Protección contra Colegio nombre reservado

C.A. de Santiago Santiago, once de mayo de dos mil veintiséis.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparece doña nombre reservado, en representación de su hijo nombre reservado, quien interpone en su favor recurso de protección en contra del Colegio nombre reservado, por el acto que estima arbitrario e ilegal, consistente en haber expulsado al protegido del colegio como medida disciplinaria, lo que a su juicio vulnera las garantías constitucionales previstas en el artículo 19 N° 1, 2 y 4 de la Constitución Política de la República, por lo que solicita que se restablezca el imperio del derecho, ordenando a la recurrida a dejar sin efecto la medida de expulsión decretada en su contra, permitiéndole continuar con sus estudios para el año 2026.

Relata que el 6 de octubre de 2025 recibió un llamado telefónico por parte del recurrido, manifestándole que su hijo iba a ser retirado del establecimiento educacional por Carabineros de Chile, sin que le dijeran los motivos, a pesar de solicitar mayor información, afirmando que es una conducta reiterada del colegio citar a los apoderados sin dar motivo alguno, agregando que en ese momento no se encontraba en su domicilio, ya que tiene otros tres hijos, pidió a un sobrino hacerse cargo de la situación, constatando que personal de Carabineros sacaba al protegido del establecimiento educacional a la vista de todos, presuntamente por portar un arma, lo que no era efectivo, siendo retenido por la policía por varias horas sin darle alimentación.

Refiere que, por estos hechos, el adolescente fue suspendido de clases por cinco días, con el fin de evaluar el caso y tomar una decisión. Posteriormente, el 15 de octubre de 2025 concurrió al colegio previa citación, donde fue informada de su expulsión, recibiendo comentarios como si el recurrente fuese un peligro para la comunidad escolar, sin tener pruebas explícitas de lo mencionado, haciendo presente que el profesor jefe del curso comentó a sus compañeros los antecedentes del protegido sin existir una decisión al respecto, ni siquiera del Ministerio Público, vulnerando su honra y privacidad, dando una imagen de delincuente del joven.

Hace presente que estas situaciones fueron representadas a la directora del establecimiento escolar, sin que se tomara alguna medida al respecto, detallando que fueron los mismos compañeros de nombre reservado quienes le mencionaron que su profesor jefe realizaba comentarios prejuiciosos en su contra, lo que se replicaba respecto de otros apoderados, quienes afirmaron que el recurrente era un peligro y un “niño delincuente”.

Manifiesta que apeló formalmente de la decisión de expulsión del colegio en el plazo que le indicaron, argumentando que el procedimiento del colegio vulneró sus derechos, entre otras cosas, por no informar al apoderado de las medidas anteriores adoptadas y el supuesto apoyo brindado a su hijo.

Alega finalmente que la sanción de expulsión se mantuvo, fundándose en circunstancias que no se ajustan a la realidad, mencionándose agravantes de las que ni siquiera fue informado, como de haber llevado al colegio un cuchillo grande, no admitiendo el recurrido tal situación, como asimismo que no informó sobre planes de apoyo y acompañamiento, elementos que a su juicio no deben ser considerados para la aplicación de la medida disciplinaria, por no existir pruebas y antecedentes puestos en conocimiento del protegido de manera oportuna Segundo: Que, al evacuar informe, la recurrida sostiene que el establecimiento educacional actuó conforme a la normativa vigente y al Reglamento Interno de Convivencia Escolar, luego de que el estudiante protagonizara el 6 de octubre de 2025 un conflicto con otro alumno y fuera sorprendido portando un objeto con apariencia de arma de fuego al interior del colegio. Expone que, ante la gravedad de los hechos, se informó inmediatamente a la madre del estudiante y se avisó a Carabineros en cumplimiento del artículo 175 letra e) del Código Procesal Penal. Señala que personal policial revisó la mochila del alumno en presencia de su madre, encontrando un revólver aparentemente modificado y con posible munición en su interior, informándose posteriormente que el estudiante pasaría a control de detención, por infracción a la Ley de Control de Armas.

