Protección contra CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

C.A. de Santiago Santiago, tres de diciembre de dos mil veinticinco.

VISTOS:

PRIMERO: Que, comparece nombre reservado, e interpone recurso de protección en contra de la CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, Sra. Dorothy Pérez Gutiérrez, con motivo de la emisión del Oficio N°E565.873/2024, por medio del cual no se dio lugar a la solicitud de invalidación de la toma de razón de la Resolución N°97, de 2019, de la Dirección de Previsión de Carabineros –DIPRECA–, que puso término a su contrato de trabajo por ausentismo laboral injustificado.

Sostiene la recurrente que el acto impugnado es ilegal y arbitrario, ya que perpetúa los efectos de una resolución viciada en su origen, dictada por una supuesta “comisión especial disciplinaria” carente de sustento normativo y sin que se respetaran las garantías del debido proceso.

En cuanto a los hechos, refiere que se desempeñaba como enfermera del Hospital de DIPRECA, y que el 9 de agosto de 2018 fue convocada a una reunión con su jefatura, integrada por tres enfermeras superiores (la jefa del hospital, la jefa de coordinación y su jefa directa). Agrega que en dicha instancia —según relata— se constituyó una suerte de comisión especial disciplinaria que la habría juzgado y acusado de faltas sin permitirle defensa, concluyendo con su despido verbal inmediato, lo que se evidenciaría, según afirma, en que se le ordenó en ese momento devolver su casillero fiscal y retirarse del lugar.

Aduce que, tras este episodio, presentó un reclamo ante la Inspección del Trabajo y luego una demanda de tutela laboral por acoso ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, la cual fue rechazada en 2019. Sin embargo, sostiene que, mientras aún litigaba en sede laboral, la Dirección de DIPRECA instruyó un sumario administrativo por ausentismo laboral, que culminó en la Resolución Exenta N°97/2019, que dispuso su desvinculación por la causal del artículo 160 N°3 del Código del Trabajo (ausencias injustificadas).

Alega que su desvinculación se fundó en una falsa ausencia injustificada, cuando en realidad se encontraba inmersa en un proceso judicial laboral de tutela de derechos fundamentales (RIT T-1536-2018), derivado de una denuncia por acoso laboral y despido verbal.

Expone que la Resolución N°97/2019 fue tomada de razón por la Contraloría General de la República mediante el Oficio N°10.533, de 2020, lo que a su juicio aconteció de manera extemporánea y, además, fue suscrita indebidamente por un funcionario subrogante, a pesar de que el Contralor General titular se encontraba ejerciendo funciones ese mismo día.

Agrega que tras múltiples reclamos administrativos, a través del Oficio E565.873/2024 de la Contraloría, se rechazó su solicitud de invalidar la toma de razón y se desestimaron todos sus argumentos, motivo por el que, en definitiva, deduce esta acción de protección, toda vez que dicho oficio mantiene vigente un acto que —según ella— está viciado de origen, fundado en una falsa ausencia laboral y en un procedimiento disciplinario inválido, vulnerando sus derechos fundamentales.

Añade que, en la práctica, la Contraloría no habría cumplido con su deber de ejercer un control jurídico sustantivo sobre el acto administrativo sancionador, incumpliendo con las exigencias establecidas en el artículo 10 de la Ley N°10.336 y en la Resolución N°7, de 2019, del mismo órgano fiscalizador.

Afirma que desde el punto de vista constitucional se han vulnerado sus garantías fundamentales previstas en el artículo 19 de la Constitución Política, particularmente, la del N°2 (igualdad ante la ley), por el trato privilegiado dispensado a DIPRECA y el abandono jurídico a su respecto, la del N°3 inciso 5°, al haber sido juzgada por una comisión especial en forma verbal y sin procedimiento; y la del N°24, al habérsele despojado de su cargo y de las remuneraciones asociadas sin el cumplimiento de un procedimiento legal válido.

Solicita que se deje sin efecto el dictamen E565.873/2024, y que, en consecuencia, se anule la toma de razón de la resolución expulsiva N°97/2019, ordenándose su reincorporación al cargo que desempeñaba en el Hospital de DIPRECA; y que se dicten todas las resoluciones judiciales que sean pertinentes para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de sus derechos constitucionales, con expresa condena en costas.

SEGUNDO: Que, comparece evacuando informe doña nombre reservado, Fiscal de la Contraloría General de La República, por orden de la Contralora General de La República, solicitando el rechazo de la presente acción de protección.

