario fluye que la agresión fue tenida por configurada sobre la base de antecedentes fundados —la constatación de lesiones en el Hospital Militar, la denuncia por violencia intrafamiliar formulada ante la Fiscalía de Género y las declaraciones sucesivas de la afectada y de terceros—, de modo que no se trata de un acto adoptado por mero capricho. Asimismo, la omisión de una Sumaria Administrativa no traduce por sí sola una ilegalidad manifiesta, desde que el Director invocó expresamente el artículo 36 del R.A. (P) 107-A, que autoriza resolver derechamente cuando la falta consta hasta la evidencia por denuncia oficial u otros antecedentes fundados; y consta que el recurrente fue oído en la instrucción y dispuso de los recursos de reconsideración y reclamación, sin que se advierta una infracción manifiesta e indubitada a la presunción de inocencia. La eventual disconformidad con la vía procedimental empleada constituye una cuestión de legalidad de lato conocimiento, ajena a esta sede cautelar.

NOVENO: Que, en lo que concierne a la proporcionalidad de la sanción cabe considerar que la conducta reprochada al recurrente fue calificada por la autoridad competente como constitutiva de una falta de aquellas que ameritan la aplicación de la baja, calificación que efectuó en el ejercicio de las facultades que le confiere el Reglamento de Disciplina para Alumnos de las Escuelas Matrices, ponderando la naturaleza de los hechos acreditados.

Dicha calificación fue adoptada en el marco de un expediente disciplinario, por la autoridad a la que el ordenamiento institucional atribuye dicha potestad, y fue objeto de sucesivos recursos administrativos —reconsideración, y reclamación—, todos resueltos mediante resoluciones fundadas, sin que se advierta que la sanción impuesta carezca de sustento en la normativa aplicable ni que la apreciación de la gravedad de la falta resulte manifiestamente irrazonable, presupuestos que serían indispensables para que esta Corte, por la vía de una acción cautelar de emergencia, pudiera desautorizar el criterio sancionatorio de la Administración.

DÉCIMO: Que, en consecuencia, la determinación de si existió o no la agresión física reprochada constituye una cuestión de hecho y de prueba que excede el ámbito propio de esta acción cautelar y que, por su carácter controvertido, ha de ventilarse en un procedimiento de lato conocimiento. A mayor abundamiento, y conforme a la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema —entre otras, sentencia de 2 de abril de 2026, Rol N° 1.757-2026—, el recurso de protección no constituye la vía idónea para revisar el mérito de un procedimiento administrativo disciplinario ni para sustituir la valoración que de los hechos ha efectuado la autoridad competente. Tampoco se configura una vulneración de la garantía del artículo 19 N° 4 de la Carta Fundamental, pues la conducta reprochada, atendida la calidad de alumno de un plantel de formación castrense del recurrente y su repercusión en la disciplina y el prestigio institucionales, excede el ámbito de su mera intimidad y pudo ser legítimamente ponderada por la Administración.

UNDÉCIMO: Que, por consiguiente, no configurándose en la especie los presupuestos de ilegalidad o arbitrariedad que habilitan la procedencia de la acción cautelar de protección, el recurso deducido será desestimado.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excelentísima Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, el recurso en favor de nombre reservado, en contra de la Escuela Militar del Libertador Bernardo O'Higgins y de la División de Educación del Ejército de Chile.

Regístrese, comuníquese y archívese.

Redacción abogada integrante Ximena Insunza Corvalán N° Protección-26622-2025 Pronunciada por la Novena Sala, integrada por la Ministro señora Jenny Book Reyes, el Ministro (I)señor Guillermo Rodríguez González y la Abogado Integrante señora Ximena Insubza Corvalán. No firma la Ministra señora Book Reyes, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por ausencia.

En Santiago, veintitrés de julio de dos mil veintiséis, se notificó por el estado diario la resolución que antecede.