Agrega que el establecimiento inició un procedimiento de expulsión y cancelación de matrícula respetando las garantías del debido proceso, otorgando a la apoderada el derecho a formular descargos, acompañar prueba y recurrir de la decisión. Indica además que la madre interpuso apelación interna, la cual fue revisada por el Consejo de Profesores, instancia que confirmó la expulsión, atendida la reiteración de conductas graves y gravísimas del alumno, pese a múltiples medidas de apoyo psicosocial, psicopedagógico y derivaciones a redes territoriales.

Asimismo, la recurrida afirma que la acción constitucional omite antecedentes disciplinarios previos del estudiante, consistentes en: a) agresión física a un compañero y porte de martillo rompe cristales en marzo de 2025; b) porte de cuchillo en mayo de 2025, ocasión en que una psicopedagoga resultó lesionada en la pierna; y c) el actual episodio de octubre de 2025 relativo al porte de arma de fuego.

Todos estos hechos habrían sido oportunamente informados a la madre y derivados a redes de protección correspondientes.

Finalmente, sostiene que el colegio adoptó medidas para resguardar la identidad del alumno y que la sanción aplicada responde a la necesidad de proteger la seguridad e integridad de toda la comunidad escolar, considerando especialmente la reiteración de conductas de riesgo y la falta de reconocimiento de responsabilidad por parte del estudiante. Añade que el expediente completo de expulsión fue remitido a la Superintendencia de Educación para su revisión y validación conforme a la ley.

Tercero: Que evacuó informe la Superintendencia de Educación, señalando que, conforme a las facultades conferidas por la Ley N°20.529, corresponde a dicho organismo fiscalizar el cumplimiento de la normativa educacional y revisar la legalidad de los procedimientos disciplinarios aplicados por establecimientos educacionales subvencionados, especialmente respecto de medidas de expulsión y cancelación de matrícula. Expone que la normativa aplicable exige que estos procedimientos respeten los principios de legalidad, proporcionalidad, no discriminación arbitraria y debido proceso, debiendo garantizarse al estudiante y su apoderado el derecho a conocer los cargos, formular descargos, solicitar reconsideración y obtener una decisión fundada.

Agrega que, analizados los antecedentes remitidos por el establecimiento educacional Colegio nombre reservado, con fecha 14 de enero de 2026 la Superintendencia observó que la medida disciplinaria aplicada al estudiante nombre reservado no se ajustaría a la normativa educacional vigente, por cuanto el establecimiento no acreditó haber informado por escrito el inicio del procedimiento sancionatorio y sus fundamentos; no acreditó haber otorgado al apoderado el derecho a presentar descargos; no acreditó que el procedimiento hubiese sido resuelto dentro del plazo legal cuando se decretó medida cautelar de suspensión; ni tampoco acreditó haber consultado al Consejo de Profesores frente a la solicitud de reconsideración de la medida disciplinaria.

En razón de lo anterior, informa que los antecedentes fueron derivados a la Unidad de Fiscalización de la Superintendencia de Educación a fin de evaluar el inicio de un eventual procedimiento administrativo sancionatorio por infracción al artículo 6 letra d) de la Ley de Subvenciones. Sin perjuicio de ello, precisa que la Superintendencia carece de facultades para ordenar directamente la reincorporación del estudiante al establecimiento educacional.

Cuarto: Que, complementando lo anteriormente informado, la Superintendencia de Educación evacuó nuevo informe señalando que, con fecha 4 de febrero de 2026, se efectuó fiscalización al establecimiento educacional Colegio nombre reservado, determinándose instruir procedimiento administrativo sancionatorio por eventuales transgresiones a la normativa educacional vigente relativas al procedimiento de expulsión del estudiante nombre reservado.

Agrega que, con fecha 23 de marzo de 2026, el fiscal instructor formuló cargos en contra del establecimiento educacional, imputándole específicamente el siguiente cargo único: “Establecimiento educacional no cumple con la normativa vigente en procedimiento de expulsión o cancelación de matrícula”, manteniéndose actualmente vigente el procedimiento administrativo respectivo. Asimismo, informa que el sostenedor dispone de un plazo de diez días hábiles para formular descargos y acompañar los medios de prueba que estime pertinentes.