En primer término, alega la extemporaneidad del recurso, sosteniendo que, aunque formalmente se impugna el Oficio E565.873, de 2024, el verdadero objeto de la acción es la Resolución N°97, de 2019, de DIPRECA, dictado con más de cinco años de antelación a la interposición del recurso.

Agrega que no es posible reabrir indefinidamente el plazo de protección mediante sucesivas presentaciones administrativas, y que, aceptar lo contrario, vaciaría de contenido el plazo fatal de 30 días corridos que establece el Auto Acordado de la Corte Suprema.

Luego, arguye la falta de legitimación pasiva de la Contraloría, afirmando que no fue esa entidad la que resolvió el procedimiento disciplinario ni dictó la resolución sancionatoria, sino que DIPRECA, por lo que no puede hacerse responsable del contenido del acto administrativo cuya legalidad se cuestiona, señalando que la actuación de la Contraloría se limitó a la toma de razón y al pronunciamiento posterior sobre la legalidad formal de los antecedentes, a petición de la propia recurrente.

Sostiene que en estos autos no se ha emplazado a DIPRECA. Indica que no se ha incorporado al procedimiento a la Dirección de Previsión de Carabineros, entidad que dictó la resolución que en los hechos se está impugnando, lo que impide una correcta formación del contradictorio y constituye una infracción al derecho de defensa del tercero interesado.

Aduce, por su lado, la improcedencia del recurso de protección para impugnar sumarios administrativos. Subraya que el sumario administrativo que culminó con la desvinculación de la actora es un procedimiento reglado, dotado de garantías y recursos, y que fue resuelto por la autoridad competente dentro del marco del ordenamiento jurídico. Cita expresamente jurisprudencia de la Corte Suprema (Rol N°217.792-23), que establece que el recurso de protección no constituye una instancia recursiva para revisar medidas disciplinarias adoptadas conforme al Estatuto Administrativo.

Asimismo, arguye la improcedencia del recurso en contra del control de legalidad (toma de razón), señalando que la toma de razón es una función exclusiva y excluyente de la Contraloría, regulada por los artículos 98 y 99 de la Constitución Política y por la Ley N°10.336, no susceptible de revisión mediante recurso de protección. Cita la jurisprudencia de la Corte Suprema contenida en la sentencia Rol N°133.995-2020 que ratifica esta improcedencia.

Finalmente, rechaza las alegaciones de ilegalidad o arbitrariedad, argumentando que el Oficio E565.873 fue emitido fundadamente, en ejercicio de sus facultades legales, con respeto al principio de juridicidad y a partir del análisis detallado de los antecedentes aportados por la interesada, los que fueron respondidos uno a uno, concluyendo que el solo desacuerdo con el contenido del dictamen no transforma el acto en ilegal o arbitrario.

TERCERO: Que, por su parte, informó la Dirección de Previsión de Carabineros –DIPRECA–, solicitando el rechazo del recurso.

En primer lugar alega la extemporaneidad del recurso, puesto que la Resolución N°97, se dictó con fecha 17 de diciembre de 2019, y su notificación se practicó el 12 de febrero de 2021.

Sostiene que el recurso de protección no es un medio idóneo para impugnar procedimientos reglados, como es el caso de aquellos sumarios administrativos instruidos por esa entidad, pues las normas que regulan su tramitación contienen todos los elementos necesarios para configurar un debido proceso y asegurar una adecuada defensa del inculpado, estableciendo, entre otros aspectos, las autoridades llamadas a conocerlos; los plazos dentro de los cuales deben realizarse las actuaciones; las formalidades de las notificaciones que deben efectuarse a los servidores; la amplia admisibilidad de medios de prueba de que estos puedan hacer uso; la práctica de diligencias probatorias solicitadas por los afectados, si lo estiman pertinente, y los medios de defensa de que pueden hacer uso, así como la interposición de los recursos que procedan en contra de las sanciones que eventualmente se les apliquen.

CUARTO: Que el Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, establecido en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye jurídicamente una acción de naturaleza cautelar, destinada a amparar el legítimo ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enumeran, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto u omisión arbitrario o ilegal que impida, amague o moleste ese ejercicio.

Luego, es requisito indispensable de esta acción la existencia de uno o varios actos u omisiones ilegales, esto es, contrarios a la ley, o arbitrarios, producto del mero capricho de quién incurre en él, afectando a una o más de las garantías -preexistentes- protegidas, consideración que resulta básica para el examen y la decisión del recurso que se ha interpuesto.

QUINTO: Que si bien en lo formal aparece que el asunto controvertido sometido a conocimiento de esta Corte consiste en determinar si la Contraloría General de la República, al dictar el Oficio E565.873, de 2024, que rechazó invalidar el trámite de toma de razón de la Resolución N°97, de 17 de diciembre de 2019, de DIPRECA, cometió un acto arbitrario e ilegal vulnerando las garantías constitucionales que señala, fundada en el artículo 19 de la Constitución Política de la República en sus numerales 2, 3 y 24, lo cierto es que lo que en realidad se está impugnando es la Resolución N°97, de 17 de diciembre de 2019, de DIPRECA, por medio de la cual se puso término al contrato laboral de la recurrente, motivado por ausencias laborales injustificadas.

SEXTO: Que, en primer término, en cuanto a la extemporaneidad del recurso, y entendiendo esta Corte que en realidad se está cuestionado la decisión de DIPRECA de poner término a la relación laboral de la recurrente, lo cierto es que el presente arbitrio aparece deducido de manera evidentemente extemporánea, pues la “decisión de término” en contra de la cual efectivamente se está recurriendo es aquella dictada por DIPRECA con fecha 17 de diciembre de 2019, notificada el 12 de febrero de 2021, cuyos efectos respectos de la protegida se produjeron hace más de 4 años, excediendo en exceso el plazo de 30 días que el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema establece para la interposición de la acción de protección.

Luego, la circunstancia de que con posterioridad la recurrente haya efectuado una serie de presentaciones, que han sido respondidas por la autoridad contralora, aquello no altera la circunstancia de que el “acto de término” sigue siendo aquel que se emitió el 17 de diciembre de 2019 por DIPRECA, no pudiendo los pronunciamientos posteriores, y menos aquel que no dio lugar a la invalidación del trámite de toma de razón, erigirse en actos de término que hagan revivir el plazo que la recurrente tuvo en su momento para deducir el recurso y requerir la tutela constitucional de esta judicatura.

SÉPTIMO: Que, en segundo término, en cuanto a la falta de legitimación pasiva de la Contraloría General de la República, lo cierto es que de los antecedentes aparece de manifiesto que la autoridad que dictó el acto administrativo que puso término al contrato de trabajo de la recurrente fue la Dirección de Previsión de Carabineros –DIPRECA–, y no la Contraloría, entidad fiscalizadora que únicamente adecuó su actuación a tomar razón de la Resolución N°97, de 17 de diciembre de 2019, todo, en el marco del control de legalidad que, tanto la Carta Fundamental, como la Ley N°10.336, le confieren, sin que le haya correspondido actuación alguna en la tramitación del procedimiento disciplinario incoado en su contra y en la decisión posterior de poner término a la relación laboral de la actora.

OCTAVO: Que aun cuando lo indicado en los dos considerados precedentes, relativos a la extemporaneidad del recurso y a la falta de legitimación pasiva de la recurrida, ya serían suficientes motivos para desestimar el recurso, a mayor abundamiento se tendrá en consideración lo que la propia recurrente ha informado a esta Corte, en cuanto a que por las actuaciones que reclama presentó un reclamo ante la Inspección del Trabajo y luego una demanda de tutela laboral por acoso ante el Primer Juzgado del Trabajo de Santiago, las cuales fueron rechazadas.

NOVENO: Que todo lo expuesto precedentemente conduce necesariamente al rechazo del recurso, estimándose que las alegaciones vertidas en el libelo carecen de toda fundamentación y sustento, mas aún cuando se reclama en contra de la decisión de una autoridad que no tuvo intervención en el acto administrativo de término que, a su entender, le habría generado las vulneraciones a las garantías que estima conculcadas, generándose artificiosamente un nuevo plazo para recurrir de protección, sin que el arbitrio en estudio sea, además, la vía idónea para obtener la invalidación del trámite de toma de razón que la Constitución Política ha entregado de manera exclusiva a la Contraloría General de la República.

Por estas consideraciones, y de conformidad a lo dispuesto en los artículos 150 letra a) y 151 de la Ley N°18.834, sobre Estatuto Administrativo, además, de lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, SE RECHAZA, con costas, el recurso de protección deducido por nombre reservado en contra de la Sra. Contralora General de la República.

Regístrese y comuníquese.

Redacción del abogado integrante Sr. Jorge Gómez Oyarzo.

No firma la Ministra (S) señora Carolina Bustamante, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y al acuerdo, por haber cesado su suplencia.

Protección - N°26.562-2024.