Quinto: Que, evacuando un nuevo informe, la Superintendencia de Educación señaló que el requerimiento formulado por esta Corte relativo a antecedentes sobre matrícula y disponibilidad de cupos escolares se encuentra fuera del ámbito de sus competencias legales, por corresponder dicha materia al Ministerio de Educación y al Sistema de Admisión Escolar dependiente de dicho organismo. En razón de ello, y conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley N°19.880, informó haber derivado al Ministerio de Educación la solicitud respectiva para su conocimiento y tramitación.

Sexto: Que, evacuando informe, el Ministerio de Educación señaló que, conforme a la información proporcionada por la Unidad Nacional de Registro Curricular, el estudiante fue incorporado con fecha 3 de marzo de 2026 al Colegio nombre reservado, de la comuna de Quilicura, para cursar segundo año medio durante el año 2026, encontrándose actualmente matriculado en dicho establecimiento educacional.

Séptimo: Que, como ha sostenido reiteradamente esta Corte, el llamado recurso de protección de garantías constitucionales, consagrado en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, constituye una acción de carácter cautelar de emergencia, destinado a amparar el libre ejercicio de las garantías y derechos preexistentes que en esa misma disposición se enuncian, mediante la adopción de medidas de resguardo que se deben tomar por causa de actos u omisiones arbitrarios o ilegales de la autoridad o de particulares que impidan, amaguen o perturben ese ejercicio.

Son presupuestos de esta acción cautelar de protección: a) que exista una acción u omisión ilegal o arbitraria; b) que como consecuencia de la acción u omisión ilegal o arbitraria se prive, perturbe o amenace un derecho; y c) que dicho derecho esté señalado como objeto de tutela en forma taxativa en el artículo 20 de la Constitución Política de la República.

Sobre el punto la jurisprudencia de nuestros tribunales ha dicho que la arbitrariedad implica carencia de razonabilidad en el actuar u omitir, falta de proporción entre los motivos y el fin a alcanzar; ausencia de ajuste entre los medios empleados y el objetivo a tener o aún inexistencia de los hechos que fundamentan un actuar; un proceder contrario a la justicia y dictado solo por la voluntad o el capricho. A su vez, es ilegal una acción u omisión cuando no se atiene a la normativa por la que debe regirse o cuando un órgano ejerce atribuciones exclusivas en forma indebida, contrariando la ley.

Octavo: Luego de lo dicho, teniendo especialmente en consideración que el petitorio del presente arbitrio solicita “dejar sin efecto la medida de expulsión decretada en contra del estudiante nombre reservado, permitiéndole continuar con sus estudios para el año 2026”, y atendido lo informado por el Ministerio de Educación en orden a que el alumno fue incorporado con fecha 3 de marzo de 2026 al Colegio nombre reservado de la comuna de Quilicura, encontrándose actualmente matriculado y cursando segundo año medio, no se advierte actualmente una privación o perturbación vigente respecto del derecho a la educación del recurrente, ni tampoco medida cautelar útil que esta Corte pueda adoptar en esta sede para restablecer el imperio del derecho en los términos solicitados por la acción constitucional.

Noveno: Que, en consecuencia, y teniendo presente la naturaleza cautelar y de urgencia del recurso de protección, aparece que la presente acción ha perdido oportunidad, toda vez que la pretensión principal perseguida por el recurrente —consistente en asegurar la continuidad de estudios del adolescente para el año 2026— se encuentra actualmente satisfecha mediante su incorporación a un nuevo establecimiento educacional.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las Garantías Constitucionales, se rechaza, sin costas, la acción constitucional de protección deducida por doña nombre reservado, en representación de nombre reservado, en contra del Colegio nombre reservado.

Regístrese, comuníquese y en su oportunidad, archívese.

N°Protección-26550-2025.